Talamontes en la impunidad

Puntual
Devastación en zacapoaxtla
Kara Castillo
Nada sabe el presidente municipal Justino Guerrero Lillo de la tala de árboles que ocurre en el Nuevo Centro de Población Ejidal Nicolás Bravo, cerca de la comunidad de San Juan Tahitic, en Zacapoaxtla.
“Aquí no hay tala, yo conozco bien mi territorio. Visito mis comunidades”, comentó Guerrero Lillo cuando fue cuestionado. El anuncio de 20 minutos de grabación de por lo menos 150 y 200 pinos derribados de 7 a 10 hectáreas le hizo reconsiderar: “la regulación de aprovechamientos de madera están regulados por la Secretaría del Medio Ambiente Federal y su órgano original es la Profepa. (sic) No puedo informar porque pudieran tener un permiso o autorización, no tengo conocimiento, porque no es una función del municipio, sino federal”, indicó.
Para las autoridades del lugar también pasaron inadvertidos los camiones cargados con 20 troncos de árboles de por lo menos metro y medio de diámetro que comenzaron a circular hace 15 días por los caminos del municipio y la maquinaria que ha llegado a la comunidad.
En entrevista, el delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) federal, Carlos Albicker Albicker, aseguró que no existe registro de un aprovechamiento regulado o un permiso de uso forestal.
“Estos árboles tienen más de 100 años de vida, mis abuelos decían que los árboles ya estaban así de grandes cuando ellos eran niños”, dice el campesino que tiene 70 años y que refirió el lugar de la tala clandestina que se hace en el ejido.
Explica que la tala inmoderada viene ocurriendo desde hace año y medio en los bosques que pertenecen al “Nuevo Centro de Población Ejidal Nicolás Bravo”. Él, como otras personas entrevistadas aseguran que los "3 ricos" y "terratenientes" son los responsables de este saqueo que parece invisible a los ojos de autoridades municipales y estatales.
Y es que el ejido donde ocurre esta devastación es un predio del que todavía no se resuelve el Convenio Firmado el 20 de enero de 1989 que mantiene aún en conflicto estas tierras.
Fue durante el gobierno de Mariano Piña Olaya cuando con la Secretaría de la Reforma Agraria Nacional se llegó a un acuerdo de resolver el conflicto social de la falta de tierras para los campesinos pobres y comprar así las tierras de las fincas de Zapotepec y Calatepec y conformar el Nuevo Centro de Población Ejidal Nicolás Bravo, según el Acta de Posesión en poder de PUNTUAL.
Para la Organización de Acción Campesina Independiente 13 de Octubre (OACI-13) que fuera la depositaria del convenio, éste ha sido incumplido, y los recursos del ejido, saqueados.
“Luego de 20 años de existir este acuerdo, Ángel Macip apoyado por el gobierno del estado, se ha llevado nuestra riqueza forestal que por años hemos protegido, y hasta la fecha el compromiso de entregar las mil 300 hectáreas a los campesinos no se ha cumplido”, denunciaron.
En entrevista miembros de la organización señalan a los caciques del municipio de afectar gravemente los intereses de los campesinos propietarios del ejido: “el estado y el municipio los protege. Para realizar la tala de nuestros bosques debe de hacerse con consentimiento de nuestro pueblo y no de manera arbitraria con el permiso de las autoridades que no toman en cuenta el convenio del 20 de enero de 1989”, aseguran los habitantes del ejido.
Al respecto añaden: “las autoridades hacen caso omiso del daño ambiental que ocasiona la tala irracional de nuestros bosques y nosotros como organización hemos protegido durante muchos años.
”Si nosotros los campesinos pobres cortamos leña de los árboles muertos para cocer nuestros alimentos, nos encarcelan y nos reprimen como delincuentes, pero los grandes taladores y saqueadores de nuestros recursos, son protegidos por autoridades. Dice el gobernador Mario Marín que quiere mucho a sus campesinos, pero debe ser a sus campesinos ricos”, ironiza el ejidatario.
La comunidad afirma que los trabajos de deforestación se agudizaron desde mayo de este año, pero venía ocurriendo desde hace más de un año dañando también encinos, pero extendiendo el daño a la fauna: “el tejón, armadillo y el gavilán real se ven cada vez menos”, acusaron.

