La Historia de esos días
26 de diciembre de 2009
Denuncia Raúl Vera “ejecución extrajudicial” de Arturo Beltrán
Afirma el obispo: estamos como en la época de la Revolución, cuando se ahorcaba y fusilaba
Preocupa al gobierno aparentar que “su guerra contra el narcotráfico da resultados”, asevera
El ombudsman morelense informa que ha recibido siete quejas contra operativos de la Marina
Leopoldo Ramos
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 26 de diciembre de 2009, p. 3
Saltillo, Coah., 25 de diciembre. El gobierno federal incurrió en una “ejecución extrajudicial” al dar muerte al narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, durante el operativo realizado por la Armada de México el pasado 16 de diciembre en Cuernavaca, Morelos, afirmó el obispo de Saltillo, Raúl Vera López.
El prelado criticó la llamada “guerra contra el narcotráfico” emprendida por la administración de Felipe Calderón, pues ha desencadenado acciones extrajudiciales similares a las que ocurrían hace 100 años con la denominada “ley del monte”, en la época de la Revolución, cuando el gobierno asesinaba sin acatar los ordenamientos judiciales.
“Ya estamos como en la época de la Revolución, donde se ahorcaba, se fusilaba, pero ahora se hace mediante operativos, y eso es muy grave”, censuró.
Raúl Vera puso como ejemplo de lo anterior la acción en el fraccionamiento Altitude, ubicado en la ciudad de Cuernavaca, donde en un enfrentamiento con marinos fue ultimado Arturo Beltrán Leyva, El jefe de jefes.
Criticó la difusión de las imágenes del cadáver del líder del cártel de los Beltrán Leyva, también conocido como El Barbas, en diferentes medios de comunicación.
Consideró que por la forma en que fue exhibido el cuerpo del narcotraficante después del operativo, los marinos llegaron a ejecutar, no a aprehender.
“Las autoridades mexicanas están incurriendo en acciones que estaban vigentes hace 100 años, en la época de la Revolución, cuando se asesinaba a las personas, a presuntos delincuentes, en lugar de someterlos a procedimientos judiciales para que pagaran las culpas cometidas”, insistió.
Luego de reunirse con internas del Centro de Readaptación Social Femenil de Saltillo, a quienes visitó con motivo de los festejos navideños, el prelado expresó:
“Lo que ahora vemos es que el gobierno está teniendo operativos para detener a personas que cometen delitos, que se están convirtiendo en ejecuciones extrajudiciales.”
Reiteró que la operación en Cuernavaca es una muestra de que las autoridades están optando por asesinar a los presuntos autores de delitos, en lugar de aprehenderlos y someterlos a procedimientos judiciales.
Agregó que el gobierno federal está más preocupado por “aparentar” ante los ciudadanos que “su guerra contra el narcotráfico está dando resultados”, en lugar de garantizar “procedimientos ministeriales y judiciales” a quienes incurren en delitos.
Vera López, quien se caracteriza por denunciar los abusos que se cometen en México, generalmente contra los más desprotegidos, señaló que la sociedad no justifica la comisión de delitos como los relacionados con el narcotráfico, pero “ese sentir dista mucho” de que las autoridades federales tengan el respaldo popular y legal para castigar a los delincuentes al margen de la ley.
“El gobierno federal no tiene ningún derecho de someter a quienes incurren en delitos, cualesquiera que éstos sean, a procedimientos extrajudiciales, como la ejecución o el asesinato, ya que para eso existen códigos, leyes y reglamentos que deben garantizar a cualquier persona la posibilidad de que responda ante la ley por sus actos”, puntualizó.
En tanto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Fausto Gutiérrez Aragón, informó que, a raíz de los operativos que realizan en la entidad elementos de la Marina, el organismo ha recibido siete quejas, entre ellas dos sobre civiles que perdieron la vida, las cuales ya fueron turnadas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Con información de Rubicela Morelos, corresponsal
Preocupa al gobierno aparentar que “su guerra contra el narcotráfico da resultados”, asevera
El ombudsman morelense informa que ha recibido siete quejas contra operativos de la Marina
Leopoldo Ramos
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 26 de diciembre de 2009, p. 3
Saltillo, Coah., 25 de diciembre. El gobierno federal incurrió en una “ejecución extrajudicial” al dar muerte al narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, durante el operativo realizado por la Armada de México el pasado 16 de diciembre en Cuernavaca, Morelos, afirmó el obispo de Saltillo, Raúl Vera López.
El prelado criticó la llamada “guerra contra el narcotráfico” emprendida por la administración de Felipe Calderón, pues ha desencadenado acciones extrajudiciales similares a las que ocurrían hace 100 años con la denominada “ley del monte”, en la época de la Revolución, cuando el gobierno asesinaba sin acatar los ordenamientos judiciales.
“Ya estamos como en la época de la Revolución, donde se ahorcaba, se fusilaba, pero ahora se hace mediante operativos, y eso es muy grave”, censuró.
Raúl Vera puso como ejemplo de lo anterior la acción en el fraccionamiento Altitude, ubicado en la ciudad de Cuernavaca, donde en un enfrentamiento con marinos fue ultimado Arturo Beltrán Leyva, El jefe de jefes.
Criticó la difusión de las imágenes del cadáver del líder del cártel de los Beltrán Leyva, también conocido como El Barbas, en diferentes medios de comunicación.
Consideró que por la forma en que fue exhibido el cuerpo del narcotraficante después del operativo, los marinos llegaron a ejecutar, no a aprehender.
“Las autoridades mexicanas están incurriendo en acciones que estaban vigentes hace 100 años, en la época de la Revolución, cuando se asesinaba a las personas, a presuntos delincuentes, en lugar de someterlos a procedimientos judiciales para que pagaran las culpas cometidas”, insistió.
Luego de reunirse con internas del Centro de Readaptación Social Femenil de Saltillo, a quienes visitó con motivo de los festejos navideños, el prelado expresó:
“Lo que ahora vemos es que el gobierno está teniendo operativos para detener a personas que cometen delitos, que se están convirtiendo en ejecuciones extrajudiciales.”
Reiteró que la operación en Cuernavaca es una muestra de que las autoridades están optando por asesinar a los presuntos autores de delitos, en lugar de aprehenderlos y someterlos a procedimientos judiciales.
Agregó que el gobierno federal está más preocupado por “aparentar” ante los ciudadanos que “su guerra contra el narcotráfico está dando resultados”, en lugar de garantizar “procedimientos ministeriales y judiciales” a quienes incurren en delitos.
Vera López, quien se caracteriza por denunciar los abusos que se cometen en México, generalmente contra los más desprotegidos, señaló que la sociedad no justifica la comisión de delitos como los relacionados con el narcotráfico, pero “ese sentir dista mucho” de que las autoridades federales tengan el respaldo popular y legal para castigar a los delincuentes al margen de la ley.
“El gobierno federal no tiene ningún derecho de someter a quienes incurren en delitos, cualesquiera que éstos sean, a procedimientos extrajudiciales, como la ejecución o el asesinato, ya que para eso existen códigos, leyes y reglamentos que deben garantizar a cualquier persona la posibilidad de que responda ante la ley por sus actos”, puntualizó.
En tanto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Fausto Gutiérrez Aragón, informó que, a raíz de los operativos que realizan en la entidad elementos de la Marina, el organismo ha recibido siete quejas, entre ellas dos sobre civiles que perdieron la vida, las cuales ya fueron turnadas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Con información de Rubicela Morelos, corresponsal
25 de diciembre de 2009
Incierto destino de jubilados electricistas
Radio Expresión
24/Diciembre/2009/10:27:18
Los extrabajadores de la desaparecida Compañía de Luz y Fuerza del Centro que ya están en la calidad de jubilados consideran incierto su destino, no saben si continuarán recibiendo su pensión después de marzo, debido a que en ese mes es la revisión del “Contrato Colectivo de Trabajo”.
Por: HERIBERTO HERNÁNDEZ CASTILLO
El próximo año, el 15 de marzo de 2010, se revisaría el llamado “Contrato Colectivo de Trabajo”, es el documento en que se basaba la relación laboral del Sindicato Mexicano de Electricistas y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, este se revisaba cada año y el plazo está por cumplirse.
Los trabajadores inactivos están preocupados porque no les queda claro del todo cuál será su destino certero después de es fecha, algunos de ellos manejan de manera extraoficial, “a nosotros, no creemos que nos hagan nada, ya hemos preguntado con algunos licenciados y nos aseguraron que estamos bien protegidos por el contrato colectivo de trabajo y ahora como el patrón ya no es la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, será la CFE o el gobierno en su momento, el patrón sustituto y se nos tendrá que seguir pagando lo que hasta el momento nos dan”, según ellos.
Luz y Fuerza del Centro es una de las pocas compañías paraestatales que jubilaba a sus trabajadores con una pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS y le sumaba la cantidad que se daba por parte de la misma empresa paraestatal.
En la actualidad, la preocupación que se mantiene en el ánimo de los jubilados de la extinta Compañía de Luz, es la cantidad que se les sigue pagando hasta el momento en el monto de sus pensiones, temen que después de la fecha en que se revisaría el contrato colectivo, las condiciones cambien.
Los inactivos vislumbran la posibilidad de que, a partir del 15 de marzo de 2010, sus pensiones se reduzcan a la pensión únicamente a la del Instituto Mexicano del Seguro Social.
24/Diciembre/2009/10:27:18
Los extrabajadores de la desaparecida Compañía de Luz y Fuerza del Centro que ya están en la calidad de jubilados consideran incierto su destino, no saben si continuarán recibiendo su pensión después de marzo, debido a que en ese mes es la revisión del “Contrato Colectivo de Trabajo”.
Por: HERIBERTO HERNÁNDEZ CASTILLO
El próximo año, el 15 de marzo de 2010, se revisaría el llamado “Contrato Colectivo de Trabajo”, es el documento en que se basaba la relación laboral del Sindicato Mexicano de Electricistas y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, este se revisaba cada año y el plazo está por cumplirse.
Los trabajadores inactivos están preocupados porque no les queda claro del todo cuál será su destino certero después de es fecha, algunos de ellos manejan de manera extraoficial, “a nosotros, no creemos que nos hagan nada, ya hemos preguntado con algunos licenciados y nos aseguraron que estamos bien protegidos por el contrato colectivo de trabajo y ahora como el patrón ya no es la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, será la CFE o el gobierno en su momento, el patrón sustituto y se nos tendrá que seguir pagando lo que hasta el momento nos dan”, según ellos.
Luz y Fuerza del Centro es una de las pocas compañías paraestatales que jubilaba a sus trabajadores con una pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS y le sumaba la cantidad que se daba por parte de la misma empresa paraestatal.
En la actualidad, la preocupación que se mantiene en el ánimo de los jubilados de la extinta Compañía de Luz, es la cantidad que se les sigue pagando hasta el momento en el monto de sus pensiones, temen que después de la fecha en que se revisaría el contrato colectivo, las condiciones cambien.
Los inactivos vislumbran la posibilidad de que, a partir del 15 de marzo de 2010, sus pensiones se reduzcan a la pensión únicamente a la del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Denuncian anomalías de CFE en pleno centro
Radio Expresión
24/Diciembre/2009/10:33:29
XICOTEPEC DE JUÁREZ.- Decenas de comerciantes de esta localidad manifestaron su descontento contra Comisión Federal de Electricidad (CFE ) ya que en plena temporada de ventas navideñas, muchos negocios se quedaron "a media luz", generando problemas que "se traducen en pérdidas de clientes".
