Difama exprofesor a nuestra reportera

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Luego de haberse publicado la nota de un profesor bañándose con sus alumnos, en un viaje de estudios a Huatulco, Ramón Almazo Domínguez, se ha encargado de perjudicar a la corresponsal de esta casa editora, Yessica Ayala, a través de publicaciones en medios digitales.

En “entrevistas”, cita motivos por los que supuestamente fue perjudicado exponiendo el asunto a la sociedad, pero utilizando infundios que intentan desviar el asunto de fondo.

Para recordar el caso, hace unos meses un grupo de alumnos hicieron público vía Facebook varias fotografías donde el profesor se estaba bañando con sus alumnos en un viaje de estudios, por lo que decidieron buscar a la reportera para que se diera a conocer el caso, ya que en la dirección no habían tenido éxito mediante algunos reportes emitidos.

Posteriormente el asunto fue analizado por directivos de la SEP quienes determinaron que el profesor y ex encargado de la oficina de la carrera de Industrial fuera destituido del cargo por no tener una conducta moral adecuada.

Puntual publicó esta información por exisitir una denuncia y pruebas de los hechos. Cabe resaltar que fue la SEP la que determinó la separación del cargo.Y en todo caso es la propia Secretaría de Educación Pública la que tiene la autoridad para su reinstalación en caso de que se compruebe que no hubo una conducta inadecuada.

Lamentablemente Ramón Almazo Domínguez, ha buscado la manera de desprestigiar a la reportera mezclando otros trabajos periodísticos que desempeña como corresponsal de Televisa, por cierto, medio en donde no se difundió dicha noticia.

Por lo anterior los infundios que circulan en contra de nuestra compañara, confirman la calidad moral de Almazo Domínguez; no es en los medios donde se litiga, por eso es evidente la campaña de desprestigio que por venganza, se está llevando a cabo.

Por parte de la directiva se refrenda el apoyo a la reportera Yessica Ayala quien sustentó con pruebas una denuncia, no más, no menos.

ATTE. MIGUEL Á. CRISANTO

DIRECTOR GENERAL DE DIARIO PUNTUAL

Gobierno de Puebla acusa a periodistas de "abuso de libertad de expresión"

Obsertvatorio de medios

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Los periodistas involucrados señalaron que el gobierno estatal que encabeza Rafael Moreno Valle ha dado muestras de "actos de intolerancia"

Por Elvia Cruz y Rodrigo Soberanes

(CNNMéxico) — El gobierno de Puebla presentó la mañana de este martes dos demandas “por abuso de la libertad de expresión mediante la ofensa y la denostación de funcionarios” en contra de un columnista y el diario El Heraldo de Puebla y prevé presentar al menos 17 más.

Las demandas fueron presentadas la mañana de este martes ante un juez civil contra el director general de la página de noticias Contraparte Informativa, Fabián Gómez Hernández, y el columnista del diario El Heraldo de Puebla, Adrián Ruiz, según confirmó la vocería a medios locales.

“El director general de Comunicación Social del Poder Ejecutivo del estado de Puebla, Sergio Ramírez Robles demandó CIVILMENTE ante el Poder Judicial estatal, a Fabián Gómez Hernández y Adrián Ruiz, por daño moral al abusar de la libertad de expresión en perjuicio del honor del gobierno a través de la humillación de funcionarios públicos", señaló el gobierno estatal a través de un comunicado.

Según el documento, los periodistas "sobrepasaron los límites del libre ejercicio del periodismo y la libertad de expresión, al no tener la intención de hacer del conocimiento un hecho de interés general, ni servir a las personas para tomar decisiones que enriquezcan la convivencia o participación democrática, y fuera de contexto, insultar sistemáticamente a funcionarios del gobierno de Puebla".

