Es un delito ocultar los convenios de publicidad con medios: CAIP

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CIUDAD Viola la Ley de Transparencia y la Constitución

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Por Gerardo Rojas González 

Los convenios de publicidad con medios de comunicación son información pública de oficio y reservarla viola la Ley de Transparencia del estado de Puebla y el artículo sexto constitucional, aseveró Blanca Lilia Ibarra Cadena, presidenta de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP).

De acuerdo con la fracción VI del artículo 9 de la Ley de Transparencia del estado, los convenios son información pública de oficio y deben aparecer en los portales de gobierno, sin que la ciudadanía deba solicitarlos.

Ibarra Cadena recordó que la CAIP ha ordenado la difusión de información relacionada con el gasto en medios de comunicación, sin embargo a pesar de las resoluciones emitidas por el órgano garante, durante la administración de Mario Marín “no se entregó la información a pesar de que el pleno resolvió ya que se trata de información pública y se debe de entregar”.
En junio de 2010 el organismo ordenó la entrega de información relacionada con el gasto en publicidad gubernamental y los estudios de opinión, con el mantenimiento de Casa Puebla, con las actas del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (Coplade) y condenó el uso de tácticas "dilatorias" por parte de las dependencias para la entrega de información. 
No existen sanciones a quien violenta ley de transparencia, lamenta Buxadé
La presidenta de la Comisión de Transparencia en el Congreso, Josefina Buxadé Castelán, reconoció que aún cuando la Ley de Transparencia obliga a cualquier funcionario público a transparentar los convenios administrativos con medios de comunicación, en la práctica nadie lo hace, ya que “no existen sanciones para quien los niegue”.
La diputada local por el PAN aseguró que buscará que se incluya el establecimiento de responsabilidades y sanciones a los funcionarios que nieguen este tipo de información con modificaciones la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos.
Según Josefina Buxadé, por el momento se busca evitar negativas a los recursos de revisión de los ciudadanos y se irá avanzando en la materia durante la actual legislatura.
Reservar datos de convenios da cuenta de manejos turbios, considera la Amedi
Para la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) el reservar datos de convenios con medios de comunicación causa impresión de manejos turbios de quienes los ejercen.
“Los recursos económicos que reparten a los medios deben ser transparentes y en congruencia a la lógica de compra-venta, de acuerdo con las audiencias y los alcances de los vendedores”, consideró Roberto Alonso, secretario del capítulo Puebla de la AMEDI.
La AMEDI consideró que la publicidad oficial es el nuevo mecanismo de censura para inyectar recursos o ahogar a los medios de comunicación, “no es oculto que los medios viven de la publicidad y al quitárselas les causan problemas”.

Acceso a la información, letra muerta en Puebla

Imagen poblana
Hace 8 meses, un ciudadano solicitó a la PGJ una copia del expediente de la averiguación previa del asesinato de Joel Arriaga Navarro, la cual nunca obtuvo; la CAIP fingió interés, pero sólo para darse lustre momentáneo 22 de abril del 2010Dalia Patiño


Faltan cinco meses para que se cumpla un año desde que un ciudadano, Miguel de la Cruz, solicitó a la Procuraduría General de Justicia una copia del expediente de la averiguación previa del asesinato de Joel Arriaga Navarro, líder universitario de la década de los 70´s. Los plazos establecidos por la Ley de Transparencia se han cumplido y pese a tener una orden para que proporcione la información, ésta aún no es entregada.

El caso destaca porque el pasado 22 de febrero, la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) anunciaba a los medios, por cierto antes que al interesado, su decisión de aprobar por unanimidad de votos que la PGJ tenía que dar al solicitante una versión pública de la información que requirió.

Todo quedó en un manejo mediático, en parte por la propia CAIP, la cual quiso dar muestras de eficacia; pero su falta de autonomía y la carencia de facultades para sancionar a cualquier dependencia que se niegue a cumplir con sus resoluciones, dejó al descubierto que la finalidad del organismo, la de entregar la información al ciudadano, está lejos de cumplirse.

Las solicitudes fueron muchas, los recursos de revisión también se pueden contar. El fallo de la CAIP fue una muestra más de la ineficiencia de nuestras instituciones y organismos que se suponen salvaguardan los derechos de los ciudadanos.

Para nadie es un secreto que la Ley de Transparencia en Puebla es de las peores del país; la herencia de nuestra actual legislatura, que poco hizo por adecuar una ley que permitiera a los poblanos tener un verdadero canal para preguntar, pero sobre todo para saber.

