La Historia de esos días

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Toma de posesión Miguel Barbosa Medios de Comunicac Luis Ortega

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5 de abril de 2012


Se pierden 279 mil litros por segundo

Dejan sin agua a 90 mil en 19 colonias

Aún no hay acuerdo entre SGG y habitantes que exigen cancelar extracción en 2 puntos.
2012-04-05•Ciudad y Región
Pobladores de la junta auxiliar Santa María Acuexcomac, en San Pedro Cholula, tomaron cuatro pozos de extracción y un tanque de almacenamiento, que opera dentro de esta demarcación y da abasto de agua potable al sur-poniente de la capital.
Los inconformes exigen que el gobierno del estado cancele el funcionamiento de al menos dos de los puntos de extracción, por considerar que han afectado severamente el medio ambiente y el abasto del recurso.
Sostuvieron que los beneficios de ceder el líquido vital a través de un convenio con la administración del entonces gobernador Manuel Bartlett Díaz, han sido mínimos e incompletos; por lo que dijeron no estar dispuestos a abandonar el asunto hasta que se solucionen sus demandas.
Los quejosos, que evitaron en todo momento dar sus nombres, afirmaron que nunca han enviado comisiones de negociación a la Secretaría General de Gobierno e incluso, subrayaron que el enojo es generalizado y por tanto no necesitan líderes ni representante.
Agregaron que a pesar de ser “de los últimos” en el municipio de San Pedro, Acuexcomac debe tomarse como una junta auxiliar importante y que dicen que le han exigido al presidente auxiliar que defienda tal relevancia.
Sostuvieron que la gente no pretende aceptar a la población capitalina —que es la beneficiara del agua—, sin embargo no dejarán los pozos hasta que los representantes del gobierno estatal acudan a escuchar y solucionar las peticiones de la gente, como cuando fueron a pedir el voto en campaña.
Los quejosos afirmaron que la protesta es causa de incumplimientos al convenio que se firmó en 1994 con el ahora candidato a Senador, Manuel Bartlett, aseguran que se comprometió a realizar obras en las juntas auxiliares a cambio de la explotación del manto freático.
Entre las acciones demandadas mencionaron la pavimentación de las calles Independencia, Matamoros, Porfirio Díaz y 5 de Mayo, la construcción de una cancha, la segunda etapa de un bachillerato, un tanque de almacenamiento de agua, alumbrado solar, transporte público, un salón social y ampliar el centro de salud.
No obstante, el organismo a cargo del gobierno estatal consideró que el conflicto en esta zona es político; “ya que dicho convenio fue debidamente cumplido y finiquitado” y aún así, se formaron mesas de diálogo que derivaron en acuerdos el pasado 16 de marzo, mismos que no fueron respetados por la población.
De acuerdo con el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap), la protesta emprendida este miércoles por los inconformes, implica la pérdida de 279 litros de agua por segundo; esta cantidad afectará a alrededor de 90 mil 650 habitantes, es decir, 4.8 por ciento de la población asentada en 19 colonias, fraccionamientos y unidades habitacionales.
Apunta que las zonas perjudicadas por la situación serán el Conjunto Habitacional Hacienda Santa Clara, el Ex Rancho Vaquerías, el Fraccionamiento La Vista, Rincón Los Cipreses, Tres Cerritos, Galaxia La Laguna y Hábitat para la Humanidad de México.
También se indica que habrá disminuciones de agua en las unidades habitacionales Agua Santa y San Bartolo, así como en las colonias Fuentes de San Bartolo, Lomas de Angelópolis, Mateos-Sección San José Maravillas, Mayorazgo, Popular Castillotla, Popular Coatepec, San José Los Pinos, San José Mayorazgo y Unidad Alta Vista.
Pese a que la autoridad asegura que se han tomado las acciones técnicas y administrativas para solucionar el problema lo más pronto posible, llamó a la gente para que haga un uso racional del agua.
Guillermo Castillo/Puebla

28 de marzo de 2011

Gastó la Comuna 323 mil pesos diarios en medios entre 2008 y 2010

Hemeroteca electrónica
Observatorio de medios
Por Pía Pineda Lara 
21 de marzo de 2011

Del 15 de febrero de 2008 al 14 de febrero de 2011, el Ayuntamiento de Puebla gastó diariamente 323 mil pesos en el pago de los servicios de impresión, difusión e información a medios de comunicación, lo que significó la erogación total de 354 millones de pesos durante su trienio.
El reporte de Gastos en Comunicación Social de la Comuna detalla que pese a que se redujo el presupuesto en 5 millones 797 mil pesos durante el primer y segundo año de gobierno, los recursos destinados al pago a los medios de comunicación aumentaron 6.26 por ciento en 2010, en 7 millones 171 mil pesos.
El informe da a conocer que la gestión encabezada por Blanca Alcalá Ruiz aprobó una partida de 118 millones 188 mil pesos en el 2008; 114 millones 529 mil pesos en el 2009, y finalmente 121 millones 701 mil pesos en el 2010, montos que cubrieron los servicios de comunicación y la producción de material publicitario como parabuses, trípticos, pendones y logística de eventos.
Aunque el documento asienta que en 2010 se destinó menos del 4 por ciento de los 3 mil 436 millones de pesos de presupuesto para el pago de publicidad, fue en dicho periodo cuando se incrementó en un 6.26 por ciento en comparación con el 2009.
No obstante, se debe recordar que los montos detallados de los convenios de publicidad que la exmunícipe firmó con cada una de las empresas de medios impresos, radiofónicos, televisivos y electrónicos mantienen un estatus de "reserva", por lo que se harán públicos después de siete años.



Al descubierto lista de convenios de Alcalá con medios de comunicación

Hemeroteca electrónica
Observatorio de medios
CIUDAD En dos años la Comuna gastó 180 mdp
e-consulta

Al descubierto lista de convenios de Alcalá con medios de comunicación

Por Eduardo González 
27 de marzo de 2011

Aún cuando el Ayuntamiento de Puebla reservó por 7 años los montos de los contratos de medios de comunicación durante la administración de la alcaldesa Blanca Alcalá Ruiz, e-consulta tuvo acceso al reporte correspondiente a los años 2008 y 2009, cuando fungió como coordinador de comunicación social Rafael Quiroz Corona.


El monto total de los convenios con televisoras, radiodifusoras, periódicos impresos y digitales, así como casas productoras, ascendió en 2008 a 87 millones 498 mil 270 pesos, y en 2009 se proyectó a 92 millones 225 mil 500 pesos, una cantidad 4.2 millones mayor, que implicó un aumento de 5.57 por ciento en ese rubro de gasto.

Es importante señalar que el 18 de agosto de 2008, la anterior administración municipal clasificó como reservados por 7 años todos los convenios y contratos con medios de comunicación, según se dio a conocer a través de una respuesta a una solicitud de información

La TV obtiene los contratos más altos

TV Azteca y Televisa lograron los contratos más elevados por parte del ayuntamiento, al obtener cada empresa 14.5 millones y 9.5 millones de pesos anuales en 2009, respectivamente.
El contrato de TV Azteca casi iguala a los 16.5 millones de pesos que obtuvieron en total 9 empresas radiodifusoras -16 millones 950 mil pesos-, triplica a los recursos que ingresaron a medios digitales -4 millones 780 mil pesos- y equivale al 54 por ciento del monto obtenido por periódicos impresos.
Entre 2008 y 2009, seis empresas televisoras lograron ingresos por 51 millones 237 mil pesos, nueve empresas de radiodifusión obtuvieron 33 millones 450 mil pesos, cuatro programas en radio y televisión recibieron 2 millones 3 mil pesos, 21 periódicos impresos tuvieron 50 millones 514 mil 975 pesos.
Nueve periódicos digitales recibieron 8 millones 937 mil 500 pesos, 10 revistas alcanzaron 4 millones 387 mil 125 pesos, los servicios de 3 empresas consultoras requirieron 10 millones 761 mil 745 pesos, en monitoreo de medios se gastaron 3 millones 250 mil pesos, en producción de video y audio 12 millones 787 500 pesos.
A "medios independientes" se destinó un millón de pesos en dos años, y a "otros" servicios se canalizaron 1 millón 394 mil 600 pesos.

La circulación no se reflejó en el contrato

En el reporte elaborado por el Ayuntamiento de Puebla no se especifica bajo qué condiciones o cuáles fueron los motivos para la diferencia de las cantidades que fueron pagadas a cada uno de los medios de comunicación.
En los periódicos impresos destaca el caso de El Sol de Puebla, porque aún cuando es el medio de mayor circulación en la entidad, el monto de su contrato de publicidad lo sitúa en la séptima posición.
Dentro de este tipo de publicaciones los contratos van de 34 mil 500 pesos anuales para Círculo Poblano en 2009, a 3 millones 800 mil pesos para Milenio Diario.
En empresas televisoras la diferencia va desde 345 mil pesos para Megacable hasta 14 millones 500 mil pesos para TV Azteca. En radiodifusoras las cantidades fluctuaron desde 800 mil pesos para ABC radio a 3 millones de pesos para Radio Oro.
Los contratos en periódicos digitales fueron de 115 mil pesos anuales para diario Sin Secretos hasta 1 millón 600 mil pesos para Status. En tanto que en las revistas los contratos fueron desde 92 mil pesos para Deportivísimo a 600 mil pesos para 360 grados.




6 de agosto de 2010

Definirá Alcalá con Paredes Rangel y Peña Nieto su futuro

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Observatorio de medios
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 La Jornada de Oriente
Se reunirá Alcalá Ruiz con Paredes Rangel y Peña Nieto; definiría su futuro político

JAVIER PUGA MARTÍNEZ
Este sábado podría definirse el futuro político de Blanca Alcalá Ruiz, una vez que deje la presidencia municipal de Puebla en febrero próximo, luego de las reuniones que sostendré con la presidente nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel, y con el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto.



De acuerdo con fuentes confiables del gobierno capitalino, la dirigencia del PRI estatal poblano sólo es una de las opciones que tiene la aún alcalde, aunque no es precisamente la mejor para ella; esta posibilidad la abrió la propia alcalde este miércoles; sin embargo, existen otras posibilidades, como una candidatura al Senado de la República, así como integrarse al gobierno de Peña Nieto y, quizás la más viable de todas, incorporarse al PRI nacional.



