Observatorio de medios
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El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, después de esta exitosísima sesión con más de 46 iniciativas, es que me permito informar a ustedes que el siguiente punto del orden del día, es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78 y 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones.
Por tratarse de una reforma constitucional, tiene el uso de la voz hasta por 15 minutos el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el señor diputado don Julio César Moreno Rivera.
El diputado Catalino Duarte Ortuño (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí, a sus órdenes. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Catalino Duarte Ortuño (desde la curul): Mire, señor presidente, es una reforma importante, tengo pleno conocimiento del esfuerzo que están haciendo los coordinadores parlamentarios para sacar la iniciativa y valdría la pena, y le ofrezco una disculpa si es un error mi apreciación, pero valdría la pena que todos los compañeros legisladores, legisladoras, tuviesen en sus manos el dictamen final.
Tengo conocimiento que lo están procesando, que hay algunos detalles, pero es un tema importante para este país, para los mexicanos, e insisto de manera respetuosa, le pido pueda ordenar a quien corresponda, para que cada diputado, diputada, pueda tener el dictamen final de esta reforma constitucional. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Con mucho gusto, diputado. El dictamen está publicado desde el pasado martes y quiero comentarles que en este momento están reproduciendo un adendo de consenso, que nos permitirá, entre otras cosas, retirar –espero– muchas de las reservas que se han presentado. Tiene usted el uso de la voz, señor diputado.
El diputado Julio César Moreno Rivera: Con su venia, diputado presidente. Honorable Congreso de la Unión, compañeras y compañeros diputados, compañeros de los medios, a todos los aquí presentes.
A nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales vengo a fundamentar el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan, reforman y derogan diversas disposiciones de los artículo 6o, 7o, 27, 28, 73, 78 y 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones.
Como no se hacía desde 1960, hoy abriremos un debate que establecerá sustancialmente la legislación en materia de telecomunicaciones, con la reforma constitucional que significará un verdadero avance tecnológico, social y político en el campo de las telecomunicaciones en nuestro país, convencidos de que impulsará el desarrollo integral de nuestra sociedad.
Actualmente nos encontramos en un mundo globalizado en el que las telecomunicaciones tienen un papel de vital importancia para todas las naciones, por lo que un país sin desarrollo en este sector, inevitablemente está condenado al estancamiento, a la manipulación e inequidad en esa materia.
Hasta ahora el Estado se había debilitado en sus obligaciones constitucionales y de sus deberes para con la sociedad por una falta de visión y de voluntad política para detonar el cambio que necesitamos en el sector de telecomunicaciones, mismo que en otros países de primer mundo nos tiene en la vanguardia en su agenda política.
Por ello, estamos por aprobar las bases normativas que dan la pauta al camino del desarrollo en ese sector, con la modificación a los artículos antes mencionados.
Con esto daremos un gran paso para lograr la transformación del sector de telecomunicaciones en México.
Tenemos el compromiso ante la sociedad de poner en marcha los cambios necesarios que nos conduzcan hacia una competitividad que permita a todos los mexicanos tener acceso a servicios de telecomunicaciones, de calidad y a bajo costo.
Esta reforma ha sido buscada por múltiples legislaturas, incluso, antes de 1997, en la LVII Legislatura, cuando se reflejó por primera vez un equilibrio de los tres poderes, de los tres partidos políticos con mayor representatividad en esta Cámara de Diputados.
Ya se pretendían reformas al respecto que permitieran al Estado mexicano conseguir una rectoría en materia de telecomunicaciones que abonara en la vida democrática de nuestro país.
Es de resaltar que una reforma constitucional de este gran calado ha sido obtenida gracias al consenso de voluntades de los partidos políticos más representativos en esta Legislatura. Y significa un gran avance en la coincidencia dentro de la pluralidad de las ideas y propuestas a favor de nuestro país.
Mi reconocimiento, compañeras y compañeros diputados, por su voluntad para tratar de conseguir este gran consenso.
En este contexto y por la importancia que merecen, puntualizo los principales temas que integran esta reforma.
El artículo 6o. constitucional incorpora el libre acceso a la información como un derecho inherente a todos los mexicanos, asimismo se obliga al Estado a proveer el acceso a tecnologías de la información y comunicación conjuntamente con los servicios de radiodifusión, telecomunicaciones y banda ancha.
Otro aspecto relevante de la reforma consiste en instituir los organismos necesarios que materialicen la democratización de los medios de comunicación, pues a partir de esta reforma el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica se revisten de autonomía constitucional con el objeto de garantizar la independencia funcional del Ejecutivo federal.
El dictamen aporta elementos de vanguardia en el sector con la apertura del mercado a la inversión extranjera en condiciones de reciprocidad en matera de telecomunicaciones, comunicación vía satélite y la radiodifusión. Asimismo, con la apertura de dos nuevas cadenas de señal de televisión abierta, fomentando con ello la competitividad que tanto ha demandado la sociedad.
Quiero resaltar que los pilares del dictamen de la reforma constitucional que hoy se presenta para su discusión y, en su caso, aprobación se ven relejados en el beneficio que obtendrán los usuarios a través de una competencia equilibrada y justa entre los prestadores de servicio de televisión abierta y restringida, garantizar el acceso a Internet y a la banda ancha con la perspectiva de que principalmente los niños y los jóvenes educandos puedan tener acceso a esta infinita fuente de información, que representa abrir una puerta al mundo del conocimiento y la tecnología a miles de mexicanos alejados de las grandes ciudades.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, me dirijo a ustedes, y sólo a ustedes, quienes tienen la conciencia de que fue el pueblo de México quien los eligió como sus presentantes populares en este recinto, y que igualmente saben que en nuestra nación sólo hay un territorio, y éste no es un territorio ni propiedad de ninguna empresa telefónica en particular, ni podemos seguir siendo rehenes de monopolios.
Si realmente estamos comprometidos con verdaderos cambios estructurales a favor de nuestro país éste es el momento, los invito a que hagamos historia y recordemos que –como dijo Henry Ford– el verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, señor presidente. En este momento correspondería someter a la consideración del pleno la votación económica para que la asamblea acepte la propuesta de modificación presentada de consenso, sin embargo estoy consciente de que apenas están llegando los impresos a los diputados. Sin embargo, ya está en las pantallas.
Es por ello que vamos a tener ahora el privilegio de escuchar a don Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien va a presentar moción suspensiva.
Vamos a votar la propuesta de modificaciones hasta un poquito más adelante, en cuanto tengamos a la vista las propuestas de modificación.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: A pesar de ser un día difícil por lo que ha ocurrido, quiero que ojalá puedan seguirnos en la argumentación y votar la moción suspensiva, porque miren, esta reforma va a impactar a un sector empresarial, económico y político, que difícilmente se ha conducido con objetividad e imparcialidad en la información que a través de noticiarios y editoriales transmitidos en radio y televisión sobre la lucha política de las izquierdas y movimientos sociales.
No obstante ello, estamos obligados –y yo en lo particular– a buscar, preservar garantías constitucionales de todo gobernado, y sobre todo salvaguardar a la sociedad el acceso a las telecomunicaciones como un acto de garantía a la libertad de expresión y difusión de las ideas.
Y aunque la reforma pueda tener cosas positivas, la verdad es que no hay mucha seguridad jurídica en lo que están ustedes impulsando aquí y en la sociedad hay un ambiente de exclusión en torno a este debate. No es posible que en tan pocos días, en tan pocas horas y en un ambiente tan de desaseo como está ocurriendo aquí, estemos debatiendo una reforma de la importancia que estamos viendo aquí.
