MARTIN HERNANDEZ ALCANTARA
La Procuraduría General de Justicia (PGJ) ha iniciado 30 averiguaciones previas en contra de mujeres que abortaron desde que se aprobó la ley que penaliza la interrupción del embarazo, pero el titular de la dependencia, Rodolfo Igor Archundia Sierra, se negó este martes a precisar cuántas de estas indagatorias se han consignado ante un juez.
El funcionario compareció ayer ante el Congreso local para hacer la glosa del quinto informe de labores del gobernador priista Mario Marín Torres, y ahí el diputado del PRI José Othón Bailleres Carriles –principal impulsor de las reformas aprobadas en marzo del año pasado, las cuales castigan con cárcel a las mujeres que se practican legrados y sanciona con el retiro de la licencia a los galenos que las auxilian– le preguntó a Archundia cuántas denuncias había por suspensiones del embarazo.
El procurador habló sobre las 30 averiguaciones previas y, en una conferencia de medios que ofreció después de su comparecencia, mencionó que la mayor parte de los casos se refieren a féminas que llegan a los hospitales con hemorragias o complicaciones similares, después de haber abortado.
Empero, ante el cuestionamiento de cuántas de estas pesquisas han sido consignadas ante un juez, Archundia Sierra pretextó que no recordaba en ese momento “el dato”.
–¿Podría decirnos al menos si hay un caso que esté ya en los juzgados? –se le insistió.
–Te mentiría, te repito que no tengo el dato –aseguró.
El 12 de marzo de 2009 la mayoría de los diputados del PRI y toda la bancada del PAN, junto con el único diputado del Panal en el Poder Legislativo de Puebla, aprobaron reformas a la Constitución local que impiden la despenalización del aborto.
Días antes de la aprobación se supo que líderes de cámaras empresariales, dirigentes del PAN y hasta el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa presionaron al gobierno del priista Mario Marín Torres para que endureciera las penas contra las mujeres que abortan.
De los 41 diputados que integran la Cámara sólo votaron en contra de la iniciativa los priistas Rocío García Olmedo, Luis Alberto Arriaga, Jorge Alfonso Ruiz Romero, Malinalli García Ruiz y Bárbara Ganime Bornne; los perredistas Melitón Lozano e Irma Ramos; los petistas José Manuel Pérez Vega y Manuel Fernández, amén de Carolina O’Farrill, del Partido Convergencia.
El 15 de julio del mismo año, asesoradas por la Red Democracia y Sexualidad, 112 mujeres interpusieron sendos amparos indirectos ante la justicia federal en contra de las reformas que penalizan el aborto.
El 3 de agosto siguiente, la Procuraduría General de Justicia inició la averiguación previa 61/2009/EH sobre Alejandra Gómez Sánchez, una joven de 20 años que abortó. Esas fueron las primeras indagatorias de esa naturaleza luego de que el Congreso local aprobó las reformas a la Constitución estatal para endurecer las penas por la interrupción voluntaria del embarazo. Al final, la joven fue dejada en libertad, porque se comprobó que su aborto no fue inducido.
Otras polémicas
En otro tema que ha generado polémica en los meses recientes, Rodolfo Igor Archundia Sierra reveló que la PGJ ha incautado bienes por apenas 19 millones de pesos sobre los mil millones en los que están valuados los fraudes cometidos por Coofia, Sitma y otras organizaciones que defraudaron a más de 6 mil poblanos.
Ante la pregunta, formulada por diputados de oposición, sobre si se está protegiendo a los dueños de Coofia y Sitma porque hasta ahora no han sido detenidos, el procurador mencionó que la PGJ está trabajando arduamente para dar con sus paraderos.
La legisladora panista Leonor Popócatl reconvino al funcionario por mostrar desesperación y falta de temple ante los cuestionamientos que le han hecho ante la ineficiencia del gobierno estatal en el combate del crimen organizado. Le reprochó que no hubiera información suficiente sobre los cárteles que actúan en Puebla.
El servidor público aprovechó para decir que carece de sustento el reportaje publicado en la edición de la semana pasada de la revista Proceso, en el cual se asegura que antes del enfrentamiento con cuerpos policiacos de Puebla, en diciembre pasado, el extinto capo Arturo Beltrán Leyva, estuvo en la zona residencial de El Cristo.