De lo que dialogue con la dirigente nacional y con el gobernador mexiquense se definirá cuál será el siguiente paso en su carrera política, aunque hasta ahora la edil ha mantenido un hermetismo sobre esto.



Alcalá Ruiz se encuentra en la ciudad de México, donde participará como ponente del XXX Congreso Internacional de la Federación de Mujeres Universitarias, el cual es parte de los festejos por el bicentenario de la Independencia.



En este acto la presidente municipal poblana expondrá el tema “La importancia de los liderazgos femeninos en la agenda pública”, así como formará parte de las discusiones en los diferentes temas del encuentro, como “Educación, Empoderamiento y Desarrollo”, “El avance de las mujeres a través de una educación permanente”, “El reto del empoderamiento de la mujer en el siglo XXI”, “Nuevos retos para el desarrollo sustentable” y “Hacia una sociedad justa”, los cuales se abordarán mediante sesiones, seminarios, ponencias y talleres que tratarán estos tópicos.



La Federación Internacional de Mujeres Universitarias es un órgano de consulta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) donde se estudia el papel de la mujer en el desarrollo económico y democrático en los países de América Latina, con el objetivo de generar una cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres.



Luego de su participación en este foro, la alcalde poblana aprovechará su estancia en la capital del país para sostener esos encuentros políticos.



Este miércoles la presidente municipal habló por primera vez sobre lo que hará una vez que deje el gobierno capitalino, y abrió sobre la posibilidad de aspirar a la dirigencia del PRI estatal una vez que concluya su mandato.



Expresó que coincide con su correligionaria la diputada Rocío García Olmedo y le dio la bienvenida a la posibilidad de que una mujer se haga cargo del destino de ese instituto en ele estado. “En ese como en otros espacios, las mujeres tenemos mucho qué decir”, comentó.



“El PRI necesita tener apertura a todos los espacios. Siempre será importante aportar y contribuir a que las cosas salgan, y es el momento de hacer lo que el Partido Revolucionario Institucional siempre ha hecho, como la inclusión. Yo seré siempre un activo que aporte”, recalcó.

5 de agosto de 2010

Rubén Gil habría vinculado a Darío López con el tráfico de coca en Estados Unidos

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Observatorio de medios
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La Jornada de Oriente
MARTÍN HERNÁNDEZ ALCÁNTARA
Fuentes cercanas a los abogados del empresario Morris Darío López Fernández, detenido en Estados Unidos por la DEA (Administración de Combate a las Drogas, pos sus siglas en inglés), afirman que su involucramiento en una investigación por introducción de cocaína a Estados Unidos habría iniciado con el testimonio de Rubén Gil Campos, ex alcalde de Izúcar de Matamoros, preso por el mismo delito.
Copias digitales de dicho caso 1:09–cr–00735–VM, documento 2 expediente 07/30/09, radicado en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York en el juicio que los Estados Unidos libran contra Morris Darío López Fernández, están circulando por la red y pueden ser encontrados en blogs como http://municipio–de–tlaltenango–puebla.blogspot.com/.
En el legajo se menciona que desde 2006 hasta marzo de 2008 López Fernández, en complicidad con otros, planeó la introducción de narcóticos a territorio estadounidense. También diseñó un plan para distribuir cinco kilogramos de mezclas y sustancias que contenían cocaína.



Precisa que el 15 de agosto de 2006 López Fernández transfirió aproximadamente 490 mil dólares a una persona que no es mencionada por su nombre y que es identificada con una clave para salvaguardar el secreto de dicha investigación.



Se menciona a otro par de involucrados, quienes poseían 12 y 11 kilogramos de cocaína, pero no se precisan sus nombres ni la relación con el empresario poblano señalado.



El PRI insiste en que el detenido no formó parte del comité de financiamiento de Javier López Zavala, mientras conocidos de López Fernández aseguran que la fortuna de éste proviene desde su abuelo, Guillermo López Brumenkron, quien tuvo ranchos y diversas propiedades inmobiliarias en el estado y siempre fue una persona cercana al tricolor.



“Tenían una casa enorme en donde ahora está una gasolinería en el Circuito Juan Pablo II, donde está la Plaza del Sol de San Manuel. Tenía un jardín enorme, como si fuera un bosque y hasta venados, eso hace como 30 años”, expresó un viejo conocido de la familia a este rotativo ayer.



El gobierno estatal de Puebla exigió el pasado martes que las autoridades de EU respeten las garantías del empresario poblano Darío López Fernández.



En una rueda de prensa, el secretario de Gobernación, Valentín Meneses Rojas, cuando se le preguntó sobre el caso de López Fernández, empresario cercano a la administración marinista, respondió: “exigimos, en nuestra calidad de gobierno, que le den las garantías, todas las facilidades, el debido respeto de sus derechos con justicia en el marco de la ley”.



Cuando se le inquirió al responsable de la política interior en la entidad qué información tenía sobre la situación del empresario poblano, contestó: “lo único que sabemos es que adquirió un terreno de Ruben Gil, por lo que quieren involucrar a un empresario que es respetable, de tradición familiar. Es necesario que litigue en los tribunales y se resuelva la situación”.



Y en abierta defensa de López Fernández, el funcionario aseveró: “no puede ser que por una compra de terreno que se hace de buena fe se le quiera vincular con Rubén Gil. Él simplemente lo checó en el registro de la propiedad y está libre de gravamen, el predio lo pagó, él (Dario) actuó de buena fe”; además, Meneses Rojas rechazó que el narcotráfico haya aportado dinero a la campaña de su antecesor, Javier López Zavala, el ex candidato de la alianza Puebla Avanza a la gubernatura.



De hecho, López Zavala se ha deslindado de López Fernández, con quien dijo haber tenido solamente contactos superficiales durante su campaña, asegurando que no participaba en el comité de financiamiento de sus actividades proselitistas.



El abogado de Darío López, David Raben, declaró hace unos días a medios estadounidenses que su cliente era inocente y que se le había detenido por una transacción de 490 mil pesos, dinero cuyo origen la defensa está preparada para comprobar.



El mismo litigante confirmó entonces su sospecha de que a López Fernández se le estaba vinculando con Rubén Gil. Se espera que en los próximos días la situación legal del empresario poblano sea resuelta.



El asunto fue ventilado en la edición del lunes de El Nuevo Herald, de Miami, en una nota redactada por el periodista Gerardo Reyes, la cual se transcribe a continuación:



“Dos casos de narcotráfico en Estados Unidos que involucran en forma separada a un ex alcalde mexicano y a un próspero empresario de ese país estarían relacionados entre sí”, según lo reconoció a El Nuevo Herald uno de los abogados.



“Aunque el gobierno no ha dado mucha información, sospechamos que hay una relación entre los dos casos’, dijo el abogado David Raben, que representa al empresario del estado mexicano de Puebla, Morris Darío López Fernández, quien fue detenido en Miami.



“El segundo caso es el de Rubén Gil Campos, ex alcalde de la ciudad poblana de Izúcar de Matamoros, quien fue arrestado en marzo de 2008 en el aeropuerto de Los Angeles por una acusación de tráfico drogas radicado en la Corte de Distrito Sur de Nueva York.



“Raben no explicó la posible relación entre ambos procesos, pero versiones de algunos medios de comunicación de Puebla indican que Gil habría recibido un pago de López.



“En el expediente de López se le acusa de haber enviado una transferencia de 490 mil pesos a un cómplice que no aparece identificado en la acusación.



“Estamos muy bien preparados para explicar el origen de ese dinero’’, afirmó Raben.



El arresto del empresario se produjo en Miami el pasado 16 de julio, a su llegada en un vuelo comercial desde México para tomar un crucero con su familia, explicó Raben.



Agentes de la Administración Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) arrestaron a López basándose en una acusación radicada el 30 de julio de 2009 en la misma corte en la que se tramita el caso de Gil.



“La acusación contra López permaneció en secreto hasta que se produjo el arresto.



Según Raben, su cliente había viajado anteriormente a Estados Unidos y no había tenido problemas; entre tanto, los abogados de Gil, en Nueva York, continúan en conversaciones con la fiscalía para un posible arreglo”.



El ex candidato priista a la gubernatura Javier López Zavala ha asegurado que Morris Darío López Fernández no perteneció a su comité de campaña.

Rechazan vecinos de La Hacienda la instalación de Wal Mart

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La Jornada de Oriente

JAVIER PUGA MARTÍNEZ
Vecinos de la colonia La Hacienda rechazaron la instalación de una tienda del consorcio Wal Mart en las inmediaciones de esta demarcación y de la unidad habitacional La Margarita, al considerar que sus problemas de inundaciones se incrementarán, pues la tienda será un nuevo “tapón” para el cauce del río Alseseca.
Durante un recorrido realizado este martes por la zona, algunos de ellos expresaron que los principales perjudicados con la construcción de la tienda serán los alumnos de la secundaria técnica “Aarón Merino Fernández” –ubicada en la calle San Lorenzo y la avenida de Las Torres, justo frente al predio donde se pretende edificar la tienda–, pues hace 30 años fue desviado el cauce del río para construir la escuela.



Rodrigo Medina, uno de los vecinos entrevistados, relató que cada año los profesores de esta institución se quejan del peligro que padecen durante la temporada de lluvias, pues si bien la escuela cuenta con una barda para protegerla, esta es cada vez más endeble.



Esa barda fue colocada durante el gobierno de Manuel Bartlett Díaz, luego de que la secundaria quedó bajo tres metros de agua durante una caída de agua, pero desde entonces los vecinos y directivos de la institución han solicitado el apoyo de las autoridades estatales y federales para realizar acciones en el Alseseca y en la escuela, pero hasta ahora nadie les ha respondido, relató.



“Pero sobre todo, para impedir que se sigan haciendo más construcciones en el río, porque nos vamos a inundar todos. En calles más abajo se puede ver a dónde llega el nivel del agua, y aun así la gente sigue construyendo, se siguen dando permisos. Muchos querrán un Wal Mart aquí cerca, pero no a costa de los que aquí vivimos. Eso no lo entienden las autoridades”, subrayó el hombre.



