Morelos: ¿Y los corruptos?

Editorial de EL UNIVERSAL
22 de diciembre de 2009
El pasado 27 de mayo la policía federal detuvo a 10 alcaldes de Michoacán, al coordinador de asesores del procurador estatal, al director del Instituto Estatal de Información Policial, a la ex procuradora del estado —entonces asesora del gobernador Leonel Godoy— y a varios mandos policiacos municipales. En sí misma, una acción sin precedentes en contra del narcotráfico. Lo mismo podríamos decir del golpe al cártel de los Beltrán Leyva, ocurrido la semana pasada en Morelos. Sin embargo, ambos operativos federales —aunque tenían el mismo objetivo de combatir la delincuencia— se diferenciaron en algo fundamental: el primero fue dirigido hacia las autoridades, mientras el segundo a los criminales.
Tiene relevancia realizar el contraste porque en su momento causaron una enorme polémica no sólo las detenciones a funcionarios michoacanos, sino la forma en que fue tratado el gobernador Godoy, a quien nunca se avisó de las medidas ni se le dieron explicaciones una vez efectuadas. Indirectamente, el mensaje al mandatario estatal —y a la opinión pública— era que el funcionario podía estar coludido. Al final, ya que el daño a su imagen estaba hecho, el gobierno federal dijo que el gobernador tenía las manos limpias. Fue entonces cuando surgió la pregunta: ¿harán lo mismo las autoridades federales en otras entidades gobernadas por el PRI o por Acción Nacional? Siete meses después, la muerte del capo Arturo Beltrán Leyva, en la capital de Morelos, nos ofrece una respuesta.

Tras la caída de El barbas, también llamado El jefe de jefes, este diario publicó la forma en que Arturo Beltrán había hecho de Cuernavaca su dulce hogar. Según investigación de la PGR el narcotraficante tenía en su nómina desde taxistas hasta militares. Además, negoció con alcaldes y policías locales la tranquilidad de sus municipios a cambio de tener bajo su control la plaza. Ninguna autoridad federal ha negado esta información. ¿Porqué entonces no se ha emprendido un operativo de limpieza de proporciones similares al de Michoacán? ¿No fue por la enorme corrupción en el estado que se tuvo que echar mano de la Marina?

Dice el gobernador de Morelos, Marco Adame —en entrevista publicada hoy por este diario— que “bajo ninguna circunstancia” él tenía conocimiento de que Arturo Beltrán Leyva se resguardara en Cuernavaca. Es posible, pero también resulta improbable que nadie en el gobierno estatal supiera que un cártel había tentado a sus alcaldes, comprado a sus policías y conformado tres cinturones de seguridad a su alrededor en la capital de la entidad.

Si en adelante el gobierno federal quiere despejar dudas sobre su interés al atacar la corrupción y la delincuencia en otras regiones del país, primero deberá hacer en Morelos lo que hizo en Michoacán, porque ningún capo establece su base de operaciones en una plaza sin contar antes con la complicidad, por acción u omisión, tanto de funcionarios municipales como estatales.