Medios locales reportaron que el gobierno que encabeza Rafael Moreno Valle prevé presentar al menos 17 denuncias más. Cuestionado por reporteros locales sobre el número exacto de periodistas que prevén demandar, el vocero del gobierno del estado respondió que “se analizan todas las que dañen la honra y la reputación de los funcionarios”.

El columnista Fabián Gómez, objetivo de una de las demandas presentadas, dijo a CNNMéxico que considera que estas demandas son actos de intolerancia del gobierno estatal.

“Quiero dejar en claro que esto demuestra la intolerancia del Poder Ejecutivo que encabeza Rafael Moreno Valle. A varios (periodistas) nos ha mandado a amenazar vía telefónica, a través de números privados; y también ha mandado a seguirnos para callarnos”, dijo Gómez.

“Ellos (el gobierno) no soportan la mínima crítica. En Contraparte Informativa no estamos ni en contra ni en favor del gobernador, simplemente ejercemos nuestra libertad de expresión. Aunque Moreno Valle nos está mandando el mensaje de querer meter miedo; por mi parte, quiero dejarle en claro: no me callarán, ni me meten miedo”, agregó el periodista.

Gómez Hernández se caracteriza por las críticas “duras” que realiza a través de su columna La Radiografía en Contraparte Informativa, donde es el director general.

El director del periódico digital e-consulta, Rodolfo Ruiz, quien se encuentra en la lista de periodistas que serían demandados, dijo a CNNMéxico que, aunque no hay una confirmación oficial de las 19 denuncias, todos los periodistas mencionados tienes posturas críticas contra el gobierno estatal.

Rodolfo Ruiz dijo que varios medios, incluyendo E-Consulta han sufrido bloqueos publicitarios desde la administración estatal y en su caso, dijo, sufrió el "acoso" de la administración de Moreno Valle cuando su esposa fue denunciada.

Las denuncias contra los periodistas ocurren tres días después de que los reporteros Gerardo Rojas, de e-consulta, y Jesse Brena, del periódico Milenio, fueron presuntamente privados de su libertad por supuestos agentes de la policía estatal y abandonados horas después en un lote baldío en la zona Ciudad Judicial. 

Los reporteros interpusieron una queja en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP) en contra de tres elementos de la policía estatal de Puebla, informó la agencia Notimex.

Darío Ramírez, director en México de la organización defensora de la libertad de expresión, Artículo 19, dijo a CNNMéxico que tiene información de otro caso de un periodista poblano que ha sido notificado de la denuncia en su contra.

El activista informó que Artículo 19 ya se encuentra asesorando legalmente a otros de los periodistas que serían denunciados.

Ramírez calificó esas denuncias como "una acción inhibitoria de la libertad de expresión" y consideró que el gobierno de Puebla podría haber recurrido a otras medidas antes de la denuncia civil

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Universidad de Columbia, advierte a los estudiantes contra Wikileaks

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Universidad de Columbia, advierte a los estudiantes contra Wikileaks