Una vista a los mapas aéreos de esa zona de la ciudad de Puebla, disponibles en internet, parece lo señalado por los vecinos, pues el cauce del Alseseca se quiebra abruptamente a la altura de la avenida San Claudio sólo para evitar a la escuela secundaria, y continuar su camino por debajo de la avenida Las Torres para pasar junto al predio de La Margarita que pretende ser convertido en tienda, y que en el pasado reciente fue área de inundación de ese río, mientras el consorcio Wal Mart continúa abriendo tiendas en diferentes partes tanto de la capital como dentro del estado, hasta ahora no ha fijado postura alguna sobre La Margarita, aunque el predio que pretende ocupar continúa protegido por tablas.



En tanto, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), responsable del río Alseseca, retiró el “apoyo” de 9 millones de pesos que tenía preparados para realizar obras hidráulicas en ese río para favorecer la instalación de la tienda.

3 de agosto de 2010

Confirman en EU detención de empresario poblano en presuntamente ligado a Gil

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La Jornada de Oriente
MARTÍN HERNÁNDEZ ALCÁNTARA
La detención del empresario poblano Morris Darío López Fernández en Miami por parte de agentes de la Administración Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) fue confirmada y vinculada al caso de Rubén Gil Cam-pos, el ex alcalde de Izúcar de Matamoros acusado de narcotráfico en aquel país.
El asunto fue ventilado en la edición de ayer de El Nuevo Herald de Miami, en una nota redactada por el periodista Gerardo Reyes, la cual se transcribe a continuación:
“Dos casos de narcotráfico en Estados Unidos que involucran en forma separada a un ex alcalde mexicano y a un próspero empresario de ese país estarían relacionados entre sí, según lo reconoció a El Nuevo Herald uno de los abogados.
“Aunque el gobierno no ha dado mucha información, sospechamos que hay una relación entre los dos casos’, dijo el abogado David Raben, que representa al empresario del estado mexicano de Puebla, Morris Darío López Fernández, quien fue detenido en Miami.



“El segundo caso es el de Rubén Gil Campos, ex alcalde de la ciudad poblana de Izúcar de Ma-tamoros, quien fue arrestado en marzo de 2008 en el aeropuerto de Los Angeles por una acusación de tráfico drogas radicado en la Corte de Distrito Sur de Nueva York.



“Raben no explicó la posible relación entre am-bos procesos, pero versiones de algunos medios de comunicación de Puebla indican que Gil ha-bría recibido un pago de López.



“En el expediente de López se le acusa de ha-ber enviado una transferencia de 490 mil pesos a un cómplice que no aparece identificado en la acusación.



“Estamos muy bien preparados para explicar el origen de ese dinero’’, afirmó Raben.



El arresto del empresario se produjo en Miami el pasado 16 de julio a su llegada en un vuelo co-mercial desde México para tomar un crucero con su familia, explicó Raben.



Agentes de la Administración Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) arrestaron a López ba-sándose en una acusación radicada el 30 de julio del 2009 en la misma corte en la que se tramita el caso de Gil.



“La acusación contra López permaneció en secreto hasta que se produjo el arresto.



Según Raben, su cliente había viajado anteriormente a Estados Unidos y no había tenido pro-blemas; entre tanto, los abogados de Gil, en Nue-va York, continúan en conversaciones con la fiscalía para un posible arreglo”.



El ex candidato priista a la gubernatura Javier López Zavala ha asegurado que Morris Darío López Fernández no perteneció a su comité de campaña.

14 de julio de 2010

Heredan caciques las alcaldías a sus familiares y grupos políticos

e-consulta

Por Álvaro Ramírez Velasco

martes, 13 de julio de 2010
Además de alternancia en la gubernatura, los comicios del 4 de julio significaron el afianzamiento de cacicazgos en municipios que incluso superan ya una década con el gobierno de una misma familia; hermanos que dejan el poder a hermanas, o la transmisión del cargo entre primos o miembros de un mismo grupo político, incluso son distintas siglas, se han convertido en una práctica anquilosada, pero común en algunas zonas.
Petlalcingo, Tecomatlán, Huitzilan de Serdán, Xochitán Todos Santos y San Pedro Cholula son ejemplos de la continuidad de una familia o un grupo político en el poder.
La familia Vergara Tapia
El caso más sobresaliente está en Petlalcingo, la última cabecera municipal de Puebla antes del inicio del estado de Oaxaca, en donde la familia Vergara Tapia tendrá su cuarto trienio de gobierno.
La alcaldesa entrante será Isabel Vergara Tapia, hermana de Juan Carlos, actual alcalde, hermano mayor y jefe de la familia. En este municipio, uno de los principales expulsores de migrantes, en promedio poblacional, la estirpe Vergara va por su cuarto periodo gubernamental.
Primero gobernó Jorge (2002-2005), pero a mitad del trienio fue asesinado por su cuñado, por diferencias familiares. Ese trienio lo concluyó como alcalde sustituto su hermano y actual alcalde constitucional, Juan Carlos.
Luego de este trienio, llegó a la presidencia municipal Filadelfo, el más joven de los hermanos, para el trienio 2005-2008.
Al concluir, volvió Juan Carlos como presidente municipal, para el trienio 2008-2011. Hoy, la alcaldesa electa es Isabel, con lo que los Vergara Tapia mantienen el control del municipio, en el que son señalados como caciques y acusados de delitos que no han sido comprobados.

Grupos políticos
Hay otros municipios, en donde se configura la continuidad de un movimiento político-social: en alcaldías como Tecomatlán y Huitzilan de Serdán, los alcaldes en funciones y presidentes municipales electos son miembros de Antorcha Campesina.
En el primero, Manuel Melchor Merino Muñiz, sucederá en el cargo a Concepción Muñiz Escalona; en el segundo, Moisés González Lira, ocupará la silla del alcalde actual José Facundo Ayance de los Santos.
Hay más ejemplos: en Xochitán Todos Santos, el actual alcalde, Antonio Gutiérrez Antonio, dejará el cargo a su primo, Isaac Gutiérrez Rodríguez.
Mención aparte merece San Jerónimo Tecuanipan, en donde se registró un empate que deberá dirimirse en tribunales. Ahí, el abanderado priísta Cayetano Salgado Perea tiene relación familiar con Tomás Salgado Corona, acalde.
El caso San Pedro Cholula
En el municipio conurbado de San Pedro Cholula se configuró un caso especial de continuidad de una familia, pues la alcaldesa electa, María Dolores Parra Jiménez, es prima y contadora personal del ex alcalde y hoy diputado federal del PRI, Juan Pablo Jiménez Concha, a quien se ha acusado de apoyarla a ella antes que a su partido.
A su vez, Juan Pablo Jiménez Concha es hijo de un ex alcalde que relevó en el poder de ese municipio a su amigo y padre del actual presidente municipal, Francisco Andrés Covarrubias Pérez, que sostiene una sólida amistad desde la infancia con Jiménez Concha. En un círculo histórico, le tocó al hoy diputado federal entregarle el poder a Covarrubias, a la inversa de lo que hicieron los padres.

Frenan perpetuidad en Guadalupe Santa Ana
Sin embargo, hay ejemplos en donde el voto popular frenó la intención de perpetuar a una familia en el poder. En Guadalupe Santa Ana, en lo recóndito de la Mixteca Poblana, el alcalde priísta Francisco Otón Herrera Lucero intentaba dejar el poder a su hijo Rebelino Alejandro Herrera Martínez, quien además fue funcionario de su administración, pero Compromiso por Puebla les ganó la partida. Así, será Romárico García Barrales el presidente municipal.
Lo mismo ocurrió en el municipio de Coyotepec, en donde la candidata priísta Raquel Catalina Martínez Martínez, familiar del presidente municipal, Aurelio Bardomiano Martínez Ávila, fue derrotada por el opositor Marcos Moreno Martínez, quien a pesar de llevar el mismo apellido, no tiene relación de parentesco con el alcalde.