Por: PILAR RAMÍREZ
Los empresarios afectados, dijeron que "la CFE tiene responsabilidad tanto el ayuntamiento, por permitir la instalación de un tianguis, donde más de 15 locales se colgaron de la red eléctrica del centro de Xicotepec"; el presidente de turismo municipal, Miguel Ángel Janeiro Goicoechea, dijo que además esto lesiona la imagen urbana, aunado a los conflictos generados por el bajo voltaje.
Para los comerciantes, este tipo de decisiones se tomaron sin considerar "el daño al comercio establecido, locales que pagamos renta, impuestos de todo tipo, licencias de funcionamiento y por supuesto, el recibo de luz", denunció uno de los inconformes.
Además, algunos ciudadanos manifestaron su malestar, debido a que varios de los puestos que fueron instalados con el aval de la presidencia municipal se dedican a la venta de comida "sin las medidas higiénicas correspondientes".
Al ser cuestionado uno de los locatarios sobre el conflicto generado en pleno centro por el bajo voltaje, declararon que "la presidencia les dio permiso de hacerlo, siempre así se hace por lo que no es nada nuevo".
Se buscó una versión de CFE en cuanto a este problema, pero se dijo que la única referencia oficial podría generarse en la ciudad de Poza Rica, sin embargo "como salieron de vacaciones hasta el próximo año podrían atender a los reporteros".
24/Diciembre/2009/10:33:29
XICOTEPEC DE JUÁREZ.- Decenas de comerciantes de esta localidad manifestaron su descontento contra Comisión Federal de Electricidad (CFE ) ya que en plena temporada de ventas navideñas, muchos negocios se quedaron "a media luz", generando problemas que "se traducen en pérdidas de clientes".
Por: PILAR RAMÍREZ
Los empresarios afectados, dijeron que "la CFE tiene responsabilidad tanto el ayuntamiento, por permitir la instalación de un tianguis, donde más de 15 locales se colgaron de la red eléctrica del centro de Xicotepec"; el presidente de turismo municipal, Miguel Ángel Janeiro Goicoechea, dijo que además esto lesiona la imagen urbana, aunado a los conflictos generados por el bajo voltaje.
Para los comerciantes, este tipo de decisiones se tomaron sin considerar "el daño al comercio establecido, locales que pagamos renta, impuestos de todo tipo, licencias de funcionamiento y por supuesto, el recibo de luz", denunció uno de los inconformes.
Además, algunos ciudadanos manifestaron su malestar, debido a que varios de los puestos que fueron instalados con el aval de la presidencia municipal se dedican a la venta de comida "sin las medidas higiénicas correspondientes".
Al ser cuestionado uno de los locatarios sobre el conflicto generado en pleno centro por el bajo voltaje, declararon que "la presidencia les dio permiso de hacerlo, siempre así se hace por lo que no es nada nuevo".
Se buscó una versión de CFE en cuanto a este problema, pero se dijo que la única referencia oficial podría generarse en la ciudad de Poza Rica, sin embargo "como salieron de vacaciones hasta el próximo año podrían atender a los reporteros".
Beltrán Leyva “se movió a sus anchas” en Puebla
Redacción Poblanerías
Jueves, 24 de Diciembre de 2009 11:31
Noticias - Destacadas, Alerta Digital
Fuerzas Armadas y PGR investigan a autoridades de Puebla, Guerrero y Morelos que dieron facilidades al Jefe de Jefes para que no fuera molestado en sus desplazamientos.
Puebla, Puebla.- La Inteligencia militar investiga a autoridades de Puebla, Guerrero y Morelos que dieron facilidades al “Barbas”, para moverse con toda libertad por los tres diferentes estados de la República Mexicana en los últimos dos meses, de acuerdo a información publicada por el diario Reforma.
Elementos de la Policía Ministerial, policías estatales y municipales de los tres estados formaban parte de la red de protección de Arturo Beltrán Leyva, de acuerdo a investigaciones que ya se encuentran en proceso y que pronto darán resultados.
El también llamado “Jefe de Jefes” usaba varios medios para sus traslados, un helicóptero, un avión Lear Jet y en ocasiones convoys de camionetas blindadas; con este último recurso fue detectado en Puebla a través de varias denuncias anónimas, aunque no se descarta la posibilidad de que haya llegado vía helicóptero al helipuerto de Cúmulo de Virgo en la zona de Angelópolis.
Jueves, 24 de Diciembre de 2009 11:31
Noticias - Destacadas, Alerta Digital
Fuerzas Armadas y PGR investigan a autoridades de Puebla, Guerrero y Morelos que dieron facilidades al Jefe de Jefes para que no fuera molestado en sus desplazamientos.
Puebla, Puebla.- La Inteligencia militar investiga a autoridades de Puebla, Guerrero y Morelos que dieron facilidades al “Barbas”, para moverse con toda libertad por los tres diferentes estados de la República Mexicana en los últimos dos meses, de acuerdo a información publicada por el diario Reforma.
Elementos de la Policía Ministerial, policías estatales y municipales de los tres estados formaban parte de la red de protección de Arturo Beltrán Leyva, de acuerdo a investigaciones que ya se encuentran en proceso y que pronto darán resultados.
El también llamado “Jefe de Jefes” usaba varios medios para sus traslados, un helicóptero, un avión Lear Jet y en ocasiones convoys de camionetas blindadas; con este último recurso fue detectado en Puebla a través de varias denuncias anónimas, aunque no se descarta la posibilidad de que haya llegado vía helicóptero al helipuerto de Cúmulo de Virgo en la zona de Angelópolis.
Proliferan las narcofamilias
El Sol de México
La familia mexicana es la célula fundamental de la sociedad; favorece el apoyo, la unión y la entrega. Así es. También las familias de los narcotraficantes. Ellos han conformado una compleja red que no solamente abarca la familia nuclear, sino la extendida. En este último caso, abuelos, tíos, sobrinos, yernos, nueras y hasta compadres y ahijados.
Émulos de la Cosa Nostra, como católicos que son en su mayoría, cumplen con las normas de la familia.
Sin embargo, gran parte de estos clanes ha sido diezmada en la guerra contra el narcotráfico que está cumpliendo 39 años. El último "jefe de jefes" en caer fue Arturo Beltrán Leyva, "El Barbas", la semana pasada durante un operativo de la Armada de México en Cuernavaca.
Desde que Estados Unidos y México, en 1970 acordaron combatir la siembra y distribución de estupefacientes e iniciaron la primera fuerte campaña contra cultivos y cultivadores, con la participación del Ejército Mexicano y de la Procuraduría General de la República, ha sido una pelea sin cuartel.
Posteriormente, en 1977, se puso en marcha una ambiciosa campaña denominada Operación Cóndor, muy intensa, con la participación de 10,000 soldados que actuaron en los estados de Sinaloa, Chihuahua, y Durango, "el Triángulo Dorado del Narcotráfico" y que se tradujo en el cambio de domicilio de las sedes del tráfico, en su extensión a otras entidades de la República. Tal lucha solamente ha sido superada por la guerra iniciada en 2006 por el gobierno del Presidente Felipe Calderón.
En ese camino contra el gobierno y por enfrentamientos entre cárteles o venganzas, han muerto o están presos en México y en el vecino país miles de narcotraficantes. Pero aún prevalecen las familias, aunque no todos sus integrantes actúan como miembros del crimen organizado, sobre todo las mujeres.
No obstante, sobresalen algunos casos de doñas (con el paso del tiempo, cada vez más féminas se atreven), porque ellas también participan activamente. Es el caso de las hermanas Enedina y Alicia Arellano Félix, de quienes se dicen lavan el dinero producto de la actividad ilícita, así como Lilia Cárdenas Guillén, Blanca Margarita Cázares Salazar, alias "La Emperatriz", presunta operadora financiera del narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada, junto con el hijo de ella Arturo Meza Cázares.
Una mujer que sobresalió es Sandra Ávila Beltrán, "La Reina del Pacífico", operadora de "El Mayo" Zambada.
w Los pioneros: Juan Nepomuceno
La participación de familias completas en el crimen organizado cumple décadas. Por ejemplo, Juan Nepomuceno Guerra, nativo de Matamoros, Tamaulipas, contrabandista de whisky en sus juventudes, fue uno de los primeros jefes. Fundó el cártel del Golfo a mediados del siglo pasado.
Sería un integrante de su familia, su sobrino Juan García Ábrego, quien recibiría en los setenta el mando del cártel, mismo que después pasaría a manos de Osiel Cárdenas Guillén.
Juan Nepomuceno Guerra es uno de los pocos narcotraficantes, que no murió con las botas puestas, sino en el 2001 a los 82 años, de una larga enfermedad que lo dejó mutilado de ambas piernas.
Otro de los patriarcas del crimen organizado es Ernesto Fonseca Carrillo, "Don Neto". Nacido en Santiago de los Caballeros, Sinaloa, hace 78 años, actualmente está preso en el penal de la Almoloya por haber sido relacionado con el asesinato, en 1985, del agente de la DEA, Enrique Camarena. Aseguran que la salud de "Don Neto" está sumamente quebrantada.
Este anciano fue tío y padrino de Amado Carrillo, "El Señor de los Cielos", quien llegó a ser el jefe del Cártel de Juárez.
Los Carrillo Fuentes eran muchos. Además de Amado, están o estaban sus hermanos: Rodolfo "El Niño de Oro" (muerto durante una balacera en 2004), Vicente, Cipriano, Alberto y José Cruz (recientemente detenido).
El "Señor de los Cielos" nació en Guamuchilito, Sinaloa, en 1956. Dicen que el apodo se lo pusieron porque controlaba una flota de 12 aviones Boeing 727 en los cuales trasladaba la cocaína que procedía de Colombia. Fue uno de los primeros narcotraficantes en internacionalizarse, en este caso al llegar a convenios con los narcos colombianos.
A este capo de la droga se le congeló la sonrisa cuando en 1997 falleció en una clínica de la Ciudad de México, durante una operación de cirugía plástica, para cambiarse el rostro porque, se especula, pretendía retirarse del "negocio".
A esta nutrida camada familiar -14 hermanos, 8 mujeres y 6 hombres- pertenecen Vicente Carrillo Fuentes, "El Viceroy" o "El General", y Vicente Carrillo Leyva (hijo de "El Señor de los Cielos"), recientemente detenido en Bosques de las Lomas cuando hacía ejercicio. También se operó el rostro. Ya está preso.
Una familia con gran tradición dentro del tráfico de drogas son los hermanos Arellano Félix, quienes encabezan el Cártel de Tijuana; clan ahora sumamente menguado.
Ellos son primos de Miguel Ángel Félix Gallardo, "El Padrino", otro de los grandes capos del cártel del Pacífico (se extendió desde Sinaloa, donde nació), expolicía, fundador del original cártel de Guadalajara, quien llegó a controlar toda la droga en México, según dicen y fue el pionero en la internacionalización al hacer los primeros acuerdos con los narcos de Colombia. A este hombre culto y preparado también lo atraparon por el caso del agente de la DEA Enrique Camarena y fue sentenciado a 40 años de prisión que hoy purga en el penal del Altiplano. Lleva apenas la mitad.
w La Reina del Pacífico
La sobrina de Miguel Ángel Félix Gallardo (hija de su hermana María Luisa), "La Reina del Pacífico", Sandra Ávila Beltrán, prima de los Beltrán Leyva, participó en lavado de dinero para Vicente "El Mayo" Zambada. Amante de diversos narcotraficantes, hasta colombianos, esta fémina era buscada por las autoridades de Estados Unidos y México. Hoy está recluida en Santa Martha Acatitla.
