Detectan plaga en cactáceas columnares

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El Mundo de Tehuacán
Cactáceas en peligro en el valle de Tehuacán

Una plaga hasta ahora desconocida avanza sobre la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán (RBTC); ya está en Santa Ana Teloxtoc, Los Reyes Metzontla y parte de la Cañada Oaxaqueña, informó José Carlos Pizaña Soto, director de la dependencia, quien precisó que ataca principalmente a las cactáceas columnares.

Los primeros reportes de esa plaga, indicaron que se trataba de un barrenador tipo escarabajo, que en su fase larvaria daña a especies popularmente conocidas como “tetechos”, “baboso” y “viejitos”.

Uno de los lugares con mayor número de especies afectadas se encuentra en el jardín botánico de Zapotitlán Salinas, en donde se tiene una alta densidad de cactáceas columnares en las 70 hectáreas aproximadamente que posee ese lugar.

De acuerdo con Pizaña Soto, se tiene la hipótesis de que el barrenador sólo es el vector y lo que ocasiona la necrosis de los tejidos, pueda ser una bacteria o un hongo.

Con las muestras se definirá de qué especie de larva se trata de acuerdo a su ciclo biológico; después de esto, será más factible establecer un mecanismo de control en base a su estado vulnerable.

Finalmente el investigador señaló que, “por el momento, la afectación es mínima” considerando la extensión de la reserva, pero preocupan los brotes en la zona de la Cañada Oaxaqueña, en donde la plaga se puede desarrollar sin control.

Reserva de la biosfera Tehuacán - Cuicatlán

La Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán es una zona natural protegida localizada entre los estados de Puebla y Oaxaca, en el sureste de México. Se denomina de esa forma porque esos son los nombres de las dos principales poblaciones de esta región. Ocupa una superficie de 490 mil 817 hectáreas, (Mas o menos la superficie del Estado de Tlaxcala) superficie que corresponde a 20 municipios del estado de Puebla —ubicados en la Región VII del Valle de Tehuacán— y cuarenta municipios del estado de Oaxaca —ubicados en las regiones de la Cañada de Cuicatlán y la Mixteca—. El principal núcleo de población lo constituye la ciudad poblana de Tehuacán, que alberga una población cercana a los 280,000 habitantes. En esta ciudad se localizan las oficinas administrativas de la reserva.

La zona pertenece a la Provincia de la Sierra Madre del Sur. Se caracteriza por su relieve accidentado, donde sierras que no rebasan los tres mil metros sobre el nivel del mar rodean los extensos valles de Tehuacán y Zapotitlán. Casi la totalidad de la reserva forma parte de la cuenca alta del río Papaloapan, uno de los más caudalosos de México, aun cuando en esta zona la humedad del ambiente no alcanza a formar grandes corrientes de agua. El Papaloapan recibe las aguas de numerosos riachuelos que nacen en las montañas de la Sierra de Tehuacán y la Sierra Mixteca, entre ellos habría que citar el río Tehuacán, el Calapa y el Zapotitlán.

La importancia de Tehuacán-Cuicatlán radica en la gran diversidad florística de la zona. En contra de lo que se cree popularmente, las regiones de trópico seco que abundan en el sureste de México no son pobres en diversidad biológica. Algunos estudios, como los realizados por el Doctor J. Rzedowski en 1973 y 1978, han llevado a la conceptuación de la zona como una Provincia Florística, perteneciente a la Región Fitogeográfica Xerofítica Mexicana.

En 1965, Smith (Smith, C. Earle (Claude Earle), 1922-1987) había apuntado que la tercera parte de las especies vegetales que pueblan la superficie de Tehuacán-Cuicatlán eran endémicas. La flora predominante en esta Reserva de la Biosfera es la xerófita, que comprende más de la tercera parte de las especies detectadas en el lugar. Le sigue la selva caducifolia que corresponde a la cuarta parte, y el bosque templado. Importante es la presencia de una de las pocas zonas de bosque mesófilo de montaña ´que se localizan en México.

La Reserva de Tehuacán-Cuicatlán fue uno de los escenarios donde se desarrolló por primera vez la agricultura en Mesoamérica. En Ajalpan y otros sitios del valle de Tehuacán se han localizado restos de maíz fósil que datan de alrededor del año 5000 a. C. Los hallazgos, realizados por MacNeish, se encuentran asociados a ciertos artefactos líticos y fueron encontrados en diversos abrigos montañeses de la zona.