En el dictamen aprobado se presenta un reconocimiento oficial a la existencia de monopolios en las telecomunicaciones en nuestro país, señalan ya el caso de América Móvil con un dominio del 79.6 del mercado, el 70 en Telefonía Móvil y 74 en Internet fijo.
Por cuanto hace a los monopolios en radio y televisión, se reconoce la existencia de éstos, y sin embargo no se precisa qué empresas son las responsables ni las medidas que las autoridades competentes han realizado para su contención.
No obstante en la iniciativa en el apartado de artículos transitorios contiene una serie de medidas para reordenar el mercado en corto plazo.
Hay violaciones formales al artículo 71, 72 constitucional, al artículo 20 del Congreso, porque el dictamen carece de un planteamiento del problema en forma integral y objetivo. El análisis parcial y genérico carece de valoración de impacto presupuestal que implica la ejecución de las acciones que se presentan particularmente en los artículos transitorios.
Por ello, y solamente para dejar algunos ejemplos, el planteamiento del problema en la iniciativa que se presenta, atiende afirmaciones generales incompletas; por ejemplo anuncia el problema de los monopolios en servicios de radiodifusión sin precisar cuáles son éstos y los efectos que producen en el mercado o en las restricciones al derecho a la información de los ciudadanos.
No precisa cuál es el problema institucional y legal en la administración pública federal en materia de concesiones; cuál ha sido el desempeño y, en su caso, evaluación de las actuales Cofetel, entre otras instituciones.
No se explica y justifica sobre todo la necesidad y premura para permitir en el quinto transitorio la inversión extranjera directa al 100 por ciento en materia de telecomunicaciones y hasta el 49 por ciento en radiodifusión a partir de la entrada en vigor del decreto, siendo que en los artículos tercero y cuarto transitorios establece plazos de 180 días para que el Congreso realice las adecuaciones al marco jurídico reglamentario.
Resulta la permisión de inversión extranjera en la materia antes de que exista el marco regulatorio correspondiente. ¿Qué pasa con las disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera? Ustedes saben que en el artículo 6 se regula que los servicios de radiodifusión y otros de radio y televisión están reservados de manera exclusiva a mexicanos y a sociedades mexicanas con cláusula de exclusión extranjera; que la inversión extranjera no podrá participar en estas actividades ni a través de fideicomisos ni ninguna otra forma.
Sin embargo, aquí con el contenido de este artículo quinto transitorio, de facto se deroga el artículo 6 de la Inversión Extranjera, violentando con ello el artículo 27 de la misma Constitución General.
Si bien es cierto que en la iniciativa que se presenta se establece que en radiodifusión y telecomunicaciones las concesiones serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, no se puede salvar la restricción que se establece para la inversión extranjera.
También omiten la valoración presupuestal de cada una de las acciones. Yo nada más por decir un caso, el segundo párrafo del artículo quinto transitorio determina que la transición digital terrestre culminará el 31 de diciembre de 2015. Para ello los Poderes de la Unión están obligados a promover en el ámbito de sus competencias la implementación de equipos receptores y de codificadores necesarios para, en adopción de esta política de gobierno, garantizar los recursos presupuestales que resulten necesarios. ¿Cuántos y a cargo de quién?
Obviamente en la reforma no se ve nada de esto y aparte de pedirle a la Presidencia que inserte el texto completo de nuestra moción suspensiva, yo quisiera culminar con la parte más importante –desde mi punto de vista- que es que con la reforma se establece un marco legal que violenta las garantías de seguridad jurídica de permisionarios y concesionarios en radiodifusión y telecomunicaciones.
Ya en las reservas en lo particular, porque intuyo, por algunas señas que veo de algunos diputados muy influyentes en esta Legislatura, que va a sonar la campana, yo pido, y obviamente quiero entender que van a votar no a la moción suspensiva –culmino, señor presidente y le agradezco su tolerancia-, ya pedí que se inserte el texto de mi moción en el conjunto del debate parlamentario.
Nada más lo que quiero decir es que esto es que se faculta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a realizar acciones administrativas antes que la reglamentación de las leyes de la materia que debe realizar el Congreso de la Unión a las leyes en la materia, generando un marco de discreción que violenta la garantía de seguridad de los permisionarios y concesionarios.
Es por eso que propongo que se suspenda la discusión en lo general, del dictamen que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos que aquí ya se han comentado, en materia de telecomunicaciones, para integrar el dictamen en los términos que exige el artículo 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Agradezco su tolerancia, señor presidente y les pido a los diputados que por dar certeza jurídica a todos los afectados de esta reforma y sobre todo para que la sociedad tenga derecho a enterarse lo que aquí están pactando en corto algunos, permitan esta moción suspensiva si es que no hay ningún temor.
No le vemos problema, demos la moción suspensiva, abramos el debate a la sociedad, garanticemos que la sociedad esté integrada no en la discusión, sino sobre todo en los beneficios de esta reforma y no vaya a ser una reforma para privilegiar a un poder y para beneficiar sólo a algunos de ellos. Muchas gracias y le pido que se inserte mi intervención completa en el Diario de los Debates.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Insértese el texto íntegro. Honorable asamblea, el Reglamento sólo nos permite una moción suspensiva. Sin embargo ha sido criterio de esta Presidencia presentar hasta dos mociones suspensivas con una sola votación, una vez que sea presentada esta segunda y para ello tiene el uso de la palabra don Ricardo Mejía Berdeja, por cinco minutos.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Compañero presidente, venimos a presentar esta moción suspensiva en los términos del artículo 122 del Reglamento de la Cámara.
Nuestra convocatoria, compañeras y compañeros, es a recuperar el Congreso como el espacio de articulación política y social, donde se construyen las leyes que demanda el país.
Recuperar el Congreso para que sea el espacio de la deliberación pública con base en el mandato y en la representación que nos han otorgado los ciudadanos.
En Roma Enrique Peña Nieto mintió. El Pacto por México ha secuestrado la vida parlamentaria; el Pacto por México se ha constituido en un supremo poder conservador meta constitucional e inconsulto; el Pacto por México se ha convertido en un aparato de propaganda y culto a la personalidad presidencial. Por eso es mentira lo que dice Enrique Peña Nieto, que aquí se iba a deliberar.
El Pacto por México es la coartada para reconstruir un presidencialismo autoritario que genera leyes al margen del sentir ciudadano en la opacidad. Se han ido acentuando las prácticas excluyentes.
En lugar de discutir las reservas en la Comisión de Puntos Constitucionales, como procedía, se han creado instancias oscuras, ajenas a la transparencia parlamentaria y lo que hoy nos presentan es producto de este trabajo desaseado que no sigue los procedimientos parlamentarios.
Ya no sólo tenemos Pacto por México; ahora aquí mismo, en la Cámara de Diputados, tenemos un pactito por México en el que en lo oscuro se reúnen notables a deliberar lo que le corresponde al pleno y nos tienen aquí prolongando indefinidamente la sesión para que nos traigan cocinadas reformas que no pasan la prueba del ácido.
Qué oscuros acuerdos negocian que no resisten la luz. Cuál es el burdo regateo: que si Carlos Slim y Telmex por un lado, que si Emilio Azcárraga por el otro, y yo preguntaría: y dónde está la ciudadanía.
El Congreso de la Unión no puede estar postrado al Ejecutivo ni ser una oficialía de partes o un apéndice. En las prisas por sacar iniciativas al gusto del Ejecutivo se han cometido desaseos, violaciones y maniobras, como es el caso de la minuta del fuero o la inmunidad parlamentaria.
También se han ido postergando otros proyectos que estaban antes, como la reforma en materia de transparencia y acceso a la información, que también modifica el artículo 6 constitucional.