Sandra Ávila Beltrán o Sandra Ávila López o Sandra Luz Arrollo Ochoa o Karla Orozco Lizárraga o Sandra Luz Arroyo Ochoa o María Luisa Ávila Beltrán o Andrea Medina Reyes tiene un hijo que fue secuestrado y liberado posteriormente, previo pago de cinco millones de pesos.
En su familia ha habido bajas: uno de sus siete hermanos y dos de sus maridos, además de primos y tíos.
Una familia más que ha hecho historia en el narcotráfico es la de los hermanos Caro Quintero. Rafael, "El Narco de Narcos", nacido en 1952 en La Noria, Sinaloa, es el más sobresaliente. Conjuntamente con Miguel Ángel Félix Gallardo fundó el cártel de Guadalajara. También fue detenido por el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena. Sigue preso purgando condena.
Un hermano también dedicado al narcotráfico es Miguel Ángel Caro Quintero, de la misma manera que su primo Gil Caro Quintero, reo en una cárcel de Jalisco, así como un primo más, Alberto Caro Quintero, presuntamente miembro del cártel de Quintana Roo y actualmente en prisión.
Hay también extranjeros. Héctor Luis Palma Salazar, "El Güero Palma", nacido en Chula Vista, California, es uno de los fundadores del cártel de Sinaloa y posterior líder junto con Joaquín "El Chapo" Guzmán. Antes de ingresar en esta carrera criminal se dedicaba a otra: ser pandillero en Los Ángeles, ladrón de vehículos y vendedor de droga. Después pasó a formar parte del cártel de Guadalajara, donde también participaba su hermano Jesús Héctor Palma Salazar y los hijos de ambos.
Ismael Zambada García, "El Mayo" o "El M-Z", uno de los jefes del cártel de Sinaloa, es una cabeza de familia actuante. De la misma manera que su maestro "El Señor de los Cielos" hizo que le practicaran cirugía plástica, que en su caso salió bien. Acompañándolo en sus actividades delictivas estuvo su hermano Jesús "El Patrón" y su hijo Vicente "El Mayo" Zambada. Su nieto Vicente Zambada Niebla, "El Vicentillo", recientemente fue aprehendido y purga prisión. En Estados Unidos ofrecen recompensa por "El Mayo" mayor, pero no han logrado detenerlo.
Oriundo de Matamoros, Tamaulipas, Osiel Cárdenas Guillén "El Loco", "El Mata Amigos" o "El Patrón" fue líder del cártel del Golfo, tiempo en el cual a su lado actuaron sus parientes, como Ezequiel Cárdenas Guillén, "Tony Tormenta", prófugo y quien ahora es de los jefes del cártel, así como su hermana Lilia Cárdenas Guillén.
Osiel fue detenido en 2003 y dos años después extraditado a Estados Unidos, donde purga condena.
Un norteño, como tantos otros narcotraficantes, nativo de Huixiopa, municipio de Badiraguato, Sinaloa, es el ex policía judicial Juan José Esparragoza Moreno, "El Azul" o Juan José Esparragoza-Martínez o José Luis Esparragoza, Juan Esparragoza Ualino o Juan José Esparragoza.
Compadre de Amado Carrillo, veterano de las lides de la delincuencia (tiene 60 años), es de los patriarcas que aun viven y están prófugos. Sus hijos son los Esparragoza Beltrán ya que se casó con una hermana de los Beltrán Leyva. A una de sus hijas Nadia Patricia, se le vinculó sentimentalmente con el exgobernador de Morelos Sergio Estrada Cajigal (ambos paseaban en el "helicóptero del amor"). Ella y su hermana Brenda Esparragoza Gastélum, aseguran las crónicas, estudiaron en escuelas exclusivas del extranjero. Tiene otra hija Silvia Alejandra Esparragoza Monzón.
(Continuará)
La familia mexicana es la célula fundamental de la sociedad; favorece el apoyo, la unión y la entrega. Así es. También las familias de los narcotraficantes. Ellos han conformado una compleja red que no solamente abarca la familia nuclear, sino la extendida. En este último caso, abuelos, tíos, sobrinos, yernos, nueras y hasta compadres y ahijados.
Émulos de la Cosa Nostra, como católicos que son en su mayoría, cumplen con las normas de la familia.
Sin embargo, gran parte de estos clanes ha sido diezmada en la guerra contra el narcotráfico que está cumpliendo 39 años. El último "jefe de jefes" en caer fue Arturo Beltrán Leyva, "El Barbas", la semana pasada durante un operativo de la Armada de México en Cuernavaca.
Desde que Estados Unidos y México, en 1970 acordaron combatir la siembra y distribución de estupefacientes e iniciaron la primera fuerte campaña contra cultivos y cultivadores, con la participación del Ejército Mexicano y de la Procuraduría General de la República, ha sido una pelea sin cuartel.
Posteriormente, en 1977, se puso en marcha una ambiciosa campaña denominada Operación Cóndor, muy intensa, con la participación de 10,000 soldados que actuaron en los estados de Sinaloa, Chihuahua, y Durango, "el Triángulo Dorado del Narcotráfico" y que se tradujo en el cambio de domicilio de las sedes del tráfico, en su extensión a otras entidades de la República. Tal lucha solamente ha sido superada por la guerra iniciada en 2006 por el gobierno del Presidente Felipe Calderón.
En ese camino contra el gobierno y por enfrentamientos entre cárteles o venganzas, han muerto o están presos en México y en el vecino país miles de narcotraficantes. Pero aún prevalecen las familias, aunque no todos sus integrantes actúan como miembros del crimen organizado, sobre todo las mujeres.
No obstante, sobresalen algunos casos de doñas (con el paso del tiempo, cada vez más féminas se atreven), porque ellas también participan activamente. Es el caso de las hermanas Enedina y Alicia Arellano Félix, de quienes se dicen lavan el dinero producto de la actividad ilícita, así como Lilia Cárdenas Guillén, Blanca Margarita Cázares Salazar, alias "La Emperatriz", presunta operadora financiera del narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada, junto con el hijo de ella Arturo Meza Cázares.
Una mujer que sobresalió es Sandra Ávila Beltrán, "La Reina del Pacífico", operadora de "El Mayo" Zambada.
w Los pioneros: Juan Nepomuceno
La participación de familias completas en el crimen organizado cumple décadas. Por ejemplo, Juan Nepomuceno Guerra, nativo de Matamoros, Tamaulipas, contrabandista de whisky en sus juventudes, fue uno de los primeros jefes. Fundó el cártel del Golfo a mediados del siglo pasado.
Sería un integrante de su familia, su sobrino Juan García Ábrego, quien recibiría en los setenta el mando del cártel, mismo que después pasaría a manos de Osiel Cárdenas Guillén.
Juan Nepomuceno Guerra es uno de los pocos narcotraficantes, que no murió con las botas puestas, sino en el 2001 a los 82 años, de una larga enfermedad que lo dejó mutilado de ambas piernas.
Otro de los patriarcas del crimen organizado es Ernesto Fonseca Carrillo, "Don Neto". Nacido en Santiago de los Caballeros, Sinaloa, hace 78 años, actualmente está preso en el penal de la Almoloya por haber sido relacionado con el asesinato, en 1985, del agente de la DEA, Enrique Camarena. Aseguran que la salud de "Don Neto" está sumamente quebrantada.
Este anciano fue tío y padrino de Amado Carrillo, "El Señor de los Cielos", quien llegó a ser el jefe del Cártel de Juárez.
Los Carrillo Fuentes eran muchos. Además de Amado, están o estaban sus hermanos: Rodolfo "El Niño de Oro" (muerto durante una balacera en 2004), Vicente, Cipriano, Alberto y José Cruz (recientemente detenido).
El "Señor de los Cielos" nació en Guamuchilito, Sinaloa, en 1956. Dicen que el apodo se lo pusieron porque controlaba una flota de 12 aviones Boeing 727 en los cuales trasladaba la cocaína que procedía de Colombia. Fue uno de los primeros narcotraficantes en internacionalizarse, en este caso al llegar a convenios con los narcos colombianos.
A este capo de la droga se le congeló la sonrisa cuando en 1997 falleció en una clínica de la Ciudad de México, durante una operación de cirugía plástica, para cambiarse el rostro porque, se especula, pretendía retirarse del "negocio".
A esta nutrida camada familiar -14 hermanos, 8 mujeres y 6 hombres- pertenecen Vicente Carrillo Fuentes, "El Viceroy" o "El General", y Vicente Carrillo Leyva (hijo de "El Señor de los Cielos"), recientemente detenido en Bosques de las Lomas cuando hacía ejercicio. También se operó el rostro. Ya está preso.
Una familia con gran tradición dentro del tráfico de drogas son los hermanos Arellano Félix, quienes encabezan el Cártel de Tijuana; clan ahora sumamente menguado.
Ellos son primos de Miguel Ángel Félix Gallardo, "El Padrino", otro de los grandes capos del cártel del Pacífico (se extendió desde Sinaloa, donde nació), expolicía, fundador del original cártel de Guadalajara, quien llegó a controlar toda la droga en México, según dicen y fue el pionero en la internacionalización al hacer los primeros acuerdos con los narcos de Colombia. A este hombre culto y preparado también lo atraparon por el caso del agente de la DEA Enrique Camarena y fue sentenciado a 40 años de prisión que hoy purga en el penal del Altiplano. Lleva apenas la mitad.
w La Reina del Pacífico
La sobrina de Miguel Ángel Félix Gallardo (hija de su hermana María Luisa), "La Reina del Pacífico", Sandra Ávila Beltrán, prima de los Beltrán Leyva, participó en lavado de dinero para Vicente "El Mayo" Zambada. Amante de diversos narcotraficantes, hasta colombianos, esta fémina era buscada por las autoridades de Estados Unidos y México. Hoy está recluida en Santa Martha Acatitla.
Sandra Ávila Beltrán o Sandra Ávila López o Sandra Luz Arrollo Ochoa o Karla Orozco Lizárraga o Sandra Luz Arroyo Ochoa o María Luisa Ávila Beltrán o Andrea Medina Reyes tiene un hijo que fue secuestrado y liberado posteriormente, previo pago de cinco millones de pesos.
En su familia ha habido bajas: uno de sus siete hermanos y dos de sus maridos, además de primos y tíos.
Una familia más que ha hecho historia en el narcotráfico es la de los hermanos Caro Quintero. Rafael, "El Narco de Narcos", nacido en 1952 en La Noria, Sinaloa, es el más sobresaliente. Conjuntamente con Miguel Ángel Félix Gallardo fundó el cártel de Guadalajara. También fue detenido por el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena. Sigue preso purgando condena.
Un hermano también dedicado al narcotráfico es Miguel Ángel Caro Quintero, de la misma manera que su primo Gil Caro Quintero, reo en una cárcel de Jalisco, así como un primo más, Alberto Caro Quintero, presuntamente miembro del cártel de Quintana Roo y actualmente en prisión.
Hay también extranjeros. Héctor Luis Palma Salazar, "El Güero Palma", nacido en Chula Vista, California, es uno de los fundadores del cártel de Sinaloa y posterior líder junto con Joaquín "El Chapo" Guzmán. Antes de ingresar en esta carrera criminal se dedicaba a otra: ser pandillero en Los Ángeles, ladrón de vehículos y vendedor de droga. Después pasó a formar parte del cártel de Guadalajara, donde también participaba su hermano Jesús Héctor Palma Salazar y los hijos de ambos.
