Carlos Fernández-Vega
Por dogmas no para, y el gobierno federal cree firmemente que el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017 –como los previos– "manda un mensaje de estabilidad", "preserva la capacidad de mantener el crecimiento y genera condiciones para aprovechar mejores oportunidades", al tiempo que permite "que todos los egresos se manejen con transparencia" (José Antonio Meade dixit). Un acto de fe, pues.
Pero, ¿en serio tal presupuesto es todo eso? El Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico analiza el tema (Gasto público al alza; valor agregado a la baja) y revela cuál es la realidad, muy alejada del acto de fe. Va, pues.
En 2017 el costo financiero del sector público federal representará 2.8 por ciento del producto interno bruto (PIB), la mayor proporción desde 2001. Dicha cantidad es superior a la destinada a otros renglones del gasto que son estratégicos para el desarrollo de México. De acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica presentados en septiembre pasado, el costo financiero prospectado para el cierre del presente año ascenderá a 463 mil millones de pesos, y en el próximo rondará los 569 mil millones. Más de un billón de pesos en sólo dos años.
Dichos recursos no generan crecimiento económico ni desarrollo social, fundamentalmente constituyen el pago de intereses por la deuda adquirida en años previos, pasivo que no tuvo un impacto productivo positivo pero que consume una cantidad creciente de recursos financieros, igualmente improductivos por el destino que tienen.
Las cifras del Inegi son contundentes: entre 2004 y 2015 el valor agregado propiciado por el sector público tuvo un crecimiento promedio de sólo 0.3 por ciento. Durante el mismo periodo el sector privado promedió una tasa de 3.2 por ciento. ¿Quién genera el crecimiento económico en México? La evidencia de las cifras oficiales es clara.
La baja productividad del gasto público es extensiva a los tres niveles de gobierno; estados y municipios ejercen recursos pero no propician crecimiento: entre 2004 y 2015 la tasa promedio de su valor agregado fue de 0.9 y 1.3 por ciento, respectivamente. Para el caso de la Ciudad de México el desempeño fue de 0.9 por ciento. El problema no fue la falta de recursos, pues tan sólo el sector público federal elevó sus erogaciones de 1.6 billones a 4.9 billones de pesos. El problema es la poca eficacia en el ejercicio de los recursos.
Ante el recorte presupuestal, la única alternativa para evitar que ello afecte el crecimiento de México es incrementar la eficacia del gasto público. Ello es prioritario, sobre todo considerando que el costo financiero del sector público absorbe recursos que superan lo destinado a 16 ramos administrativos: Economía; Hacienda y Crédito Público; Defensa Nacional; Comunicaciones y Transportes; Desarrollo Social; Marina; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Turismo; Relaciones Exteriores; Procuraduría General de la República; Oficina de la Presidencia; Gobernación; Medio Ambiente y Recursos Naturales y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. De igual forma, es esencial aumentar su eficacia cuando se proyecta una reducción en la inversión física de los ramos administrativos que casi alcanza 64 mil millones de pesos y supera los 88 mil millones en Pemex.
Es prioritario elaborar un Programa de Fomento a la Inversión Productiva que permita afrontar la actual coyuntura económica. Su objetivo debe ser generar un acercamiento entre los proyectos del sector privado y las estrategias de política económica a fin de garantizar que el país mantenga una tasa de crecimiento superior a 2.5 por ciento para 2017.
¿De qué sirvió la contratación de deuda, el incremento en los impuestos o la utilización de la renta petrolera en el gasto de los tres niveles de gobierno? Sin lugar a dudas que el gasto público es fundamental para que México pueda desarrollarse, sin embargo se requiere de eficacia en su aplicación. La evidencia muestra que la tendencia del valor agregado del gasto público va a la baja, algo paradójico cuando los montos destinados son mayores. Sin lugar a dudas que sólo una reforma de la administración pública con una orientación a resultados puede cambiar esta historia.
Bajo crecimiento económico implica una capacidad limitada para generar valor agregado. Las naciones con mejor desempeño económico tienen alta capacidad transformadora y gobiernos eficaces en el uso de los recursos públicos. En México existe un rezago significativo en su administración pública: el valor agregado generado por las entidades federativas, municipios, organismos descentralizados y empresas públicas es inferior al promedio nacional y negativo en algunos casos.
Altamente preocupante es que las empresas públicas energéticas tengan resultados que restan crecimiento económico: el sector energético es estratégico para el desarrollo industrial, no se puede incrementar la competitividad industrial sin un funcionamiento vigoroso del sector energético.
Junto con el mal desempeño de las empresas públicas del sector energético se tiene al gasto vinculado con la Seguridad Social: entre 2004 y 2015 el valor agregado se elevó a una tasa promedio de 1.2 por ciento; sin embargo, para el periodo 2013-2015 el mismo exhibió un retroceso promedio anual de -2.6 por ciento. Lo anterior tiene un impacto adverso sobre el bienestar de la población mexicana, particularmente en la más pobre, la que tiene una mayor dependencia del gasto social. Lo descrito muestra que incrementar este tipo de gasto no necesariamente conduce a mejorar las condiciones socioeconómicas de México.
Mayor gasto público no es sinónimo de mayor crecimiento económico; si las erogaciones son improductivas pueden tener un efecto adverso sobre la economía. Si el presupuesto público se ejerce sin criterios de eficacia no hay garantía de que al aumentar impuestos, endeudarse o utilizar la renta petrolera para incrementar el gasto se obtengan los resultados deseados.
No es lo mismo padres que Padrés, aunque en ambos casos la norma es la impunidad, pero por razones distintas: los primeros buscan a sus hijos, "desaparecidos" impunemente por el Estado; al segundo lo "buscan" las autoridades judiciales –como a Duarte–, pero, impune, "desapareció". Y en este par de situaciones el gobierno asegura que "no encuentra" a los muchachos de Ayotzinapa… ni al ex gobernador.
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