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13:10 Acento 21 ahora involucran a Karam
El exdirector de la policía judicial del estado le presentó a Agüera a Bayardo
26 de Agosto 2010
Ciudad de México.- En el primer círculo de relaciones personales y negocios de Enrique Agüera Ibáñez Rector de la Benemérita Universidad de Puebla (BUAP) han aparecido en fechas recientes un cúmulo de personas involucradas con el narcotráfico y lavado de dinero, como el caso de Darío López Fernández detenido por la DEA en Estados Unidos.
La Agencia Antidrogas estadounidense mantiene sujeto a proceso a López Fernández bajo los cargos de conspiración para la venta de cocaína y lavado de dinero, además por su "cercanía" con el extinto funcionario de la Procuraduría del estado de Puebla Édgar Enrique Bayardo del Villar, quien fuera detenido por sus nexos con el narcotráfico, delincuencia organizada y colaboración con el Cartel de la familia Zambada.
Bayardo del Villar durante su proceso penal decidió convertirse en testigo protegido de la Procuraduría General de la República (PGR) siendo asesinado en una cafetería del Distrito Federal el primero de diciembre de 2009.
La amistad de Bayardo del Villar con Enrique Agüera Ibáñez se dio a través del ex director de la policía judicial del estado, Adolfo Karam Beltrán, socio del extinto testigo protegido de la PGR.
Karam Beltrán recomendó a Bayardo del Villar para ocupar cargos en diferentes corporaciones de seguridad publica en todo el país.
El arresto de Bayardo del Villar en abril del 2005, colocó a Puebla, y sus jefes y ex jefes policíacos, en la mira de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), a partir de dos líneas de investigación: protección a narcotraficantes y lavado de dinero a través de constructoras.
La investigación de la SIEDO involucró a empresarios, funcionarios públicos y ex jefes policiacos como Rolando López Villaseñor, Omar Álvarez Arronte, entre otros.
A partir de eso, Puebla se convirtió en el centro de atención de autoridades federales, dando origen a sendas indagatorias que descubrieron que en la capital del estado habían instalado sus domicilios los narcotraficantes de la talla de Benjamín Arellano Félix, Jesús Amezcua Contreras o Cirilo Vázquez Lagunes.
Benjamín Arellano, del cártel de Tijuana, fue detenido el 9 de marzo de 2002 en el fraccionamiento La Escondida ubicado en los límites de Puebla - Cholula; donde se refugió con el amparo de protección policiaca, siendo en esos momentos subdirector de la policía municipal Adolfo Karam y el alcalde era Mario Marín Torres.
Jesús Amezcua, del Cártel de Colima, vivió —según información confidencial— en una casa de la colonia San Manuel, y el ganadero Cirilo Vázquez —asesinado el 19 de noviembre de 2006 en Acayucan, Veracruz— mantiene hasta la fecha su familia un rancho en Puebla.
En una fiesta de cumpleaños de Adolfo Karam Beltrán, un sábado primero de diciembre de 2007 en el Salón Tres Marías, la reunión se prolongó hasta entrada la madrugada, y entre los "selectos invitados" estuvo el extinto Bayardo del Villar, el rector Enrique Agüera Ibáñez, Mario Marín Torres y otros.
La SIEDO también recabó información sobre Jesús Zambada “El Rey Zambada” como vecino de Lomas de Angelópolis, y desplegó un operativo una tarde del domingo 1 de junio del 2009. En él participaron tres decenas de policías federales que coparon ese fraccionamiento para capturarlo.
En un seguimiento a esas indagatorias, la Procuraduría General de la República (PGR) mantuvo su presencia e investigaciones encubiertas que resultaron en la identificación del helicóptero en el que escapó el extinto narcotraficante Arturo Beltrán Leyva de un cerco policiaco en Puebla, y se corroboró que es la misma aeronave que utilizó durante su campaña el ex candidato del PRI-PVEM a la gubernatura, Javier López Zavala.
Basado en esa investigación se pidió la intervención a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que de acuerdo a documentación en poder de Acento 21, desencadenó la operación denominada *Pirámide” en conjunto con autoridades norteamericanas.
