La Jornada de Oriente
MÓNICA CAMACHO
En los cinco años de la administración del gobernador Mario Marín Torres se dispararon en Puebla los reportes de desaparición de mujeres en mil 640 por ciento. El balance total es escalofriante, pues de 2005 a la fecha se han denunciado 3 mil 323 casos, frente al silencio sospechoso de las autoridades locales y una sociedad desconcertada que apenas se está percatando de esta situación.
La Procuraduría General de Justicia (PGJ) y la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del estado han vetado el asunto con los medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales e inclusive diputados locales, quienes comienzan a formularse algunas hipótesis para explicar el incremento sin precedente en las cifras, que en algunos periodos ha superado las estadísticas de Chihuahua.
La mayoría de las conjeturas coincide en la trata de personas con fines de comercio sexual. Las sospechas se soportan en un reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social AC (CEIDAS) que ubica a Puebla como punto de cruce de dos rutas que utilizan las bandas dedicadas al tráfico de personas para la prostitución.
Irma Ramos Galindo, coordinadora de la bancada local del PRD, es una de las legisladoras que concuerda con la teoría de que las desapariciones de mujeres son consecuencia de la instalación de una red de trata de blancas, la cual no podría operar en la entidad sin la protección de las autoridades estatales y municipales.
Este año, argumenta, ha solicitado a la PGJ del estado, a cargo de Rodolfo Igor Archundia Sierra, instituir un programa especial para investigar las desapariciones, ya que la mayoría de las denuncias son analizadas como hechos aislados y han sido archivadas por la falta de evidencias o interés; sin embargo, la respuesta de los funcionarios ha sido nula.
En entrevista con La Jornada de Oriente, Ramos Galindo refiere que intentó abordar el tema nuevamente en la reunión del Consejo Estatal de Seguridad Pública que se efectuó el 24 de noviembre pasado.
“En el acto le mandé dos fichas al subprocurador de Averiguaciones Previas y Control de Procesos de la PGJ, Víctor Pérez Dorantes, para solicitarle subir el tema a discusión en la mesa de trabajo. A la tercera tarjeta me pidió de manera escrita acercarme a la dependencia para tratarlo de forma personal. Hasta ahora no me ha dado respuesta”, critica.
La misma cerrazón encontró este rotativo en el área de Prensa y Difusión de la procuraduría, titulada por Juan Carlos López Rojas, quien se negó a agendar una entrevista con Pérez Dorantes sin dar una explicación de los motivos.
Cifras siniestras
La CNDH y CEIDAS publicaron este año un informe denominado Diagnóstico de las Condiciones de Vulnerabilidad que Propician la Trata de Personas en México, el cual reveló que Puebla es atravesada por dos derroteros de las bandas que se dedican en el país a la trata de blancas con fines sexuales.
Las dos rutas tienen como destino la frontera con Estados Unidos. La primera cruza por Hidalgo y culmina en Chihuahua y Tamaulipas, mientras la segunda recorre el Distrito Federal, Michoacán, Guadalajara y Sinaloa, para terminar en Sonora y Baja California Norte.
De acuerdo con el reporte, un grupo de víctimas es ingresado a la Unión Americana para trasportarlo a las Bahamas y España, el resto se distribuye en los diferentes estados de la República.
Por otra parte, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) de la Procuraduría General de la República (PGR) ubica a Puebla entre las 16 entidades del país en las que se inician el mayor número de averiguaciones previas por el delito de trata de personas. En el grupo se encuentran Coahuila, Chihuahua, Jalisco, Guanajuato, Nayarit, Hidalgo, Distrito Federal, estado de México, Morelos, Tlaxcala, Veracruz, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Yucatán.
Para Irma Ramos y la Red de los Derechos Sexuales y Reproductivos en Puebla, la operación de los traficantes de sexo en el estado provocó que de 2005 a la fecha se incrementara el reporte de mujeres desaparecidas, cuyas edades oscilan entre los 14 y los 29 años.
De acuerdo con cifras oficiales de la PGJ, en 2005 se denunció la “pérdida” de 61 mujeres. Un año más tarde la cifra escaló hasta 137, casi el doble del año antes referido.
2007 se convirtió en el año negro de los reportes de desapariciones, pues se alcanzó la cifra de mil 402 mujeres, lo que representó un incremento de 2 mil 228 por ciento respecto a 2005.
Aunque en 2008 no se rebasó el tope del año anterior se registraron mil 154 casos. Incluso en el primer trimestre del año Puebla superó las estadísticas de Chihuahua, ya que en ese periodo se registraron 256, mientras en el estado norteño fueron notificadas 40 desapariciones.
El año que está a punto de culminar no se quedará atrás. Tan sólo en el primer semestre de 2009 la PGJ conoció de la desaparición de 569 mujeres, por lo que se estima que nuevamente la entidad volverá a superar las mil denuncias al finalizar diciembre.
El periodo de cinco años en el que se elevó el número de mujeres desaparecidas en Puebla coincide con el mandato del gobernador del estado Mario Marín Torres, quien en 2006 fue acusado de encarcelar a la periodista Lydia Cacho por órdenes de Kamel Nacif Borge, empresario que es implicado en redes de pederastia y tráfico de personas con fines de comercio sexual.
El caso fue analizado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual concluyó el 29 de noviembre de 2007 que no hubo violaciones graves a los derechos de la periodista durante su detención en Puebla.
Las primeras protestas
El incremento de las desapariciones de mujeres en Puebla se hizo público el 23 de noviembre pasado a través de una reportaje que publicó Comunicación e Información de la Mujer, AC (CIMAC) en su página de internet.
La primera protesta sobre el tema fue encabezada por la Red de los Derechos Sexuales y Reproductivos en Puebla y tuvo como escenario el informe anual de labores de la presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Marcia Maritza Bullen Navarro, que se realizó el 4 de diciembre anterior.
“3 mil 323 mujeres desaparecidas ¿no merecen tu atención?”, se podía leer en algunas de las pancartas que mantuvieron en lo alto una veintena de activistas frente al recinto en el que se realizó el acto protocolario.
Vianeth Rojas Arenas, miembro de la red, responsabilizó a la PGJ y a la CDH de la operación de las redes de tráfico sexual en Puebla, ya que a su parecer lejos de actuar para contrarrestar está problemática están entorpeciendo las investigaciones y ocultando información.
“El tráfico de mujeres en Puebla es fuertísimo, lo han denunciado personas como Lydia Cacho, la Red de Trabajo Sexual, el Colectivo Brigada Callejera. Es lamentable que los encargados de la procuración de justicia y de hacer respetar los derechos humanos en Puebla sean cómplices de los criminales”, lamentó