Ismael Zambada García, "El Mayo" o "El M-Z", uno de los jefes del cártel de Sinaloa, es una cabeza de familia actuante. De la misma manera que su maestro "El Señor de los Cielos" hizo que le practicaran cirugía plástica, que en su caso salió bien. Acompañándolo en sus actividades delictivas estuvo su hermano Jesús "El Patrón" y su hijo Vicente "El Mayo" Zambada. Su nieto Vicente Zambada Niebla, "El Vicentillo", recientemente fue aprehendido y purga prisión. En Estados Unidos ofrecen recompensa por "El Mayo" mayor, pero no han logrado detenerlo.
Oriundo de Matamoros, Tamaulipas, Osiel Cárdenas Guillén "El Loco", "El Mata Amigos" o "El Patrón" fue líder del cártel del Golfo, tiempo en el cual a su lado actuaron sus parientes, como Ezequiel Cárdenas Guillén, "Tony Tormenta", prófugo y quien ahora es de los jefes del cártel, así como su hermana Lilia Cárdenas Guillén.
Osiel fue detenido en 2003 y dos años después extraditado a Estados Unidos, donde purga condena.
Un norteño, como tantos otros narcotraficantes, nativo de Huixiopa, municipio de Badiraguato, Sinaloa, es el ex policía judicial Juan José Esparragoza Moreno, "El Azul" o Juan José Esparragoza-Martínez o José Luis Esparragoza, Juan Esparragoza Ualino o Juan José Esparragoza.
Compadre de Amado Carrillo, veterano de las lides de la delincuencia (tiene 60 años), es de los patriarcas que aun viven y están prófugos. Sus hijos son los Esparragoza Beltrán ya que se casó con una hermana de los Beltrán Leyva. A una de sus hijas Nadia Patricia, se le vinculó sentimentalmente con el exgobernador de Morelos Sergio Estrada Cajigal (ambos paseaban en el "helicóptero del amor"). Ella y su hermana Brenda Esparragoza Gastélum, aseguran las crónicas, estudiaron en escuelas exclusivas del extranjero. Tiene otra hija Silvia Alejandra Esparragoza Monzón.
(Continuará)
24 de diciembre de 2009
22 de diciembre de 2009
Se dispara en mil 640 por ciento la desaparición de mujeres en Puebla
La Jornada de Oriente
MÓNICA CAMACHO
En los cinco años de la administración del gobernador Mario Marín Torres se dispararon en Puebla los reportes de desaparición de mujeres en mil 640 por ciento. El balance total es escalofriante, pues de 2005 a la fecha se han denunciado 3 mil 323 casos, frente al silencio sospechoso de las autoridades locales y una sociedad desconcertada que apenas se está percatando de esta situación.
La Procuraduría General de Justicia (PGJ) y la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del estado han vetado el asunto con los medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales e inclusive diputados locales, quienes comienzan a formularse algunas hipótesis para explicar el incremento sin precedente en las cifras, que en algunos periodos ha superado las estadísticas de Chihuahua.
La mayoría de las conjeturas coincide en la trata de personas con fines de comercio sexual. Las sospechas se soportan en un reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social AC (CEIDAS) que ubica a Puebla como punto de cruce de dos rutas que utilizan las bandas dedicadas al tráfico de personas para la prostitución.
Irma Ramos Galindo, coordinadora de la bancada local del PRD, es una de las legisladoras que concuerda con la teoría de que las desapariciones de mujeres son consecuencia de la instalación de una red de trata de blancas, la cual no podría operar en la entidad sin la protección de las autoridades estatales y municipales.
Este año, argumenta, ha solicitado a la PGJ del estado, a cargo de Rodolfo Igor Archundia Sierra, instituir un programa especial para investigar las desapariciones, ya que la mayoría de las denuncias son analizadas como hechos aislados y han sido archivadas por la falta de evidencias o interés; sin embargo, la respuesta de los funcionarios ha sido nula.
En entrevista con La Jornada de Oriente, Ramos Galindo refiere que intentó abordar el tema nuevamente en la reunión del Consejo Estatal de Seguridad Pública que se efectuó el 24 de noviembre pasado.
“En el acto le mandé dos fichas al subprocurador de Averiguaciones Previas y Control de Procesos de la PGJ, Víctor Pérez Dorantes, para solicitarle subir el tema a discusión en la mesa de trabajo. A la tercera tarjeta me pidió de manera escrita acercarme a la dependencia para tratarlo de forma personal. Hasta ahora no me ha dado respuesta”, critica.
La misma cerrazón encontró este rotativo en el área de Prensa y Difusión de la procuraduría, titulada por Juan Carlos López Rojas, quien se negó a agendar una entrevista con Pérez Dorantes sin dar una explicación de los motivos.
Cifras siniestras
La CNDH y CEIDAS publicaron este año un informe denominado Diagnóstico de las Condiciones de Vulnerabilidad que Propician la Trata de Personas en México, el cual reveló que Puebla es atravesada por dos derroteros de las bandas que se dedican en el país a la trata de blancas con fines sexuales.
Las dos rutas tienen como destino la frontera con Estados Unidos. La primera cruza por Hidalgo y culmina en Chihuahua y Tamaulipas, mientras la segunda recorre el Distrito Federal, Michoacán, Guadalajara y Sinaloa, para terminar en Sonora y Baja California Norte.
De acuerdo con el reporte, un grupo de víctimas es ingresado a la Unión Americana para trasportarlo a las Bahamas y España, el resto se distribuye en los diferentes estados de la República.
Por otra parte, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) de la Procuraduría General de la República (PGR) ubica a Puebla entre las 16 entidades del país en las que se inician el mayor número de averiguaciones previas por el delito de trata de personas. En el grupo se encuentran Coahuila, Chihuahua, Jalisco, Guanajuato, Nayarit, Hidalgo, Distrito Federal, estado de México, Morelos, Tlaxcala, Veracruz, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Yucatán.
Para Irma Ramos y la Red de los Derechos Sexuales y Reproductivos en Puebla, la operación de los traficantes de sexo en el estado provocó que de 2005 a la fecha se incrementara el reporte de mujeres desaparecidas, cuyas edades oscilan entre los 14 y los 29 años.
De acuerdo con cifras oficiales de la PGJ, en 2005 se denunció la “pérdida” de 61 mujeres. Un año más tarde la cifra escaló hasta 137, casi el doble del año antes referido.
2007 se convirtió en el año negro de los reportes de desapariciones, pues se alcanzó la cifra de mil 402 mujeres, lo que representó un incremento de 2 mil 228 por ciento respecto a 2005.
Aunque en 2008 no se rebasó el tope del año anterior se registraron mil 154 casos. Incluso en el primer trimestre del año Puebla superó las estadísticas de Chihuahua, ya que en ese periodo se registraron 256, mientras en el estado norteño fueron notificadas 40 desapariciones.
El año que está a punto de culminar no se quedará atrás. Tan sólo en el primer semestre de 2009 la PGJ conoció de la desaparición de 569 mujeres, por lo que se estima que nuevamente la entidad volverá a superar las mil denuncias al finalizar diciembre.
El periodo de cinco años en el que se elevó el número de mujeres desaparecidas en Puebla coincide con el mandato del gobernador del estado Mario Marín Torres, quien en 2006 fue acusado de encarcelar a la periodista Lydia Cacho por órdenes de Kamel Nacif Borge, empresario que es implicado en redes de pederastia y tráfico de personas con fines de comercio sexual.
El caso fue analizado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual concluyó el 29 de noviembre de 2007 que no hubo violaciones graves a los derechos de la periodista durante su detención en Puebla.
Las primeras protestas
El incremento de las desapariciones de mujeres en Puebla se hizo público el 23 de noviembre pasado a través de una reportaje que publicó Comunicación e Información de la Mujer, AC (CIMAC) en su página de internet.
La primera protesta sobre el tema fue encabezada por la Red de los Derechos Sexuales y Reproductivos en Puebla y tuvo como escenario el informe anual de labores de la presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Marcia Maritza Bullen Navarro, que se realizó el 4 de diciembre anterior.
“3 mil 323 mujeres desaparecidas ¿no merecen tu atención?”, se podía leer en algunas de las pancartas que mantuvieron en lo alto una veintena de activistas frente al recinto en el que se realizó el acto protocolario.
Vianeth Rojas Arenas, miembro de la red, responsabilizó a la PGJ y a la CDH de la operación de las redes de tráfico sexual en Puebla, ya que a su parecer lejos de actuar para contrarrestar está problemática están entorpeciendo las investigaciones y ocultando información.
“El tráfico de mujeres en Puebla es fuertísimo, lo han denunciado personas como Lydia Cacho, la Red de Trabajo Sexual, el Colectivo Brigada Callejera. Es lamentable que los encargados de la procuración de justicia y de hacer respetar los derechos humanos en Puebla sean cómplices de los criminales”, lamentó
MÓNICA CAMACHO
En los cinco años de la administración del gobernador Mario Marín Torres se dispararon en Puebla los reportes de desaparición de mujeres en mil 640 por ciento. El balance total es escalofriante, pues de 2005 a la fecha se han denunciado 3 mil 323 casos, frente al silencio sospechoso de las autoridades locales y una sociedad desconcertada que apenas se está percatando de esta situación.
La Procuraduría General de Justicia (PGJ) y la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del estado han vetado el asunto con los medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales e inclusive diputados locales, quienes comienzan a formularse algunas hipótesis para explicar el incremento sin precedente en las cifras, que en algunos periodos ha superado las estadísticas de Chihuahua.
La mayoría de las conjeturas coincide en la trata de personas con fines de comercio sexual. Las sospechas se soportan en un reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social AC (CEIDAS) que ubica a Puebla como punto de cruce de dos rutas que utilizan las bandas dedicadas al tráfico de personas para la prostitución.
Irma Ramos Galindo, coordinadora de la bancada local del PRD, es una de las legisladoras que concuerda con la teoría de que las desapariciones de mujeres son consecuencia de la instalación de una red de trata de blancas, la cual no podría operar en la entidad sin la protección de las autoridades estatales y municipales.
Este año, argumenta, ha solicitado a la PGJ del estado, a cargo de Rodolfo Igor Archundia Sierra, instituir un programa especial para investigar las desapariciones, ya que la mayoría de las denuncias son analizadas como hechos aislados y han sido archivadas por la falta de evidencias o interés; sin embargo, la respuesta de los funcionarios ha sido nula.
En entrevista con La Jornada de Oriente, Ramos Galindo refiere que intentó abordar el tema nuevamente en la reunión del Consejo Estatal de Seguridad Pública que se efectuó el 24 de noviembre pasado.
“En el acto le mandé dos fichas al subprocurador de Averiguaciones Previas y Control de Procesos de la PGJ, Víctor Pérez Dorantes, para solicitarle subir el tema a discusión en la mesa de trabajo. A la tercera tarjeta me pidió de manera escrita acercarme a la dependencia para tratarlo de forma personal. Hasta ahora no me ha dado respuesta”, critica.
La misma cerrazón encontró este rotativo en el área de Prensa y Difusión de la procuraduría, titulada por Juan Carlos López Rojas, quien se negó a agendar una entrevista con Pérez Dorantes sin dar una explicación de los motivos.
Cifras siniestras
La CNDH y CEIDAS publicaron este año un informe denominado Diagnóstico de las Condiciones de Vulnerabilidad que Propician la Trata de Personas en México, el cual reveló que Puebla es atravesada por dos derroteros de las bandas que se dedican en el país a la trata de blancas con fines sexuales.
Las dos rutas tienen como destino la frontera con Estados Unidos. La primera cruza por Hidalgo y culmina en Chihuahua y Tamaulipas, mientras la segunda recorre el Distrito Federal, Michoacán, Guadalajara y Sinaloa, para terminar en Sonora y Baja California Norte.
