Excélsior
Pedro Díaz G.
Josefina Reyes Salazar tenía un pendiente con la justicia: reclamaba la presencia de su hijo desaparecido en un “levantón” del ejército.
Ya había sido amenazada desde 2008.
El domingo 3 de enero, murió abatida. Fue asesinada por varios hombres a las 13:30 horas a las puertas de un negocio de venta de barbacoa en el cruce de las calles Carretera Juárez Porvenir y Ramón Aranda, de la colonia Sauzal, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Terminó boca arriba en el estacionamiento de "Barbacoa Marios", presentando como huellas de violencia apreciable, heridas producidas por arma de fuego en pleno rostro.
Versiones periodísticas revelan que lo último que escuchó fue:
“¿Te crees muy chingona porque estás con las organizaciones?”
Y un balazo a la cabeza terminó con su vida.
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Lo que sucede en Ciudad Juárez no es para quedarse callado.
Por ello, diversos organismos nacionales e internacionales se han pronunciado en contra de este asesinato.
El Centro de Derechos Humanos de la Mujeres (Cedehm) condenó la muerte de Josefina Reyes Salazar, quien luchaba contra la represión y la violación de los derechos humanos gestada a partir de la militarización del norte del país.
El diputado local Víctor Quintana Silveyra emitió un pronunciamiento durante la sesión permanente del Congreso para pedir al estado la protección especial de las personas que han encabezado protestas en contra del ejército.
Y más: Amnistía Internacional advierte sobre el peligro que corren los activistas que, como ella, sólo claman justicia y mueren en la búsqueda de un mejor país.
Josefina Reyes había participado desde el año pasado en la defensa de los derechos humanos y en contra de la militarización. Curioso: en un año han sido
ejecutados a tiros cuatro familiares de activistas sociales.
Josefina Reyes obtuvo notoriedad desde el 2008, cuando inició una huelga de hambre frente a las oficinas de la Procuraduría General de la República, por la desaparición de su hijo, detenido por militares en el Valle de Juárez.
Su hijo, Miguel Ángel Reyes, trabajaba como mecánico del presunto narcotraficante Rikin Escajeda, detenido el año pasado por el ejército en la ciudad de Nuevo Casas Grandes. Otro de los hijos de Josefina murió asesinado en el Valle de Juárez.
Desde la desaparición forzada de Miguel Ángel al inicio del Operativo Conjunto Chihuahua, Josefina comenzó a exigir públicamente su regreso ante las autoridades y a denunciar los abusos militares en el Estado.
Entre las actividades públicas de denuncia que realizó Josefina Reyes, se destaca, además de esta huelga de hambre, su participación en el Foro contra la Militarización y Represión que organizó el Frente Nacional Contra la Represión.
Dichas denuncias las realizó a partir de que otro de sus hijos, Julio Cesar, fue asesinado en el valle de Juárez tras la llegada de las fuerzas federales a la frontera para “combatir la violencia”.
Como consecuencia de los actos públicos que Josefina realizó durante 2008 y 2009, su domicilio fue allanado en tres ocasiones por miembros del ejército.
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El Cedehm expresó su preocupación porque las autoridades, locales y federales, “no hayan realizado acciones efectivas para proteger a las y los defensores de derechos humanos y de quienes han levantado la voz para denunciar abusos militares”
En entrevista con Cimacnoticias, Luz Estela Castro Rodríguez, Coordinadora del Cedehm, denunció que este asesinato es lamentable no sólo por lo que implica en cuestión de la seguridad pública del país, sino porque se da en un contexto de intimidaciones, hostigamiento y amenazas contra defensoras y defensores de derechos humanos que no están de acuerdo con la militarización del país.
La asociación urgió a las autoridades para que este crimen no quede impune tal como sucede con los 220 asesinatos de mujeres ocurridos en Chihuahua durante 2009, por lo que exige que las autoridades realicen una investigación
“imparcial y exhaustiva” para sancionar a los responsables.
Subrayó que las autoridades locales y federales son las responsables de la integridad física de las y los defensores de derechos humanos que, como la Cedehm, denuncian abusos militares.
Por lo anterior, el Cedehm exhorta a las autoridades a que “Ante este clima de violencia e impunidad” den cumplimiento a las medidas cautelares que sugirió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en junio de 2008, a favor de las y los defensores de derechos humanos.
También solicitan que el gobierno informe, periódicamente, los resultados de las investigaciones que se realicen para esclarecer el asesinato de Josefina Reyes y el cumplimiento de las recomendaciones del Informe sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, elaborado en 2009 por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organizaciones de las naciones Unidas para México.
“La investigación y sanción de quienes acosan y asesinan a las y los defensores de derechos humanos y a quienes han denunciado los abusos militares, es una obligación y es también una de las formas más efectivas de protección para quienes son hostigados”, concluye el documento del Cedehm.
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Un testigo declaró que cuando los hombres intentaron secuestrar a Josefina Reyes, ésta se defendió y uno de ellos le gritó: “¿Te crees muy chingona porque estás con las organizaciones?” y después le disparó en la cabeza.
Amnistía Internacional también levantó la voz. Considera que otros defensores de derechos humanos en Ciudad Juárez que han participado al lado de Josefina en las protestas y que pertenecen a la Coordinación de Organizaciones de la Sociedad Civil de Ciudad Juárez se encuentran también en riesgo de ser atacados.
“Desde 2007, puntualiza Amnistía Internacional en su boletín de hoy, México ha experimentado una espiral de violencia que continúa en aumento: los medios de comunicación han reportado más de 14 mil asesinatos relacionados con los cárteles de la droga. La mayoría han ocurrido en Ciudad Juárez, Chihuahua.