CASOS ATENDIDOS POR LA PROFEPA
Aunque Albicker refiere que en el municipio de Puebla hay mil 200 aprovechamientos registrados, ninguno corresponde al ejido Nicolás Bravo, según la lista que el organismo administra.
Sin embargo y tomando distancia por la precisión del lugar, el funcionario asegura que en el estado existe tala clandestina: “Sí hay, estamos combatiéndola, de acuerdo con la directriz gubernamental de cero tolerancia. Te puedo decir que es una práctica común que estamos combatiendo y tratamos de disminuirla al máximo”.
La Procuraduría Federal del Medio Ambiente (PROFEPA) sólo en 2008 atendió 91 denuncias por tala no autorizada.
En la lista que proporcionó a este diario, previa petición a la Comisión de Acceso a la Información, aparecen 27 casos como “No Sancionatorios” y sólo el 5% como resueltas, aunque la lista no especifica el detalle.
La lista que contiene además del nombre del denunciado, localidad, municipio, recurso afectado, hecho el estatus y el expediente con la fecha y tipo de resolución deja ver que existen denuncias en todo el territorio estatal.

LA CONTRADICCIÓN
En el Informe Anual del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Prodh en 2005, que reporta diversas formas de agresión y obstaculización del trabajo de las y los defensores de derechos humanos figura Puebla, con el caso de Margarita Tlapa.
El reporte del Centro Prodh señala: “Margarita Tlapa, maestra en Ciencias Ambientales, fue detenida sin orden de arresto en la calle principal del Barrio de Santiago Mixquitla en Cholula, por petición ‘que venía de arriba’ por policías armados”.
En el documento se especifica que “Margarita estaba a cargo del jardín botánico de plantas prehispánicas que benefactores de Cholula y Pro Cholula AC siembran en el volcán Tzapoteca. Ella sola ha sembrado más de mil árboles nativos del altiplano en su jardín botánico. Promovió la siembra de mil 500 cedros blancos en el volcán, que fueron quemados sin que las autoridades fincaran responsabilidades”.
Margarita, miembro del Pro Cholula AC, ha pedido la defensa públicamente de la reserva ecológica del volcán para crear el jardín botánico. Ella sustituyó cuatro eucaliptos dañados por un centenar de árboles diversos y compatibles con el suelo volcánico. Sacó fotos de los troncos dañados y procedió a reciclar la madera para crear un invernadero de cactus. Mientras, los gobiernos del estado de Puebla y el municipal en el 2005 talaron indiscriminadamente mil 95 eucaliptos antiguos en la carretera federal Huejotzingo-Cholula. Por eso Margarita y Pro Cholula protestaron públicamente.
El gobierno argumentó que los eucaliptos eran de nula utilidad ecológica porque eran “viejos” y vengándose de la defensa y denuncia pública, mandaron arrestar a Margarita a su domicilio por talar cuatro eucaliptos plagados en su jardín botánico, dice a la letra el informe del centro. http://www.centroprodh.org.mx/Publicaciones/Informes/info_pdf/el%20derecho%20a%20defender%20derechos%20humanos%202005_Centro%20Prodh.pdf (Pag. 16)