De acuerdo con el reporte, un grupo de víctimas es ingresado a la Unión Americana para trasportarlo a las Bahamas y España, el resto se distribuye en los diferentes estados de la República.
Por otra parte, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) de la Procuraduría General de la República (PGR) ubica a Puebla entre las 16 entidades del país en las que se inician el mayor número de averiguaciones previas por el delito de trata de personas. En el grupo se encuentran Coahuila, Chihuahua, Jalisco, Guanajuato, Nayarit, Hidalgo, Distrito Federal, estado de México, Morelos, Tlaxcala, Veracruz, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Yucatán.
Para Irma Ramos y la Red de los Derechos Sexuales y Reproductivos en Puebla, la operación de los traficantes de sexo en el estado provocó que de 2005 a la fecha se incrementara el reporte de mujeres desaparecidas, cuyas edades oscilan entre los 14 y los 29 años.
De acuerdo con cifras oficiales de la PGJ, en 2005 se denunció la “pérdida” de 61 mujeres. Un año más tarde la cifra escaló hasta 137, casi el doble del año antes referido.
2007 se convirtió en el año negro de los reportes de desapariciones, pues se alcanzó la cifra de mil 402 mujeres, lo que representó un incremento de 2 mil 228 por ciento respecto a 2005.
Aunque en 2008 no se rebasó el tope del año anterior se registraron mil 154 casos. Incluso en el primer trimestre del año Puebla superó las estadísticas de Chihuahua, ya que en ese periodo se registraron 256, mientras en el estado norteño fueron notificadas 40 desapariciones.
El año que está a punto de culminar no se quedará atrás. Tan sólo en el primer semestre de 2009 la PGJ conoció de la desaparición de 569 mujeres, por lo que se estima que nuevamente la entidad volverá a superar las mil denuncias al finalizar diciembre.
El periodo de cinco años en el que se elevó el número de mujeres desaparecidas en Puebla coincide con el mandato del gobernador del estado Mario Marín Torres, quien en 2006 fue acusado de encarcelar a la periodista Lydia Cacho por órdenes de Kamel Nacif Borge, empresario que es implicado en redes de pederastia y tráfico de personas con fines de comercio sexual.
El caso fue analizado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual concluyó el 29 de noviembre de 2007 que no hubo violaciones graves a los derechos de la periodista durante su detención en Puebla.
Las primeras protestas
El incremento de las desapariciones de mujeres en Puebla se hizo público el 23 de noviembre pasado a través de una reportaje que publicó Comunicación e Información de la Mujer, AC (CIMAC) en su página de internet.
La primera protesta sobre el tema fue encabezada por la Red de los Derechos Sexuales y Reproductivos en Puebla y tuvo como escenario el informe anual de labores de la presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Marcia Maritza Bullen Navarro, que se realizó el 4 de diciembre anterior.
“3 mil 323 mujeres desaparecidas ¿no merecen tu atención?”, se podía leer en algunas de las pancartas que mantuvieron en lo alto una veintena de activistas frente al recinto en el que se realizó el acto protocolario.
Vianeth Rojas Arenas, miembro de la red, responsabilizó a la PGJ y a la CDH de la operación de las redes de tráfico sexual en Puebla, ya que a su parecer lejos de actuar para contrarrestar está problemática están entorpeciendo las investigaciones y ocultando información.
“El tráfico de mujeres en Puebla es fuertísimo, lo han denunciado personas como Lydia Cacho, la Red de Trabajo Sexual, el Colectivo Brigada Callejera. Es lamentable que los encargados de la procuración de justicia y de hacer respetar los derechos humanos en Puebla sean cómplices de los criminales”, lamentó
Matan a secretario de Turismo de Sinaloa
22-Diciembre-2009
Notimex (01:00 p.m.)
Antonio Ibarra Salgado salía de un restaurante cuando fue atacado; también murió su chofer
CULIACÁN.- El secretario de Turismo del estado, Antonio Ibarra Salgado y su chofer Espiridión García fueron asesinados esta mañana a bordo de un vehículo oficial del estado cuando salían de un restaurante en la colonia Chapultepec.
En entrevista, el subprocurador de Justicia de Sinaloa Rolando Bon López informó extraoficialmente en el lugar de los hechos que el doble homicidio ocurrió alrededor de las 10:30 horas y fue cometido por sujetos que viajaban en tres vehículos.
Dijo que desde las unidades dispararon con rifles calibre AK-47 50.7 y 9 milímetros en contra de Ibarra Salgado y su chofer, cuando viajaban en una camioneta Suburban blanca propiedad del Gobierno del Estado, placas VJR-3870.
Las víctimas circulaban por el crucero de la avenida Obregón y calle Doctor Manuel Romero. Antes, habían estado en el restaurante Los Faroles del Hotel La Riviera cruzando el puente Almada que comunica al centro de la ciudad con la colonia Tierra Blanca.
En el lugar se encuentran elementos de todas las policías y del Ejército Mexicano que acordonaron el lugar y desviaron el tráfico por otras arterias viales; dos helicópteros sobrevuelan en apoyo al operativo para buscar a los responsables.
Ibarra Salgado es el primer funcionario de primer nivel en activo que es asesinado en Sinaloa, pues ya han ultimado a comandantes, ex procuradores y ex jefes de policía.
egc
Notimex (01:00 p.m.)
Antonio Ibarra Salgado salía de un restaurante cuando fue atacado; también murió su chofer
CULIACÁN.- El secretario de Turismo del estado, Antonio Ibarra Salgado y su chofer Espiridión García fueron asesinados esta mañana a bordo de un vehículo oficial del estado cuando salían de un restaurante en la colonia Chapultepec.
En entrevista, el subprocurador de Justicia de Sinaloa Rolando Bon López informó extraoficialmente en el lugar de los hechos que el doble homicidio ocurrió alrededor de las 10:30 horas y fue cometido por sujetos que viajaban en tres vehículos.
Dijo que desde las unidades dispararon con rifles calibre AK-47 50.7 y 9 milímetros en contra de Ibarra Salgado y su chofer, cuando viajaban en una camioneta Suburban blanca propiedad del Gobierno del Estado, placas VJR-3870.
Las víctimas circulaban por el crucero de la avenida Obregón y calle Doctor Manuel Romero. Antes, habían estado en el restaurante Los Faroles del Hotel La Riviera cruzando el puente Almada que comunica al centro de la ciudad con la colonia Tierra Blanca.
En el lugar se encuentran elementos de todas las policías y del Ejército Mexicano que acordonaron el lugar y desviaron el tráfico por otras arterias viales; dos helicópteros sobrevuelan en apoyo al operativo para buscar a los responsables.
Ibarra Salgado es el primer funcionario de primer nivel en activo que es asesinado en Sinaloa, pues ya han ultimado a comandantes, ex procuradores y ex jefes de policía.
egc
Ejecutan a madre de marino que enfrentó al Jefe de jefes
Cuatro familiares del Tercer Maestre de Fuerzas Especiales, Melquisedec Angulo Córdova, quien falleció durante el enfrentamiento donde cayó Arturo Beltrán Leyva, fueron asesinados esta madrugada por un comando
Redacción
El Universal
PARAISO, Tabasco Martes 22 de diciembre de 2009
07:50
Un comando ejecutó esta madrugada a cuatro familiares, entre ellos la madre, del Tercer Maestre de Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina, Melquisedec Angulo Córdova, quien falleció en el enfrentamiento donde fue acribillado el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva El jefe de jefes.
Los hechos ocurrieron en el domicilio de los familiares del marino, en el ejido Quintín Arauz, donde fueron heridos otros dos de sus parientes que se encuentran hospitalizados.
La Dirección de Seguridad Pública Municipal informó que el múltiple crimen se realizó alrededor de la medianoche, cuando los familiares dormían, entre ellos la señora Irma Córdova Palma, madre del militar.
El grupo de pistoleros utilizó armas calibre R-15, pero hasta ahora se desconocen cuantas personas participaron y las características de los vehículos en los que se transportaban.
En el lugar quedaron dos personas muertas y otras dos fallecieron en los hospitales a donde los trasladaron para su atención.
Apenas ayer, los familiares habían realizado el entierro del integrante de las Fuerzas Especiales que se enfrentó contra el jefe del cártel de Los Beltran Leyva y sus sicarios que se parapetaron en un departamento de lujo en Cuernavaca, Morelos.
Según fuentes policiales, posiblemente los sicarios que ejecutaron a los familiares del marino pertenecen al grupo de Los Zetas, que operan en Tabasco y con los que estaban aliados los Beltrán Leyva.
Redacción
El Universal
PARAISO, Tabasco Martes 22 de diciembre de 2009
07:50
Un comando ejecutó esta madrugada a cuatro familiares, entre ellos la madre, del Tercer Maestre de Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina, Melquisedec Angulo Córdova, quien falleció en el enfrentamiento donde fue acribillado el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva El jefe de jefes.
Los hechos ocurrieron en el domicilio de los familiares del marino, en el ejido Quintín Arauz, donde fueron heridos otros dos de sus parientes que se encuentran hospitalizados.
La Dirección de Seguridad Pública Municipal informó que el múltiple crimen se realizó alrededor de la medianoche, cuando los familiares dormían, entre ellos la señora Irma Córdova Palma, madre del militar.
El grupo de pistoleros utilizó armas calibre R-15, pero hasta ahora se desconocen cuantas personas participaron y las características de los vehículos en los que se transportaban.
En el lugar quedaron dos personas muertas y otras dos fallecieron en los hospitales a donde los trasladaron para su atención.
Apenas ayer, los familiares habían realizado el entierro del integrante de las Fuerzas Especiales que se enfrentó contra el jefe del cártel de Los Beltran Leyva y sus sicarios que se parapetaron en un departamento de lujo en Cuernavaca, Morelos.
Según fuentes policiales, posiblemente los sicarios que ejecutaron a los familiares del marino pertenecen al grupo de Los Zetas, que operan en Tabasco y con los que estaban aliados los Beltrán Leyva.
Morelos: ¿Y los corruptos?
Editorial de EL UNIVERSAL
22 de diciembre de 2009
El pasado 27 de mayo la policía federal detuvo a 10 alcaldes de Michoacán, al coordinador de asesores del procurador estatal, al director del Instituto Estatal de Información Policial, a la ex procuradora del estado —entonces asesora del gobernador Leonel Godoy— y a varios mandos policiacos municipales. En sí misma, una acción sin precedentes en contra del narcotráfico. Lo mismo podríamos decir del golpe al cártel de los Beltrán Leyva, ocurrido la semana pasada en Morelos. Sin embargo, ambos operativos federales —aunque tenían el mismo objetivo de combatir la delincuencia— se diferenciaron en algo fundamental: el primero fue dirigido hacia las autoridades, mientras el segundo a los criminales.
Tiene relevancia realizar el contraste porque en su momento causaron una enorme polémica no sólo las detenciones a funcionarios michoacanos, sino la forma en que fue tratado el gobernador Godoy, a quien nunca se avisó de las medidas ni se le dieron explicaciones una vez efectuadas. Indirectamente, el mensaje al mandatario estatal —y a la opinión pública— era que el funcionario podía estar coludido. Al final, ya que el daño a su imagen estaba hecho, el gobierno federal dijo que el gobernador tenía las manos limpias. Fue entonces cuando surgió la pregunta: ¿harán lo mismo las autoridades federales en otras entidades gobernadas por el PRI o por Acción Nacional? Siete meses después, la muerte del capo Arturo Beltrán Leyva, en la capital de Morelos, nos ofrece una respuesta.
