La Jornada de Oriente
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En 1980, particulares actuaron como hacendados coloniales en contra de Azumiatla: Ruiz
Vecinos de Azumiatla marcharon el viernes pasado de la Procuraduría a Casa Aguayo para exigir la liberacion de detenidos / Foto Rafael García Otero/Archivo La Jornada de OrienteJAVIER PUGA MARTÍNEZ/II DE II
La investigación que realizó la antropóloga e historiadora, Ethelia Ruiz Medrano, sobre la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla la llevó a encontrar que en a principios de la década de los años 80, los campesinos fueron acusados de lo mismo que sus ancestros hace 273 años atrás por los hacendados españoles coloniales: invasión de tierras para cortar leña y pastoreo, pretextos que al final se usaron en su contra para arrebatarles sus tierras.
De acuerdo con el expediente de dotación de bienes comunales número 276.1 correspondiente a esta comunidad del sur de la capital poblana, ubicado por Ruiz Medrano en el Archivo General Agrario, se señala que el 20 de julio de 1976 se presentó ante la Secretaría Agraria el ciudadano Miguel Vidal Cruz en representación de la comunidad de San Andrés Azumiatla, y que manifestó que terrenos comunales están siendo invadidos por personas extrañas al núcleo de población.
La Dirección General de Bienes Comunales ordenó una investigación en torno a esta denuncia; sin embargo, el resultado no aparece en el expediente. El expediente indica Azumiatla realizó su tramite ejidal desde tiempo atrás y para ello entregaron sus títulos primordiales que fueron autentificados en la Secretaría Agraria.
En el Archivo General Agrario, Ruiz Medrano localizó el expediente 23/3597, en el cual Azumiatla tiene los siguientes antecedentes: una resolución presidencial fechada el 22 de mayo de 1924 y publicada en el Diario Oficial de la Federación cuatro meses después, en la que hace constar que a la comunidad le fue arrebatada una superficie de 2 mil 300 hectáreas. Otra resolución presidencial del 10 de diciembre de 1935 les hizo peder otras mil 75 hectáreas.
En 1980, los pobladores solicitaron la restitución de ejidos al gobierno estatal, pero existe la sospecha de que una paleógrafa habría cometido un acto de corrupción en contra de los campesinos, por lo que la petición les fue negada. De ese acto queda una constancia en una carta dirigida al entonces gobernador de Puebla, Alfredo Toxqui Fernández de Lara.
El texto fue escrito por Juan Escalona Cordero, Lorenzo Alameda Rojas y Manuel Nava Pineda, quienes estaban asesorados por la Federación Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos: “Según lo acreditamos oportunamente el núcleo de población que representamos, poseía originalmente 23 mil hectáreas de terreno la mayor parte aptos para el cultivo, incluyendo también una parte de bosque, tierras de cerril.
“Pero lamentablemente se han afectado por resoluciones presidenciales varias hectáreas por los ejidos denomindados Santa María Malacatepec, Rosario de la Huerta, San Francisco Xalapexco, San Bartolomé Chimalhuacán y San José del Rincón, que por tratarse de compañeros campesinos no reclamamos en el momento procesal oportuno.
“Lamentablemente, los individuos particulares Héctor Flores Díaz, que se dice propietario de la hacienda San Diego Atoyatenco; Fidel Tepetl Pineda, que se dice representante de la finca de San josé Zetina; José Gallardo, representante según dice de la finca San José Acatipan; Aurelio García Carpintero y Juan Campos Sevilla, ambos se dicen representantes de la hacienda La Huerta. El propietarios y propietarios de la hacienda Tlaxcolpan, ignoramos el nombre; la hacienda de Buenavista, que ignoramos el nombre del propietario, con una superficie de 52 hectáreas, la hacienda de San Diego Atoyanteco, San José Zetina, con una superficie de 564 hectáreas; San José Acatipan 884 hectáreas; la Huerta con una superficie de 448 hectáreas; Tlaxcolpan con una superficie de 550 hectáreas y por último Buenavista con una superficie de 65 hectáreas, que hacen un total de 2 mil 563 hectáreas y las que hemos sido ilegalmente despojados en virtud de haber sido ocupados por las personas mencionadas, presumiblemente por alguna venta de la Federación o del estado, o en bien de particulares, superficies que en la actualidad están ocupadas sin derecho alguno los individuos antes mencionados”.