Hay que señalar que uno de los factores que contribuyeron a la conservación de los restos vegetales en el valle de Tehuacán fue precisamente la extrema aridez de su clima. Durante el desarrollo precolombino de la civilización mesoamericana, la zona estuvo ocupada por pueblos de filiación otomangueana, entre los que habría que señalar a los mixtecos y los popolocas. La zona fue declarada Reserva de la Biosfera el 11 de septiembre de 1998 por el presidente de México en turno, Ernesto Zedillo Ponce de León.

No obstante, los gobiernos de Puebla y Oaxaca habían declarado Zonas Sujetas a Conservación Ecológica al Valle de Cuicatlán (1996), el Valle de Tehuacán y el Valle de Zapotitlán (1997) que constituyeron el núcleo de la nueva Reserva de la Biosfera. De acuerdo a lo señalado en la declaratoria oficial, los habitantes de la reserva pueden realizar las actividades económicas que habían venido realizando, siempre y cuando no impliquen un deterioro para la zona. Unos años antes, en 1995, había sido construida en la zona una supercarretera que permitió una mejor comunicación terrestre entre Oaxaca de Juárez y la Ciudad de México (570 km).

El Mundo de Tehuacán

Sandra de la Luz F.

Tehuacán

Martes 25 mayo 2010

Denuncian habitantes de ocho comunidades intimidación de Segob para vender su tierra

La Jornada de Oriente


JAVIER PUGA MARTÍNEZ
Más de 200 personas de las comunidades por donde cruzará el Libramiento Poniente de la ciudad capital rechazaron la creación de esta vialidad, pues afirmaron que junto con el arco sur de la ciudad de México sus tierras y sus manantiales desaparecerán y son el único sustento de sus familias.
Señalaron que el personal de la Secretaría de Gobernación (Segob) del estado, lo mismo con amenazas que con ofertas de dinero, intimida a los campesinos, y señalaron concretamente a Eduardo Valle Cantú, funcionario de esa secretaría.
A través de un documento hecho llegar a La Jornada de Oriente, los labriegos de los poblados de San Martín Tlamapa, Santa María Zacatepec, San Andrés Calpan, San Lucas Atzala, San Francisco Coapan, Acuexcomac, San Jerónimo Tecuanipan, Santa Isabel Cholula y otras, sostuvieron que Eduardo Valle Cantú, junto con otra empleada de la Secretaría de Gobernación, orquestó una revuelta de la que se pretendía responsabilizarlos.
Relataron en el escrito que el pasado 6 de abril el funcionario deambulaba por la región por donde cruzará el Libramiento Poniente y que habría sido objeto de amenazas de supuestos hombres armados que se oponen al proyecto carretero.
“Negamos rotundamente este hecho, ya que vemos una clara intención de propiciar un clima de violencia por esta persona o por la institución que representa. Hacemos la observación que la persona mencionada que viene de Gobernación ha estado en la junta auxiliar (de San Martín Tlamapa) visitando a los vecinos y jamás se le ha agredido”, sostuvieron.
Manifestaron que cualquier tipo de amenaza es ilegal y debe castigarse cualquier intimidación hacia las comunidades conforme lo establece la ley, pues nadie puede ser obligado a vender sus tierras; asimismo, rechazaron una posible expropiación de tierras ante la negativa de los ejidatarios y pequeños propietarios de vender su propiedad.
“¿Cuánto quieres?”
Tan sólo este martes, uno de los representantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Miguel López, afirmó que llegaron a su domicilio en Santa María Zacatepec varios hombres que mencionaron pertenecer a una asociación en defensa del maíz.
Relató que tras exponerle los beneficios de la asociación, sin más le soltaron: “¿cuánto dinero quieres? Dinos cuánto necesitas y nosotros te lo damos”. El activista prefirió dar por concluida la conversación. Ayer manifestó su temor, pues se trata de personas que nunca había visto, y de la organización no sabe nada.

