Ley de medios. Miguel Ángel Granados Chapa

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Observatorio de medios

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.. Reforma, 19 de abril de 2010
Plaza pública
Desahogada la de mañana, faltarán sólo tres sesiones para que termine este periodo, el segundo de la LXI Legislatura. La agenda de las Cámaras está saturada de grandes asuntos, no todos los cuales podrán ser abordados por diputados y senadores. A pesar de una sorpresiva evolución en su curso, esperemos que antes del 30 de abril sea atendida en el pleno de Xicoténcatl y de San Lázaro la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales presentada simultáneamente en sus respectivas Cámaras por las bancadas del Partido Acción Nacional, que ya se estudia en comisiones al comenzar esta penúltima semana de la temporada legislativa.
Ocurrió el miércoles pasado un suceso extraordinario, que puede ser el momento fundacional de la nueva legislación de medios. Para ese día se habían citado a debatir en el Senado de la República el diputado Javier Corral, pugnaz promotor de nuevas normas en esta materia, y Carlos Sotelo, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado. Esta comisión se había reunido apresuradamente el jueves precedente para aprobar el dictamen sobre una reforma parcial, insuficiente y anticonstitucional a la ley de radio y televisión. En su prisa, instigada por el senador Manlio Fabio Beltrones y por Televisa (que maquiló fuera de esa Cámara el dictamen correspondiente), la comisión encabezada por Sotelo se abstuvo de tener en cuenta, como lo ordena el procedimiento parlamentario, la iniciativa que minutos antes habían presentado el senador Gustavo Madero y el diputado Corral.
En una entrevista realizada el viernes anterior en Radio Trece por Javier Solórzano, ambos legisladores habían cruzado no sólo argumentos acerca de sus propias posiciones, sino también juicios sobre la conducta política de cada quien. Quedó claro que para Corral, Sotelo se había apartado del camino que conducía a una reforma integral, no la minireforma que en ese momento favorecía, en beneficio de un núcleo de concesionarios, que a través de la cámara industrial correspondiente habían presionado en diciembre pasado la inclusión de medidas que les significaban provecho. La CIRT publicó entonces un desplegado pretendidamente contra Sotelo. Pero cumplidas sus expectativas se abstuvieron de publicarlo de nuevo, pues el dictamen siempre satisfizo sus posiciones y sus intereses.
Agotado el tiempo del debate radial el viernes, Corral y Sotelo convinieron en reanudarlo en el Senado el miércoles, como queda dicho. No era fuego de artificio, no era sólo la expectativa de una discusión apasionante, sino la ocasión para que se decantaran las motivaciones de las partes en un debate parlamentario en que los favorecedores de Televisa no suelen entrar en la discusión. A última hora, sin embargo, el encuentro entre Corral y Sotelo se suspendió porque compañeros legisladores suyos encontraron más fructífero discutir la iniciativa panista de reforma integral junto con la promoción del proyecto Beltrones de que se estaba haciendo responsable Sotelo.



Debe ser reconocido el papel que en esta decisión desempeñaron, además de Corral y Sotelo que depusieron sus armas para blandirlas en la discusión en comisiones y en el pleno, los senadores panistas Madero, Santiago Creel y Ricardo García Cervantes, y el presidente de la Mesa Directiva, el perredista Carlos Navarrete. La decisión que empujaron se tradujo ya en un nuevo enfoque del trabajo parlamentario a ese respecto, pues el asunto se aborda en la Comisión de Estudios Legislativos que incorporó el tema a su agenda, de la que estaba ausente.
El acuerdo entre PAN y PRD dejó al margen al PRI. La iniciativa panista puede ser aprobada en el Senado sin la participación priista. Pero ésta es necesaria en San Lázaro, ya que allí la bancada tricolor, con sus aliados verdes, puede reunir la mayoría absoluta. A riesgo de que el proceso se congele, se requiere una negociación que haga avanzar a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales. Un mecanismo posible es que esta iniciativa sea aprobada aun por el PRI a condición de que un artículo transitorio prevea la prórroga administrativa requisitada de las concesiones, que es el nombre -y el subterfugio- del refrendo automático, imposible por ser inconstitucional. Se daría con ello certidumbre jurídica a los pequeños concesionarios, cuyas autorizaciones han vencido o están por vencer. El riesgo es que ese régimen transitorio retrase la entrada en vigor de los criterios de la iniciativa panista, de que es parte fundamental y aun los aplace para nunca.
Llamamos aquí iniciativa panista (porque personeros de ese partido la encauzaron en sus Cámaras) a la que en realidad es suma y compendio de la tarea emprendida desde mucho tiempo atrás por organizaciones civiles que en febrero del año pasado se agruparon en el Frente Nacional por una Nueva Ley de Medios. Hay, ciertamente una zona de trabajo propio del PAN, que incluyó en su plataforma electoral del año pasado ese compromiso, pero su objetivo y su núcleo surgieron de la sociedad civil. Por eso el Frente ha manifestado satisfacción por esa iniciativa, que coincide en lo fundamental con su propia visión del problema. Aunque ya antes pareció inminente el abordamiento legislativo de los principios civiles, nunca como ahora se había estado tan cerca de que se conviertan en normas jurídicas. No es un logro menor, por lo pronto, que se haya frenado el intento de reforma parcial y sesgada, cuyo objetivo legítimo puede lograrse por otras vías.
Cajón de Sastre
La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), una de las organizaciones axiales del Frente mencionado líneas arriba, alienta a los legisladores a llevar adelante la reforma integral que se estudia en ambas Cámaras. La iniciativa presentada por el senador Gustavo Madero y el diputado Javier Corral -que en el lapso de 2006 al 2009 en que no perteneció al Congreso federal presidió la AMEDI y contribuyó al fortalecimiento de sus tesis y su presencia pública- coincide ampliamente con los planteamientos que esa asociación ha generado a lo largo de más de una década. Formada principalmente por los más asiduos investigadores de los medios y por profesionales de todas las ramas y formas de comunicación, mantiene su atención en un órgano de regulación dotado de autonomía constitucional, cuya creación sin embargo requeriría una reforma de carácter precisamente constitucional. Pero, en mi opinión, ese paso definitorio puede ser emprendido más adelante.