Kara Castillo
El registro de casos de violaciones al derecho a la salud y a un medio ambiente sano en las comunidades pertenecientes a la cuenca del río Atoyac, crece. Al día de hoy el Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local AC ha documentado por lo menos 15 nuevos casos de leucemia, púrpura trombocitopénica y anemias que se suman a los 56 casos diagnosticados en 2006-2007. Los recientes estudios del Centro de Derechos Humanos revelan también que el 85% de las personas que participaron del análisis hecho a población abierta presentaban daños genotóxicos: pequeñas alteraciones genéticas a partir de sustancias tóxicas que son vertidas al río en los estados de Puebla y Tlaxcala.
Los pobladores señalan un sin número de enfermedades, y los gobiernos de Puebla y Tlaxcala tienen una respuesta burda: “son cuestiones genéticas”.
Además de negar la contaminación en el río, autoridades tlaxcaltecas deslegitiman el estudio que el Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés había emprendido con un costo de 250 mil pesos, con el Fondo de América del Norte para la Cooperación Ambiental FANCA y el técnico del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, además del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Laboratorio de Análisis y Tratamiento de Aguas Residuales de la Universidad Autónoma Metropolitana. Además, el gobierno de Tlaxcala contrata un nuevo estudio, del que pese a haber prometido los resultados en 2007, a la fecha nadie conoce.
En septiembre de 2006 el gobierno de Tlaxcala con el Instituto Politécnico Nacional (IPN) suscribió un millonario convenio con el objetivo de realizar un diagnóstico integral para el saneamiento de la cuenca del Alto Atoyac, ya que sus principales cauces, como el río Zahuapan, se han convertido en aguas negras por el crecimiento de los niveles de contaminación. El estudio, que tuvo un costo de 6 millones 490 mil pesos, estuvo a cargo de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas (Esique).
Sin embargo, y pese a ocultar los resultados, los gobiernos de Puebla y Tlaxcala inician una política pública de saneamiento, teniendo como conclusión, según el plan estratégico, que los grandes contaminadores son las comunidades, no las industrias.
Y en ese sentido, se detona un proyecto estratégico en Comisión Nacional del Agua a Plantas de Tratamiento de Agua residuales para comunidades. Las industrias son intocables. Ni siquiera Regulación Industrial sabe qué están arrojando a los ríos.
De las 104 plantas de tratamiento, que se refieren en el Plan Estratégico, sólo han instalado una.
Manuel Beristáin, delegado estatal de la Comisión Nacional del Agua, especificó que la única planta de tratamiento en el estado es la de Izúcar de Matamoros. “En construcción está la de Acajete, Atlixco, Domingo Arenas, Chiautzingo. En “proceso” —sin que especificara el estatus— está la de Zacatlán, Huauchinango y Venustiano Carranza.
Mientras tanto, los estudios que correlacionan enfermedades ocasionadas por la creciente contaminación y las situaciones genotóxicas en pobladores cercanas al río, se multiplican.
Como la tesis de maestría presentada por la maestra en Ciencias Juana Sánchez Alarcón “Análisis de la Proliferación Celular y Frecuencia de Intercambio de cromátidas hermanas en Linfocitos Humanos en Cultivo Expuesto a Efluentes Industriales”
René Reyes Mazzoco, profesor de tiempo completo del departamento de Ingeniería Química y Alimentos de la Universidad de las Américas Puebla, refiere: “Tomando en cuenta los parámetros que utiliza la Semarnat para medir la calidad del agua, podemos observar que de acuerdo a la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), el 5.4 por ciento de los ríos está fuertemente contaminado.
“A este gobierno federal ya sólo le quedan 3 años, es un hecho que no cumplirá con el saneamiento del agua. Es un lento proceso del plan Nacional de Infraestructura que tiene como prioridad carreteras”, coinciden los académicos y activistas.