Sin embargo, nada de eso importa con las prisas de congraciarse con el Ejecutivo. Esta reforma, compañeras y compañeros diputados, carece de técnica legislativa. 17 artículos transitorios en 21 cuartillas es una ofensa a la Constitución. Es una prueba de este manoseo constitucional en que se busca hacer de la Constitución un reglamento o un contrato mercantil.
Nosotros creemos que el Ejecutivo no puede ser el legislador supremo, el juez supremo, el autócrata que puede regular en la Constitución quién tiene derecho y quién no tiene derecho.
Por eso no estamos de acuerdo en que se suspenda la posibilidad de que particulares tengan derecho a la suspensión provisional. Esto va a hacer que todos los medios estén amordazados, con la espada de Damocles, impidiendo el ejercicio de la libertad de expresión.
Vivimos un retroceso en materia de derechos y la Constitución lo que tiene que hacer es ensanchar los derechos del pueblo.
Por todas estas razones, por ser una reforma precipitada, excluyente y ajena al sentir ciudadano, proponemos que se regrese a la Comisión de Puntos Constitucionales y que se discuta en forma y no con estos acuerdos en lo oscurito, con este patito que se inauguró en estos días. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si son de tomarse en cuenta las dos mociones suspensivas.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se pregunta si se toma en consideración inmediatamente para su discusión la moción suspensiva. Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría, presidente, por la negativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Desechadas.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, antes de someter a la consideración del pleno la autorización para que la propuesta de adiciones pase a formar parte del dictamen, le vamos a dar el uso de la voz a don Ricardo Cantú Garza, para fijar posición del PT.
Entonces tiene el uso de la voz don Ricardo Monreal. Don Ricardo Monreal que vino hasta esta Presidencia a solicitar el uso de la palabra y se la otorgamos con un enorme gusto.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, debo advertir que nuestro voto es en contra. Ciertamente el dictamen podría constituir un avance en materia de competitividad y telecomunicaciones, pero no debe olvidarse que quienes hoy están abanderando la iniciativa fueron los mismos que en el pasado se negaron rotundamente a darle cauce a ciertas iniciativas de legisladores de oposición, líderes de opinión, grupos y movimientos sociales como el Yo Soy 132, que propugnaban por este cambio.
Tenemos argumentos de forma y de fondo. De forma los ha expresado mi homólogo Ricardo Mejía, y los ha hecho con toda puntualidad. De fondo voy a mencionar sólo unos. Le pediré al presidente plasme íntegro un documento donde se establece por qué las 18 reservas que hacemos en el Movimiento Ciudadano.
Del análisis del dictamen en primer término establecemos que los derechos fundamentales previstos en los artículo 6o y 7o constitucional propuestos, expresan que la manifestación de las ideas y la libertad de difusión no sean objeto de inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de ataques a la moral, la vida privada o los derechos de terceros y éstos provoquen algún delito o perturben el orden público.
Por lo que en aras de actualizar tales disposiciones, de conformidad con los estándares internacionales, hubiera sido más apropiado adoptar las reservas contempladas en el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que es mucho más amplia.
Excepciones como el ataque a la moral, lisa y llanamente, el ataque a la vida privada o cuando se provoque algún delito son ambiguas y pueden abrir la puerta para que un estado absolutista o represor intente restringir, injustificadamente y con violación a los principios consagrados en los tratados internacionales de derechos humanos, el ejercicio de los derechos humanos de libertad de expresión, de difusión y de acceso a la información.
Cabe señalar que del cuerpo del dictamen no se desprenden premisas claras y precisas que permitan la implantación de un sistema transparente y plural de concesiones que garanticen el acceso equitativo a los sectores público, privado, comunitario y educativo de la sociedad.
En otra parte, la creación de un organismo público con autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión que tendrá por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, luce totalmente innecesario. Tales funciones las puede llevar a cabo sin problemas el otro organismo propuesto, el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
No sólo en materia de radiodifusión se debe asegurar la independencia y una política editorial imparcial y objetiva, no sólo la radiodifusión debe ser considerada un servicio público de interés general, el Estado no sólo debe garantizar igualmente que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y que brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información; debe exigirse a sí mismo este servicio público también a las telecomunicaciones, en especial a las trasmisiones de televisión, remarcando el hecho de que tales medios deben contribuir a los fines establecidos no sólo en el artículo 3o, sino también en el 2o constitucional.
Por otro lado, resulta totalmente incongruente depositar en un organismo labores tan titánicas como el garantizar la independencia, una política editorial imparcial y objetiva, así como garantizar que las trasmisiones brinden los beneficios de la cultura preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, cuando dicho organismo se integra a propuesta del Ejecutivo.
Debe tenerse en cuenta que el presidente de la república es precisamente el ente que actual e históricamente ha comprometido en mayor medida la independencia, imparcialidad u objetividad de los organismos gubernamentales de todo tipo. Por todo esto el comité de evaluación de los integrantes de los pretendidos organismos constitucionales autónomos, la Comisión Federal de competencia Económica y el Ifetel, deben estar integrados por connotados miembros de instituciones académicas y universitarias, y no por los titulares de Banxico, INEGI y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
Asimismo, para fortalecer el espíritu democrático incluyente que debe permear a las reformas de este tipo, deberían consignarse en el dictamen de manera enfática los presupuestos para que se haga realidad el derecho de audiencia, de réplica en todo tipo de medios de comunicación.
La iniciativa propone establecer que las normas, actos y omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y el Ifetel, sólo podrán ser impugnados mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión, cuestión que raya en lo absurdo si tomamos en cuenta precisamente que la suspensión en el amparo tiene por objeto evitar que éste se quede sin materia, lo que a su vez compromete el Estado de derecho y abona para la construcción de un estado totalitario y absolutista.
El salario que percibirán los comisionados de los pretendidos organismos constitucionales autónomos en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicación, será igual al presupuestado para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un insulto a la pobreza y al desempleo de los mexicanos.
Pero me voy a detener en un tema trascendente, el tema que establece el quinto transitorio. La pretendida reforma se busca permitir la inversión extranjera directa hasta el 100 por ciento en telecomunicaciones y comunicación vía satélite, y hasta el 49 por ciento en radiodifusión, cuestión totalmente absurda tomando en cuenta la relevancia del sector telecomunicaciones, y sobre todo, la soberanía y la política interna.
Es verdaderamente absurdo, peligroso, grave, que este artículo esté regulado en un quinto transitorio, basta citar, primero, que es inadecuado que una ley de tal magnitud que ahora estamos discutiendo con siete artículos de la Constitución, contenga una serie de transitorios contenidos en 21 hojas, 17 artículos transitorios, 38 fracciones e incisos. Nunca en la historia de este Parlamento había visto cosa igual.
Aquí hay legisladores, el propio presidente de la Cámara, los vicepresidentes, los coordinadores y legisladores que son inteligentes y juristas, saben que es inadecuado reglamentar en la vía transitoria modificaciones constitucionales.
Es un grave error que una vez que estamos modificando siete artículos de la Constitución, se establezca prácticamente la reglamentación de estas normas en la vía transitoria.
La naturaleza jurídica de los transitorios es eso, sólo se establece para el inicio de la ley, la vacatio legis, sólo se establece para normas derogatorias y abrogatorias, sólo se establece para fines temporales.
Se está cometiendo un grave error, pero sobre todo, me detengo en el 100 por ciento de inversión directa extranjera, los legisladores de la comisión lo plasman en un artículo transitorio, el quinto transitorio, se olvidan que éste es una disposición fundamental, el que apruebe este artículo puede incurrir incluso en traición a la patria.