Rechaza la Segob señalamientos
El subsecretario de Gobernación del estado, Francisco Díaz Gil, rechazó que el personal de la dependencia esté realizando actividades intimidatorias en contra de los campesinos poblanos; sostuvo que la Secretaría de Gobernación siempre ha sido y será respetuosa de los habitantes.
Subrayó que el Libramiento Poniente es una obra de particular importancia para la administración estatal, así como para la ciudadanía; sin embargo, manifestó que será a través del convencimiento y la negociación como se logre concretar el proyecto, por lo que respetará el derecho de los particulares y privilegiará el consenso.
Admitió que Valle Cantú sí es empleado de la Segob y que está realizando trabajos para la dependencia en la zona en donde cruzará el Libramiento Poniente, pero aseguró que este funcionario no tiene como labor presionar a los labriegos.
Finalmente, pidió a quienes se hayan sentido agredidos por este o algún otro empleado de Gobernación que presenten la queja correspondiente y que se acerquen a la dependencia para buscar soluciones para este conflicto.

Autoriza Gobierno cupo para importación de azúcar

El Sol de México
Reuters
Ciudad de México.- México autorizó un cupo para importar 250 mil toneladas de azúcar mientras se espera que la meta de producción en la actual cosecha caiga por debajo de las expectativas, dijo este domingo la Secretaría de Economía (SE).

La Secretaría de Agricultura dijo que la cosecha 2009/2010 podría ser desde 4.5 millones de toneladas, por abajo de las 4.97 millones de toneladas estimadas inicialmente por un panel conformado por los industriales azucareros y el Gobierno. El mal clima y los campos de caña viejos han afectado la producción de azúcar.

La cosecha de azúcar 2008/09 de México cayó por debajo de la meta de producción debido al mal clima y el Gobierno fijó el año pasado un cupo para la importación de 900 mil toneladas de azúcar a fin de cubrir el déficit.

Señalan ejidatarios de Azumiatla presiones; “habrá brote de violencia”, advierten

JAVIER PUGA MARTÍNEZ
Los gobiernos del estado y del municipio de Puebla continúan ejerciendo una excesiva presión sobre la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla –al sur de la capital del estado–, pues por un lado la administración del gobernador, Mario Marín está permitiendo que particulares se introduzcan a medir terrenos ejidales para proyectos carreteros; por el otro, la Comuna incumplió su programa de obras.
Así lo señaló el asesor de los campesinos y ejidatarios de este lugar, Miguel Edgar Ayllón Villegas, quien agregó que de no atenderse las demandas de esta población, que se encuentra a 20 kilómetros de la capital del estado, se generará un nuevo brote de violencia.
Indicó que la administración de Blanca Alcalá Ruiz se olvidó de los compromisos de obra pública y de generación de infraestructura para esta comunidad indígena; es más, dejó abandonada la construcción de un colector pluvial que debió haberse entregado en diciembre del año pasado.
De esta obra los habitantes exigen saber cuál fue el costo y el proyecto en general, pues saben que fue la propia edil, al visitar los trabajos cuando iniciaron, pero que las lluvias destruyeron “lo poco que se había hecho”; aunque también saben que Alcalá Ruiz dio por concluida la obra y la presumió durante su primer informe de gobierno.
Algo similar ocurrió con la supuesta pavimentación de algunas calles de la junta auxiliar, pues sólo se tiró chapopote y grava, más no asfalto; ahora esas calles lucen semidestruidas. También se ha pedido la ampliación de la red de agua potable, pues 600 familias carecen del líquido, pero no se ha hecho caso a esta petición. “El personal del ayuntamiento no se dirige a la presidencia auxiliar, sino que logra acuerdos con gente que ni es de la comunidad y lo condiciona al triunfo en las elecciones.
“La presidente se olvida de los más pobres”, sostuvieron los labriegos. Informaron que el viernes pasado un sujeto que realizaba mediciones en propiedad comunal fue capturado por los campesinos, y les aseguró que esas mediciones las realizaba a nombre del señor José Luis Galindo, quien se ostenta como poseedor de casi 500 hectáreas de terrenos que son propiedad del ejido, y con quien los campesinos sostienen un pleito jurídico para determinar la verdadera posesión de la tierra.
Para evitar una nueva agresión en contra de la comunidad como la que ocurrió el 24 de abril de este año, los pobladores decidieron soltar al sujeto no sin antes retenerle una identificación para sustentar con ella una nueva denuncia ante las autoridades correspondientes, para que sean éstas quienes investiguen el hecho, relató el asesor.
“Siguen entrando personas a esos predios ejidales, y hasta la fecha ninguna autoridad se ha presentado a informarnos por qué están haciendo esos trabajos. Tenemos informes de que la carretera a Santa Clara Ocoyucan –que fue motivo de la agresión contra Azumiatla– ya quedó suspendida”, señaló Ayllón Villegas.
Agregó que la violencia se genera por la falta de legalidad y en el caso de esta junta auxiliar es más que evidente, pues continúa la presencia de “guardias blancas” en la zona.
En enero pasado, La Jornada de Oriente corroboró la existencia hombres armados y en vehículos motorizados que custodian cerca de 400 hectáreas que, de acuerdo con los labriegos, la familia Pacheco Pensado les arrebató a través de juicios amañados.