Bitácora de la desinformación

El 14 de agosto de 2009, Miguel de la Cruz presentó una solicitud de acceso a la información a través del Módulo de Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla (MAIPEP) en la que pedía una copia del expediente de la averiguación previa referente al asesinato de Joel Arriaga, con la identificación 123/2130/72/DMSIIII.

El 1 de septiembre de 2009, el MAIPEP se tomó como lo marca la ley una ampliación del plazo que le marcan (10 días hábiles) para dar respuesta. Así, tras un mes de espera la PGJ contestó al solicitante que no contaba con la personalidad jurídica; además de que por tratarse de una averiguación previa la información no podría proporcionarse para no comprometer los procedimientos de investigación, entre otros argumentos.

El 28 de septiembre del 2009, De la Cruz interpuso un recurso de revisión ante la CAIP, acompañado de los siguientes argumentos: “la averiguación del asesinato de Joel Arriaga ya lo dio por concluida la PGJ ya que por ley después de 30 años de un asesinato, se prescribe el caso, por lo tanto no hay ninguna injerencia en la investigación”.

Asimismo, mencionó como precedente la orden de la CAIP para que la PGJ abriera sus expedientes y ofreciera la lista de asesinatos de mujeres no resueltos en el estado desde el año 2000, lo que demostró que el argumento de la PGJ no era válido.

Es así como el 7 de octubre de 2009 se abre el expediente del recurso de revisión con el número 37/PGJ-03/2009.

Así, después de un intercambio de expedientes y oficios entre la CAIP y la PGJ, la dependencia entregó una copia del expediente para su análisis a fin de determinar si era procedente hacer pública la información. De este proceso se determinó omitir nombres de familiares, sospechosos y fotografías del asesinato, dejando abierto el resto del expediente.

A partir del 22 de febrero, la PGJ tuvo 15 días hábiles para finalmente entregar el expediente al solicitante; sin embargo, el ministerio público de la metropolitana sur, Claudia Carmona Cid, hasta la fecha no ha dado respuesta a la petición.

Cabe recordar que la MP también se desempeña como fiscal especial en la investigación y consignación de las denuncias miles de defraudados por la Financiera Coofia, Grupo Inmobiliario SITMA, Invergroup e Inverbien.

Finalmente, ayer miércoles, a casi un año, se esperaba que la PGJ entregara a Miguel de la Cruz un documento donde explique sus argumentos del por qué se ha negado a entregar la información que por ley está obligado a dar. Lo anterior abre una posibilidad para que el ciudadano pueda interponer una queja ante la Sedecap, para que se abra una investigación en contra del titular de la Unidad de Acceso a la Información de la PGJ.

Y es que de acuerdo a lo que establece el artículo 54 fracción II, “los Servidores Públicos incurrirán en responsabilidad administrativa por incumplimiento de los preceptos de esta Ley en los casos siguientes: II. Actuar con negligencia, dolo o mala fe, en la substanciación de las solicitudes de acceso a la información o en la difusión de la información a que están obligados conforme a esta Ley.

Sedecap sancionó al actual titular de la SDR

Septiembre 8th, 2009 ¿Por qué en la relación de funcionarios estatales sancionados por la Sedecap no aparecen funcionarios de alto rango?
Puro charalito y cero peces gordos.
En los cuatro años y medio de este sexenio, si bien se han aplicado multas contra 243 servidores públicos, entre ellos no se encuentran subsecretarios o secretarios, pese a que las irregularidades que se les documenta y, por las cuales funcionarios de menor rango, sí reciben castigo.
O cómo explicar la permanencia, sin ninguna mancha en su expediente, de Antonio Juárez Acevedo en la CAIP; el paso de Alejandro Fernández Soto por Seguridad Pública en medio del caso de espionaje al Frente Cívico Poblano.
O la muerte de un empresario detenido en los separos de la ex Policía Judicial, con una inhabilitación por 10 años a tres agentes, sin que el brazo de la contraloría llegara a la titular de la Procuraduría en enero de 2008, Blanca Laura Villeda.
Hasta ahora, el único funcionario de alto rango que ha sido objeto de una sanción por parte de la Sedecap es Gustavo Jiménez Aguayo, actual titular de la Secretaría de Desarrollo Rural.
Sin embargo no es por alguna acción que haya cometido después de que Alberto Jiménez Merino salió de la dependencia para buscar una diputación federal.
Fue en 2007, cuando era director de Agroindustria y Comercialización que la contraloría lo suspendió por un mes sin goce de sueldo y le aplicó una sanción económica por 4 mil pesos, al “no abstenerse de actos que implican ejercicio indebido de su empleo”.
Ese antecedente no le impidió ese mismo año ser nombrado subsecretario de Agronegocios, después encargado de despacho y, a partir de febrero de este año, secretario de Desarrollo Rural.