Pobladores de la región Tlaxcala-Puebla que pertenecen a la red de afectados ambientales, plantean una denuncia al Estado mexicano por omisión, por el incumplimiento de las obligaciones, en el mes abril y mayo del próximo año.
El tribunal del agua
“Luego de nuestro estudio, de inmediato se negó cualquier contaminación en la región ocasionada por la industria de la mezclilla”, relata Eduardo Morales Sierra, del Centro Fray Julián Garcés.
Explica que es en el año 2002 cuando surge la denuncia desde la comunidad de Villa Alta por la existencia de daños a la salud de la población en las comunidades cercanas al río Atoyac por la contaminación industrial.
El Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local, inicia entonces la investigación y precisa cuántos casos existen, y además de ubicarlos a todos en las riberas del río Atoyac. También dan cuenta del cuadro común y del problema de salud pública en la región.
Con la participación del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, el Centro se pronuncia por la alerta de un problema grave de salud en Puebla y Tlaxcala, ocasionado por la contaminación; ubican daños genitóxicos por la presencia de sustancias insalubres.
“En el estudio participaron el Fondo de América del Norte para la Cooperación Ambiental (FANCA), el técnico del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Laboratorio de Análisis y Tratamiento de Aguas Residuales de la Universidad Autónoma Metropolitana. Con ellos construimos el primer diagnóstico de la situación ambiental a través del cual logramos conocer las sustancias tóxicas existentes en los ríos Atoyac y Xochiac, los parámetros que se encontraban por arriba de los límites máximos permisibles establecidos por la NOM-001-ECOL-1996 y los daños genotóxicos en la población de 13 comunidades de la cuenca”, dijo Sierra.
En el 2005, luego de un análisis legislativo, el Centro de Derechos Humanos presenta el caso ante el Tribunal Latinoamericano del Agua, el cual determinó en su dictamen del 17 de marzo del 2006, que los gobiernos de Puebla y Tlaxcala deberían establecer políticas públicas adecuadas que permitieran eliminar el grave problema de deterioro ambiental y social que existe en la región, haciendo referencia a la presencia de compuestos orgánicos volátiles en los ríos, en las enfermedades atípicas y a los daños genotóxicos que presentan los habitantes de las comunidades cercanas.
Sin embargo, el Tribunal Latinoamericano del Agua hizo referencia a que si bien se había demostrado la presencia de sustancias tóxicas en los cuerpos de agua y la presencia de daños genotóxicos, se desconocía el origen de estas sustancias, por lo que no se podían establecer responsables que permitieran medidas precautorias y de reparación de daños, tanto en la salud de la población como en la regeneración de los cuerpos de agua.
El estudio
Es a partir del seguimiento que se da a la Pastoral de Derechos Humanos de la Diócesis de Tlaxcala y la coordinadora Por un Atoyac con Vida, que se genera una metodología para demostrar la presencia de sustancias tóxicas en el medio ambiente que provoquen las enfermedades.
Así empieza una relación de nombres y direcciones de personas enfermas o familiares de personas que estuvieron enfermas y que fallecieron.
El acercamiento con los enfermos y familiares hacen que se registren los casos de leucemia y púrpura trombocitopénica.
La difusión de manera indirecta por parte de las personas de la Pastoral Social dio pauta a que otras personas de las comunidades de Tlaxcala y Puebla manifestaran su preocupación por la misma problemática, cuyos cuadros eran recurrentes y repetitivos.
A la fecha, se suman 15 personas más a los 56 casos que habían demostrado la correlación de su enfermedad con las sustancias contaminantes.
El estudio señala que en las comunidades hubo 80% de personas que presentaron daños genotóxicos 5 veces más altos que el promedio de laboratorio que hasta entonces había registrado el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM.
El impacto del conocimiento de la investigación fue mínimo, el eco internacional lo tuvo luego que fue publicada por la revista Mutagénesis, pero quedó allí.
La increíble documentación presentaba resultados de mezclas de sustancias tóxicas “terribles” como cloroformo, cloruro de metileno y tolueno, incluso documentaron industrias que trabajan con benceno y plagicidas que están prohibidos por su uso tóxico y volátil.
