SIGUE LA LUCHA CONTRA LOS ARCOS NORTE Y SURPONIENTE

La Jornada de Oriente
El gobierno estatal sólo ha negociado 10% del derecho de vía para arcos, denuncian
TANIA DAMIÁN JIMÉNEZ
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua denunció que el gobierno estatal miente al decir que ya cuentan con el 90 por ciento del derecho de vía para la construcción de los arcos norte y surponiente, cuando apenas tienen un 10 por ciento debido a la oposición de los ejidatarios y pequeños propietarios.
En rueda de prensa, uno de los representantes de esta organización, Juan Linares Huinal, señaló que lo anterior se debe a que estas obras dejarán sin trabajo a más de 50 mil personas dedicadas a la producción agrícola en las regiones de La Malinche e Izta–Popo, además de que no es un progreso para los habitantes de las más de 20 comunidades afectadas.
Explicó que con la construcción de estos libramientos también disminuirá el nivel de los mantos acuíferos en ambas zonas, en detrimento de la población.
Agregó que el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua solicitará al Congreso del estado la creación de una comisión especial de diputados para que investigue el impacto ambiental y socio–económico de la construcción de ambos proyectos carreteros, los cuales tendrán una inversión en conjunto de unos 2 mil millones de pesos.
El representante de la organización señaló que aunque el precio por metro cuadrado de tierra ya aumentó a 50 pesos, se ha informado que sólo se pagara al principio un 10 por ciento del total de la propiedad y se otorgará el resto del dinero si los campesinos cuentan con sus escrituras, lo cual en la mayoría de casos no sucede.
Asimismo, denunció que en las últimas semanas han incrementado las amenazas de expropiación de los terrenos para la construcción de los arcos norte y surponiente hacia los campesinos por parte de funcionarios de la Secretaría de Gobernación del estado.
Indicó que cada día los funcionarios gubernamentales, en conjunto con personal de las empresas constructoras OHL y Melgarejo Construcciones y Concesiones, hacen por lo menos cinco visitas a cada comunidad afectada con el fin de amenazar a los pobladores que en caso que no vendan sus predios, “de todos modos serán expropiados”.