11 de junio de 2010

EL EJERCITO A LAS CALLES DE HAUCHI

Gaceta de la Sierra Norte
LA POLICÍA FEDERAL Y LOS SOLDADOS DEBERÍAN VIGILAR EL MUNICIPIO: CARLOS MARTÍNEZ AMADOR

Hay un clima de gran inseguridad en el municipio
CARLOS MARTÍNEZ Ante la ineficiencia municipal para otorgar seguridad a la población que se haga un lado
Hay preocupación en las autoridades estatales por lo que sucede en Huachi
HUAUCHINANGO, Pue.-11 de junio de 2010.-NSN.- Carlos Martínez Amador diputado local por el distrito 25, Huauchinango, se mostró partidario de que el Ejército Mexicano y la misma Policía Federal Preventiva vigile la seguridad pública municipal ante la serie de sucesos que se están dando aquí que han rebasado el ámbito municipal y recomendó un ejercicio de autocrítica ante estos hechos.
Esto aconteció dentro del marco de un desayuno con periodistas con motivo del Día de la Libertad de Expresión en donde se reunió la mayoría de representantes de la prensa local, estatal y nacional de esta región serrana quienes cuestionaron al legislador con referencia de los recientes acontecimientos de violencia en los que incluso balearon al hermano del candidato del PRI a la diputación local Ricrdo Urzúa.
El legislador reconoció que existe en el municipio un problema fuerte de seguridad pública, y aunque dijo no querer entrar al tema, dado que es un asunto exclusivamente responsabilidad de las autoridades locales “no podemos cerrar los ojos a la situación que hay en el municipio, vemos que está siendo rebasada la seguridad pública municipal, hay problemas graves, no podemos cerrar los ojos ante algunas situaciones que estamos viviendo..” afirmó.
Carlos Martínez puso como ejemplo la balacera que el pasado mes de octubre hace año y medio sucedió en calle Matamoros en la que un policía y un sicario resultaron muertos, dijo “al igual que lo que sucedió hace unos días con Luis Urzúa y otras más son cosas que no se daban, al igual que el Ejercito metido en las calles de Huachi, todo eso era impensable”
Y agregó, “quien quiera cerrar los ojos que los cierre y lo respetamos porque al final de cuentas cada quién tiene su percepción pero existen corrientes extrañas y subterráneas que se están moviendo…” calificó de grave decir que las cámaras de seguridad están funcionando cuando se roban una alcantarilla “pero que no funcionaron cuando suceden cosas de otra magnitud” fustigó.
Hoy que tenemos que ser más responsables enfatizó, la seguridad pública no es responsabilidad del diputado, dijo y agregó, pero si la delincuencia está rebasando la seguridad pública, está sobrepasando al ámbito municipal el siguiente paso creo que se deberían lanzar un llamado de auxilio a la federación y al estado, es decir llamar al ejército y a la policía federal
Reveló que en las autoridades estatales existe preocupación por Huauchinango, debido a la serie de sucesos que se están dando aquí y recomendó un ejercicio de autocrítica.
Agrego valdría la pena que, aunque no necesariamente fuera el Ejército Mexicano, sí la Policía Federal debería realizar alguna vigilancia en los días previos al proceso electoral y el mismo día 4 de julio con el fin de ofrecer a la población un clima de mayor seguridad y confianza.
Con referencia al trabajo que realiza la prensa dijo que ve con tristeza la coacción en contra de los medios de comunicación ya que eso dificulta la labor de los periodistas es algo por lo que debemos luchar junto con ustedes y remarcó que sigue siendo México el país con más muertes de periodistas “algo que debemos ir borrando”.
Respecto a la relación de la prensa con el gobierno dijo que es en cada ámbito de gobierno en donde se construye esta relación y se ve reflejada cuando lees un periódico y sabes qué es lo que hace el gobierno, “es una labor que se construye…” aunque consideró que faltaría de alguna forma la autocrítica del gobierno ya que “no siempre con comunicar a la gente está bien todo lo que estamos haciendo, hay cuestiones en las que debemos integrar a la sociedad hay cosas en que no siempre una acción de gobierno es la correcta”.

9 de enero de 2010

Seis heridos tras zafarrancho entre policías y comerciantes de Tochtepec

Contraparte
José Luis Moctezuma.-
Seis personas heridas es el saldo que dejó un enfrentamiento entre policías municipales y comerciantes de Tochtepec, así también cuantiosos daños materiales, cuando vendedores impidieron el retiro de sus puestos por parte del área de comercio del municipio, hechos ocurridos la tarde de este viernes en plena plaza pública de Tochtepec, muy cerca del municipio de Tepeaca.

Los comerciantes que desde hace más de 5 décadas utilizan la plazuela para comercializar todo tipo de productos como frutas, verduras, carnes, lácteos, ropa, zapatos, y un sinfín de artículos, se oponen a que el lugar sea remodelado por la comuna.

La tarde de ayer, más de 200 personas en su mayoría comerciantes que edificaron pequeños puestos de cemento a las orillas de la plazuela principal de Tochtepec evitaron ser retirados por una retroexcavadora del Ayuntamiento, misma que sólo logro destruir dos de los pequeños comercios.

Y es que los comerciantes apedrearon la maquinaria, lo que generó que se presentaran elementos de la Policía Municipal, quienes trataron de tranquilizar a los comerciantes, sin embargo, los ánimos subieron de tono, lo que desencadenó un enfrentamiento entre los integrantes del comercio informal encabezados por Javier Bañuelos y los guardianes del orden.

El presidente municipal, Alberto Muñoz Pérez, explicó que el retiro de los comerciantes es para la ampliación y remodelación de la plazuela, cuyos trabajos debieron iniciar en octubre del año pasado para concluir en diciembre, tras destinar un presupuesto de 2 millones 350 mil pesos.

La oposición de los vendedores provocó que el enfrentamiento con los policías municipales y trabajadores del Ayuntamiento que se encargan del comercio informal, pese a que la población mediante consenso decidió que se llevara a cabo la obra para contar con una plaza cívica decorosa y atractiva no sólo para los habitantes de Tochtepec, sino para los visitantes.

Muñoz Pérez dijo que si en un plazo no mayor a los 30 días no comienzan los trabajos de remodelación de la plazuela, los más de dos millones de pesos corren en riego de perderse, pues existe un contrato de promedio con la empresa que ganó la licitación para ejecutar la obra.

Dado que los 30 policías municipales fueron rebasados por los comerciantes, fue necesario que el alcalde solicitara el apoyo e intervención de policías de las comunidades aledañas, tales como de Los Reyes de Juárez y Santo Tomás Hueyotlipan, para evitar que el problema, que dejó como saldo seis heridos.

Diario Noticias
Se enfrentan policías y comerciantes
ambulantes en municipio de Tochtepec

*Se intentó retirar a los vendedores de la plazuela principal donde se realizan trabajos de restauración



Por Hugo Sánchez Izquierdo

Enfrentamiento entre policías y comerciantes ambulantes se registró ayer en el municipio de Tochtepec, luego que por indicaciones de la autoridad municipal se intentó retirar a los vendedores de la plazuela principal donde se realizan trabajos de restauración.

El Cabildo de este municipio, acordó la reubicación de unos 25 comerciantes informales que se opusieron a la determinación municipal e intentaron obstaculizar las obras para el mejoramiento del parque principal en este lugar. Al arribar efectivos de la policía para retirarlos se originaron los hechos violentos en donde presuntamente hubo algunos tiros al aire.

La Secretaría de Gobernación, en su acostumbrada política de manipuleo de la información, guardó hermetismo y por medio de la Subsecretaría de Asuntos Políticos se negó a proporcionar datos de los hechos.

Habitantes de la comunidad, acusaron que los elementos policíacos arremetieron contra los vendedores que demandaban espacios para continuar su actividad, sobre todo en esta temporada y ante la fuerte crisis económica.

En tanto, las autoridades municipales, aseveraron que los arreglos en el parque principal no fueron para convertirlo nuevamente en un mercado público, toda vez que la intención es dignificar este lugar y reubicar a los comerciantes.

Cabe destacar que elementos de la Policía Estatal acudieron y desde ayer se mantienen en el lugar para evitar nuevos enfrentamientos.

4 de enero de 2010

Zozobra en Cuetzalan ante el rumor de la llegada de liberados por la masacre de Acteal

La Jornada de Oriente
MARTÍN HERNÁNDEZ ALCÁNTARA
La construcción de un complejo habitacional en la junta auxiliar de Tepetitán Reyesogpan, en el municipio serrano de Cuetzalan del Progreso, ha generado zozobra en pobladores y autoridades enteradas del rumor de que en ese sitio podrían ser reubicados, con sus familias, los 29 presos liberados por un dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), implicados en la matanza de 45 personas –18 niños entre ellos– en Acteal, Chiapas, hace 12 años.
Hasta ahora, ni el ayuntamiento de Cuetzalan ni el gobierno del estado de Puebla tienen información oficial sobre el nuevo asentamiento que comenzó a edificarse a mediados del año pasado cerca de la carretera que conduce de la cabera municipal a Reyesogpan, y la cual parece estar basada en un proyecto de viviendas de interés social, modelo alejado de las moradas que suelen usarse en comunidades indígenas del municipio poblano, pero también en localidades indígenas chiapanecas.

Tampoco los vecinos ni las autoridades comunales y del Poder Ejecutivo de Puebla se atrevieron a aventurar declaraciones a esta casa editorial sobre el asunto, aunque, amparados bajo la gracia del anonimato, admitieron que hay dos versiones sobre el uso que se dará al terreno de Reyesogpan: la primera es que ahí pueden ser reubicados ciudadanos de Zacatipan, otra comunidad cuetzalteca y que el proyecto tiene recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden).

El otro es que en el mismo sitio, junto a los reubicados de Zacatipan, llegarán indígenas originarios de Chiapas, aunque no se ha precisado de qué comunidad procederían.

Sin embargo, como el rumor sobre el presunto arribo de chiapanecos comenzó a correr a mediados de agosto de 2009, en los días posteriores al 12 del mismo mes, cuando la SCJN ordenó la liberación del primer grupo de 20 indígenas presos por la masacre de Acteal, hubo especulaciones que continúan hasta hoy, acerca de que los ex presidiarios y sus familias serían los nuevos ocupantes del complejo habitacional que se edifica en Reyesogpan.

A esas elucubraciones abonan otras, como la de que el gobierno federal pretende reubicar a los recién liberados y sus familias en una zona similar a la de su lugar de origen, es decir, una zona indígena con un ecosistema similar al de la región de Acteal de Chiapas y que las localidades que se han propuesto están en Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Lo cierto es que activistas y autoridades consultadas por este periódico coinciden en que si se confirma el rumor de que se planea llevar a los liberados por la masacre de Acteal y sus familias a Cuetzalan, habrá un fuerte movimiento de oposición social, porque no hay del todo confianza sobre su inocencia y muchos siguen considerando a los expresidiarios como paramilitares.



La masacre



El 13 de agosto de 2009, Hermann Bellinghausen, el enviado principal de La Jornada a Chiapas desde que inició el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, publicó en el mismo diario la historia de la masacre de Acteal, cuya parte nodal se transcribe a continuación:

“Era la madrugada del 23 de diciembre de 1997. Quizá las 5:30 o 6 de la mañana. Estaba oscuro. Una columna de vehículos civiles y de la Policía, camionetas, carros y ambulancias descendían de los Altos procedentes de Acteal. Los seguía en su carro el corresponsal de La Jornada Juan Balboa. Nos contó que allí iban los cuerpos, rumbo a Tuxtla Gutiérrez, y que él iba a seguir el convoy. Lo había topado más arriba. Los muertos, que todavía no acabábamos de contar, resultarían ser 45, observados sólo por los que los llevaban y luego por los forenses.

“Enviados por el gobernador Julio César Ruiz Ferro, los funcionarios responsables del operativo de limpieza (Jorge Enríque Hernández Aguilar, David Gómez Hernández, Uriel Jarquín Gálvez y sus agentes del Ministerio Público) habían hecho algo insólito: desmontar la escena del crimen. Ahí escuché por primera vez la consigna que traían: antes de que lleguen los reporteros.