Tras la caída de El barbas, también llamado El jefe de jefes, este diario publicó la forma en que Arturo Beltrán había hecho de Cuernavaca su dulce hogar. Según investigación de la PGR el narcotraficante tenía en su nómina desde taxistas hasta militares. Además, negoció con alcaldes y policías locales la tranquilidad de sus municipios a cambio de tener bajo su control la plaza. Ninguna autoridad federal ha negado esta información. ¿Porqué entonces no se ha emprendido un operativo de limpieza de proporciones similares al de Michoacán? ¿No fue por la enorme corrupción en el estado que se tuvo que echar mano de la Marina?
Dice el gobernador de Morelos, Marco Adame —en entrevista publicada hoy por este diario— que “bajo ninguna circunstancia” él tenía conocimiento de que Arturo Beltrán Leyva se resguardara en Cuernavaca. Es posible, pero también resulta improbable que nadie en el gobierno estatal supiera que un cártel había tentado a sus alcaldes, comprado a sus policías y conformado tres cinturones de seguridad a su alrededor en la capital de la entidad.
Si en adelante el gobierno federal quiere despejar dudas sobre su interés al atacar la corrupción y la delincuencia en otras regiones del país, primero deberá hacer en Morelos lo que hizo en Michoacán, porque ningún capo establece su base de operaciones en una plaza sin contar antes con la complicidad, por acción u omisión, tanto de funcionarios municipales como estatales.
22 de diciembre de 2009
El pasado 27 de mayo la policía federal detuvo a 10 alcaldes de Michoacán, al coordinador de asesores del procurador estatal, al director del Instituto Estatal de Información Policial, a la ex procuradora del estado —entonces asesora del gobernador Leonel Godoy— y a varios mandos policiacos municipales. En sí misma, una acción sin precedentes en contra del narcotráfico. Lo mismo podríamos decir del golpe al cártel de los Beltrán Leyva, ocurrido la semana pasada en Morelos. Sin embargo, ambos operativos federales —aunque tenían el mismo objetivo de combatir la delincuencia— se diferenciaron en algo fundamental: el primero fue dirigido hacia las autoridades, mientras el segundo a los criminales.
Tiene relevancia realizar el contraste porque en su momento causaron una enorme polémica no sólo las detenciones a funcionarios michoacanos, sino la forma en que fue tratado el gobernador Godoy, a quien nunca se avisó de las medidas ni se le dieron explicaciones una vez efectuadas. Indirectamente, el mensaje al mandatario estatal —y a la opinión pública— era que el funcionario podía estar coludido. Al final, ya que el daño a su imagen estaba hecho, el gobierno federal dijo que el gobernador tenía las manos limpias. Fue entonces cuando surgió la pregunta: ¿harán lo mismo las autoridades federales en otras entidades gobernadas por el PRI o por Acción Nacional? Siete meses después, la muerte del capo Arturo Beltrán Leyva, en la capital de Morelos, nos ofrece una respuesta.
Tras la caída de El barbas, también llamado El jefe de jefes, este diario publicó la forma en que Arturo Beltrán había hecho de Cuernavaca su dulce hogar. Según investigación de la PGR el narcotraficante tenía en su nómina desde taxistas hasta militares. Además, negoció con alcaldes y policías locales la tranquilidad de sus municipios a cambio de tener bajo su control la plaza. Ninguna autoridad federal ha negado esta información. ¿Porqué entonces no se ha emprendido un operativo de limpieza de proporciones similares al de Michoacán? ¿No fue por la enorme corrupción en el estado que se tuvo que echar mano de la Marina?
Dice el gobernador de Morelos, Marco Adame —en entrevista publicada hoy por este diario— que “bajo ninguna circunstancia” él tenía conocimiento de que Arturo Beltrán Leyva se resguardara en Cuernavaca. Es posible, pero también resulta improbable que nadie en el gobierno estatal supiera que un cártel había tentado a sus alcaldes, comprado a sus policías y conformado tres cinturones de seguridad a su alrededor en la capital de la entidad.
Si en adelante el gobierno federal quiere despejar dudas sobre su interés al atacar la corrupción y la delincuencia en otras regiones del país, primero deberá hacer en Morelos lo que hizo en Michoacán, porque ningún capo establece su base de operaciones en una plaza sin contar antes con la complicidad, por acción u omisión, tanto de funcionarios municipales como estatales.
Beltrán ofreció “limpiar” Morelos
Delincuentes serían cazados para tranquilizar “la plaza”: testigo
Francisco Reséndiz, Enviado
El Universal
Lunes 21 de diciembre de 2009
francisco.resendiz@eluniversal.com.mx
CUERNAVACA, Mor.— El cártel de Arturo Beltrán Leyva pactó con elementos de seguridad federales estatales y municipales eliminar a los delincuentes comunes, a cambio de realizar el tráfico y venta de drogas en la entidad sin ser molestado.
Investigaciones de la Procuraduría General de la República mencionan que sicarios de Beltrán, conocido como El Barbas, plagiaban y asesinaban a asaltantes de transportistas, a ladrones, secuestradores y violadores.
De acuerdo con el documento consultado, los testimonios señalan que la “operación de limpieza” tenía como finalidad eliminar la delincuencia común para “no calentar” la entidad, destino de turismo nacional e internacional. Además, Morelos se había convertido en el enclave más importante de la alianza Beltrán Leyva-Zetas para el traslado de droga por el corredor Guerrero-Oaxaca-Veracruz-Tamaulipas.
En el expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/166/2009 se menciona que los miembros del cártel de Beltrán, abatido el miércoles en esta capital, tenían claves para no ser detenidos por elementos policiacos. La más común era “No pasa nada, somos de Capufe”, para que se les dejara ir aunque transportaran armas o droga.
Dentro de este pacto criminal, Alberto Pineda El Borrado, uno de los lugartenientes más importantes de Beltrán Leyva, habría infiltrado sectores de la PGR y de diversas agrupaciones policiales morelenses y de otros estados.
Francisco Reséndiz, Enviado
El Universal
Lunes 21 de diciembre de 2009
francisco.resendiz@eluniversal.com.mx
CUERNAVACA, Mor.— El cártel de Arturo Beltrán Leyva pactó con elementos de seguridad federales estatales y municipales eliminar a los delincuentes comunes, a cambio de realizar el tráfico y venta de drogas en la entidad sin ser molestado.
Investigaciones de la Procuraduría General de la República mencionan que sicarios de Beltrán, conocido como El Barbas, plagiaban y asesinaban a asaltantes de transportistas, a ladrones, secuestradores y violadores.
De acuerdo con el documento consultado, los testimonios señalan que la “operación de limpieza” tenía como finalidad eliminar la delincuencia común para “no calentar” la entidad, destino de turismo nacional e internacional. Además, Morelos se había convertido en el enclave más importante de la alianza Beltrán Leyva-Zetas para el traslado de droga por el corredor Guerrero-Oaxaca-Veracruz-Tamaulipas.
En el expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/166/2009 se menciona que los miembros del cártel de Beltrán, abatido el miércoles en esta capital, tenían claves para no ser detenidos por elementos policiacos. La más común era “No pasa nada, somos de Capufe”, para que se les dejara ir aunque transportaran armas o droga.
Dentro de este pacto criminal, Alberto Pineda El Borrado, uno de los lugartenientes más importantes de Beltrán Leyva, habría infiltrado sectores de la PGR y de diversas agrupaciones policiales morelenses y de otros estados.
Sacar del closet a Barrales y Ebrard sí es “Algo Personal”
Hoy ALDF aprobó matrimonios entre personas del mismo sexo
Por Enoé Uranga*
México DF, 21 dic 09 (CIMAC).- Sostengo que desde el momento en que Alejandra Barrales, diputada local y Presidenta de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, (ALDF) y Marcelo Ebrard, Jefe de Gobierno del D.F., decidieron la maniobra de presentar la propuesta de reforma al tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, ya tenían calculadas sus pretensiones:
Marcelo podría mostrarse como un gobernante “de avanzada”, medida que le permitiría distanciarse políticamente del muy conservador Andrés Manuel López Obrador en un momento en el que él se siente seguro para entrarle al tema sin que sus acuerdos electorales se vean afectados.
En este momento, la presión de la Iglesia se aligera (incluso puede ver la medida con simpatía). ¿Por qué? Desde hace meses están concientes de que la derecha tiene los votos necesarios para la acción de inconstitucionalidad. Que la Constitución de Yucatán (producto también de una puntada similar del Partido de la Revolución Democrática (PRD) el año pasado posibilita que ese estado también pueda presentar dicha acción ante la Suprema Corte de Justicia. Más aún, porque la iniciativa no se apegó a la propuesta hecha por los especialistas del movimiento Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI) y, contrario a la recomendación de sólo reformar el artículo 146 del código civil, abrió paso a la revisión de diversas normas para, llegado el momento, abofetearnos con la planeada prohibición para que las parejas adopten niños.
Además, afirmó que un motivo para tomar esa decisión fue el entendimiento y cálculo de que legislar en el DF respecto de los matrimonios del mismo sexo, sería tomado por la derecha como una provocación para “recetarnos” con más fuerza la estrategia que han seguido con el tema del aborto en 17 Congresos locales.
De pilón “podían aventar la piedra y esconder la mano”; para ello, contaban ya con “el proponente perfecto” en la figura de un diputado sin presencia ni historia política y sin compromiso con ninguna agenda. Un fatuo con gran avidez de reflectores y una evidente necesidad de reconocimiento público. Operador de agresiones denunciadas por destacadas feministas. Ingrato con quienes le dieran el cargo a diputado por el Partido Social Demócrata (PSD), traidor también a sus aliados de Nueva Izquierda en la Asamblea Legislativa del (ALDF). Ese “show man” “les cayó de regalo” cuando una desesperada Barrales, urgida por lograr la mayoría necesaria para controlar la ALDF y presidir la Comisión de Gobierno, hacía amarres por todos lados para ello. Así, el legislador David Razú negoció una presidencia de Comisión en la ALDF a cambio de aliarse con el grupo político de Marcelo Ebrard. ¿Quién mejor que “un interesado de alquiler” sin grupo ni peso político? De ahí, pues, que lo que diga o haga Razú es irrelevante para el destino de la reforma al Código Civil. Como los autores intelectuales de esta maniobra, el debate es con la Diputada Barrales y con el Jefe de Gobierno.
Para ellos, se trata de una apuesta electorera simplista: mostrar que son héroes en el DF y que los otros partidos son lo que son en los demás estados. Las vidas con las que juegan son irrelevantes, es “el costo a pagar”, como me diría el propio Razú.
En ese burdo simplismo han intentado minimizar la denuncia a la que miles de firmantes ya se han sumado, “mandando el recado” de que las motivaciones están en evitar que se apruebe el matrimonio gay por “un problema personal de celos protagónicos”.
Provocación tan barata merece una respuesta que ya he dado en algunos medios: Me comprometo a llevarle serenata a Barrales, organizarle “una ola” y una porra colectiva y firmar (ante notario) un documento en el que reconocería que ella, y sólo ella, es la política con los mayores méritos y logros respecto de la lucha por los derechos de la población LGBTTTI. Todo a cambio de que detenga su canallada. Ni siquiera tendrá que hacer nada por lo ya perdido ante “sus puntadas” respecto del tema del Estado Laico. Sólo se tienen que comprometer -la ALDF, el GDF y el PRD-DF- a tres cosas:
1. Legislar matrimonios sin discriminación (es decir, como si fueran políticos de izquierda que asumen que las reformas al Código Civil del D.F. respecto del matrimonio, deben atender esta realidad y garantizar derechos sin discriminación, dando respuesta a las preocupaciones y demandas de la población directamente afectada en el país. ¿O que tal como si fueran políticos que se comprometen con la defensa de lo ya ganado y recuerdan que la adopción ya es un derecho consignado en la ley, por lo que la decisión política de restringirlo para determinados grupos de la población, sin justificación alguna, impondría una práctica discriminatoria que legitimaría la exclusión y el estigma? O como quien legisla, desde la izquierda, atendiendo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que prohíbe la discriminación por preferencia y por estado civil).
