Los gobiernos municipales y estatales en los asuntos del federalismo llevan la voz cantante. Los habitantes de los municipios y de la provincia mexicana somos quienes mantenemos un contacto permanente con las necesidades de la población y conocemos las deficiencias de la legislación.
México no es, ni ha sido una República Federal, Democrática y Representativa auténtica, sino más bien una especie de monarquía absoluta y centralista con ropajes republicanos.
La historia moderna de México ha sido la del presidencialismo, cada vez más centralista y con facultades meta constitucionales. Es una historia que registra la construcción sistemática y coherente del centralismo mexicano en dos grandes vertientes, el partido de estado y su jefe nato, el presidente de la República, a su vez, jefe del Estado, jefe de gobierno y comandante de las Fuerzas Armadas Supremas.
EL PUNTO DE PARTIDA
Durante la lucha independentista, el 22 de octubre de 1814 se emite el primer esbozo de la constitución de Apatzingán. En ella se estableció que la soberanía residía en el pueblo y en su representación nacional.
En 1824 se adopta para su gobierno la forma de “república representativa popular federal”. En las entidades creadas fueron surgiendo congresos locales, con sus constituciones particulares. En el porfiriato los gobernadores se convirtieron en caciques regionales, hombres leales a Díaz Este proceso centralizador terminaría en la Revolución (1900-1910).
Ante las nuevas circunstancias de la alternancia en los gobiernos estatales y federal en México, se ha venido imponiendo, desde ya casi una década, un reclamo que tiene su origen en la sociedad civil y en los movimientos regionales, que conforman un nuevo escenario político e institucional que obliga a profundas modificaciones en las relaciones entre las entidades federativas y los municipios con el Poder Ejecutivo; entre los poderes ejecutivos de los estados con sus municipios y con las juntas auxiliares.
Los municipios y las entidades federativas han pasado a ser gobernadas por partidos diferentes al PRI, aumentando la oposición hasta en 200 por ciento el número de municipios gobernados desde 1994 y el PRI disminuyendo al 50% los municipios gobernados.
Para el 2007 el PRI gobernaba 541 municipios, el PAN 616 y el PRD 279, el PT 17, el PVEM 27. Según la AALMAC en 2008 el PRD pasó de 407 a 368 municipios gobernados y a partir de 5 de julio de 2009 solo se gobierna 313, con una población gobernada de más de 25 millones a 17, 677, 238, incluidas las 13 delegaciones del DF.
El municipalismo es un nivel de gobierno que requiere ser tratado específicamente, pues no basta el que los presidentes municipales, regidores y funcionarios cumplan cabalmente con las obligaciones que les marca la Ley y que además sean honestos, capaces, leales, amables, cercanos a la gente, participativos, humildes, austeros, sensibles y todo un conjunto de virtudes que deberemos exigir a cualquier gobierno federal, estatal, delegacional, municipal o de juntas auxiliares y de cualquier partido, que en muchos casos desearíamos que se cumpliera lo mínimo.
El municipalismo democrático-popular, que es el que deberíamos enarbolar, significa una participación de la población en todos y cada uno de los aspectos de la vida pública, por si misma y por su esencia. No se trata entonces el que los gobernantes “representen al pueblo” o a los “intereses populares”, porque ello los separa conceptual y realmente de su pueblo, sino que sea al pueblo el que gobierne.
El concepto de funcionario público proviene de la visión liberal de la separación del estado de la sociedad, en donde los gobernantes y su burocracia como representantes, son los únicos que pueden cumplir con una “función pública” y que los pobladores solo tienen la función pasiva de rechazarla o respaldarla con el voto, por ello, erróneamente, a estos se les exige el respaldo ante los embates de los gobiernos federal y estatal y ahora del narcotráfico.
El municipalismo democrático-popular parte del municipio libre y autónomo, que descansa en el poder popular, es decir en el ejercicio de la soberanía del pueblo que se expresa en todos y cada uno de los actos públicos acordados por la población y coordinados por el gobierno. De esta forma los gobernantes obedecen los mandatos populares y “mandan” o ejecutan de la mejor forma estos acuerdos. El mandar obedeciendo no es un slogan tiene un contenido interesante.
De esta forma, los presidentes municipales, los regidores y los cabildos deben convertirse en garantes del ejercicio del poder popular, es decir, su función es que el pueblo gobierne, no gobernar en su representación, en lugar del pueblo o sin el pueblo. Por eso la participación ciudadana es una fórmula que pierde sentido cuando se garantiza el poder popular, porque cuando el pueblo gobierna, está ahí siempre y en todos lados.
Otro de los ámbitos obligatorios tiene que ver con las implicaciones políticas, sociales y económicas del concepto "municipio libre"; los límites y alcances de la Reforma Municipal, la federalización del municipio libre: apertura a nuevas competencias, el recurso de la facultad reglamentaria, fortalecimiento de la hacienda municipal, la descentralización de la administración municipal, la coordinación intermunicipal; participación, representación y gobierno indígena, los nuevos espacios para la representatividad política y la participación democrática de los grupos indígenas.
De la misma forma se expresan los reclamos de los municipios con sus gobernadores y de las juntas auxiliares con sus presidentes municipales. En el caso de los gobiernos estatales panistas, son los de la oposición priísta y perredista quienes demandan mayores recursos y una plena participación en la toma de decisiones. Por el contrario son las juntas auxiliares, panistas y perredistas quienes exigen a los presidentes municipales equidad en el reparto de las obras, servicios y presupuesto.
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