Rechaza la Comuna señalamientos
El ayuntamiento de Puebla rechazó los señalamientos de los ejidatarios; a través de un comunicado y con declaraciones del edil auxiliar, Sabás Escalona Morales, se informó que han sido invertidos 27 millones 753 mil 294 pesos en pavimentaciones, electrificación, aulas, banquetas y guarniciones. De las obras solicitadas por los vecinos de Azumiatla no habló.

Enlace Político de la Segob municipal

Habitantes de Azumiatla acusaron que Guillermo Salas Tovar, de Enlace Político de la Segob municipal, condiciona los programas y servicios a cambio de votos para el PRI; de lo contrario, “no habrá obras”.

La Jornada de Oriente

Rechazan campesinos de Azumiatla presión por parte del gobierno del estado y la Comuna

Javier Puga-

Campesinos y ejidatarios de San Andrés Azumiatla señalaron que el gobierno del estado y el ayuntamiento de Puebla continúan presionando a esta junta auxiliar a través de permitir, por un lado la medición de terrenos para proyectos carreteros, y por otro, ante la falta de obras por parte de la Comuna, mismas que algunas de ellas han quedado inconclusas desde el año pasado como un colector pluvial, del cual se desconoce tanto el monto de la inversión como la fecha en que quedará concluido.Todo esto traerá como consecuencias que nuevamente haya un enfrentamiento como ocurrió en abril pasado.

Desalojan y encarcelan a16 campesinos.LETICIA ÁNIMAS

Radio expresión
Encarcelan a 16 campesinos acusados de despojo y daños
30/Agosto/2009/04:21:50
XICOTEPEC, Pue.- Son ya 16 los campesinos consignados ante el Juez de lo Penal de Xicotepec, como presuntos responsables del delito de despojo cometido en contra de Agropecuaria La Cascada, S. P. R. L, de C. V., en Tlaxcalantongo, representada por René Tort Rivera, cuñado del rico empresario Carlos Peralta Quintero, presidente del grupo IUSA.
Por: LETICIA ÁNIMAS
Luego del desalojo practicado la madrugada del viernes por policías federales, agentes ministeriales y de la DIEDO, en donde detuvieron a 70 campesinos, entre los que se encontraban hombres, mujeres y niños, al cierre de esta edición, fueron encarcelados 16.
El predio “La Cascada” comprende una extensión de 720 hectáreas y fue ocupado el pasado 7 de Agosto, por 80 personas originarias de Tlaxcalantongo, municipio de Xicotepec y La Unión, en Zihuateutla, quienes según el abogado de Tort Rivera, entraron al rancho “rompiendo candados y tirando portones, ocasionando daños cuantificados por peritos de la procuraduría en un millón de pesos”.
Los campesinos son liderados por Humberto Serrano, que vive en el Distrito Federal y se ostenta como representante de la Confederación Agraria Mexicana, quien habría asegurado a los labriegos que había obtenido un Amparo de la Justicia Federal para ser restituidos en ese predio que reclaman como de su propiedad.
Daniel Oropeza, abogado de la sociedad La Cascada dijo que “el terreno invadido es propiedad privada, que está fuera de donación agraria, además de que en 1996 la sociedad que encabeza René Tort Rivera les entregó en donación 150 hectáreas a los “ejidatarios, pero Serrano, llegó a Tlaxcalantongo desde hace 3 meses y comenzó a pedirles cooperaciones en efectivo a la gente que aglutinó para fines personales y los mandó a invadir el rancho ubicado a orillas de la carretera estatal La Ceiba-Tlaxcalantongo”.
Debido a esto se giraron 32 órdenes de aprehensión, de las cuales 16 fueron cumplidas a las cuatro de la mañana del viernes, hora en que agentes federales, ministeriales y DIEDOS, efectuaron el desalojo de los individuos que se habían posesionado del rancho.
Los 16 campesinos fueron internados en el CERESO de Xicotepec, en tanto que los demás quedaron en calidad de presentados ante Arturo Sánchez Vargas, agente del Ministerio Público del fuero común, en espera de que se les dé a conocer su situación jurídica.
Los labriegos son acusados por los delitos de despojo, daños en propiedad ajena y los que resulten, de acuerdo a la Averiguación Previa 435/2009/XICO y su presunto líder se encuentra prófugo.