Cómo permitir que el 100 por ciento de inversión extranjera pueda aplicarse en telecomunicaciones y en comunicaciones por satélite. En ningún país del mundo tenemos dos socios comerciales, en el Tratado de Libre Comercio, con Canadá y Estados Unidos.
Estados Unidos en esta materia permite el 19 por ciento y Canadá el 10 por ciento. ¿Con quién negociaron? ¿A quién le quieren entregar el país? ¿Por qué el saqueo tan ramplón que están cometiendo los legisladores en su mayoría?
Yo los invito a que actuemos con inteligencia, con patriotismo. No iniciemos la entrega anticipada del país. No permitamos el saqueo de nuestro patrimonio. Las telecomunicaciones son de interés nacional. Son, precisamente, atendiendo a la soberanía y a la política interna, fundamentales. –Presidente.
El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Con qué objeto, diputado Villarreal?
El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): Si admite una pregunta.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Sí. Claro.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Que sí, claro.
El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): He escuchado con atención y con respeto sus comentarios. Lo que nosotros hemos puesto en el texto de la reforma dista mucho de lo que usted acaba de mencionar. Nosotros hemos puesto una cláusula de reciprocidad. Es decir, si los Estados Unidos de Norteamérica no le permiten a un inversionista mexicano invertir, como lo es, en más del 20 por ciento, no podrán los norteamericanos venir a invertir en más del 20 por ciento. Pero en ningún caso podrán invertir más del 49 por ciento.
Yo le rogaría, y la pregunta sería si usted leyó el artículo quinto transitorio, que es precisamente el que establece esta parta donde bajo ningún contexto pretendemos vender este país ni darle más oportunidades a quien no se lo merece.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Conteste, diputado, por favor.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano diputado, siempre, cuando me dirijo a usted y a muchos como usted, siempre lo hago con respeto, como usted lo hace, de manera comedida.
En efecto, sí leí todos los transitorios y toda la reforma propuesta. Le voy a decir textualmente lo que dice el quinto transitorio.
Primero le quiero decir a todo mundo y lo saben aquí los que han sido legisladores, usted lo ha sido, que es inadecuado, incorrecto, de técnica legislativa absurdo que en un transitorio se establezcan disposiciones fundamentales.
El transitorio solo regula cuestiones temporales como son el inicio de vigencia de la ley, llamado tambiénvacatio legis. Contempla también normas derogatorias y abrogatorias con la entrada en vigencia del decreto o ley que se modifica.
Y el artículo quinto que usted refiere dice lo siguiente, escúchenlo, por favor, porque es muy importante y es quizás el tema fundamental del debate: A la entrada en vigor del presente decreto se permitirá la inversión extranjera directa hasta el 100 por ciento en telecomunicaciones y en comunicaciones vía satélite. ¿Dónde está la clausula de reciprocidad?
Sigue el artículo. Lo leo completo. En esta parte estamos de acuerdo que en telecomunicaciones y en comunicación vía satélite se admite el 100 por ciento de la inversión extranjera directa.
Continúa: Y hasta el 49 por ciento en radiodifusión. Ahí tiene razón, diputado, ahí no estaba hasta antes la clausula de reciprocidad. Está seguramente en el anexo que ustedes han negociado en lo oscurito y que nosotros estamos excluidos.
Pero vale la pena retomarlo, y le plantearía: ¿Estaríamos dispuestos a corregir nuestro voto en contra? Si dentro de este artículo, el 100 por ciento en telecomunicación y en comunicación vía satélite, se pone un tope del 49 por ciento, no el 100 por ciento de inversión directa extranjera, si así está esa propuesta que usted me dice y si esto se establece en la clausula de reciprocidad le adelanto que votaríamos a favor los compañeros de Movimiento Ciudadano.
Pero si se mantiene el 100 por ciento de inversión directa extranjera en telecomunicaciones y en comunicaciones vía satélite no podemos aceptarlo, señores. En ninguna parte del mundo se permite la inversión del 100 por ciento. No se permite. Vean estudios de derecho comparado. Y me alegra que al menos en radiodifusión se puede establecer esta clausula de reciprocidad.
Por esta razón, diputado Villarreal, le pido al PAN que valore, porque si el PAN no va no tendrían mayoría calificada, que valoren y reflexionen. Iría con ustedes si dicen: modificamos del 100 por ciento a un tope del 49 por ciento en telecomunicaciones y en comunicación vía satélite, y con la clausula de reciprocidad. Si no es así es una reforma engaña bobos, entreguista, que va a saquear al país.
¿Con quién negociaron?, pregunto. ¿Con quién negociaron la entrega del 100 por ciento de inversión extranjera directa en telecomunicaciones y en comunicaciones vía satélite? ¿Quién va a comprar? ¿Quién va a invertir? Porque ahí en esta parte, diputado Villarreal, no se admite la cláusula de reciprocidad. No se admite en el 100 por ciento la cláusula de reciprocidad. Al menos que esta mañana, después de 12 horas de estarlos esperando lo hayan modificado y no esté enterado de manera personal. Si así fuera, yo rectificaría mi posición y le diría que estamos de acuerdo en que se limite al 49 por ciento a extranjeros, en inversión directa y extranjera, pero no solo en radiodifusión, también en telecomunicaciones y también en comunicaciones vía satélite.
Pero lo más grave, diputado Villarreal, lo más grave es que lo ponen en un transitorio. Aquí están. Usted fue diputado. Tomás Torres que es buen abogado sabe que esto es inadecuado. El hoy Cantú que fue diputado, sabe que esto es inadecuado. Cómo en un transitorio regulan una facultad fundamental de establecer la inversión extranjera directa en radiocomunicación, comunicación satélite y radiodifusión, si los transitorios solo son temporales, no regulan asuntos fundamentales de la Constitución.
Presidente, pues estoy contestando la pregunta del diputado Villarreal, deme chanza. Cuando termine de contestarle, ya le dije: ya he terminado, no he terminado. Allá vi al diputado Mejía.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Una pregunta, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ésta es una moción sobre la moción, diputado Mejía Berdeja y no opera. Le ruego, por favor, no me hagan violar el Reglamento de esta naturaleza.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Esta vez, presidente, he tratado de argumentar, sin descalificaciones. Usted ha sido correcto ahora, pero es un tema delicado, de verdad. No lo tomemos a broma. Es un tema clave. Porque hoy se anunció la reforma financiera y la reforma energética, si el 100 por ciento ustedes lo permiten en este sector de telecomunicaciones es un adelanto para la reforma energética del 100 por ciento de inversión extranjera en energéticos. Me parece que eso es clave.
Presidente, concluyo, gracias por su tolerancia, de todos modos nos estamos viendo. Tenemos 18 reservas. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si el documento de propuestas para integrarse al dictamen...
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado Ricardo Mejía Berdeja. La claridad la tiene cada quien, porque cada quien lo tiene; usted no supla su voluntad. Permítame un segundo, y luego platicamos. ¿Le parece correcto?
Pregunte la Secretaría a la asamblea si el documento de propuestas se autoriza que a formar parte del dictamen.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se aceptan las modificaciones propuestas por la comisión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría, presidente, por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En esas condiciones es que vamos a seguir con la discusión.
En pro, tiene el uso de la voz don Luis Antonio González Roldán. Permítanme un segundo. Don Ricardo Cantú Garza, tiene derecho al uso de la voz, si me lo permite. Le ruego me disculpe.
El diputado Ricardo Cantú Garza: Gracias, diputado presidente. En nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para fijar la posición respecto del dictamen que nos presenta la Comisión de Puntos Constitucionales por el que se reforman diversas disposiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Telecomunicaciones.