La línea de investigación permitió a la DEA la detención del empresario poblano Darío López Fernández, y de ahí se derivó una primera lista de nombres de empresarios y funcionarios acusados del uso o aprovechamiento de recursos ligados al narcotráfico o de procedencia ilícita con fines de lavado de dinero en el estado de Puebla.
El diputado local Gustavo Espinosa Vázquez del Partido Nueva Alianza (Panal) denunció en diciembre de 2009, la complicidad de empresarios y funcionarios del gobierno de Mario Marín, para facilitar una ruta de huida del narcotraficante Beltrán Leyva "El Barbas", cuando se encontraba copado en la ciudad de Puebla por autoridades federales.
Tras ello la PGR inició indagatorias y análisis periciales de diversas imágenes, las cuales determinaron que la aeronave utilizada para evadir el cerco policiaco tenía impresa la matrícula XA-IMS y partió del helipuerto del complejo de Torres denominado JV propiedad de Julián Ventosa, empresario acusado de presunto lavado de dinero.
Las investigaciones de la PGR corroboraron que la aeronave se elevó del complejo JV y no el del hotel Florida como falsamente informaron las autoridades estatales.
El seguimiento de la investigación de la PGR arrojó que aparece como propietario del helicóptero Maclovio Efrén Hernández, empresario en Puebla, amigo personal y contratista beneficiado del aun rector Enrique Agüera Ibáñez.
De acuerdo con las pesquisas de la corporación federal, el empresario Maclovio Efrén Hernández mantienen, ha tejido una red de sociedades y empresas vinculadas en su mayoría con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y el gobierno del priista Mario Marín.
En un intercambio de información entre la PGR y la Drug Enforcement Administration (DEA- Departamento Antidrogas estadounidenses) surgió un cúmulo de sociedades a nombre de Darío López Fernández, empresario detenido en los Estados Unidos en julio pasado.
La DEA tenía varias órdenes de aprehensión contra López Fernández por conspiración para la comercialización de cocaína en territorio estadounidense.
De acuerdo con las indagatorias, López Fernández, utilizó aeronaves modernas para transportar grandes cantidades de dinero con fines de lavado en territorio mexicano, y para ello integró sociedades con empresarios poblanos, además invirtió en la construcción de obras públicas, edificios y financiamiento a campañas políticas que incluyó un "préstamo en efectivo" por más de ocho millones de dólares.
Esa investigación aún se encuentra en curso y abarca manejo de cuentas personales y de sociedades de diversos empresarios del denominado "Cartel Puebla" así como declaraciones fiscales, participación accionaria en empresas o comercios, adquisición de bienes inmuebles, antecedentes crediticios y en su caso declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos.
La lista de empresas y personas investigadas comprende constructoras, escuelas, universidades, plazas comerciales, casas de préstamos, torres de oficinas, medios de comunicación, ranchos, aeronaves, yates, automóviles, y hasta un propiedad tipo castillo fuera de México.
La investigación financiera llamada *Pirámide cuenta con una primera lista de nombres por uso o aprovechamiento de recursos presuntamente ligados al narcotráfico o de procedencia ilícita con fines de lavado de dinero, entre ellos se mencionan a Darío López Fernández, José Rubén Gil Campos, Maclovio Efrén Hernández, Edgar Nava García y Julián Ventosa Tanus.
Además del actual rector de la BUAP, Roberto Enrique Agüera Ibáñez, los empresarios Carlos Hugo López Chargoy, José María Suárez Rivero, Abelardo Sánchez Guzmán, Guillermo Pacheco Pensado, Amado Henaine Bojalil, Raúl Pardo del Valle, Daniel Lezama y otros.
Las autoridades mexicanas continúan con el intercambio de información con unidades de inteligencia financiera del gobierno de los Estados Unidos y otros países, para reunir mayores elementos que darían origen al desmantelamiento de la mayor operación de blanqueo de dinero detectada en América Latina.
esto del empresario López Fernández.
Acento 21
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