Desalojan y encarcelan a campesinos que ocupaban rancho de rico empresario
29/Agosto/2009/00:52:33
XICOTEPEC, PUE.- Cerca de 200 elementos de la Policía Estatal Preventiva y Ministerial del Estado de Puebla, desalojaron a un grupo de personas que había posesionado de un terreno propiedad de Agropecuaria La Cascada, S. P. R. L, de C. V., en Tlaxcalantongo, representada por el señor René Tort, cuñado del rico empresario Carlos Peralta Quintero, presidente del grupo IUSA.
Por: ADAN GONZALEZ
El predio había sido ocupado por 70 campesinos de la comunidad de Tlaxcalantongo, quienes fueron detenidos y trasladados a las oficinas del Ministerio Público, en calidad de presentados y nueve más fueron internados en el Reclusorio Regional por contar con una orden de aprehensión emanada del proceso 171/2009, por el delito de despojo e invasión de tierras, orden que cumplió la fuerza pública la madrugada de este viernes.
Aproximadamente a las 02:00 horas del viernes, en la entrada sur a la ciudad, frente al panteón municipal, se empezaron a reunir los elementos de la policía estatal preventiva y ministerial que bajaban de sus autos, lo que causó asombro e incertidumbre entre los automovilistas que en esos momentos transitaban por esta arteria.
Nadie imaginó que este despliegue policiaco era para llevar a cabo el desalojo del predio propiedad de Agropecuaria La Cascada, S. P. R. L, de. C .V., ubicado en el kilómetro 4+00 del camino estatal de Villa Ávila Camacho a Tlaxcalantongo, y representada por el señor René Tort, quien denunció la invasión de estas tierras por parte de varios pobladores de la comunidad antes señalada.
PODER, INFLUENCIAS Y DINERO
El arribo de la fuerza pública al predio se dio alrededor de las 03:00 horas, sorprendiendo a los ocupantes que se encontraban durmiendo en precarios dormitorios hechos con hule. Hombres, mujeres y niños, tras ser revisados, fueron subidos a las vehículos oficiales y trasladados a la Agencia del Ministerio Público, para que les tomaran su declaración, respecto a la invasión del predio de 450 hectáreas que, a decir del señor Filiberto Custodio de 70 años de edad, vecino de Tlaxcalantongo, les fue donado en 1998, por lo que seguirán luchando hasta que el gobierno les entregue las tierras que reclaman “y el gobierno no le otorgue estos terrenos a estas personas que gozan de poder, influencias y dinero”.
El anciano, que se encontraba con otros compañeros en las instalaciones de la Agencia del Ministerio Publico menciónó, sin acordarse del partido político al que pertenecía, que el líder se llama Humberto Serrano y que otros de los ocupantes son Catalina Lechuga, Santiago Hermelindo, Marco Antonio López, Amado Guzmán Sampayo, Rodolfo Cabrera, Verónica Lechuga y Ceferino, de quien desconoce sus apellidos y otros más, quienes fueron trasladados al reclusorio de Xicotepec, en donde quedaron internados por el delito de despojo.
En este impresionante operativo que, por su despliegue parecía que iban tras la detención de fuertes narcotraficantes, y no de humildes campesinos cuyas únicas armas son sus herramientas de trabajo, participaron cerca de 10 comandantes de la policía ministerial de esta región, con sus elementos y el director José Francisco Ávila Caso, “pues tenía que acudir a este desalojo ya que el propietario del predio, es un alto empresario en la República Mexicana”, el grupo de la policía metropolitana, el sub director de la corporación ministerial Martín Ramírez Romero, y otros altos mandos de las corporaciones estatales.
Todos ellos cumplieron la orden de aprehensión emanada del proceso 171/2009, en contra de los campesinos oriundos de Tlaxcalantongo, por el delito de invasión de tierras, quienes hasta el cierre de esta edición se encontraban declarando ante el representante social, dependiente de la Procuraduría General de Justicia en el estado.