“La administración del Presidente Calderón ha intentado combatir los cárteles mediante el despliegue de miles de policías federales y más de 50 mil efectivos militares en las zonas más afectadas, particularmente en Ciudad Juárez.
“Sin embargo, esto no se ha reflejado en una reducción de la violencia. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), las demandas de abusos cometidos por militares, como homicidios extrajudiciales, tortura, detenciones arbitrarias y cateos ilegales han aumentado seis veces entre el 2006 y el 2008. “Estos casos son habitualmente investigados y juzgados por el sistema de justicia militar, el cual no garantiza una investigación imparcial e independiente, dando lugar a la impunidad de la gran mayoría de los autores. Como resultado, les es negado a las víctimas y sus familiares un recurso efectivo a la justicia, y los funcionarios militares son concientes de lo poco probable de que sean llamados a rendir cuentas”, finaliza el comunicado.
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Josefina Reyes Salazar reportó en 2008 que militares catearon dos veces su casa y que toda la propaganda que ella tenía de Andrés Manuel López fue regada en el piso. Rompieron puertas, se metieron, esculcaron la casa y se robaron un modular y una cámara digital, agregó.
“Desde hace algunos meses los soldados empezaron a catear diferentes viviendas, para lo cual llegan rompiendo puertas, robando cuanto pueden y se llevan gente secuestrada, inclusive a mujeres”, indicó.
Expresó que tienen documentados los casos de 16 personas a quienes los militares se llevan en diferentes días y luego la policía federal reporta que los encontraron en una misma fecha y los presenta con armas y droga.
Odiaba el silencio.
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Josefina Reyes erra miembro activo del comité municipal del Partido de la Revolución Democrática en Guadalupe D.B., donde fue regidora del mismo partido.
Tenía más de 10 años trabajando como activista social y política, en el Valle de Juárez, donde de acuerdo a personas allegadas ya había recibido amenazas de muerte, al igual que otros pobladores del lugar, a través de volantes, por lo que se trasladó a vivir a ciudad Juárez.
“Estamos consternados y exigimos que se aclare este homicidio, y los de otros activistas que se han cometido en esta ciudad. Nos duele profundamente el asesinato impune de Josefina y vamos a exigir que se realicen las investigaciones pertinentes y que las autoridades ya se pongan a trabajar, necesitamos recuperar la ciudad”, señaló a un diario local Cipriana Jurado, activista del Centro de Investigación y Solidaridad (Ciso).
“No es posible que las autoridades sigan sin hacer las cosas bien respecto a lo que pasa en esta ciudad, no creo que la comunidad aguante mas y sea igual de violento, no se realmente que está pensando sobre todo el gobierno federal en relación al trabajo que se debe hacer en esta ciudad”, reclamó la activista.
“La Subprocuraduría esta saturada de todos estos expedientes y la federación no asume responsabilidad al respecto, creen que por patrullar es suficiente pero dónde están las famosas inteligencias… porque seguimos sufriendo la perdida de familias y está la problemática de niños y niñas que quedan huérfanos” reprochó Jurado a las autoridades.
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Josefina Reyes Salazar ya había sido amenazada de muerte en varias ocasiones por desconocidos. Presentó denuncia de hechos ante la delegación estatal de la Procuraduría General de la República y en la Subprocuraduría de Justicia del Estado, zona norte, pero en ninguna de las dos instancias investigaron el caso.
Con Josefina Reyes, son siete los activistas y personas vinculadas a la defensa de los derechos constitucionales que matan en el estado de Chihuahua en los últimos dos años, con pretexto de la guerra entre bandas de narcotraficantes.
Sus hermanos, cinco, dieron a conocer que toda la familia tuvo que abandonar su lugar natal donde tienen casas y trabajo, por las amenazas en su contra de presuntos integrantes del crimen organizado, actividad a la que ellos niegan pertenecer.
Los parientes de la activista recordaron que a principios de la semana pasada acudieron su hermana y Cipriana Jurado ante un Fiscal Militar en la Guarnición Militar de la Plaza en esta frontera, en donde trataron el caso de los expedientes por la muerte de Saúl Becerra y la desaparición forzada de los hermanos Carlos y José Luis Guzmán Zúñiga.
Los casos fueron documentados por Amnistía Internacional, en los que se
implica al Ejército en nuevos informes de violaciones de derechos humanos. Las mujeres fueron presionadas y acosadas para que abandonaran la defensa.
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Las reacciones no se hicieron esperar. Diversas organizaciones no gubernamentales, sobre todo al norte del país, han anunciado una serie de movilizaciones, marchas, protestas. Condena unánime por la muerte de una luchadora social más. Por lo pronto, estarán por la tarde protestando ante las oficinas de la PGR en Ciudad Juárez e iniciarán una marcha desede el panteón de Guadalupe D. B. (Distrito Bravos), donde Josefina Reyes fue inhumada, hasta el lugar donde los asesinos acabaron con su vida. Y de ahí, hasta el centro de la ciudad.
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Josefina Reyes Salazar sólo pedía justicia.
Denunciaba que el año pasado, el 21 de agosto a las 5 tarde, fue detenido por miembros del Ejército mexicano su hijo Miguel Ángel, de 26 años, además de otros jóvenes que también fueron detenidos mientras se encontraban lavando un automóvil.
Después de varios días, tres de ellos en huelga de hambre, el Ejército dejó libre a su hijo, pero en noviembre del 2009 lo arrestó presuntamente por ser narcotraficante y guardaespaldas de un traficante de drogas a los Estados Unidos.
Reclamó hasta el cansancio. Nadie la escuchó.
Y ella sólo tenía un pendiente con la justicia.
Qué ironía: la justicia tiene ahora un asunto pendiente con Josefina Reyes.
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(Con información de Carlos Coria, corresponsal)
