Calderón deja sin empleo a 1 mil 700 trabajadores de LFC en Nuevo Necaxa

Por Efraín Núñez Calderón

El decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) hecho este domingo por el presidente Felipe Calderón Hinojosa dejará sin empleo a mil 700 trabajadores que prestan sus servicios en la región de Nuevo Necaxa, y que proceden de municipios de los estados de Puebla, Veracruz e Hidalgo.
En entrevista con e-consulta, Miguel Márquez Ríos, prosecretario de Divisiones del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), reveló que este domingo por la noche se registraron apagones en el municipio de Ahuazotepec -donde se ubica la subestación de El Carmen- y en algunas zonas de la ciudad de México, debido a errores en el manejo de las plantas por parte del personal de Comisión Federal de Electricidad:
"Se botó la energía y no lo supieron arreglar. No nos hacemos responsables por la falta de luz", acusó.
Desde la madrugada de este domingo, 33 elementos de la Policía Federal tomaron las instalaciones LFC ubicadas en El Salto (Nuevo Necaxa), El Carmen (Ahuazotepec) y la subestación de Huauchinango ante la entrada en vigor del Decreto Presidencial que establece la extinción de la compañía y que fue dado a conocer por el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.
Los agentes fueron transportados de manera discreta en camiones de turismo, y hasta este domingo por la noche no hubo reportes de conatos de bronca o de que los empleados intentaran recuperar el control de las oficinas; sólo se reunieron en sus sedes sindicales en espera de indicaciones de sus dirigentes que se trasladaron a la ciudad de México.
Márquez Ríos reprobó la presencia policiaca en las sedes de la empresa y afirmó que los mil 700 trabajadores sujetos a despido en Puebla -de los 42 mil que tiene la empresa en el país-, no aceptarán finiquito alguno por parte del gobierno federal.
Este domingo el SME se instaló en sesión permanente para definir cuál será la estrategia para contrarrestar el embate del gobierno federal.
Al respecto, el pro secretario de Divisiones del gremio convocó a una marcha multitudinaria el próximo jueves en el Distrito Federal en la que estarán presentes los empleados de Puebla.
Es necesario destacar que la planta El Salto, ubicada en la presa de Necaxa es la que abastece de electricidad a la capital del país, Estado de México, Hidalgo, Morelos y tres municipios de Puebla ubicados en la Sierra Norte.
Los directivos de la empresa que radicaban en La Mesa, zona habitacional cercana a la presa, desalojaron sus viviendas desde el sábado por la noche.
Este es el segundo golpe en menos de una semana a la economía de la región, tras la recomendación que hizo la Comisión Nacional de Hidrocarburos a Pemex el jueves pasado para que suspenda temporalmente la perforación de pozos y la extracción de petróleo en la región de Chicontepec, que repercute de forma directa en 3 municipios del norte del estado.
Después de Pemex, Luz y Fuerza del Centro es la empresa paraestatal más importante del país.
El decreto del gobierno federal establece que la extinción de LFC es necesaria por la comprobada "ineficiencia operativa y financiera del organismo descentralizado".
Asimismo detalla que la liquidación a los más de 43 mil trabajadores activos, eventuales y jubilados de la compañía estará a cargo del Servicio del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, instancia que determinará las bases para llevar a cabo este proceso.
También señala que el gobierno federal garantizará el pago a los jubilados y afirma que se respetarán los derechos de los trabajadores.
Este domingo por la noche, el presidente Felipe Calderón aseguró que la ineficacia de Luz y Fuerza provocó la pérdida de miles de empleos en la zona centro del país, donde proveía el servicio de energía eléctrica, y advirtió que de mantenerse la situación se hubieran aumentado los impuestos y las tarifas eléctricas.
De visita por Puebla, la diputada federal del PRD, Leticia Quesada Contreras, dijo que la situación que ocurre a LFC puede sucederle a cualquier sindicato y demuestra la incapacidad del gobierno federal para solucionar los conflictos en las empresas públicas.