En 1980, particulares actuaron como hacendados coloniales en contra de Azumiatla: Ruiz

La Jornada de Oriente
050509
En 1980, particulares actuaron como hacendados coloniales en contra de Azumiatla: Ruiz

Vecinos de Azumiatla marcharon el viernes pasado de la Procuraduría a Casa Aguayo para exigir la liberacion de detenidos / Foto Rafael García Otero/Archivo La Jornada de OrienteJAVIER PUGA MARTÍNEZ/II DE II
La investigación que realizó la antropóloga e historiadora, Ethelia Ruiz Medrano, sobre la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla la llevó a encontrar que en a principios de la década de los años 80, los campesinos fueron acusados de lo mismo que sus ancestros hace 273 años atrás por los hacendados españoles coloniales: invasión de tierras para cortar leña y pastoreo, pretextos que al final se usaron en su contra para arrebatarles sus tierras.
De acuerdo con el expediente de dotación de bienes comunales número 276.1 correspondiente a esta comunidad del sur de la capital poblana, ubicado por Ruiz Medrano en el Archivo General Agrario, se señala que el 20 de julio de 1976 se presentó ante la Secretaría Agraria el ciudadano Miguel Vidal Cruz en representación de la comunidad de San Andrés Azumiatla, y que manifestó que terrenos comunales están siendo invadidos por personas extrañas al núcleo de población.
La Dirección General de Bienes Comunales ordenó una investigación en torno a esta denuncia; sin embargo, el resultado no aparece en el expediente. El expediente indica Azumiatla realizó su tramite ejidal desde tiempo atrás y para ello entregaron sus títulos primordiales que fueron autentificados en la Secretaría Agraria.
En el Archivo General Agrario, Ruiz Medrano localizó el expediente 23/3597, en el cual Azumiatla tiene los siguientes antecedentes: una resolución presidencial fechada el 22 de mayo de 1924 y publicada en el Diario Oficial de la Federación cuatro meses después, en la que hace constar que a la comunidad le fue arrebatada una superficie de 2 mil 300 hectáreas. Otra resolución presidencial del 10 de diciembre de 1935 les hizo peder otras mil 75 hectáreas.
En 1980, los pobladores solicitaron la restitución de ejidos al gobierno estatal, pero existe la sospecha de que una paleógrafa habría cometido un acto de corrupción en contra de los campesinos, por lo que la petición les fue negada. De ese acto queda una constancia en una carta dirigida al entonces gobernador de Puebla, Alfredo Toxqui Fernández de Lara.
El texto fue escrito por Juan Escalona Cordero, Lorenzo Alameda Rojas y Manuel Nava Pineda, quienes estaban asesorados por la Federación Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos: “Según lo acreditamos oportunamente el núcleo de población que representamos, poseía originalmente 23 mil hectáreas de terreno la mayor parte aptos para el cultivo, incluyendo también una parte de bosque, tierras de cerril.
“Pero lamentablemente se han afectado por resoluciones presidenciales varias hectáreas por los ejidos denomindados Santa María Malacatepec, Rosario de la Huerta, San Francisco Xalapexco, San Bartolomé Chimalhuacán y San José del Rincón, que por tratarse de compañeros campesinos no reclamamos en el momento procesal oportuno.
“Lamentablemente, los individuos particulares Héctor Flores Díaz, que se dice propietario de la hacienda San Diego Atoyatenco; Fidel Tepetl Pineda, que se dice representante de la finca de San josé Zetina; José Gallardo, representante según dice de la finca San José Acatipan; Aurelio García Carpintero y Juan Campos Sevilla, ambos se dicen representantes de la hacienda La Huerta. El propietarios y propietarios de la hacienda Tlaxcolpan, ignoramos el nombre; la hacienda de Buenavista, que ignoramos el nombre del propietario, con una superficie de 52 hectáreas, la hacienda de San Diego Atoyanteco, San José Zetina, con una superficie de 564 hectáreas; San José Acatipan 884 hectáreas; la Huerta con una superficie de 448 hectáreas; Tlaxcolpan con una superficie de 550 hectáreas y por último Buenavista con una superficie de 65 hectáreas, que hacen un total de 2 mil 563 hectáreas y las que hemos sido ilegalmente despojados en virtud de haber sido ocupados por las personas mencionadas, presumiblemente por alguna venta de la Federación o del estado, o en bien de particulares, superficies que en la actualidad están ocupadas sin derecho alguno los individuos antes mencionados”.