“Nadie de prensa había subido todavía a Chenalhó por recomendación de uno de los sobrevivientes la noche anterior en el hospital regional de San Cristóbal de las Casas: No vayan de noche. Siguen disparándoles a los carros desde Acteal Alto. Le creímos.

“Mientras las evidencias materiales de la masacre descendían al valle de Tuxtla para perderse en la bruma burocrática durante todo un día (clave), proseguimos hacia el lugar de los hechos el corresponsal de la agencia Reuters Jesús Ramírez Cuevas, el antropólogo Arturo Lomelí y quien esto escribe. En las últimas semanas habíamos recorrido ese camino incontables veces.
“Tras dejar atrás Chenalhó y Yabteclum sin un alma, llegamos a un conmocionado pueblo de Polhó, ya entonces inmenso campamento de refugiados zapatistas. Los sobrevivientes de la matanza estaban concentrados en la sede autónoma. Niños, ancianos, adultos. Creo recordar que todos lloraban. Muchos nos rodearon, soltando en tzotzil sus distintas historias y lamentos, y alguien nos traducía en lo posible. Muchos estaban bañados en sangre, no la suya, sino la de los muertos y heridos. Un niño como de 10 años, ileso, llevaba la blusa ensangrentada por sus padres muertos encima de él, de manera que le salvaron la vida.
“De allí seguimos a Acteal, pocos kilómetros adelante. Nos guiaban un joven zapatista y un miembro de Las Abejas, quien tenía además la encomienda de encontrar a una niña y una anciana que faltaban (aparecerían vivas entre los refugiados poco después). Ya conocían la lista de sobrevivientes, la de los heridos y, por evidencia o deducción bastante precisa, la de los muertos. El gobierno tuvo que reconocer ese mismo día que habían fallecido 45 indígenas, con edad y sexo. Para el gobierno carecían de nombre. Los devolvió numerados.
“En el primer paraje de Acteal, sobre una loma, el campamento de desplazados zapatistas estaba desierto. Todos estaban en Polhó. Poco más adelante encontramos a dos policías con uniforme y sin insignias. Después supimos quiénes eran. Uno, el comandante Roberto García Rivas, con cara de circunstancia, tratando de verse solícito y tranquilo, nos respondió que sí oyó los disparos el día anterior, pero le parecieron normales, aquí así se matan, y que no recibió la orden de intervenir. Restaba importancia al hecho como si le sorprendiera la cantidad de cadáveres sacados del terraplén del campamento. Ignoro si el comandante bajó en algún momento al lugar de los hechos.

“A nuestras espaldas, hacia arriba, en Acteal Alto, asomaban hombres tratando de no dejarse ver. Son ellos, señalaron nuestros guías. Nadie dudaba que estaban armados.

“Descendimos la barranca, mal llamada Campamento Los Naranjos, nombre que no tendría por qué significar nada. Ni siquiera existir. La vegetación circundante la recuerdo ajada, pisoteada, rota. Las pobrísimas casuchas y lonas de los refugiados estaban destruidas. Al fondo de una pequeña cueva aún había prendas ensangrentadas; el hombre de Las Abejas reconoció de quiénes eran. La maleza que descendía con la barranca hasta el río abajo mostraba con sangre el trayecto de huída, o caída, de los sobrevivientes, que luego subieron a Polhó a guarecerse con los zapatistas.

En ese momento ya era imposible reconstruir la escena del crimen; lo que podía aún hacerse (ignoro si ocurrió, pero lo dudo) era rehacer la modificación realizada por órdenes de los enviados del gobierno. La escena de ese delito sí estaba intacta.

“Allí escuchamos los primeros relatos in situ, sobre todo en boca del hombre de Las Abejas. Aquí estaba tal o cual persona, aquí quedó otra, por allá bajaron los atacantes, los agredidos reaccionaron de tal o cual modo, y cómo unos permanecieron en la ermita (es un decir: todo era rudimentario) donde los alcanzó la muerte.

“Ni el encuentro con el comandante García Rivas (pronto caería preso) ni el testimonio inmediato de los sobrevivientes, ni el ambiente de hermandad entre zapatistas y abejas en esos momentos, ni el lugar de los hechos sugerían, ni como hipótesis, la posibilidad de fuego cruzado, enfrentamiento o remate. Sólo se sabe que la Policía había disparado al aire para protegerse (al menos eso sostienen en las versiones a la Procuraduría General de la República), y que los paramilitares hicieron todos los demás tiros.

Zozobra en Cuetzalan ante el rumor de la llegada de liberados por la masacre de Acteal

La Jornada de Oriente


MARTÍN HERNÁNDEZ ALCÁNTARA

La construcción de un complejo habitacional en la junta auxiliar de Tepetitán Reyesogpan, en el municipio serrano de Cuetzalan del Progreso, ha generado zozobra en pobladores y autoridades enteradas del rumor de que en ese sitio podrían ser reubicados, con sus familias, los 29 presos liberados por un dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), implicados en la matanza de 45 personas –18 niños entre ellos– en Acteal, Chiapas, hace 12 años.

Hasta ahora, ni el ayuntamiento de Cuetzalan ni el gobierno del estado de Puebla tienen información oficial sobre el nuevo asentamiento que comenzó a edificarse a mediados del año pasado cerca de la carretera que conduce de la cabera municipal a Reyesogpan, y la cual parece estar basada en un proyecto de viviendas de interés social, modelo alejado de las moradas que suelen usarse en comunidades indígenas del municipio poblano, pero también en localidades indígenas chiapanecas.

Tampoco los vecinos ni las autoridades comunales y del Poder Ejecutivo de Puebla se atrevieron a aventurar declaraciones a esta casa editorial sobre el asunto, aunque, amparados bajo la gracia del anonimato, admitieron que hay dos versiones sobre el uso que se dará al terreno de Reyesogpan: la primera es que ahí pueden ser reubicados ciudadanos de Zacatipan, otra comunidad cuetzalteca y que el proyecto tiene recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden).

El otro es que en el mismo sitio, junto a los reubicados de Zacatipan, llegarán indígenas originarios de Chiapas, aunque no se ha precisado de qué comunidad procederían.

Sin embargo, como el rumor sobre el presunto arribo de chiapanecos comenzó a correr a mediados de agosto de 2009, en los días posteriores al 12 del mismo mes, cuando la SCJN ordenó la liberación del primer grupo de 20 indígenas presos por la masacre de Acteal, hubo especulaciones que continúan hasta hoy, acerca de que los ex presidiarios y sus familias serían los nuevos ocupantes del complejo habitacional que se edifica en Reyesogpan.

A esas elucubraciones abonan otras, como la de que el gobierno federal pretende reubicar a los recién liberados y sus familias en una zona similar a la de su lugar de origen, es decir, una zona indígena con un ecosistema similar al de la región de Acteal de Chiapas y que las localidades que se han propuesto están en Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Lo cierto es que activistas y autoridades consultadas por este periódico coinciden en que si se confirma el rumor de que se planea llevar a los liberados por la masacre de Acteal y sus familias a Cuetzalan, habrá un fuerte movimiento de oposición social, porque no hay del todo confianza sobre su inocencia y muchos siguen considerando a los expresidiarios como paramilitares.



La masacre



El 13 de agosto de 2009, Hermann Bellinghausen, el enviado principal de La Jornada a Chiapas desde que inició el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, publicó en el mismo diario la historia de la masacre de Acteal, cuya parte nodal se transcribe a continuación:

“Era la madrugada del 23 de diciembre de 1997. Quizá las 5:30 o 6 de la mañana. Estaba oscuro. Una columna de vehículos civiles y de la Policía, camionetas, carros y ambulancias descendían de los Altos procedentes de Acteal. Los seguía en su carro el corresponsal de La Jornada Juan Balboa. Nos contó que allí iban los cuerpos, rumbo a Tuxtla Gutiérrez, y que él iba a seguir el convoy. Lo había topado más arriba. Los muertos, que todavía no acabábamos de contar, resultarían ser 45, observados sólo por los que los llevaban y luego por los forenses.

“Enviados por el gobernador Julio César Ruiz Ferro, los funcionarios responsables del operativo de limpieza (Jorge Enríque Hernández Aguilar, David Gómez Hernández, Uriel Jarquín Gálvez y sus agentes del Ministerio Público) habían hecho algo insólito: desmontar la escena del crimen. Ahí escuché por primera vez la consigna que traían: antes de que lleguen los reporteros.

“Nadie de prensa había subido todavía a Chenalhó por recomendación de uno de los sobrevivientes la noche anterior en el hospital regional de San Cristóbal de las Casas: No vayan de noche. Siguen disparándoles a los carros desde Acteal Alto. Le creímos.

“Mientras las evidencias materiales de la masacre descendían al valle de Tuxtla para perderse en la bruma burocrática durante todo un día (clave), proseguimos hacia el lugar de los hechos el corresponsal de la agencia Reuters Jesús Ramírez Cuevas, el antropólogo Arturo Lomelí y quien esto escribe. En las últimas semanas habíamos recorrido ese camino incontables veces.

“Tras dejar atrás Chenalhó y Yabteclum sin un alma, llegamos a un conmocionado pueblo de Polhó, ya entonces inmenso campamento de refugiados zapatistas. Los sobrevivientes de la matanza estaban concentrados en la sede autónoma. Niños, ancianos, adultos. Creo recordar que todos lloraban. Muchos nos rodearon, soltando en tzotzil sus distintas historias y lamentos, y alguien nos traducía en lo posible. Muchos estaban bañados en sangre, no la suya, sino la de los muertos y heridos. Un niño como de 10 años, ileso, llevaba la blusa ensangrentada por sus padres muertos encima de él, de manera que le salvaron la vida.

“De allí seguimos a Acteal, pocos kilómetros adelante. Nos guiaban un joven zapatista y un miembro de Las Abejas, quien tenía además la encomienda de encontrar a una niña y una anciana que faltaban (aparecerían vivas entre los refugiados poco después). Ya conocían la lista de sobrevivientes, la de los heridos y, por evidencia o deducción bastante precisa, la de los muertos. El gobierno tuvo que reconocer ese mismo día que habían fallecido 45 indígenas, con edad y sexo. Para el gobierno carecían de nombre. Los devolvió numerados.