2. Evitar la acción de inconstitucionalidad (como lo harían políticos profesionales) o, si en efecto, en sus planes no estaba evitar tal evento, garantizar que de ir a la Suprema Corte de Justicia, ganarán el caso (como lo haría quien sabe legislar) y darle solidez jurídica a sus propuestas y defensas legales y enfrentar esos retos con la confianza de que los derechos de la población LGBTTI no sufrirán un revés de esa envergadura.
3. Y, destacadamente, que el Gobierno del DF (GDF), la ALDF y el PRD-DF responderán ante la nación, la izquierda y principalmente ante la población LGBTTTI de los demás estados, asumiendo el compromiso moral y político que tienen ante su determinación unilateral, dando apoyo decidido y efectivo que permita enfrentar exitosamente la reactiva y ya anunciada embestida desde algunos Congresos Locales del país contra los derechos de las parejas LGBTTTI (como si fuera mentira que sus intenciones son provocar a la derecha o como si estuvieran concientes de que las familias lésbicas, gay y transgénero con hijas(os) son una realidad creciente en nuestro país y sabiendo que serán esas vidas las que sufrirán sus cálculos electoreros, es decir como si estuvieran preocupados de las repercusiones de sus acciones, y nuestra vidas les importaran).
Es en estos temas donde la ideología, la congruencia y el tamaño de los Estadistas y los políticos se miden. Y una izquierda que discrimina no es izquierda. Como para mí este sí es un asunto personal, me esforzaré (y cuento con que no lo haré yo sola), para sacarlos del closet. Por las perniciosas atribuciones que sin derecho hoy se toman con mi vida y la de las disidencias sexuales y genéricas en el país, no puedo fingir, mi deseo de inicio de año para Marcelo y Alejandra (e invertiré más de una uva en ello) es que los votos que obtengan en la próxima elección sean directamente proporcionales a su estatura política.
Para quienes se han creído la canción de que “en toda negociación se pierde algo”, les recuerdo que basta con que los diputados del PRD-DF levanten la mano para que se apruebe o se rechace cualquier propuesta en la ALDF. ¿Cuál es el conflicto? La decisión de legislar un matrimonio de segunda y discriminatorio para la población LGBTTTI es “solamente” del PRD-DF y el GDF, de nadie más.
Debe entenderse que para quienes llevamos años en esta lucha y demandamos “ser iguales ante la ley e iguales en la ley”, es inaceptable negociar con una izquierda que pretenda el aplauso homosexual legitimando la satanización legal de nuestra vida. “Los principios no se negocian”. Sólo los esbirros, los corruptos, los obtusos, los muy ignorantes, los ingenuos, los privilegiados egoístas y los engañados pueden festejar que se nos criminalice con un señalamiento legal sobre el supuesto peligro que significamos para nuestros hijos. Con esta reforma se da paso, por medio de una ley civil, a la persecución de nuestras familias con niños. La izquierda legislativa da entrada formal a la agresión a nuestros niños y nuestros amores.
Gracias al PRD-DF y al GDF quedará señalado en la ley que si eres lesbiana, gay o transgénero, y te enamoras y te casas, “tendrás como castigo” (y en afirmación y validez de la voluntad de la jerarquía católica) que las leyes te prohíban el tener hijos. Y ni se molestan en señalar sus justificaciones, ¿y los derechos de los hijos que ya existen en las parejas del mismo sexo, y la Constitución, y los tratados internacionales? Así que efectivamente: Entre esos tipos y yo hay algo personal.
En mi vida, y para la agenda de los derechos humanos, las religiones de los nuevos mesías, sean de Macuspana o sean Franco-chilangos, con todo y sus iglesias, “la del pueblo bueno” y “de la izquierda pura”, ésas que hacen liturgia en vez de política, que legislan decálogos en un estado laico y que dicen misa en vez de discursos, ésas, junto con sus profetas, me sirven para lo mismo que la derecha fundamentalista.
Me fascinará que prueben que estoy equivocada.
*Diputada Federal externa por el PRD. Impulsora de la Ley de Sociedad de Convivencia, que reconoce legalmente a los hogares formados por personas sin parentesco consanguíneo o por afinidad, aprobada el 9 de noviembre del 2006 en la ALDF.
09/EU/LR/GTR
Por Enoé Uranga*
México DF, 21 dic 09 (CIMAC).- Sostengo que desde el momento en que Alejandra Barrales, diputada local y Presidenta de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, (ALDF) y Marcelo Ebrard, Jefe de Gobierno del D.F., decidieron la maniobra de presentar la propuesta de reforma al tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, ya tenían calculadas sus pretensiones:
Marcelo podría mostrarse como un gobernante “de avanzada”, medida que le permitiría distanciarse políticamente del muy conservador Andrés Manuel López Obrador en un momento en el que él se siente seguro para entrarle al tema sin que sus acuerdos electorales se vean afectados.
En este momento, la presión de la Iglesia se aligera (incluso puede ver la medida con simpatía). ¿Por qué? Desde hace meses están concientes de que la derecha tiene los votos necesarios para la acción de inconstitucionalidad. Que la Constitución de Yucatán (producto también de una puntada similar del Partido de la Revolución Democrática (PRD) el año pasado posibilita que ese estado también pueda presentar dicha acción ante la Suprema Corte de Justicia. Más aún, porque la iniciativa no se apegó a la propuesta hecha por los especialistas del movimiento Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI) y, contrario a la recomendación de sólo reformar el artículo 146 del código civil, abrió paso a la revisión de diversas normas para, llegado el momento, abofetearnos con la planeada prohibición para que las parejas adopten niños.
Además, afirmó que un motivo para tomar esa decisión fue el entendimiento y cálculo de que legislar en el DF respecto de los matrimonios del mismo sexo, sería tomado por la derecha como una provocación para “recetarnos” con más fuerza la estrategia que han seguido con el tema del aborto en 17 Congresos locales.
De pilón “podían aventar la piedra y esconder la mano”; para ello, contaban ya con “el proponente perfecto” en la figura de un diputado sin presencia ni historia política y sin compromiso con ninguna agenda. Un fatuo con gran avidez de reflectores y una evidente necesidad de reconocimiento público. Operador de agresiones denunciadas por destacadas feministas. Ingrato con quienes le dieran el cargo a diputado por el Partido Social Demócrata (PSD), traidor también a sus aliados de Nueva Izquierda en la Asamblea Legislativa del (ALDF). Ese “show man” “les cayó de regalo” cuando una desesperada Barrales, urgida por lograr la mayoría necesaria para controlar la ALDF y presidir la Comisión de Gobierno, hacía amarres por todos lados para ello. Así, el legislador David Razú negoció una presidencia de Comisión en la ALDF a cambio de aliarse con el grupo político de Marcelo Ebrard. ¿Quién mejor que “un interesado de alquiler” sin grupo ni peso político? De ahí, pues, que lo que diga o haga Razú es irrelevante para el destino de la reforma al Código Civil. Como los autores intelectuales de esta maniobra, el debate es con la Diputada Barrales y con el Jefe de Gobierno.
Para ellos, se trata de una apuesta electorera simplista: mostrar que son héroes en el DF y que los otros partidos son lo que son en los demás estados. Las vidas con las que juegan son irrelevantes, es “el costo a pagar”, como me diría el propio Razú.
En ese burdo simplismo han intentado minimizar la denuncia a la que miles de firmantes ya se han sumado, “mandando el recado” de que las motivaciones están en evitar que se apruebe el matrimonio gay por “un problema personal de celos protagónicos”.
Provocación tan barata merece una respuesta que ya he dado en algunos medios: Me comprometo a llevarle serenata a Barrales, organizarle “una ola” y una porra colectiva y firmar (ante notario) un documento en el que reconocería que ella, y sólo ella, es la política con los mayores méritos y logros respecto de la lucha por los derechos de la población LGBTTTI. Todo a cambio de que detenga su canallada. Ni siquiera tendrá que hacer nada por lo ya perdido ante “sus puntadas” respecto del tema del Estado Laico. Sólo se tienen que comprometer -la ALDF, el GDF y el PRD-DF- a tres cosas:
1. Legislar matrimonios sin discriminación (es decir, como si fueran políticos de izquierda que asumen que las reformas al Código Civil del D.F. respecto del matrimonio, deben atender esta realidad y garantizar derechos sin discriminación, dando respuesta a las preocupaciones y demandas de la población directamente afectada en el país. ¿O que tal como si fueran políticos que se comprometen con la defensa de lo ya ganado y recuerdan que la adopción ya es un derecho consignado en la ley, por lo que la decisión política de restringirlo para determinados grupos de la población, sin justificación alguna, impondría una práctica discriminatoria que legitimaría la exclusión y el estigma? O como quien legisla, desde la izquierda, atendiendo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que prohíbe la discriminación por preferencia y por estado civil).
2. Evitar la acción de inconstitucionalidad (como lo harían políticos profesionales) o, si en efecto, en sus planes no estaba evitar tal evento, garantizar que de ir a la Suprema Corte de Justicia, ganarán el caso (como lo haría quien sabe legislar) y darle solidez jurídica a sus propuestas y defensas legales y enfrentar esos retos con la confianza de que los derechos de la población LGBTTI no sufrirán un revés de esa envergadura.
3. Y, destacadamente, que el Gobierno del DF (GDF), la ALDF y el PRD-DF responderán ante la nación, la izquierda y principalmente ante la población LGBTTTI de los demás estados, asumiendo el compromiso moral y político que tienen ante su determinación unilateral, dando apoyo decidido y efectivo que permita enfrentar exitosamente la reactiva y ya anunciada embestida desde algunos Congresos Locales del país contra los derechos de las parejas LGBTTTI (como si fuera mentira que sus intenciones son provocar a la derecha o como si estuvieran concientes de que las familias lésbicas, gay y transgénero con hijas(os) son una realidad creciente en nuestro país y sabiendo que serán esas vidas las que sufrirán sus cálculos electoreros, es decir como si estuvieran preocupados de las repercusiones de sus acciones, y nuestra vidas les importaran).
Es en estos temas donde la ideología, la congruencia y el tamaño de los Estadistas y los políticos se miden. Y una izquierda que discrimina no es izquierda. Como para mí este sí es un asunto personal, me esforzaré (y cuento con que no lo haré yo sola), para sacarlos del closet. Por las perniciosas atribuciones que sin derecho hoy se toman con mi vida y la de las disidencias sexuales y genéricas en el país, no puedo fingir, mi deseo de inicio de año para Marcelo y Alejandra (e invertiré más de una uva en ello) es que los votos que obtengan en la próxima elección sean directamente proporcionales a su estatura política.
Para quienes se han creído la canción de que “en toda negociación se pierde algo”, les recuerdo que basta con que los diputados del PRD-DF levanten la mano para que se apruebe o se rechace cualquier propuesta en la ALDF. ¿Cuál es el conflicto? La decisión de legislar un matrimonio de segunda y discriminatorio para la población LGBTTTI es “solamente” del PRD-DF y el GDF, de nadie más.