En este dictamen se propone un combate frontal al atraso tecnológico que nuestro país tiene en materia de acceso a la información veraz, plural y oportuna, sin perjuicio a la existencia de infinidad de noticiarios en radio y televisión y de periódicos impresos.
Lo real es que la información que llega al destinatario final, en muchos casos está tergiversada. Para revertir esta situación, en el artículo 6o. se establece la obligación del Estado para garantizar el acceso a las más modernas tecnologías de información y comunicación para que los ciudadanos cuenten con información oportuna y veraz, que norme sus decisiones en todos los ámbitos de la vida.
De igual forma, se adiciona un apartado B al artículo 6o, donde se establecen las obligaciones del Estado en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. Destaca en este apartado B del artículo 6o. el contenido de la fracción IV, donde se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa.
Esto es un aspecto relevante que requerirá de precisar su contenido en la ley reglamentaria, habida cuenta de que en materia electoral se realizan abiertamente campañas a favor de candidatos que no se carga financieramente a los gastos de campaña como promocionales directos, sino que se hacen pasar como noticias con lo que la neutralidad de los medios de comunicación se rompe y los hace tomar abiertamente partido a favor de los candidatos de su empresa.
En el artículo 2o, se amplía la libertad para difundir opiniones a través de cualquier medio, no necesariamente los que conocemos en la actualidad y que permitirán al ciudadano expresar lo que piensa y hacerlo del conocimiento de quien tenga interés en esas opiniones, sin que exista censura de ningún tipo.
Sin lugar a dudas el contenido del artículo 28, materia de este presente dictamen es de gran relevancia puesto que se propone combatir la existencia de los monopolios que se han ido construyendo en televisión, radio y telefonía. Esta perversa práctica económica en particular en radio y televisión, ha traído como consecuencia la transmisión de programas que no contribuyen a elevar el nivel cultural del pueblo mexicano.
Al no haber competencia, a muchos no nos queda más remedio que ver lo que hay. En este sentido, las políticas del Estado mexicano en materia de telecomunicaciones deben estar orientadas a fortalecer la identidad nacional y a elevar el nivel cultural de las audiencias.
Por ello se propone transformar la naturaleza jurídica en la Comisión Federal de Competencia Económica, que pasaría a ser órgano constitucional autónomo, encargado de garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir y combatir los monopolios y las prácticas monopólicas.
Evidentemente el órgano regulador debe de ser provisto de todos los instrumentos legales para que realice adecuadamente su tarea. Entre ellas destaca que sus resoluciones sólo pueden ser combatidas por vías del amparo indirecto, sin que al quejoso se le pueda otorgar la suspensión provisional, con lo cual el acto de la autoridad quedará firme y sólo podrá ser revocado por la sentencia que ampare y proteja al quejoso en el juicio de garantías.
De igual forma en ese artículo 28 se prevé la existencia del denominado Instituto Federal de Telecomunicaciones, como órgano constitucional autónomo y cuyo objeto es el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones.
Ese instituto tendrá la responsabilidad de vigilar la adecuada competencia económica en el sector de radiocomunicación y telecomunicaciones; será el responsable del otorgamiento de las concesiones en materia de su competencia.
Adelantamos que nuestro grupo parlamentario se reserva de este artículo 28, el inicio del párrafo 16 en donde en nuestra opinión no se le tiene que dar al Ejecutivo federal la facultad de emitir opiniones respecto de los actos del instituto, aunque éstas no tengan carácter vinculante.
Se ha tomado la decisión política de crear al Instituto Federal de Telecomunicaciones como órgano constitucional autónomo. En ningún caso se debe permitir cualquier injerencia de alguna autoridad que pueda afectar su autonomía y más si ese acto proviene del Ejecutivo federal.
En la fracción II del párrafo 18, se prevé que el Congreso garantizará la suficiencia presupuestal de los órganos reguladores que en esta reforma son creados.
Vemos en el adendum que se tomó en cuenta la reserva que hicimos en la Comisión de Puntos Constitucionales, sobre este tema, que (queremos criticar que no se aceptó el debate dentro de la comisión. Todas nuestras reservas sin análisis, sin debate, se desecharon) Y después de la negociación en lo oscurito se aceptó esta reserva, de lo cual nos congratulamos, pero también criticamos con energía el procedimiento de evitar el análisis, debate en la comisión, y como creemos que sucederá, también en el debate, de la discusión de las reservas que se den en este pleno, porque hasta donde entendemos, las negociaciones en lo oscurito de la “santísima trinidad”, integrantes del Pacto no van a dar el debate aquí, simplemente van a venir a planchar los acuerdos que ya tuvieron y aquí les recordamos que somos más democráticas o menos democráticos en la medida del trato que demos a los grupos minoritarios que en muchos casos tienen la razón, como quedó demostrado en la reserva que hicimos en la comisión y que nos la desecharon.
Si bien es cierto compartimos el alto perfil profesional con que deben contar los integrantes de los órganos reguladores, no estamos de acuerdo en la propuesta de cómo se integrará el comité de evaluación que se prevé en el párrafo 23, porque consideramos inadecuado que tres órganos constitucionales autónomos que tienen una especialización técnica perfectamente definida en la Constitución participen en la integración de otros dos órganos constitucionales autónomos, cuyo perfil técnico es totalmente diferente al que se tiene en la actualidad: el Banco de México, el Inegi y el Instituto de Evaluación Educativa.
Nos reservamos también la integración de este comité y propondremos que éste se integre, sin menoscabo con la autonomía con la que cuentan sus instituciones, por los titulares de las universidades públicas de mayor prestigio en el país, como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Autónoma Metropolitana.
Respecto de los artículos transitorios, coincidimos con el contenido en su totalidad, con excepción del transitorio quinto, en el que presentaremos reservas, ya que no estamos de acuerdo en la apertura al capital extranjero de hasta el 100 por ciento en telecomunicaciones y comunicaciones vía satélite.
Esta medida puede ser de grave riesgo para la soberanía nacional puesto que los agentes económicos extranjeros podrían demandar ante los tribunales de sus países o internacionales al Estado mexicano por actos u omisiones que consideren que afectan sus intereses.
Además, podemos preguntarle a cualquier militar –aquí tenemos como diputados a generales, a almirantes– qué significa para la soberanía de un país dejar en manos de extranjeros las comunicaciones, las telecomunicaciones.
Hay que recordar que los capitales extranjeros son capaces de todo en la defensa de sus intereses, inclusive de promover golpes de Estado en contra de gobiernos legítimamente constituidos, como ocurrió hace ya casi 40 años en el golpe de Estado en contra del presidente Salvador Allende, en donde la International Telephone and Telegraph, ITT, financió a los candidatos para que protegieran sus intereses y también financió el golpe de Estado militar encabezado por Pinochet. Para esto les recomendamos leer el texto Documentos secretos de la ITT, donde se revela claramente la intervención de esta empresa de telecomunicaciones en el golpe de Estado encabezado por Pinochet, en Chile.
Asimismo consideramos que en el transitorio séptimo, en su primer párrafo, se debe establecer la salvaguarda de los derechos de todos y cada uno de los trabajadores que prestan sus servicios en las empresas que operan bajo el régimen de concesión y cuyas actividades están directamente relacionadas con el contenido del decreto materia de esta discusión.
Compañeras y compañeros legisladores: sin lugar a dudas el avance tecnológico ha superado las concepciones originales que en 1917 se consideraron en nuestra norma fundamental. Con un solo click en tiempo real podemos enterarnos de lo que acontece en cualquier parte del mundo. A través de los medios de comunicación se han iniciado revoluciones, como ha ocurrido en otros países del mundo.
Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta Cámara quiere reconocer el aporte que infinidad de organizaciones no gubernamentales han hecho para lograr la democratización de los medios de comunicación.
Reconocemos también el esfuerzo, la organización y creatividad de los Movimientos Yo Soy 131 y 132, que el año pasado nos enseñaron que el uso de las modernas tecnologías de la información son un contrapeso a los medios de comunicación institucionales y que la democratización de los medios pasa por el imperativo de la propia democratización del Estado mexicano.
A todos ellos, nuestro grupo parlamentario les reconoce sus aportaciones. Estamos convencidos de que la importante reforma constitucional servirá para que los mexicanos cuenten con información oportuna y veraz que les permita tomar las mejores decisiones en todos los ámbitos de su vida. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias y es mucho, diputado Cantú. Ahora sí don Luis Antonio González Roldán, le ruego me disculpe.
El diputado Luis Antonio González Roldán: Con el permiso de la Presidencia. Hace muchos años, cursando la carrera de Derecho, decía Ignacio Burgoa Orihuela, que la justicia era como la estrella inalcanzable y que el abogado en base al derecho y a la legalidad tenía que llegar lo más cercano a esa estrella.
Hoy vemos con simpatía este primer proyecto y este primer paso constitucional para erradicar de una vez por todas, 50 años de retraso en las telecomunicaciones. Este punto es de elemental justicia. Es un punto incluyente, es un punto de igualdades, es un punto de hacer a todos los mexicanos y dotar a todos los mexicanos de las mismas herramientas.
Lo mismo a la persona que está en la comunidad indígena, que no tiene los accesos, que paga tarjeta telefónica cobrándole muchas veces 4.50 pesos por minuto con la gente que está en las ciudades, que a veces pagan hasta menos de 80 centavos.
Es una reforma de elemental justicia. Es dotar a toda la ciudadanía del estrato social, de decil que pertenezcan, de los canales y las carreteras de la comunicación, con una simple finalidad, erradicar lo que hoy es una realidad en este país: el analfabetismo digital.
Esas son razones más que suficientes para empezar a construir el México, el México de modernidad que se requiere.
¿Qué queremos? ¿Un país que quede rezagado 50 años cuando el mundo nos va demostrando que avanza y avanza en las tecnologías? ¿O queremos tener a México con esos niños indígenas, con esos niños lacandones, con esos niños mazahuas que tengan la posibilidad de accesar a las tecnologías, que puedan manejar el internet, que lo conozcan, que sea una herramienta de información para estar mejor preparado en el futuro, para que sea un niño de competitividad.
Esta es una reforma profundamente social, ésta es una reforma de igualdad, sienta las bases. Podríamos discutir muchos puntos técnicos, eso reglamentémoslo en la ley para que sea fehaciente el impacto que se quiere perseguir. Constitucionalmente estamos sembrando lo que queremos de México como futuro.
Hoy nos encontramos y así hay que decirlo, en un hecho histórico, en un hecho histórico en la actividad parlamentaria, 50 años de parálisis en un sector que en ciertas épocas fue intocable. Hoy estamos buscando disminuir y acabar con los monopolios, que exista una verdadera competencia. Hoy tratamos de dar un derecho a la banda ancha y a la información objetiva y veraz.
Varias podrían ser las vertientes sobre las cuales mi instituto político establecería las perspectivas de por qué votará a favor. Nosotros profundamente nos inclinamos por el sentido no económico, por el sentido social de trascendencia que puede llevar esta reforma.
Los resultados y los indicadores nos demuestran lo que es nuestra realidad, México ocupa el lugar 78 en el informe global de tecnologías de la información editado en 2011 por el Fondo Económico Mundial, somos el lugar 78, estamos por debajo de nuestros principales socios comerciales, como lo puede ser Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, pero lo que es más grave, estamos por debajo de países latinoamericanos con menor desempeño y con economías más pequeñas que la nuestra; estamos por debajo de Chile, de Uruguay, de Costa Rica, que Brasil, que Trinidad y Tobado.
Ése es el alcance que tratamos de darle en Nueva Alianza con esta reforma a México; poner a México en la vanguardia tecnológica para que México sea puntal y desarrollo social en toda su infancia, sus pueblos indígenas, su gente, su ciudadanía. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Don Ricardo Mejía, la asamblea lo espera en la tribuna. En contra.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, compañero presidente. Vamos a clarificar el tema del quinto transitorio, que todavía se negociaba en lo oscurito hasta hace unos pocos minutos, dice: A la entrada en vigor del presente decreto, se permitirá la inversión extranjera directa hasta el 100 por ciento en telecomunicaciones y comunicación vía satélite. Ahí termina el primer párrafo.
El segundo párrafo dice: Se permitirá la inversión extranjera directa hasta un máximo del 49 por ciento en radiodifusión, dentro de este máximo, es decir, dentro del 49 por ciento de radiodifusión, se estará a la reciprocidad que exista en el país en el que se encuentre constituido el inversionista o el agente económico que controle en última instancia a éste directa o indirectamente.
Es decir, en este artículo quinto transitorio se está dejando un 100 por ciento de inversión extranjera en materia de telecomunicaciones y comunicación vía satélite.
Por esta razón, yo convoco a los legisladores nacionalistas, a los legisladores progresistas de este país, a que no avalemos esta traición a la patria y este acto criminal de entreguismo, votando por un 100 por ciento inversión extranjera en telecomunicaciones y comunicación vía satélite. Ésa es la realidad, que nadie engañe. La cláusula de reciprocidad sólo la están dejando para radiodifusión y no para telecomunicaciones y comunicación vía satélite.
Por otro lado, advertimos de la falta de autonomía del órgano regulador, donde tendrán mano en el Comité de Evaluación, el director del Banco de México, Agustín Carstens, y el director del Inegi, Eduardo Sojo, que no serán precisamente gente que actúe con autonomía.
Por otro lado, se está dejando la opinión del Ejecutivo a través del secretario de Comunicaciones, para que establezca la pertinencia de las concesiones. Es un acto de injerencia que contradice la supuesta idea de la autonomía.
Y por otro lado, para seguir con este presidencialismo autoritario y este culto a la personalidad, en el artículo 28 se establece que el Instituto Federal de Telecomunicaciones garantizará que el gobierno federal cuente con las concesiones necesarias para el ejercicio de sus funciones.
Es decir, Enrique Peña Nieto y el gobierno va a poder tener todas las concesiones que requiera para seguir abonando en este culto a la personalidad y en este aparato de propaganda. Por un lado, un entreguismo criminal; por el otro, falta de autonomía del órgano; y por el otro lado, este aparato de propaganda.
Al mismo tiempo, nosotros advertimos que este 100 por ciento de inversión extranjera en telecomunicaciones es la puerta de entrada para la reforma energética privatizadora que han anunciado, tanto el presidente como el secretario de Hacienda y el secretario de Energía.
Por esa razón, compañeros legisladores, y particularmente legisladores progresistas y nacionalistas, nuestra invitación es a votar en contra de esta reforma retrógrada, que no garantiza un avance.
Es un juego arreglado. A Slim le permitirán invertir en televisión y a Azcárraga en telefonía. Es el mismo tablero donde las fichas se van a repartir y están dejando de lado a la ciudadanía y están entregando esta industria estratégica del país en manos extranjeras.
Por esta razón nuestro voto será en contra y convocamos a todos los legisladores progresistas y nacionalistas a actuar en consecuencia.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Doña Lilia Aguilar Gil tiene usted el uso de la voz a favor.
¿Está doña Lilia? Doña Lilia Aguilar Gil. No está en el salón, entonces don Federico González Luna Bueno.
El diputado Federico José González Luna Bueno: Con su permiso, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Lo tiene.