“En el primer paraje de Acteal, sobre una loma, el campamento de desplazados zapatistas estaba desierto. Todos estaban en Polhó. Poco más adelante encontramos a dos policías con uniforme y sin insignias. Después supimos quiénes eran. Uno, el comandante Roberto García Rivas, con cara de circunstancia, tratando de verse solícito y tranquilo, nos respondió que sí oyó los disparos el día anterior, pero le parecieron normales, aquí así se matan, y que no recibió la orden de intervenir. Restaba importancia al hecho como si le sorprendiera la cantidad de cadáveres sacados del terraplén del campamento. Ignoro si el comandante bajó en algún momento al lugar de los hechos.

“A nuestras espaldas, hacia arriba, en Acteal Alto, asomaban hombres tratando de no dejarse ver. Son ellos, señalaron nuestros guías. Nadie dudaba que estaban armados.

“Descendimos la barranca, mal llamada Campamento Los Naranjos, nombre que no tendría por qué significar nada. Ni siquiera existir. La vegetación circundante la recuerdo ajada, pisoteada, rota. Las pobrísimas casuchas y lonas de los refugiados estaban destruidas. Al fondo de una pequeña cueva aún había prendas ensangrentadas; el hombre de Las Abejas reconoció de quiénes eran. La maleza que descendía con la barranca hasta el río abajo mostraba con sangre el trayecto de huída, o caída, de los sobrevivientes, que luego subieron a Polhó a guarecerse con los zapatistas.

En ese momento ya era imposible reconstruir la escena del crimen; lo que podía aún hacerse (ignoro si ocurrió, pero lo dudo) era rehacer la modificación realizada por órdenes de los enviados del gobierno. La escena de ese delito sí estaba intacta.

“Allí escuchamos los primeros relatos in situ, sobre todo en boca del hombre de Las Abejas. Aquí estaba tal o cual persona, aquí quedó otra, por allá bajaron los atacantes, los agredidos reaccionaron de tal o cual modo, y cómo unos permanecieron en la ermita (es un decir: todo era rudimentario) donde los alcanzó la muerte.

“Ni el encuentro con el comandante García Rivas (pronto caería preso) ni el testimonio inmediato de los sobrevivientes, ni el ambiente de hermandad entre zapatistas y abejas en esos momentos, ni el lugar de los hechos sugerían, ni como hipótesis, la posibilidad de fuego cruzado, enfrentamiento o remate. Sólo se sabe que la Policía había disparado al aire para protegerse (al menos eso sostienen en las versiones a la Procuraduría General de la República), y que los paramilitares hicieron todos los demás tiros.

El PRI toma por asalto asociación de alcaldes; busca recursos para Peña

Grupo de gobernadores impone directiva en la AMMAC, que ejerce programas millonarios
“Fue un acto para someter, para hacerse del control político”, acusa ex presidente del organismo

Ciro Pérez Silva
Periódico La Jornada
Lunes 4 de enero de 2010, p. 4
Un grupo de gobernadores priístas, encabezado por Enrique Peña Nieto, “intervino y prácticamente compró” a la Asociación de Municipios de México (AMMAC), que le garantiza al PRI no sólo el manejo político de más de 700 alcaldías en el país, sino que pone a su disposición más de 20 millones de pesos anuales que no están sujetos a auditoría alguna, y le permite ejercer programas de la Unión Europea por varios millones de euros.

Los priístas, 10 años después de perder la Presidencia de la República, recurren nuevamente al voto corporativo, la abierta intervención política de organismos autónomos y el uso de recursos públicos para volver a Los Pinos a través del grupo de mandatarios estatales, que integran también Ulises Ruiz, Mario Marín y Miguel Osorio Chong.

Estos cuatro gobernadores se hicieron del control el pasado diciembre de esta asociación, integrada por alcaldías de todo signo, fundada en 1994 y que en sus orígenes buscaba fortalecer la capacidad de gestión de los gobiernos municipales a partir de la afiliación voluntaria, previo acuerdo de cabildo, y de autonomía programática, estructural y financiera de gobiernos estatales, federal o de partidos. En conjunto con otros organismos, estaría en capacidad de manejar proyectos por varios millones de euros.

El “botín”

AMMAC representa para sus nuevos “dueños” un organismo con presupuesto anual cercano a 20 millones de pesos, que no son fiscalizados por ninguna entidad; así como el reconocimiento internacional que le permite ejercer programas de la Unión Europea a través del Centro para la Profesionalización de los Gobiernos Locales de América Latina por más de un millón de euros, y de la Sociedad para el Desarrollo Municipal, que manejaría líneas de crédito anuales del orden de 500 millones de dólares.

Lejos de los principios que dieron origen a la AMMAC, en un par de días los cuatro mandatarios estatales afiliaron y pagaron las cuotas vencidas de 400 presidencias municipales, impusieron a la alcaldesa de Naucalpan, Azucena Olivares –quien fue además candidata única, a la renuncia del resto de los aspirantes que vieron en la intervención de los gobernadores “fines electorales”–, así como a toda la junta directiva, y cambiaron estatutos, con lo cual violaron la ley, ya que la convocatoria para dicha asamblea tenía otros fines.

“Eso nada más en la asamblea, sin contar los días previos en los que me ofrecieron dinero para aceptar nuevos municipios fuera del plazo legal para ello, o que llegaran a liquidar en efectivo más de 40 mil pesos de cuotas de alcaldías pequeñas. Fue un acto para someter, para hacerse del control político, fue casi un asalto a mano armada, todo para apoyar a Peña Nieto, así me advirtieron textual y expresamente”, afirma Rubén Fernández, ex director ejecutivo de la AMMAC.

Los gobernadores priístas Ulises Ruiz Ortiz y Enrique Peña Nieto alistan el camino para 2012Foto Cristina Rodríguez
Separado voluntariamente de su encargo a partir de esta operación “humillante, de demostración grosera de lo que significa el control político”, Rubén Fernández lamentó el “acarreo” de alcaldes y la “sumisión” de éstos frente a sus gobernadores.

“Aquí se vio nuevamente un ejemplo de la aplanadora violenta de un partido, ése que vimos operar de manera corrupta y fraudulenta en los años ochenta, en pleno auge del Programa Nacional de Solidaridad y cuya barbarie mostraron inclusive en la Cámara de Diputados, desde el llamado Bronx del PRI”, sostuvo quien también fue legislador federal por el PAN.

Esta manifestación fue totalmente innecesaria, adujo en entrevista Rubén Fernández. En la AMMAC el PRI contaba ya con 200 votos antes de que se afiliaran 144 nuevos gobiernos municipales, presuntamente previo acuerdo de su respectivo cabildo, pero con la misma solicitud y en los mismos términos para todos, frente a 133 del PAN y 55 de otros partidos.

“Qué bueno que AMMAC ha hecho cosas tan importantes como para que esos cuatro gobernadores la vieran como algo que valía la pena tomar por asalto. Qué pena que el partidismo de este país sea tan voraz, tan poco civilizado, tan corrupto como para destruir una institución así, en unos cuantos días, envileciendo además a los presidentes municipales de sus mismo partido”, lamentó Fernández.

La figura de asociaciones de gobiernos locales (AGL, como se les conoce a escala internacional) es común en todos los países, en algunos de los cuales tienen más de 100 años de haber sido fundadas.

Las AGL son instancias de cooperación horizontal y solidaria entre gobiernos locales, que orientan sus actividades a la capacitación, la asistencia técnica y el cabildeo para promover reformas que mejoren la capacidad de gestión de las administraciones, para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

La afiliación de municipios, previo acuerdo de cabildos y no de alcaldes, distingue a la AMMAC de otras instancias similares afiliadas en forma corporativa y con vínculos estructurales, programáticos o financieros con los partidos políticos, como la Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm), que agrupa a los alcaldes del PRI; la Asociación de Autoridades Locales de México, que aglutina a los alcaldes del PRD y PT, y Alcaldes de Acción Nacional, que asocia a los del blanquiazul.

28 de diciembre de 2009

PROPUESTA MUNICIPALISTA DESDE LA IZQUIERDA Por Luis Ortega Morales

Los gobiernos municipales y estatales en los asuntos del federalismo llevan la voz cantante. Los habitantes de los municipios y de la provincia mexicana somos quienes mantenemos un contacto permanente con las necesidades de la población y conocemos las deficiencias de la legislación.

México no es, ni ha sido una República Federal, Democrática y Representativa auténtica, sino más bien una especie de monarquía absoluta y centralista con ropajes republicanos.

La historia moderna de México ha sido la del presidencialismo, cada vez más centralista y con facultades meta constitucionales. Es una historia que registra la construcción sistemática y coherente del centralismo mexicano en dos grandes vertientes, el partido de estado y su jefe nato, el presidente de la República, a su vez, jefe del Estado, jefe de gobierno y comandante de las Fuerzas Armadas Supremas.

EL PUNTO DE PARTIDA

Durante la lucha independentista, el 22 de octubre de 1814 se emite el primer esbozo de la constitución de Apatzingán. En ella se estableció que la soberanía residía en el pueblo y en su representación nacional.

En 1824 se adopta para su gobierno la forma de “república representativa popular federal”. En las entidades creadas fueron surgiendo congresos locales, con sus constituciones particulares. En el porfiriato los gobernadores se convirtieron en caciques regionales, hombres leales a Díaz Este proceso centralizador terminaría en la Revolución (1900-1910).

Ante las nuevas circunstancias de la alternancia en los gobiernos estatales y federal en México, se ha venido imponiendo, desde ya casi una década, un reclamo que tiene su origen en la sociedad civil y en los movimientos regionales, que conforman un nuevo escenario político e institucional que obliga a profundas modificaciones en las relaciones entre las entidades federativas y los municipios con el Poder Ejecutivo; entre los poderes ejecutivos de los estados con sus municipios y con las juntas auxiliares.

Los municipios y las entidades federativas han pasado a ser gobernadas por partidos diferentes al PRI, aumentando la oposición hasta en 200 por ciento el número de municipios gobernados desde 1994 y el PRI disminuyendo al 50% los municipios gobernados.