Regina Montero Montaya, investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, presentó su estudio biológico, investigando acerca de los sistemas de estudio de mircronúcleso y (gemaciones de cormatina) en linfocitos de sangre periférica, modelo que permite estimar el daño que pudiera ocurrir en tejidos internos a causa de la exposición a sustancias químicas, que se sabe que producen rompimiento o mala segregación de los cromosomas.
El estudio refiere que se han registrado 8 enfermedades distintas, púrpura trombocitopénica, leucemia, asma, sagrado nasal, leucopenia, hidrocefalia, dolores agudos en la cabeza y otros tipos de cáncer.
De las enfermedades presentadas —según el estudio— se puede establecer que estas se encuentran concentradas territorialmente en las comunidades.
La púrpura trombocitopénica es considerada como una disfunción sanguínea que se caracteriza porque la persona afectada presenta sangrados y manchas en la piel o moretones. Se han registrado y documentado casos paralelos al río Atoyac, a través de la Carretera San Martín Texmelucan y en el corredor Industrial Quetzalcóalt.
Las estimaciones del riesgo a la salud tuvieron como principal escenario factible de exposición a los compuestos tóxicos cloruro de metileno y cloroformo, detectados en el río Atoyac. Es la inhalación crónica. La población que habita a unos metros de los canales abiertos que recorren las comunidades, en el centro del estudio, es la población más vulnerable a este riesgo potencial a la exposición.
Otro grupo identificado es el de los trabajadores del campo que emplean esa agua en el riego por inundación de sus terrenos de cultivo.
El territorio estudiado retoma el territorio urbanizado a partir de San Martín Texmelucan con la instalación primero del Complejo Petroquímico Independencia PEMEX, en la década posterior a 1990, con el crecimiento de los tres corredores industriales Quetzalcóalt, Ixtacuixtla y Huejotzingo y la maquila intraurbana.
Estas diversas formas de crecimiento industrial se encuentran actualmente inmersas en al traza urbano-rural de varias de las comunidades consideradas en el estudio.
Los complejos en esta región inician operación con la producción de dodecilbenceno y alquilarilo pesado. El estudio aduce que posteriormente se produce acrilonitrilo, ácido cianhídrico, propileno acentonitrilo y metanol.
En el corredor industrial Quetzalcóalt, se ubican empresas textiles, de alimentos, de fabricación de químicos aromáticos para la industria alimenticia.
El corredor industrial Huejotzingo se encuentra ubicado al Este de la comunidad de Santa Ana Xalmimilulco, donde se encuentran empresas textil como Skytek y Globaltex, además de la compañía de refrescos Big Cola y la de materiales de curación Kendall.
El fenómeno de la maquila intraurbana corresponde a la presencia dispersa en las comuniddes de empresas, medianas y pequeñas, algunas improvisadas en casas habitación que maquilan a la industria textil de la mezclilla. Las actividades que desarrollan varían desde decolorar, deslavar o teñir la mezclilla, hasta la costura de prendas de mezclilla.
GUERRA DE ESTUDIOS. EL DEL ESTADO, MILLONARIO
Luego de la presentación del estudio presentado por el Centro Atoyac – Zahuapan, Experiencia de un Diagnóstico Económico, Social y Ambiental Participativo y Ambiente y Derechos Humanos donde se difundían parte de los resultados, autoridades de Tlaxcala entraron en un debate con la organización: “se aceptó que el río estaba contaminado pero no aceptaron los estudios, por no ser válidos, a pesar de la participación de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Ingeniería que participó en los estudios y ganó un premio en la Organización Panamericana de la Salud por la investigación y meticulosidad del reporte sobre el río Atoyac, y son retomados por revistas especializadas”, dijo Morales
El gobierno de Tlaxcala inicia sus propias investigaciones que costea en 6 millones 490 mil pesos por un diagnóstico, con el Instituto Politécnico Nacional, 25 veces más de lo que usó el Centro Fray Julián Garcés, gastó 250 mil pesos, (25 mil dólares) en estudios que incluía entonces el seguimiento de daños genotóxicos.