Esos campesinos fundamentaron su petición en los artículos 191 y 12 de la Ley de la Reforma Agraria. Esta carta fue publicada en el Diario Oficial del estado para iniciar la causa de restitución de tierras.
Sin embargo, para el 6 de noviembre de 1980, los señores Aurelio García Carpinteyro, Juan Campos Sevilla y Evaristo García Campos respondieron que estaban siendo perjudicados en sus predios por la solicitud de restitución de San Andrés Azumiatla. Afirmaron que las tierras reclamadas no sirven para cultivo porque son terrenos cerriles compuestos de “pura roca”.
Aseguraron que ellos eran los dueños de las tierras y mostraron unas escrituras. Aurelio García Carpinteyro mostró un título legal del 29 de mayo de 1965 ante el notario público número 15 de Puebla, Arturo Escamilla, y señaló que fue una compra que hizo a un particular llamado Daniel Lezama.
Un acta notarial similar fue la que presentó Evaristo García, fechada el 29 de mayo de 1965 ante el notario público número 15 de Puebla, Arturo Escamilla, y señala que fue una compra que hizo a Daniel Lezama. De igual forma, Juan Campos Sevilla y Atanasio Campos Camargo presentaron acta notarial fechada también el 29 de mayo de 1965, aunque no se especificó al notario y la compra fue hecha al mismo Daniel Lezama.
“Curiosamente estos señores acusaron a los campesinos de Azumiatla de lo mismo que los acusaron los hacendados 273 años antes: ‘En forma arbitraria, con anterioridad a su promoción de restitución ejidal intentaron (los campesinos) despojarnos de propia autoridad, han derribado los pocos árboles que existen en el cerro, han destruido los cercados de alambre de púas, han internado en nuestras propiedades su ganado, han hecho de los árboles que derribaron carbón, a un hijo del señor Juan Campos Sevilla se lo llevaron detenido a la cárcel de su pueblo y a otro hijo se lo asesinaron’...”, aseveró la investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Ruiz Medrano.
En ese sentido, la especialista señaló que debido a los usos y costumbres de los pueblos indios de México, en Azumiatla los pobladores usaban el monte para obtener leña y consideraban a estas tierras como suyas aun cuando estuvieran en manos de particulares.
La antropóloga encontró en el expediente que en el dictamen paleográfico elaborado el 27 de abril de 1981 por la jefa de la oficina de paleografía de la Secretaría Agraria, Guadalupe Leyva Ruiz, esta funcionaria señaló que: “De las diligencias practicadas aparecen debidamente comprobados los derechos de propiedad de las tierras litigosas a favor de Ignacio Núñez y causantes –uno de los hacendados del siglo XVIII contra quien el pueblo de Azumiatla peleó ante tribunales como se dio cuenta en la primera parte de este reportaje, a pesar de que no está claro que el hacendado haya comprobado la propiedad.
Ruiz Medrano precisó que el documento que la paleógrafa citó para su dictamen es de 1783, y que a fines del siglo XVIII los pueblos indios padecían una situación difícil política, económica y social, problemas que hacían particularmente compleja su relación con el poder colonial. En esta época, agregó, se dio un claro empuje al desarrollo de la agricultura mercantil en manos de los españoles y criollos que junto con el aumento demográfico indígena, generaron a una fuerte presión sobre las tierras de los pueblos.
Asimismo, subrayó que las reformas borbónicas impulsadas a partir de 1765 obligaban, entre otras cosas, a un saneamiento de las finanzas de los pueblos indios. Esto se pretendía lograr arrendando sus tierras “sobrantes” o no ocupadas, al final esta política sólo benefició a los hacendados, mineros y comerciantes y no a las comunidades indígenas. En ese contexto se desprendió que existiera una orden de proteger al hacendado pero en el documento no hay pruebas de que se le diera la razón ni que mostrara mejores pruebas que los indios de Azumiatla. “Sin embargo la paleógrafa oficial de la Reforma Agraria, cuyo dictamen es fundamental para la restitución de Azumiatla actúa como funcionario de fines del siglo XVIII y en pleno siglo XX dio la razón al hacendado en contra de Azumiatla”, finalizó Ethelia Ruiz Medrano.