Esos campesinos fundamentaron su petición en los artículos 191 y 12 de la Ley de la Reforma Agraria. Esta carta fue publicada en el Diario Oficial del estado para iniciar la causa de restitución de tierras.
Sin embargo, para el 6 de noviembre de 1980, los señores Aurelio García Carpinteyro, Juan Campos Sevilla y Evaristo García Campos respondieron que estaban siendo perjudicados en sus predios por la solicitud de restitución de San Andrés Azumiatla. Afirmaron que las tierras reclamadas no sirven para cultivo porque son terrenos cerriles compuestos de “pura roca”.
Aseguraron que ellos eran los dueños de las tierras y mostraron unas escrituras. Aurelio García Carpinteyro mostró un título legal del 29 de mayo de 1965 ante el notario público número 15 de Puebla, Arturo Escamilla, y señaló que fue una compra que hizo a un particular llamado Daniel Lezama.
Un acta notarial similar fue la que presentó Evaristo García, fechada el 29 de mayo de 1965 ante el notario público número 15 de Puebla, Arturo Escamilla, y señala que fue una compra que hizo a Daniel Lezama. De igual forma, Juan Campos Sevilla y Atanasio Campos Camargo presentaron acta notarial fechada también el 29 de mayo de 1965, aunque no se especificó al notario y la compra fue hecha al mismo Daniel Lezama.
“Curiosamente estos señores acusaron a los campesinos de Azumiatla de lo mismo que los acusaron los hacendados 273 años antes: ‘En forma arbitraria, con anterioridad a su promoción de restitución ejidal intentaron (los campesinos) despojarnos de propia autoridad, han derribado los pocos árboles que existen en el cerro, han destruido los cercados de alambre de púas, han internado en nuestras propiedades su ganado, han hecho de los árboles que derribaron carbón, a un hijo del señor Juan Campos Sevilla se lo llevaron detenido a la cárcel de su pueblo y a otro hijo se lo asesinaron’...”, aseveró la investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Ruiz Medrano.
En ese sentido, la especialista señaló que debido a los usos y costumbres de los pueblos indios de México, en Azumiatla los pobladores usaban el monte para obtener leña y consideraban a estas tierras como suyas aun cuando estuvieran en manos de particulares.
La antropóloga encontró en el expediente que en el dictamen paleográfico elaborado el 27 de abril de 1981 por la jefa de la oficina de paleografía de la Secretaría Agraria, Guadalupe Leyva Ruiz, esta funcionaria señaló que: “De las diligencias practicadas aparecen debidamente comprobados los derechos de propiedad de las tierras litigosas a favor de Ignacio Núñez y causantes –uno de los hacendados del siglo XVIII contra quien el pueblo de Azumiatla peleó ante tribunales como se dio cuenta en la primera parte de este reportaje, a pesar de que no está claro que el hacendado haya comprobado la propiedad.
Ruiz Medrano precisó que el documento que la paleógrafa citó para su dictamen es de 1783, y que a fines del siglo XVIII los pueblos indios padecían una situación difícil política, económica y social, problemas que hacían particularmente compleja su relación con el poder colonial. En esta época, agregó, se dio un claro empuje al desarrollo de la agricultura mercantil en manos de los españoles y criollos que junto con el aumento demográfico indígena, generaron a una fuerte presión sobre las tierras de los pueblos.
Asimismo, subrayó que las reformas borbónicas impulsadas a partir de 1765 obligaban, entre otras cosas, a un saneamiento de las finanzas de los pueblos indios. Esto se pretendía lograr arrendando sus tierras “sobrantes” o no ocupadas, al final esta política sólo benefició a los hacendados, mineros y comerciantes y no a las comunidades indígenas. En ese contexto se desprendió que existiera una orden de proteger al hacendado pero en el documento no hay pruebas de que se le diera la razón ni que mostrara mejores pruebas que los indios de Azumiatla. “Sin embargo la paleógrafa oficial de la Reforma Agraria, cuyo dictamen es fundamental para la restitución de Azumiatla actúa como funcionario de fines del siglo XVIII y en pleno siglo XX dio la razón al hacendado en contra de Azumiatla”, finalizó Ethelia Ruiz Medrano.