CULPABLES, LOS QUE DEFIENDEN LA TIERRA
La defensa de la tierra para la OACI 13 ha costado 10 asesinatos de sus miembros y 9 detenidos con condenas de más de 15 años.
El hostigamiento contra la OACI-13, según sus representantes, surgió a raíz del inicio de una lucha legal para obtener mil 300 hectáreas que la Secretaría de la Reforma Agraria
otorgó a campesinos de la región de Zacapoaxtla, pero que fueron usurpadas por la familia “Macip”, dedicada a la ganadería.
La organización campesina que involucra a 7 municipios tiene expedientes en la Federación Latinoamericana de Familias de Detenidos y Desaparecidos por la desaparición de Sergio Moreno López, elemento de la organización —que se dedicaba a realizar trámites ante dependencias gubernamentales y estrechaba relaciones con otras organizaciones populares—, luego de que en meses anteriores elementos del Ejército y la Policía Judicial habían realizado labores de vigilancia y hostigamiento psicológico en contra de líderes de la agrupación.
El informe muestra que en la década de los setentas existieron las llamadas “brigadas blancas, de las que nadie sabía nada, pero todos estaban involucrados”, incluyendo a las autoridades civiles, policiacas y militares del más alto nivel.
El Comité Interamericano de Derechos Humanos, en su expediente correspondiente, apunta que existía la posibilidad que Moreno haya sido detenido ilegalmente, como parte del hostigamiento que se desarrolló contra la Organización Campesina OACI 13, teniendo como último antecedente el cerco que realizaron 25 soldados en 1997 cuando en la comunidad de San Juan Tahitic , municipio de Zacapoaxtla, estuvieran recabando información de Evaristo Cárcamo Xopchiatenco, líder de la organización, quien permanece preso acusado del delito de homicidio calificado.
Evaristo Cárcamo actualmente tiene 80 años y está recluido en el Cereso de Zacapoaxtla con el proceso 337/97 con una situación grave de salud, incluso peligrando su integridad física, pues tiene una hernia en el bajo vientre, situación conocida por las autoridades del centro penitenciario, pero por temor a su edad y bajo la responsabilidad de Evaristo, evitó la cirugía.
En el reciente trámite legal, Evaristo solicita se otorgue un Beneficio de Preliberación y otorguen su libertad, a la fecha ha purgado casi la mitad de la condena de un delito que no cometió.

UNA DESTITUCIÓN MÁS
La última semana de agosto, una manifestación se hizo presente afuera del ayuntamiento que encabeza Justino Guerrero Lillo, pidiendo su destitución. A este acto, antecede un documento que con la firma y sello de 14 autoridades del municipio, entre presidentes auxiliares y jueces de paz se giró a las autoridades federales y del gobierno del estado en donde se denuncia la actitud prepotente y déspota del presidente municipal Justino Guerrero Lillo, sobre todo hacia la gente del medio rural, a quienes señalaron son los que han recibido el peor trato.
Con fecha 13 de julio de este 2009 se giró el documento a diferentes instancias como la cámara de senadores, la de diputados a nivel federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los magistrados del estado, al igual que a la Cámara de Diputados a nivel local.
También solicitan la intervención de las autoridades para investigar el destino de varios millones de pesos del Ramo 33, ya que señalan que en sus comunidades son contadas las obras públicas que se han iniciado, en tanto se gastan miles de pesos en contrataciones de grupos musicales y otros eventos solo en la cabecera municipal, esto sumado a la disminución del 50 por ciento en las participaciones a todos los jueces de paz y alcaldías auxiliares del municipio.
En el documento constan las firmas de las autoridades de Francisco I Madero, Héroes del 5 de mayo, Tatoxcac, Ahuacatlán, Xalticpac, La Libertad, El Progreso, Xochitepec, Colonia Insurgentes, Cuacuilco, Ixtacapan, Texocoyóhuac, Gonzalo Bautista y Mazapa.
Las amenazas del presidente han alcanzado también a periodistas. Uno de estos últimos, Roque Ramírez López, corresponsal del portal de noticias e-consulta que fue amenazado de muerte por el munícipe serrano, por cuestionarlo sobre el monto invertido por el ayuntamiento en las obras de la plaza de toros, las ganancias obtenidas en la feria del pueblo y el costo de su lujosa camioneta Ford Lobo.
Según se advierte en la Comisión de Derechos Humanos CEDH, el jueves 18 de diciembre en el Palacio Municipal, Justino Guerrero fue abordado por el periodista Roque Ramírez, y prepotente el munícipe le dijo que no sólo no le iba a responder ninguna pregunta, “sino que le iba a partir la madre”.
Esa misma tarde, uno de sus colaboradores se presentó al domicilio del reportero para advertirle: “Ten cuidado porque tú no eres la primera persona que amenaza y si no te hace nada a ti, sí puede actuar contra tu familia”.