Archundia explicó que tuvo una “plática informal” con funcionarios de la Procuraduría General de la República y le confirmaron que uno de los expedientes en los que se basa el reporte periodístico de marras es inexistente.
También a pregunta expresa, mencionó que tienen reportadas a 33 mujeres desaparecidas y que el año pasado se denunciaron 27 secuestros, de los cuales dos víctimas fallecieron y más de 20 plagiarios fueron consignados. Los distritos judiciales en donde más se perpetra este tipo de ilícitos son Tepeaca, Tacamachalco y Tehuacán.
En su comparecencia, Archundia Sierra manifestó que, derivado del cumplimiento a los mandamientos judiciales, pusieron a disposición del juez de lo penal a 2 mil 706 personas, mil 41 personas a disposición del Ministerio Público y 61 personas a disposición de los jueces de lo civil.
La Policía Ministerial, en coordinación con los tres niveles de gobierno, realizó 3 mil 94 operativos de seguridad y vigilancia; asimismo, efectuó 31 mil 285 recorridos en carreteras federales, estatales y zonas rurales. Durante el año 2009 fueron recuperados mil 389 vehículos.
En su tarea de investigación y persecución de actos ilícitos, la Policía Ministerial y la Dirección de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada combatieron las redes delincuenciales asegurando 151 bandas delictivas integradas por 556 probables responsables, dedicadas principalmente a robos de comercio, casa habitación, vehículo, vehículo con mercancía, narcomenudeo, chantaje, secuestro, entre otros.
Finalmente, en materia de combate al narcomenudeo llevaron a cabo 31 operativos en territorio poblano; con ellos confiscaron 639 grapas y 29 piedras de cocaína; 47 kilogramos, 222 carrujos y 9 mil matas de marihuana, 60 dosis de heroína, y fueron puestas a disposición de la autoridad federal 65 personas.
Recomendaciones a la baja
De la Comisión de Derechos Humanos del estado, la PGJ recibió 161 quejas, “archivándose 103 por falta de interés de los quejosos o por no acreditarse violación a los derechos humanos, entre otros motivos; con relación a las recomendaciones se recibieron ocho; de ellas, cuatro se encuentran en trámite” expresó.
“Es importante mencionar que en 2009 se recibieron 50 por ciento menos recomendaciones que en 2008”, abundó.
“Con el firme propósito de promover el respeto a las garantías individuales y libertades de los gobernados, se impartieron 19 cursos en la materia de derechos humanos, dirigidos al personal ministerial y agentes del Ministerio Público Subalternos, para que se conduzcan conforme a derecho”, resaltó.
En cumplimiento al Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, se creó el Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Institución, el cual está sujeto a los criterios, normas, procedimientos técnicos y Protocolos establecidos por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación; durante el año 2009, se realizaron 2 mil 131 evaluaciones: 943 poligráficas, 343 psicológicas y 845 de entorno social y situación patrimonial a 343 servidores públicos de la dependencia.
Se instaló en la ciudad capital el Centro de Protección a Mujeres Víctimas de Violencia, en el cual se ofrecen servicios de albergue, alimentación, vestido y calzado, atención médica y psicológica, asesoría y gestión jurídica; asimismo, se imparten talleres de capacitación para el trabajo y espacios para la realización de actividades físicas y lúdicas tanto para las mujeres víctimas como para sus hijos.
Se puso en marcha el Centro de Protección a Víctimas de Delitos en el municipio de Teziutlán, lo que permite proporcionar servicios integrales tanto a las víctimas del municipio sede como de los municipios circunvecinos entre ellos Chignautla, Xiutetelco, Hueytamalco, San José Acateno, Ayotoxco de Guerrero y Tenampulco.
A través de los nueve Centros de Protección a Víctimas de Delito en el estado, en 2009 se otorgaron 33 mil 963 ayudas a 4 mil 533 víctimas, lo que representó una erogación de 4 millones 316 mil pesos, proveniente del Fondo a que se refiere la Ley para la Protección a Víctimas de los Delitos.
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