Régimen fiscal: subsidio a los ricos
La empresa constructora Grupo Mexicano de Desarrollo anunció la liquidación de la totalidad de sus créditos fiscales tras acogerse a un programa de condonación fiscal y pagar 163.1 millones de pesos. Aunque la compañía omitió informar el monto total de sus adeudos impositivos, es factible suponer que éstos podrían ascender a cuatro o cinco veces la cantidad liquidada al fisco, habida cuenta de las reglas de operación aplicadas para casos similares.
Un referente necesario es el hecho de que Grupo Televisa, acogiéndose al mismo programa de condonación fiscal, eludió un pago por 3 mil 300 millones de pesos en impuestos, a cambio de liquidar el equivalente a 10 por ciento de dicho monto y desistirse de todo juicio de nulidad en contra del Servicio de Administración Tributaria.
Otro caso significativo es la decisión de gravar con 5 por ciento el producto de la venta de Grupo Modelo a la firma estadunidense Anheuser-Busch, operación valuada en más de 20 mil millones de dólares y que, sin embargo, reportará a las arcas públicas un ingreso por poco más de 4 mil millones de pesos. Es inevitable contrastar el gravamen establecido para dicha operación con la tasa impositiva –de 30 por ciento– que regularmente pagan las empresas del país por concepto de impuesto sobre la renta.
Los hechos que se comentan dan cuenta, desde distintas perspectivas, del carácter proempresarial del grupo que ostenta el poder público, así como de un sistema recaudatorio que acusa un favoritismo estructural hacia los ricos.
En efecto, los programas de condonación parecen limitados a los grandes magnates nacionales y extranjeros y a sus consorcios, quienes cuentan con los ejércitos jurídicos y contables necesarios para acceder a esos beneficios, y contrasta con el terrorismo fiscal que padecen los asalariados y las micro y pequeñas empresas. El sistema tributario hace impensable que un consumidor pueda eludir el pago del IVA en sus compras en el comercio formal, pero nada impide que un solo contribuyente pueda acceder a miles de millones de pesos en créditos fiscales. Los causantes cautivos y los profesionistas que cobran por honorarios pueden enfrentarse a un infierno fiscal y jurídico por simples errores contables e irregularidades menores en el manejo de sus archivos. Pero las grandes instituciones financieras del país, los principales corporativos empresariales y las empresas televisivas que dominan el mercado pueden darse el lujo de pagar sus impuestos en forma diferida y hasta de legalizar sus evasiones.
La circunstancia descrita resulta tanto más insultante en un escenario en que persisten grandes rezagos económicos, sociales e institucionales, en buena medida atribuidos por el discurso oficial a la insuficiencia de recursos públicos, en general, y de ingresos fiscales en particular. Cabe suponer que los recursos que dejan de ingresar al fisco a consecuencia de mecanismos como los referidos resultarían sumamente útiles para poner en marcha la reactivación del campo, para generar empleos y construir infraestructura, para edificar escuelas, hospitales, refinerías y para financiar verdaderas políticas de desarrollo social.
A la vista de las irregularidades referidas y de la masiva inmoralidad que dejan entrever, es razonable pensar que para enderezar las finanzas públicas del país bastaría con que en las filas de la administración pública se combatiera la corrupción y el dispendio y que las autoridades fiscales se desempeñaran con un mínimo de equidad y transparencia en el cobro de impuestos. En todo caso, una reforma en ese campo debiera estar orientada a simplificar los trámites fiscales, a efecto de permitir que todos los contribuyentes puedan gozar de los beneficios en la materia, y a frenar el saqueo de recursos públicos puesto en práctica por los grandes consorcios.
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