Para el 2007 el PRI gobernaba 541 municipios, el PAN 616 y el PRD 279, el PT 17, el PVEM 27. Según la AALMAC en 2008 el PRD pasó de 407 a 368 municipios gobernados y a partir de 5 de julio de 2009 solo se gobierna 313, con una población gobernada de más de 25 millones a 17, 677, 238, incluidas las 13 delegaciones del DF.

El municipalismo es un nivel de gobierno que requiere ser tratado específicamente, pues no basta el que los presidentes municipales, regidores y funcionarios cumplan cabalmente con las obligaciones que les marca la Ley y que además sean honestos, capaces, leales, amables, cercanos a la gente, participativos, humildes, austeros, sensibles y todo un conjunto de virtudes que deberemos exigir a cualquier gobierno federal, estatal, delegacional, municipal o de juntas auxiliares y de cualquier partido, que en muchos casos desearíamos que se cumpliera lo mínimo.

El municipalismo democrático-popular, que es el que deberíamos enarbolar, significa una participación de la población en todos y cada uno de los aspectos de la vida pública, por si misma y por su esencia. No se trata entonces el que los gobernantes “representen al pueblo” o a los “intereses populares”, porque ello los separa conceptual y realmente de su pueblo, sino que sea al pueblo el que gobierne.

El concepto de funcionario público proviene de la visión liberal de la separación del estado de la sociedad, en donde los gobernantes y su burocracia como representantes, son los únicos que pueden cumplir con una “función pública” y que los pobladores solo tienen la función pasiva de rechazarla o respaldarla con el voto, por ello, erróneamente, a estos se les exige el respaldo ante los embates de los gobiernos federal y estatal y ahora del narcotráfico.

El municipalismo democrático-popular parte del municipio libre y autónomo, que descansa en el poder popular, es decir en el ejercicio de la soberanía del pueblo que se expresa en todos y cada uno de los actos públicos acordados por la población y coordinados por el gobierno. De esta forma los gobernantes obedecen los mandatos populares y “mandan” o ejecutan de la mejor forma estos acuerdos. El mandar obedeciendo no es un slogan tiene un contenido interesante.

De esta forma, los presidentes municipales, los regidores y los cabildos deben convertirse en garantes del ejercicio del poder popular, es decir, su función es que el pueblo gobierne, no gobernar en su representación, en lugar del pueblo o sin el pueblo. Por eso la participación ciudadana es una fórmula que pierde sentido cuando se garantiza el poder popular, porque cuando el pueblo gobierna, está ahí siempre y en todos lados.

Otro de los ámbitos obligatorios tiene que ver con las implicaciones políticas, sociales y económicas del concepto "municipio libre"; los límites y alcances de la Reforma Municipal, la federalización del municipio libre: apertura a nuevas competencias, el recurso de la facultad reglamentaria, fortalecimiento de la hacienda municipal, la descentralización de la administración municipal, la coordinación intermunicipal; participación, representación y gobierno indígena, los nuevos espacios para la representatividad política y la participación democrática de los grupos indígenas.

De la misma forma se expresan los reclamos de los municipios con sus gobernadores y de las juntas auxiliares con sus presidentes municipales. En el caso de los gobiernos estatales panistas, son los de la oposición priísta y perredista quienes demandan mayores recursos y una plena participación en la toma de decisiones. Por el contrario son las juntas auxiliares, panistas y perredistas quienes exigen a los presidentes municipales equidad en el reparto de las obras, servicios y presupuesto.

17 de noviembre de 2009

Deja CFE sin luz a más de 6 mil indígenas de Huauchinango

16/Noviembre/2009/20:28:33
Al menos 6 mil habitantes de seis comunidades indígenas del municipio de Huauchinango permanecen sin servicio de energía eléctrica desde el pasado sábado 14 de noviembre, sin que hasta el momento la Comisión Federal de Electricidad atienda sus quejas al respecto. Por: LETICIA ÁNIMAS
Los habitantes de las comunidades que se encuentran alrededor de la presa de Nexapa, una de las que forma parte del complejo hidrológico de Necaxa, se inconformaron por la falta de suministro de energía eléctrica desde las 15 horas del sábado anterior. Las comunidades afectadas desde hace 48 más de horas, son Paptlazolco, Xaltepec, Tlamaya, Izhuacatla, Ahuacatlán y Papatlaltla, pero aún no se descarta que otras poblaciones aledañas, que se encuentran en la misma línea de suministro de la extinta Luz y Fuerza del Centro, estén siendo afectadas por la falta de luz. “Ya nos quejamos ante los de CFE, pero no ha pasado nada. No han venido a arreglarnos la luz. No nos tratan como personas, quizá como somos indígenas no nos hacen caso”, dijo Vicente Morales, presidente del Comité de Luz de Xaltepec. Los inconformes dijeron que desde el pasado 11 de octubre, diariamente en sus comunidades ha habido cortes en el suministro de energía eléctrica, “pueden durar unos minutos, pero también horas completas. Hay entre tres y cuatro en el día, pero en algunas ocasiones han sido hasta ocho.” La falta de luz en estas poblaciones ha propiciado condiciones favorables a la delincuencia, pues el sábado por la noche personas encapuchadas asaltaron a una camioneta de pasajeros que hace el servicio colectivo de Las Colonias de Hidalgo a Papatlazolco, denunció Raúl de la Cruz ex juez de Paz de Xaltepec. Los indígenas huauchinanguenses dijeron que la tarde de este martes, solicitarán a la asamblea del Sindicato Mexicano de Electricistas División Necaxa, les ayuden a reparar el daño que provocó que se quedaran sin luz

3 de noviembre de 2009

'Olvida' Edil en Puebla reportar gastos

El ex Alcalde de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, omitió presentar su reporte de gastos del periodo del 1 de enero al 15 de febrero de 2008.

Enlace Político de la Segob municipal


Habitantes de Azumiatla acusaron que Guillermo Salas Tovar, de Enlace Político de la Segob municipal, condiciona los programas y servicios a cambio de votos para el PRI; de lo contrario, “no habrá obras”.
La Jornada de Oriente
Rechazan campesinos de Azumiatla presión por parte del gobierno del estado y la Comuna
Javier Puga-
Campesinos y ejidatarios de San Andrés Azumiatla señalaron que el gobierno del estado y el ayuntamiento de Puebla continúan presionando a esta junta auxiliar a través de permitir, por un lado la medición de terrenos para proyectos carreteros, y por otro, ante la falta de obras por parte de la Comuna, mismas que algunas de ellas han quedado inconclusas desde el año pasado como un colector pluvial, del cual se desconoce tanto el monto de la inversión como la fecha en que quedará concluido.Todo esto traerá como consecuencias que nuevamente haya un enfrentamiento como ocurrió en abril pasado.

28 de octubre de 2009

Habitantes de 4 colonias denuncian que hijo de Pacheco Pulido los despojó de un predio

La Jornada de Oriente
JAVIER PUGA MARTÍNEZ
De nueva cuenta, un hijo de Guillermo Pacheco Pulido, ex presidente del Tribunal Superior de Justicia y ex edil de Puebla, es señalado por despojo: la mesa directiva de la colonia Fábrica Textil El Mayorazgo acusó a Javier Pacheco Pensado de haberse apropiado de un terreno de 1.07 hectáreas a través de escrituras falsas y un juicio amañado que se realizó cuando su padre fungió como titular del Poder Judicial.
Antes de este conflicto, comuneros de San Andrés Azumiatla acusaron a Javier Pacheco Pensado de haberles despojado de 400 hectáreas mediante juicios de usucapión amañados y valiéndose de la influencias de su padre.
Hace un año, la asociación de colonos de la Fábrica Textil El Mayorazgo perdió un pleito legal en el Juzgado Tercero de Distrito, instancia que le concedió la propiedad del predio en cuestión al empresario Mariano Hannan Traslosheros, a quien señalan los afectados como el “prestanombres” de Pacheco Pensado; además, los obligaron a pagar los gastos del juicio, que ascienden a más de 200 mil pesos.
Pacheco y Hannan esperaron un año para iniciar –hace unas semanas– la construcción de una Plaza del Sol, cadena de centros comerciales propiedad de Julián Ventosa, obra que ya cuenta con los permisos de construcción del ayuntamiento de Puebla, así como de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a pesar de de que ahí está el cauce del río Chinguiñoso y es la desembocadura del drenaje pluvial de cinco colonias.
Para Faustino Cortés, presidente de la directiva, el predio no está perdido, pues la agrupación planea recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para promover la nulidad de la sentencia que dictó el Juzgado Tercero.
Por lo pronto, informó que las colonias Leobardo Coca, San Vicente, Paraíso, Mayorazgo y San José se unieron para emprender una serie de movilizaciones y manifestaciones con el fin de exigir la atención e intervención de las autoridades estatales y municipales en este caso, pues asegura que fueron víctimas de un despojo bajo artilugios legales.
“Sabemos que este despojo fue por intereses políticos y económicos, no tenemos la menor duda, pero esto apenas comienza”, subrayó.
En entrevista con La Jornada de Oriente, Cortés recordó que fueron los propietarios de la antigua fábrica textil El Mayorazgo quienes en 1940 donaron más de 20 hectáreas de terreno para la creación de la colonia, pero a través de los años se fueron cometiendo innumerables abusos que terminaron por dejar sólo cinco espacios comunes: el estadio de beisbol Atoyac; dos predios junto a la actual clínica 8 del Instituto Mexicano del Seguro Social y dos predios ubicados en la esquina de la 11 Sur y avenida Margaritas, uno de ellos el arrebatado por Pacheco Pensado y su socio; el otro se lo intenta quedar la Conagua.
Documentos del ayuntamiento de Puebla en poder de los vecinos muestran que en el lugar se pretende construir un centro comercial de 26 locales, con un máximo de 5 mil metros cuadrados de construcción, y señalan que el predio tiene un valor de 2 millones 66 mil pesos a precios del año 2001.
“El legítimo propietario del predio es la colonia, pues así fue donado por la fábrica textil. Esta zona es muy codiciada desde hace varios años, pero vamos a luchar por lo nuestro”, sostuvo.
Sin embargo, aseguró que hace casi cinco años apareció Pacheco Pensado, quien valiéndose de la Notaría Pública 42 –que tiene a Mario Salazar Martínez– presentó una escritura en la que señalaba que el propietario es Hannan Traslosheros y que marca como límites del predio al río Chinguiñoso al norte; a la avenida 11 Sur al Oeste; a la carretera a Atlixco al este y al sur a la colonia Guadalupe Hidalgo, la cual se encuentra a unos 10 kilómetros de distancia.
Esa colindancia no corresponde a la realidad, y lo mismo ocurre con el supuesto lindero en la carretera a Atlixco, pues esta vía se ubica a menos de un kilómetro de distancia del predio, lo que para Cortes y su equipo de representantes vecinales es una clara muestra de que se favoreció con una escritura falsa a Pacheco Pensado, sin siquiera constatar por parte del notario público cuáles son las medidas reales.
Aseguró que el juicio por medio del cual se peleó la propiedad vecinal duró cuatro años, tiempo en el que padecieron las amenazas y presiones de Fernando Fernández Soto –hermano del ex titular del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Alejandro Fernández Soto–, pues este hombre fue el abogado de Pacheco y Hannan durante el juicio y que, al igual que Hannan, les reveló que el auténtico “propietario” es Pacheco Pensado.
Incluso Fernández Soto intentó “comprar” a la mesa directiva al ofrecerles 250 mil pesos para llegar a un “acuerdo” y que reconocieran que el predio pertenecía a esos personajes, relató Cortés.
“Si soportamos las amenazas e intimidaciones de Fernández Soto, también podemos aguantar más. Vamos a recuperar lo que es de los vecinos”, advirtió.
La principal preocupación de los más de 7 mil vecinos de esa colonia, así como de las otras cinco aledañas que se unieron a esta causa es que la empresa que está edificando la Plaza del Sol termine por tapar el vaso regulador del río Chinguiñoso, lo que provocará severas inundaciones en esos lugares, comentó Cortés.
Si bien cada año los habitantes de colonias como El Paraíso padecen la pérdida de sus muebles por las inundaciones provocadas por el deficiente sistema de drenaje, con la obstrucción de ese vaso que se ubica justo en la esquina de la 11 Sur y la avenida Margaritas habrá un caos total durante la próxima temporada de lluvias.
“Esta gente no tiene idea de qué esta haciendo por su afán mercantil. Ahí existe un cuello de botella que ya de por sí causa muchos problemas, pero si siguen así, sólo van a provocar la inundación total de la 11 Sur, de la avenida Margaritas y de la avenida Nacional. Ya lo verán”, sostuvo.