El diputado Federico José González Luna Bueno: Honorable asamblea, pocas veces en la historia se tiene la oportunidad de presenciar una reforma constitucional y política con la profundidad que tiene la que hoy estará sujeta a discusión y votación de esta Cámara de origen.
Todo deberá cambiar. La historia de las telecomunicaciones de nuestro país deberá ser escrita con un antes y un después de esta reforma.
Estamos ante una iniciativa que cruza transversalmente todos los temas y todos los servicios de las telecomunicaciones, incluyendo en ellas a la radiodifusión. Plantea audazmente situar al usuario en el centro del quehacer y del fenómeno mismo de las telecomunicaciones.
Se ha criticado de la reforma, que conlleva un exagerado empoderamiento de la autoridad a costa del individuo. No lo vemos así, de ninguna manera. Vemos el fortalecimiento de la autoridad en estricta medida de lo necesario para promover mejores condiciones de competencia entre los particulares.
Esta reforma no oprime al individuo, lo fortalece y protege ante condiciones de mercado que ya sea como competidor o como consumidor lo vulneran y lo dañan.
La reforma plantea con fuerza la defensa de las libertades, pasando por el papel del Estado como regulador y rector de la sana competencia.
La reforma es fruto de los acuerdos. Con ella este constituyente permanente envía un poderoso mensaje a los mexicanos y al mundo. Nuestro país está preparado y dispuesto a dialogar, a negociar, a ceder, a lograr acuerdos y a transformarse a fondo.
Con esta reforma, no cabe duda, México se inscribe entre los países que están dispuestos a andar por la senda de las grandes transformaciones. Estamos, en el fondo, ante una reforma que va más allá no de un sector o de una actividad economía específica, se trata de una reorganización sustancial de los mecanismos conforme a los cuales el Estado actúa frente a los individuos.
En tal sentido se inscribe en lo que podemos entender como parte de la reforma del Estado. Y estamos por tanto ante un documento fundamentalmente político, no técnico, no económico.
Y por eso mismo, porque define las formas de cómo la sociedad mexicana desea reorganizarse, no puede estar hecho con visiones parciales o estrechas. Debe visualizarse pensando en México y en su futuro, no en los enemigos o contrarios.
Esta Cámara de origen del poder constituyente debe creer, de estar convencida que aprueba –como espero que suceda– un instrumento de cambio que beneficia a los mexicanos de hoy de mañana, que abre espacios de información, de competencia, de pluralidad y de creación artística.
Pero en ningún caso se trata de un documento fruto del rencor en el que hayan podido insertarse furtivamente dardos venenosos contra los enemigos. Quien pretende actuar así no ha entendido que en la transformación de México nadie está proscrito que a este cambio de gran calado están llamados todos aquellos que quieran aportar su creatividad, su capital, su organización y el talento de cada quien.
Esta reforma debe ser la reforma del acuerdo, de la concordia, no de la venganza ni del odio, de la solidaridad, no se las obsesiones, de la construcción y no de la destrucción, no de las filias ni de las fobias, sino de las síntesis. Por ello estoy cierto que el futuro lo construiremos pensando en México y no en nuestros enemigos.
Estamos ante una reforma audaz, debemos iniciar por mencionar que el órgano regulador que estamos diseñando no tiene precedentes en nuestro país y probablemente a caso en algún otro país.
Estamos poniendo en manos de un grupo de siete personas un poder enorme. Un poder que si no se contiene a sí mismo será un poder brutal sobre el individuo. El nuevo órgano regulador de las telecomunicaciones debemos entenderlo como un órgano autónomo con autoridad, más no como un ente autoritario.
La fuerza de la que se le dota es para que propicie el cambio pronto y eficaz en beneficio de los mexicanos, de todos, y no para convertirlo en instrumento de control o represión de la sociedad y sus libertades.
Estamos ante un órgano regulador que tendrá casi en su totalidad las facultades que dirijan y encausen el desarrollo de un sector estratégico y prioritario de la economía, a quien se le considera un instrumento clave para la información, la cultura y la competitividad en nuestro país ante otras naciones. Por ello fue tan refrescante que este órgano regulador quedara sujeto a las estructuras y procedimientos judiciales ya existentes en nuestro país, es decir, que se haya circunscrito en su actuar al juicio de los tribunales y juzgados ordinarios del Poder Judicial de la Federación y dentro del juicio de amparo.
Al mismo tiempo en lo administrativo y en lo político este órgano regulador deberá estar atento y responder a las políticas públicas que el Ejecutivo federal planteé en el marco del sistema de la planeación democrática del país.
Estamos ante un órgano fuerte, promotor del cambio, que debe seguir la estructura y forma en nuestro Estado, en sistema de derecho, de nuestra tradición jurídica y nuestro marco institucional.
Estamos ante una propuesta que se apoya en dos ejes fundamentales: la sana competencia y e fomento a la cobertura de los servicios de banda ancha en nuestro país. Plantea medidas que corregirán desde acciones y promoverá la competencia en muchos mercados en donde ésta apenas es incipiente.
La reforma se sustenta en la convicción de que el cambio en el sector de las telecomunicaciones en México se logrará a través de la competencia y la libre concurrencia, en la preservación de mercados que funcionen adecuadamente, es decir, ante una reforma que confíe en la libertad e iniciativa de los particulares.
No es una reforma estatizante debemos enfatizarlo. Por el contrario, la entendemos como una reforma que corregirá deficiencias de la sana competencia. Es indispensable decirlo, la reforma también confiere al Estado un papel fundamental, no solo en su papel de regulador, sino también como promotor del desarrollo y de la inclusión social en el universo de las telecomunicaciones y se constituye como un operador importante de las telecomunicaciones y la radiodifusión.
Este triple papel del Estado como regulador, como promotor y como operador de gran envergadura no es común y en un primer momento puede no ser fácil de ponderar. Sin embargo, más allá del papel insustituible del Estado como regulador, queremos entender que la reforma busca que la intervención pública cubra espacios a los que no llega el mercado o no en el futuro próximo e inmediato.
Termino, señor presidente. En la bancada del Partido Verde Ecologista de México estamos comprometidos con los acuerdos y con todas aquellas medidas que apoyen la transformación profunda de la patria.
Estamos convencidos que la senda marcada por el Presidente Peña Nieto, senda sustentada en los acuerdos, en la convocatoria de todas las fuerzas políticas es el camino a seguir. Creemos que el mensaje que se envíe al mundo es un mensaje positivo, es un mensaje al futuro y es un mensaje moderno y transformador. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Ricardo Monreal.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente; ciudadanos legisladores. En días pasados nosotros presentamos un voto particular con el propósito de incluir en la reforma de telecomunicaciones diversos ajustes que realmente garantizaran el acceso de los ciudadanos a los beneficios tecnológicos del sector e hicieran más competitiva nuestra economía.
Creemos que el objetivo central de la reforma debiera ser otro, más orientado a lo social, con beneficios a los ciudadanos.
Por la mañana cuando discutíamos esta posición, el diputado Samperio decía: No hay ningún beneficio para los ciudadanos; es un problema de monopolios, oligopolios y empresas económicas, y por tanto tendríamos que revisar y razonar muy bien nuestro voto.
Pero déjenme decirles con toda seriedad, ¿por qué estamos en contra? Porque estamos proponiendo, primero, que la sociedad civil organizada sea la que integre los órganos reguladores y no el emergente presidencialismo restaurador.
Segundo. Estamos proponiendo que se elimine la opinión presidencial o la opinión del secretario de Comunicaciones y Transportes para la cancelación o revocación de concesiones. Si el presidente o el Ejecutivo no tiene el poder de concesión o revocación de concesión, tampoco puede tener ningún otro acto.
