Por Mónica Franco y Fernando Pérez Corona
La BUAP tomó la decisión de suspender los pagos a Financiera Coofia, ante los problemas legales de esta empresa con más de 25 mil poblanos, quienes no han recuperado sus depósitos y han emprendido denuncias penales y mercantiles, de manera personal o a través de la Procuraduría del Ciudadano, a petición del gobernador Mario Marín Torres.
La abogada general de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), María Esther Gámez Rodríguez, quien apuntó que hay 741 trabajadores de la máxima casa de estudios con sendos créditos de nómina en esta firma, a la que entregan quincenalmente la suma de los descuentos aplicados a los sueldos para liquidar las cuentas.
Sin embargo, ante el presunto fraude cometido por Coofia, la funcionaria universitaria explicó que fue necesario detener la entrega del dinero a la compañía el pasado 31 de agosto, aunque la BUAP mantiene el descuento en los salarios, mismos que se han acumulado en una cuenta de la Tesorería, con el fin de entregar el dinero, a petición de una autoridad judicial, cuando haya sido resuelto el problema.
Según Gámez Rodríguez, la relación entre BUAP y Financiera Coofia empezó en 2002 y, después, el rector Enrique Agüera Ibáñez renovó en 2006 el contrato por tiempo indefinido, el cual consiste en otorgar crédito con baja tasa de interés a los trabajadores universitarios.
Entrevistada por e-consulta, aseguró que la institución desconocía que Coofia carecía de registro ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: "Uno nunca sabe si están acreditados o no (...). No somos pitonisos".
Es más, resaltó que la empresa tenía convenio para cobrar impuestos al gobierno estatal, era patrocinador del equipo Puebla y tenía sucursales en el interior del estado y en otras entidades, por lo que había confianza en sus operaciones.
Por otra parte y respecto al mismo asunto, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) informó que, por petición del Ministerio Público del fuero común, fueron aseguradas las oficinas centrales y bienes pertenecientes a Financiera Coofia como medida precautoria para garantizar el pago a los defraudados.
El subprocurador de Averiguaciones Previas y Control de Procesos de la PGJE, Víctor Pérez Dorantes, indicó que suman mil 100 denuncias presentadas ante la dependencia, lo que los obligó a iniciar sus propias indagatorias y por lo que se abrirá una averiguación previa.
Se prevé que en breve también se aseguren las oficinas donde operaban las sucursales de Coofia en la capital y el interior del estado, ésto a petición de la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca que ya envío oficios de colaboración.
Una de las facultades del MP es poder, tras una investigación y cumpliendo el artículo 21 Constitucional, asegurar los bienes relacionados con el delito que garanticen el pago de la reparación del daño.
En este caso, el Ministerio Publico dictó una providencia cautelar dentro de la averiguacion previa y efectivamente se aseguraron bienes inmuebles y bienes muebles que se encontraban en el interior de ese lugar (Torres JV)".
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