Acceso a la información, letra muerta en Puebla

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Hace 8 meses, un ciudadano solicitó a la PGJ una copia del expediente de la averiguación previa del asesinato de Joel Arriaga Navarro, la cual nunca obtuvo; la CAIP fingió interés, pero sólo para darse lustre momentáneo 22 de abril del 2010Dalia Patiño


Faltan cinco meses para que se cumpla un año desde que un ciudadano, Miguel de la Cruz, solicitó a la Procuraduría General de Justicia una copia del expediente de la averiguación previa del asesinato de Joel Arriaga Navarro, líder universitario de la década de los 70´s. Los plazos establecidos por la Ley de Transparencia se han cumplido y pese a tener una orden para que proporcione la información, ésta aún no es entregada.

El caso destaca porque el pasado 22 de febrero, la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) anunciaba a los medios, por cierto antes que al interesado, su decisión de aprobar por unanimidad de votos que la PGJ tenía que dar al solicitante una versión pública de la información que requirió.

Todo quedó en un manejo mediático, en parte por la propia CAIP, la cual quiso dar muestras de eficacia; pero su falta de autonomía y la carencia de facultades para sancionar a cualquier dependencia que se niegue a cumplir con sus resoluciones, dejó al descubierto que la finalidad del organismo, la de entregar la información al ciudadano, está lejos de cumplirse.

Las solicitudes fueron muchas, los recursos de revisión también se pueden contar. El fallo de la CAIP fue una muestra más de la ineficiencia de nuestras instituciones y organismos que se suponen salvaguardan los derechos de los ciudadanos.

Para nadie es un secreto que la Ley de Transparencia en Puebla es de las peores del país; la herencia de nuestra actual legislatura, que poco hizo por adecuar una ley que permitiera a los poblanos tener un verdadero canal para preguntar, pero sobre todo para saber.

Bitácora de la desinformación

El 14 de agosto de 2009, Miguel de la Cruz presentó una solicitud de acceso a la información a través del Módulo de Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla (MAIPEP) en la que pedía una copia del expediente de la averiguación previa referente al asesinato de Joel Arriaga, con la identificación 123/2130/72/DMSIIII.

El 1 de septiembre de 2009, el MAIPEP se tomó como lo marca la ley una ampliación del plazo que le marcan (10 días hábiles) para dar respuesta. Así, tras un mes de espera la PGJ contestó al solicitante que no contaba con la personalidad jurídica; además de que por tratarse de una averiguación previa la información no podría proporcionarse para no comprometer los procedimientos de investigación, entre otros argumentos.

El 28 de septiembre del 2009, De la Cruz interpuso un recurso de revisión ante la CAIP, acompañado de los siguientes argumentos: “la averiguación del asesinato de Joel Arriaga ya lo dio por concluida la PGJ ya que por ley después de 30 años de un asesinato, se prescribe el caso, por lo tanto no hay ninguna injerencia en la investigación”.

Asimismo, mencionó como precedente la orden de la CAIP para que la PGJ abriera sus expedientes y ofreciera la lista de asesinatos de mujeres no resueltos en el estado desde el año 2000, lo que demostró que el argumento de la PGJ no era válido.

Es así como el 7 de octubre de 2009 se abre el expediente del recurso de revisión con el número 37/PGJ-03/2009.

Así, después de un intercambio de expedientes y oficios entre la CAIP y la PGJ, la dependencia entregó una copia del expediente para su análisis a fin de determinar si era procedente hacer pública la información. De este proceso se determinó omitir nombres de familiares, sospechosos y fotografías del asesinato, dejando abierto el resto del expediente.

A partir del 22 de febrero, la PGJ tuvo 15 días hábiles para finalmente entregar el expediente al solicitante; sin embargo, el ministerio público de la metropolitana sur, Claudia Carmona Cid, hasta la fecha no ha dado respuesta a la petición.

Cabe recordar que la MP también se desempeña como fiscal especial en la investigación y consignación de las denuncias miles de defraudados por la Financiera Coofia, Grupo Inmobiliario SITMA, Invergroup e Inverbien.

Finalmente, ayer miércoles, a casi un año, se esperaba que la PGJ entregara a Miguel de la Cruz un documento donde explique sus argumentos del por qué se ha negado a entregar la información que por ley está obligado a dar. Lo anterior abre una posibilidad para que el ciudadano pueda interponer una queja ante la Sedecap, para que se abra una investigación en contra del titular de la Unidad de Acceso a la Información de la PGJ.

Y es que de acuerdo a lo que establece el artículo 54 fracción II, “los Servidores Públicos incurrirán en responsabilidad administrativa por incumplimiento de los preceptos de esta Ley en los casos siguientes: II. Actuar con negligencia, dolo o mala fe, en la substanciación de las solicitudes de acceso a la información o en la difusión de la información a que están obligados conforme a esta Ley.