El mandatario tlaxcalteca Héctor Ortiz Ortiz y del director del IPN, José Enrique Villa Rivera, junto con el titular del Poder Ejecutivo de Puebla, Mario Marín Torres, firmaron un convenio que se llevó a cabo en el patio central de Palacio de Gobierno.
Se prometió que el desarrollo del diagnóstico llevaría 15 meses y en una primera etapa se llevará a cabo un levantamiento de sitio en 28 plantas de tipo municipal, a efecto de conocer las condiciones actuales en las que se encuentran los sistemas de tratamiento y su eficiencia en la remoción de contaminantes, medidos como carga orgánica, bacteriológicos y metales pesados, explicó el director general del IPN, José Enrique Villa Rivera.
En 2007 prometieron entregar los resultados pero hasta esta fecha esto no ha sido posible. La respuesta al acceso a los resultados vía IFAI fue que la información era confidencial. El gobierno de Tlaxcala argumenta que el estudio está incompleto y que aún no puede entregar los resultados así.
INCUMPLEN NORMA MEXICANA RÍO ATOYAC
“En Puebla, la laguna de Valsequillo y el río Atoyac incumplen los estándares que marca la Norma Mexicana de Manejo de Agua Residual. Ambos cuerpos de agua se ubican como lugares contaminados debido a que no mantienen vida acuática” asegura el Dr. René Reyes Mazzoco, profesor de tiempo completo del departamento de Ingeniería Química y Alimentos de la Universidad de las Américas Puebla.
El catedrático está seguro que los proyectos que hasta la fecha se han planteado para la recuperación de Valsequillo y el Atoyac han sido postergados por cuestiones políticas y por el alto costo que conllevan.
Explicó que dicho rezago fue determinado por la Norma Mexicana de Manejo de Agua Residual, la cual decretó desde el año 2000 que ciudades como Puebla, con más de 50 mil habitantes, cumplen con los límites máximos permisibles de descarga de agua potable.
Dijo que una de las causas del rezago en la depuración de agua en la zona centro es la poca atención al desarrollo de proyectos de reciclaje del vital líquido.“Estamos muy enfocados al suministro del líquido, pero hacemos muy poco o nada en materia de reuso”.
2010: DEMANDA POR OMISIÓN AL GOBIERNO MEXICANO
Pobladores de la región Tlaxcala-Puebla que pertenecen a la red de Afectados Ambientales, plantea una denuncia al estado Mexicano por Omisión, por el incumplimiento de las obligaciones, en el mes abril y mayo del próximo año.
Para las organizaciones Centro “Fray Julián Garcés” la Coordinadora “Por un Atoyac con Vida” el Centro Atoyac –– Zahuapan y Calidad de Vida S. C, todo el origen del problema de contaminación y de daños salud, es producto de la ubanización salvaje, desvinculada del territorio, del ambiente. “Las comunidades originales viven las consecuencia biológicas de una inmensidad de sustancias tóxicas”.
Eduardo Morales Sierra considero que desde la implementación parcial de políticas públicas que está implementando el gobierno, no habrá solución real ni a largo ni corto plazo, mientras no se responsabilice a las industrias de sus desechos y que el estado asuma sus obligaciones que tienen en materia de derechos humanos de la salud, será difícil la solución.
“Aún cuando el problema del agua sea atendido, no se resuelve el problema, ni las incineradoras, ni la presencia del benceno y los plagicidas; la solución cargará los costos a las comunidades”
El Centro de Fray Julián Garcés emprenderá en 2010 un estudio que va de Tlaxco hasta Valsequillo, en el río Zahuapan, con el Instituto Biomédicas de la UNAM, estudio de toxicidad en animales de laboratorio.