Debe entenderse que para quienes llevamos años en esta lucha y demandamos “ser iguales ante la ley e iguales en la ley”, es inaceptable negociar con una izquierda que pretenda el aplauso homosexual legitimando la satanización legal de nuestra vida. “Los principios no se negocian”. Sólo los esbirros, los corruptos, los obtusos, los muy ignorantes, los ingenuos, los privilegiados egoístas y los engañados pueden festejar que se nos criminalice con un señalamiento legal sobre el supuesto peligro que significamos para nuestros hijos. Con esta reforma se da paso, por medio de una ley civil, a la persecución de nuestras familias con niños. La izquierda legislativa da entrada formal a la agresión a nuestros niños y nuestros amores.
Gracias al PRD-DF y al GDF quedará señalado en la ley que si eres lesbiana, gay o transgénero, y te enamoras y te casas, “tendrás como castigo” (y en afirmación y validez de la voluntad de la jerarquía católica) que las leyes te prohíban el tener hijos. Y ni se molestan en señalar sus justificaciones, ¿y los derechos de los hijos que ya existen en las parejas del mismo sexo, y la Constitución, y los tratados internacionales? Así que efectivamente: Entre esos tipos y yo hay algo personal.
En mi vida, y para la agenda de los derechos humanos, las religiones de los nuevos mesías, sean de Macuspana o sean Franco-chilangos, con todo y sus iglesias, “la del pueblo bueno” y “de la izquierda pura”, ésas que hacen liturgia en vez de política, que legislan decálogos en un estado laico y que dicen misa en vez de discursos, ésas, junto con sus profetas, me sirven para lo mismo que la derecha fundamentalista.
Me fascinará que prueben que estoy equivocada.
*Diputada Federal externa por el PRD. Impulsora de la Ley de Sociedad de Convivencia, que reconoce legalmente a los hogares formados por personas sin parentesco consanguíneo o por afinidad, aprobada el 9 de noviembre del 2006 en la ALDF.
09/EU/LR/GTR
Aprueban en Chiapas reforma para penalizar el aborto
18 estados niegan el derecho a una maternidad libre y voluntaria
Por Paulina Rivas Ayala
México, DF, 21 dic 2009 (CIMAC).- El Congreso de Chiapas, aprobó por unanimidad, la denominada “Ley de Paternidad Responsable”, que adiciona al artículo cuarto de la Constitución chiapaneca, la protección de la vida desde el momento de la concepción, a lo que organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres afirmaron que es una ley “disfrazada”, que tiene como único fin criminalizar a las mujeres que aborten
Así lo consideró en entrevista con Cimacnoticias, Martha Figueroa Mier, presidenta del Grupo de Mujeres de San Cristóbal las Casas A. C. (Colem) quien dijo que esta iniciativa aprobada es un doble agravio a las mujeres chiapanecas puesto que “pretenden hacernos creer que es por nuestro bien”
La iniciativa fue presentada el pasado 8 de diciembre ante el Congreso estatal por los diputados Mauricio Mendoza Castañeda del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por la legisladora Ana Elisa López Coello del Partido Acción Nacional (PAN), y por Mario Casimiro Vega Román, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Cabe destacar que el Congreso chiapaneco se compone por 40 diputadas y diputados; 14 priístas, 11 perredistas, 7 panistas, mientras que del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el del Trabajo (PT), Convergencia y Nueva Alianza, están representados por dos curules cada uno.
Como ha ocurrido en más de la mitad de los estados del país, con la aprobación de leyes antiaborto, el PRI y el PAN, lograron que en Chiapas se aprobara por unanimidad la Ley que comprende una adición al artículo cuarto de la Constitución local, que establece que la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere “desde la concepción”. Lo que para Martha Figueroa Mier significa que “se ponen los derechos del cigoto por encima de los derechos de las mujeres”
A decir de la activista, las asociaciones civiles del estado no están de acuerdo en que las mujeres que aborten vayan a ser sometidas a atención psicológica, y tengan que pagar su pena haciendo trabajos comunitarios, tal como lo establece dicha Ley; “quieren hacernos sentir culpables y exhibirnos”,
Otro de los puntos de la Ley de Paternidad establece que las mujeres desde el momento del embarazo podrán exigir, al padre del producto apoyo económico de hasta el 50 por ciento de los gastos del embarazo y parto, siempre y cuando comprueben la paternidad mediante una prueba de ADN, lo que Martha Figueroa considera “absurdo”.
La activista, adelantó a esta agencia que las Organizaciones de la Sociedad Civil chiapanecas solicitarán al gobernador Juan Sabines Guerrero, que ejerza su facultad para no publicar los dictámenes del pleno del Congreso local en el Diario Oficial para que la Ley de Paternidad quede sin efecto y no se siga violando el derecho de las mujeres a una maternidad libre y voluntaria, pues con estas reformas “las condenan a la esclavitud” concluyó.
OTRO ALBAZO LEGISLATIVO
Según la prensa local, la iniciativa “se discutió en una sesión extraordinaria” en donde, de acuerdo con Jorge Enrique Hernández, presidente de la Mesa Directiva, nunca se informó de la realización del procedimiento legal correspondiente para convocar a dicha sesión.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y Justicia el 8 de diciembre pasado, pero a decir de Martha Figueroa, nadie sabe cómo ni cuando hicieron los dictámenes para que llegara hasta el pleno en tan poco tiempo y dijo que la aprobación tal vez obedezca a “prebendas” para 2012 que será un año electoral.
Explicó que las organizaciones civiles que se dedican a la defensa y promoción de los derechos sexuales de las mujeres consideran preocupante que Chiapas sea el estado número 18 que hace una reforma constitucional para penalizar el aborto desde el año 2008 a la fecha, a estos estados hay que sumarles Chihuahua que reformó su constitución desde 1994.
La activista dijo que la iniciativa se aprobó a pesar de las advertencias de las organizaciones de la sociedad civil de que era contradictoria a los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM), que pretenden reducir la mortalidad materna para el año 2015.
Chiapas es uno de los primeros lugares del país en donde más mujeres mueren por abortos inseguros.
Desde octubre de 2008, a la fecha, en 18 entidades federativas, han aprobado reformas constitucionales “otorgando carácter de persona” al producto desde el momento de la concepción, lo que han reiterado las feministas, marca un gran retroceso para la vigencia de los derechos humanos de las mujeres, concretamente para el ejercicio de una maternidad libre y voluntaria.
Figueroa Mier, agregó que con la aprobación de esta ley que criminaliza a las mujeres que aborten en Chiapas, quedan grandes pendientes en la entidad en materia de derechos humanos, “problemas graves por atender como el feminicidio, puesto que según el Observatorio Nacional de Feminicidio, de enero a junio de 2009, en esta entidad ocurrieron 138 asesinatos dolosos de mujeres”
Otro de los pendientes en la entidad, es el reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que a decir de Figueroa Mier, es una ley que lleva tres años sin reglamento, concluyó.
09/PR/LR/GTR
Por Paulina Rivas Ayala
México, DF, 21 dic 2009 (CIMAC).- El Congreso de Chiapas, aprobó por unanimidad, la denominada “Ley de Paternidad Responsable”, que adiciona al artículo cuarto de la Constitución chiapaneca, la protección de la vida desde el momento de la concepción, a lo que organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres afirmaron que es una ley “disfrazada”, que tiene como único fin criminalizar a las mujeres que aborten
Así lo consideró en entrevista con Cimacnoticias, Martha Figueroa Mier, presidenta del Grupo de Mujeres de San Cristóbal las Casas A. C. (Colem) quien dijo que esta iniciativa aprobada es un doble agravio a las mujeres chiapanecas puesto que “pretenden hacernos creer que es por nuestro bien”
La iniciativa fue presentada el pasado 8 de diciembre ante el Congreso estatal por los diputados Mauricio Mendoza Castañeda del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por la legisladora Ana Elisa López Coello del Partido Acción Nacional (PAN), y por Mario Casimiro Vega Román, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Cabe destacar que el Congreso chiapaneco se compone por 40 diputadas y diputados; 14 priístas, 11 perredistas, 7 panistas, mientras que del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el del Trabajo (PT), Convergencia y Nueva Alianza, están representados por dos curules cada uno.
Como ha ocurrido en más de la mitad de los estados del país, con la aprobación de leyes antiaborto, el PRI y el PAN, lograron que en Chiapas se aprobara por unanimidad la Ley que comprende una adición al artículo cuarto de la Constitución local, que establece que la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere “desde la concepción”. Lo que para Martha Figueroa Mier significa que “se ponen los derechos del cigoto por encima de los derechos de las mujeres”
A decir de la activista, las asociaciones civiles del estado no están de acuerdo en que las mujeres que aborten vayan a ser sometidas a atención psicológica, y tengan que pagar su pena haciendo trabajos comunitarios, tal como lo establece dicha Ley; “quieren hacernos sentir culpables y exhibirnos”,
Otro de los puntos de la Ley de Paternidad establece que las mujeres desde el momento del embarazo podrán exigir, al padre del producto apoyo económico de hasta el 50 por ciento de los gastos del embarazo y parto, siempre y cuando comprueben la paternidad mediante una prueba de ADN, lo que Martha Figueroa considera “absurdo”.
La activista, adelantó a esta agencia que las Organizaciones de la Sociedad Civil chiapanecas solicitarán al gobernador Juan Sabines Guerrero, que ejerza su facultad para no publicar los dictámenes del pleno del Congreso local en el Diario Oficial para que la Ley de Paternidad quede sin efecto y no se siga violando el derecho de las mujeres a una maternidad libre y voluntaria, pues con estas reformas “las condenan a la esclavitud” concluyó.
OTRO ALBAZO LEGISLATIVO
Según la prensa local, la iniciativa “se discutió en una sesión extraordinaria” en donde, de acuerdo con Jorge Enrique Hernández, presidente de la Mesa Directiva, nunca se informó de la realización del procedimiento legal correspondiente para convocar a dicha sesión.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y Justicia el 8 de diciembre pasado, pero a decir de Martha Figueroa, nadie sabe cómo ni cuando hicieron los dictámenes para que llegara hasta el pleno en tan poco tiempo y dijo que la aprobación tal vez obedezca a “prebendas” para 2012 que será un año electoral.
Explicó que las organizaciones civiles que se dedican a la defensa y promoción de los derechos sexuales de las mujeres consideran preocupante que Chiapas sea el estado número 18 que hace una reforma constitucional para penalizar el aborto desde el año 2008 a la fecha, a estos estados hay que sumarles Chihuahua que reformó su constitución desde 1994.
La activista dijo que la iniciativa se aprobó a pesar de las advertencias de las organizaciones de la sociedad civil de que era contradictoria a los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM), que pretenden reducir la mortalidad materna para el año 2015.
Chiapas es uno de los primeros lugares del país en donde más mujeres mueren por abortos inseguros.
Desde octubre de 2008, a la fecha, en 18 entidades federativas, han aprobado reformas constitucionales “otorgando carácter de persona” al producto desde el momento de la concepción, lo que han reiterado las feministas, marca un gran retroceso para la vigencia de los derechos humanos de las mujeres, concretamente para el ejercicio de una maternidad libre y voluntaria.
Figueroa Mier, agregó que con la aprobación de esta ley que criminaliza a las mujeres que aborten en Chiapas, quedan grandes pendientes en la entidad en materia de derechos humanos, “problemas graves por atender como el feminicidio, puesto que según el Observatorio Nacional de Feminicidio, de enero a junio de 2009, en esta entidad ocurrieron 138 asesinatos dolosos de mujeres”
Otro de los pendientes en la entidad, es el reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que a decir de Figueroa Mier, es una ley que lleva tres años sin reglamento, concluyó.
09/PR/LR/GTR
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