Y también la Conagua
La asociación de colonos de la Fábrica Textil El Mayorazgo no sólo enfrenta el despojo de los empresarios, sino también de la Conagua, instancia que hace dos años decidió que un predio contiguo de 8 mil 800 metros cuadrados le pertenece al gobierno federal.
Sin embargo, los representantes vecinales mostraron los documentos originales del ayuntamiento de Puebla donde se demuestra que el lugar está a nombre de la asociación, cuenta con alineación y número oficial –912 de la avenida Margaritas–, y paga impuesto predial desde hace varios años.
“La Conagua no es instancia para decidir qué se puede enajenar o que no; para eso hay instancias, y esta no la es”, destacó Cortes.
Recordó que la Conagua también tiene sus intereses económicos en este predio: hace dos años, el director local Manuel Beristáin Gómez avaló la renta de ese predio a la organización de comerciantes de ropa Los Lavaderos a cambio de 10 mil pesos mensuales.
El predio se iba a los vendedores a través del sindicato de la Conagua, pero al verse descubierto este acuerdo ilegal se vino abajo; incluso los vendedores ya lo habían medido para repartirlo en lotes e instalar en ellos sus negocios.
“Manuel Beristáin dijo que ese predio era de ellos y que colindaba con el de los empresarios, por lo tanto nosotros no somos poseedores de nada. Pero aquí están los documentos que avalan que es de la colonia”, afirmó.
Afirmó que el lugar es una propiedad privada, pero los vecinos decidieron mantenerla como área verde mientras se obtenían los recursos para la construcción de una clínica; eso fue suficiente para que el ayuntamiento de Puebla lo considerara dentro de la Carta Urbana como “parque urbano”.
Fue la propia asociación la que autorizó la instalación del circo Fracisco Atayde sobre el predio durante un mes, lo cual dejará recursos a la mesa directiva para la conclusión de obras propias y de mantenimiento del lugar, entre otros beneficios en especie.
“Teníamos autorizado por parte del gobierno del estado la construcción de una clínica que beneficiaría no sólo a esta, sino a 25 colonias más. Ahora tenemos que devolver ese dinero por el conflicto con la Comisión Nacional del Agua, por algo que no le pertenece”, aseveró Cortés.

20 de octubre de 2009

Luz y Fuerza: abandonados por gobierno

Puebla on line
Luis Diego Nolasco
El presidente de Juan Galindo, Luis Gerardo Martínez Cruz, refirió que las autoridades federales y estatales no han llevado ni despensas, ni jornadas de atención médica a los pobladores de ese municipio. Eso para apoyar a las familias de los trabajadores despedidos de la compañía de Luz y Fuerza del Centro. Ni tampoco han resuelto el problema que se tiene sobre el riesgo de que se desborde la presa de Nuevo Necaxa. El edil reconoció que su administración tampoco ha ayudado a los afectados, pues dijo que son escasos los recursos que se tienen para atenderlos. No obstante dijo que son ellos mismos a través de distintas organizaciones que han buscado el apoyo económico y en especie para hacer frente a su etapa de desempleo. El edil manifestó que el problema no tiene únicamente que ver con las fuentes laborales que se perdieron, sino de manera indirecta con la decena de negocios de todos los giros comerciales que están a punto de cerrar, ya que los empleados de Luz y Fuerza eran los principales clientes. Dijo que por ejemplo un Wal Mart que se construyó en la zona de Nuevo Necaxa enfrenta problemas serios, porque fue instalado para atender a los 600 sindicalizados y a los más de mil trabajadores de confianza. Y ahora que estos se quedaron sin trabajo, ya no hay más gente en la zona que pueda consumirles. De forma indirecta la compañía generaba cientos de empleos, mismos que también se han perdido. En ese sentido no descartó la posibilidad de que varios pobladores empiecen a emigrar a las grandes ciudades, pues las oportunidades son muy pocas en ese lugar. Martínez hizo un llamado a los gobiernos estatal y federal para que apoyen a los habitantes de ese lugar, ya que hay muchos que han perdidos sus fuentes de ingresos, lo que repercutirá en que niños dejen de estudiar.

8 de octubre de 2009

BRUTALIDAD CONTRA VECINOS DE ATLACOMULCO


EN HUAUCHINANGO POLICÍAS GASEARON A VECINOS DE ATLACOMULCO POR EXIGIR UNA OBRA PÚBLICA A TIEMPO

Marcharon por las calles y gritaban al alcalde

De inepto e incumplido no lo bajaronHasta una mujer se desmayóHUAUCHINANGO, Pue.-8 de octubre de 2009 Gaseados, desmayados, apretujones y mal trato en general fue lo que vecinos de Tlacomulco recibieron de la policía municipal al reclamar al alcalde un retraso inaceptable para terminar una obra pública.
Esto sucedió en la alcaldía cuando una multitudinaria manifestación de vecinos de la comunidad de Tlacomulco perteneciente a este municipio ubicada a unos 25 kilómetros al suroeste de la ciudad, llegó los bajos de la presidencia municipal con pancartas, porras y reclamos sobre una obra pública que temen quede sin terminar ante una evidente falta de continuidad de los trabajos.

EL JALONEOLuego de marchar por diversas calles de la ciudad exigiendo de viva voz la terminación de su obra pública, los manifestantes llegaron a la presidencia municipal pidiendo dialogar con el alcalde quien por lo visto les dio una respuesta diametralmente opuesta a la que buscaban ya que la policía los reprimió cerrándoles la puerta en sus propias narices lo que propició un altercado contra los uniformados quienes por toda respuesta lanzaron gas pimienta o lacrimógeno a la multitud y se armó la pelotera.
Esto provocó que una mujer cayera ahogada por el picor del químico así como por los apretujones que se sucedieron en el lugar y provocaron palabras altisonantes y gritos de ambas partes en los que participó el mismo comandante de la policía municipal ya que mientras unos quería cerrar la puerta los otros trataban de abrirla.

SE DESMAYÓLa camorra casi arrolló a una señora de edad provecta que trataba de pasar por el lugar cuando se desarrollaron estos hechos y confió a los reporteros que temió por su seguridad ya que los policías se mostraron muy groseros y prepotentes y no respetan a la población.
Por su parte los vecinos de Tlacomulco exigían la presencia del alcalde Rogelio López Angulo quien ante los reclamos y sobre todo la agresión a la gente, se obligó a llegar y fue allí donde, dentro de la alcaldía, escuchó corrido los reclamos de la población y con cara de compungido ante la virulencia de los reclamos prometió solución.

REPRESIÓNLa obra, según el escrito, cuya copia nos fue proporcionada por los habitantes de este lugar, se refiere a la terminación del techado de la cancha de la telesecundaria “Daniel Cossío Villegas” que ha tenido diferentes dilaciones para ser terminada y el último plazo, firmado por el ayuntamiento fue el pasado 2 de octubre por lo que una vez vencido éste y ante una tardanza que ya cansa a la población, decidieron manifestarse pero nunca se imaginaron que les fueran a echar a la policía municipal y menos que hicieran uso de armas de represión como el gas lacrimógeno.

INEPTOLa situación, dijeron los enojados vecinos de Tlacomulco, es que el presidente municipal ha delegado obra pública a constructores emergentes entre los que hay desde contadores, hasta abogados tránsfugas de su profesión y sus propios parientes que han visto en la obra pública un importante negocio que dentro de esta situación de crisis económica les reditúa beneficios, lo malo, agregaron los manifestantes es que en los pueblos sufrimos por este problema como en Chicuase, una población de las más pobres del municipio, donde los habitantes obligaron a la Comuna a levantar tramos de pavimento de su nuevo camino debido a que fue muy mal hecho de igual manera que el camino de Tlapehuala.