Tercero. Que el Comité de Evaluación de los integrantes de los Órganos Reguladores lo integren instituciones académicas y universitarios, no otros órganos del Ejecutivo federal.
Cuarto. Que la nueva Ley de Amparo no desampare a los prestadores de servicios ni los deje minusválidos frente a otros sectores económicos.
Quinto. Que se incluya una cláusula de reciprocidad en la inversión extranjera; que el capital extranjero participe en la misma proporción que le permita su país de origen; que el tope del 49 por ciento para la inversión extranjera se aplique a todo el sector de telecomunicaciones, no únicamente a la radiodifusión.
Sexto. Que se garantice la soberanía y la seguridad nacional en el funcionamiento de este sector estratégico.
Séptimo. Que se haga realidad el derecho de audiencia y de réplica en todo tipo de medios de comunicación.
Octavo. Que se evite la burocracia dorada y la partidarización de los nuevos órganos reguladores. Fuera partidos, fuera Ejecutivo.
Noveno. Que el Estado garantice el acceso universal a los servicios de banda ancha. El acceso gratuito a Internet como derecho humano.
Décimo. Que los canales públicos sean de los poderes estatales, no sólo de algunos de ellos.
Onceavo. Así como fomentar la radiodifusión y telecomunicación de carácter social, comunitario e indígena por las radios comunitarias y medios que existen en las comunidades indígenas; y
Doceavo. No entregar el patrimonio de los mexicanos a los extranjeros. No al cien por ciento de la inversión extranjera directa a telecomunicaciones y a comunicaciones vía satélite.
Este es nuestro decálogo por lo que no estamos en favor de la reforma. Por eso argumentamos con seriedad: si estos 12 artículos o puntos que estamos planteando se admiten en la discusión en lo particular, nosotros estaríamos en favor en lo particular.
Porque luego se nos dice que estamos en contra de todo. Hemos votado la mayoría de las leyes que a los usuarios, ciudadanos o al pueblo benefician, las hemos votado en favor razonablemente. Pero no nos pueden pedir que votemos a favor de este engendro que está contenido en los artículos transitorios y que violan el más elemental estilo de cualquier parte de análisis jurídico, rebasa cualquier análisis que se haga sobre el mismo.
Por esa razón les pido reflexionar; reflexionemos en torno a esto. Es tan importante esta reforma que no puede ser aprobada sin la participación, el análisis y la consulta con los ciudadanos, más allá del Pacto por México, que es una institución que nosotros respetamos pero es extra constitucional; no es vinculatoria con el Poder Legislativo ni tampoco para ningún ciudadano que no forme parte de este mecanismo partidista y para nosotros no es el adecuado.
La iniciativa no ha sido debidamente conocida, difundida ni analizada por los ciudadanos; los usuarios, los expertos, los académicos y los mismos prestadores de servicios.
Por último, si la iniciativa es tan buena como aquí la retórica se presume y se repite, si es tan buena para los ciudadanos, por qué la prisa de aprobarla a espalda de ellos. Por qué no convocamos a foros de consulta; que vengan los expertos y nos digan si es o no conveniente abrir al 100 por ciento a la inversión extranjera, ese sector tan prioritario y tan importante para el desarrollo de la nación. Presidente, de nueva cuenta muchas gracias por su tolerancia.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, diputado Monreal. Doña Lilia Aguilar Gil. Esta Presidencia les recuerda con toda amabilidad a los coordinadores parlamentarios, que con cuatro oradores más estaremos cantando las reservas, por lo que les ruego vean aquellas que a raíz de las propuestas tienen que retirar del dictamen.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor presidente por su generosidad, como siempre, y con la venia de la asamblea. Cuando la lucha entre las fracciones es intensa, el político se interesa no por todo el pueblo, sino por el sector al que él pertenece. Los demás son a su juicio, extranjeros, enemigos e inclusive, piratas.
Creo que es preciso antes de empezar con la posición que me trae a esta tribuna, explicar, porque no se le ha explicado a los ciudadanos qué es lo que sucedió en esta Cámara y por qué subimos tan tarde esta reforma que estaba en el orden del día como el punto número uno del mismo.
No es solamente porque el PRI, el PAN y el PRD no se ponían de acuerdo, obviamente, sino porque recibimos la visita en esta Cámara de lo que podríamos llamar “agitadores” políticos y económicos interesados en la reforma de telecomunicaciones.
Que además, por cierto, y permítanme hacer un paréntesis, tuvieron el privilegio de legislar esta reforma más allá de lo que podemos decir el 98 por ciento de los legisladores que estamos en esta Cámara, porque les aseguro, compañeros diputados, que muchos de nosotros nos enteramos de las adecuaciones pequeñas que venían en el dictamen cuando se nos entregó la Gaceta y me atrevería a decir que no más de 10 diputados lo conocían.
Es por eso que me pregunto –y creo que es justo que los ciudadanos mexicanos se pregunten– dónde se hicieron estas modificaciones. Dónde y quién hizo este dictamen. Porque les aseguro que al menos no fue en el pleno de la Comisión de Puntos Constitucionales. Sabemos eso porque compañeros que pertenecen a esta comisión nunca fueron convocados a sesión el día de hoy.
Hemos recibido, pues, un golpe más a este Poder Legislativo ya debilitado. Permitimos que nos traigan a votación para que sean aprobados en este pleno dictámenes que se modifican después de haber sido aprobados en comisiones, modificaciones que se nos hacen saber segundos antes de ser subidos a la tribuna, por decirlo de alguna manera.
Sin embargo, el objetivo de mi intervención es posicionarme en abstención y explicarles por qué lo haré de esta manera.
Porque a pesar de que yo era una convencida de votar a favor de esta reforma, hoy tengo grandes objeciones de conciencia y también de dignidad legislativa. Permítanme explicarles por qué, compañeros diputados.
Como he dicho, nosotros mismos, que ya hemos denigrado a su menor expresión la actividad legislativa, permítanme, con todo respeto, llevarlos a la reflexión. Yo les preguntaría cuántos de nosotros realmente sabemos con claridad los intereses que se están negociando en esta reforma fast track de telecomunicaciones. Cuántos de nosotros sabemos realmente las implicaciones económicas que estas reformas tienen. Sin embargo, venimos a defenderlas a capa y espada.
Es por eso que en esta gran objeción de conciencia de decir no estar de acuerdo no solamente con el procedimiento sino con las formas y sin saber las consecuencias que esta reforma tiene, una servidora ha venido aquí a expresar esta gran objeción de conciencia.
Por qué. Es cierto, compañeros diputados, ya no somos una oficialía de partes, y en eso permítanme diferir con mis compañeros de Movimiento Ciudadano; ahora somos un validador ciego no del presidente, sino de todos los intereses que se fraguan dentro del Pacto por México. Sin querer, compañeros y compañeras diputadas, y estoy segura que muchos de ustedes de verdad lo hacen sin querer, venimos aquí a discutir sobre las grandes diferencias que tiene Molinar Horcasitas con Gustavo Madero, con el senador Javier Lozano, probablemente con el señor Acosta Naranjo o con nuestro compañero Pablo Gómez. Pero sobre todo con las grandes diferencias que tenían Carlos Slim, Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego.
Éste es el lugar donde se hacen las leyes, éste es el Poder Legislativo; no nos denigremos. Por qué insistimos en devaluarnos como legisladores y en hacer estas acciones que no nos llevan a ningún lugar.
Y dado que mi tiempo se acaba, permítanme decir, sin embargo, que en el PT no somos una oposición irresponsable. Reconocemos...
(Sigue turno 157)
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