De la Comisión Especial de asuntos alimentarios, de actividades relativo al periodo marzo-agosto de 2013
I. Presentación
Las profundas desigualdades y la pobreza que afecta a cerca de la mitad de la población de nuestro país, son los más graves problemas estructurales que nos aquejan, de los que se desprenden, en gran medida, otros igualmente impactantes como la inseguridad, la corrupción y la injusticia.
Pero la manifestación más indignante y vergonzosa de este problema que se ha agudizado en las últimas décadas, es la llamada pobreza alimentaria , que padecen 28 millones de mexicanos, es decir, que 25 por ciento de la población nacional (de acuerdo a datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) carece de los alimentos necesarios para subsistir; de ellos, 20 millones viven en el campo, donde se producen, o deberían producirse, los alimentos.
La dimensión del problema y de las enormes dificultades para atenderlo se expresan también en la baja productividad en la industria agropecuaria del país. El aumento de precios en los productos básicos y la dependencia alimentaria que se refleja en el constante incremento de las importaciones de alimentos es alarmante, al grado de que en 2012 casi llegaron a los 30 mil millones de dólares en su compra, cantidad superior a todo el presupuesto que destinamos para el campo, y 6 veces más al presupuesto que destinamos a la producción de alimentos.
Como ejemplo, las importaciones de soya ascienden a 95 por ciento de lo que consumimos; las de arroz 80 por ciento, trigo 56 por ciento, las de carne de res y puerco a 40 por ciento, las de maíz 33 por ciento y las de frijol a 20 por ciento.
En conjunto, según datos de la Auditoría Superior de la Federación, importamos 42 por ciento de lo que consumimos. A esto hay que agregar las desastrosas consecuencias de los fenómenos climatológicos (sequías y heladas) de los últimos años que mermaron producción de maíz, granos y otros productos alimenticios básicos, ya escasa en sí misma.
No sólo el porcentaje de la población que no tiene acceso a los alimentos básicos es alarmante. Otra manifestación del problema tiene que ver con la salud. La falta de acceso a una alimentación adecuada y sana nos ha llevado a que actualmente México sea el segundo lugar mundial en obesidad, el primero en obesidad infantil y a que nuestras generaciones futuras enfrenten 40 por ciento de desnutrición y 30 por ciento de obesidad.
Esta situación a su vez, tiene una alta incidencia en padecimientos como diabetes, cáncer y otras enfermedades crónicas no transmisibles, que en conjunto ocasionan 8 de cada 10 muertes en el país.
Ante esta situación, la gravedad que entraña y la urgencia de emprender medidas efectivas que realmente impacten en las causas y en las consecuencias del problema del hambre y contribuyan a materializar elDerecho a la Alimentación en México, la Comisión Especial de asuntos alimentarios de la Cámara de Diputados tiene por delante el enorme reto de promover, contribuir y aportar, desde el ámbito de su competencia, los elementos necesarios para que la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, produzca el marco jurídico que se requiere para orientar la acción del Estado mexicano en la atención de esta necesidad.
En este sentido y en el ámbito internacional, desde 1981 entró en vigor el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por las Naciones Unidas y obligatorio para México, al reunir los requisitos establecidos en nuestra Constitución, en el que se establece que "Los estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y una mejora continua de las condiciones de existencia" (Artículo 11).
En México se promulgó la reforma constitucional que reconoce y garantiza el derecho a la alimentación en nuestro país en octubre de 2011, en los siguientes términos:
"Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El estado lo garantizará." (Artículo 4o.) y "...El desarrollo rural integral y sustentable, a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre sus fines que el estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca." (Fracción XX del artículo 27).
Durante la LXI Legislatura se constituyó el Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo México, como instancia plural de legisladores de ambas Cámaras del Congreso de la Unión y de la sociedad civil, para impulsar las acciones legislativas y administrativas necesarias para avanzar en la atención del problema del hambre y en la reglamentación del derecho a la alimentación.
Otro avance significativo en la lucha que se ha dado contra la pobreza alimentaria y por el derecho a la alimentación, lo constituye el hecho de que en la Cámara de Diputados se aprobara finalmente una comisión, no obstante que sea especial, para atender esta materia de primer orden: la Comisión Especial de asuntos alimentarios.
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