Amazon cortado Wikileaks
cuestiones notificación roja de Interpol para founderLibel Wikileaks: NMT condenarla al pago de £ 200,000 en la corte
Emiratos Árabes Unidos: sitio web de Noticias de cierre para expressionWikileaks libre y los riesgos de "censura intermediario"
03 de diciembre 2010
La propiedad privada de alojamiento web plantea problemas graves para la libertad de expresión, dice Jillian C. York
última versión Wikileaks 'está haciendo sus rondas en los medios de comunicación. Enlaces a cablegate.wikileaks.org están circulando, publicado en Twitter y Facebook, pasa alrededor de correos electrónicos. Después de varios lanzamientos de la organización de denuncia de irregularidades, que hemos empezado a dar por sentado que la información se filtró - por lo menos lo que ya está en línea - será accesible para nosotros.
Y, sin embargo, las fuerzas que se, liderado por EE.UU. El senador demócrata Joe Lieberman, están en una búsqueda para limitar nuestro acceso. A principios de esta semana, después de una llamada de Lieberman, el Amazonas - que había sido anfitrión de la página - WikiLeaks arrancado de su servicio de hosting. Ayer una pequeña empresa americana llamada Tableau bajó visualizaciones basadas en datos de Wikileaks, y agregó Lieberman nuevo huésped Wikileaks ', la empresa sueca Bahnhof, a su lista de resultados. Temprano esta mañana, proveedor de hosting EveryDNS cayó Wikleaks, alegando que tenía que proteger a sus otros clientes de los ataques. Wikileaks ha trasladado posteriormente a un anfitrión Suiza.
Como señala Rebecca MacKinnon, esta no es la primera vez que Lieberman se ha hecho esa llamada, en 2008, el senador exigió la eliminación de los "contenidos producidos por organizaciones terroristas islamistas" en el sitio para compartir videos YouTube. La empresa se negó a quitar la mayoría del contenido, su abogado señaló que estaba cubierto por la Primera Enmienda.
Hay, por supuesto, un precedente para la eliminación de contenidos a petición del gobierno, así ... un montón de ella, de hecho. A principios de este año, Google hizo públicas las peticiones del gobierno para los datos, así como para la eliminación de contenido - en los Estados Unidos, este último fue de 128 para un período de seis meses de período. Durante el mismo período, el Reino Unido con 48 solicitudes.
Estos ejemplos representan una tendencia más amplia, que Ethan Zuckerman ha calificado de "censura intermediario." No siempre se trata de la seguridad nacional, ni es siempre a instancias de un gobierno, pero cada vez más, las empresas estadounidenses son la eliminación de expresión protegida de sus servidores.
Por supuesto, estas empresas privadas tienen todo el derecho a establecer sus propias reglas, las que los usuarios se espera que observen. A pesar de los llamamientos de Lieberman, Amazon afirma sus términos de servicio fueron violados por WikiLeaks acceder a los contenidos a los que no poseen los derechos. Los observadores no debería sorprendernos: en otro caso reciente, Amazon sacó un libro sobre la pedofilia en respuesta a la presión pública. Servicio de hosting Rackspace quitado el sitio web de la polémica Corán-quema pastor Terry Jones. Y sitios de redes sociales como Facebook y YouTube regularmente eliminar el contenido que violen sus términos de servicio.
A veces, esos retiros son el resultado de los intentos, sin embargo, errónea, de cumplir con la ley. En 2009, Bluehost alojamiento web estadounidense cortar el servicio de un grupo de activistas de Zimbabwe en un intento por cumplir con las leyes de exportación de EE.UU., como se vio después, la empresa de alojamiento estaba siendo excesivamente cauteloso y revocó su decisión. En un incidente similar, LinkedIn bloqueado el acceso a todo el país de Siria, una decisión que fue revocada también cuando la empresa se enteraron de que había exceso de cumplimiento.
Una vez más, todas estas empresas se encontraban dentro de sus derechos - la pregunta es, ¿tienen la responsabilidad de defender los principios de la libertad de expresión? Si el papel que desempeñan como parte de la esfera pública tienen un efecto sobre la forma en que la policía a sus clientes?
Los ciudadanos de todo el mundo dependen cada vez más espacios de propiedad privada para llevar el discurso público. Leemos las noticias, participar en el debate político, escribir blogs. Sin embargo, el dependiente nos convertimos en más plataformas en línea para ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión, peor vamos a sentir cuando la alfombra se ve llevada por debajo de nosotros.
la confirmación de Amazon de que le quitaron WikiLeaks a causa de una violación de los términos de servicio - y no por una solicitud del gobierno - debe alarmarnos a todos. Una vez las empresas empezar a decidir por sí mismos que ha violado la ley, están teniendo que efectivamente la ley en sus propias manos.
El hecho del asunto es, no es ni rentable ni fácil ser el anfitrión de un propio contenido, y lo que la mayoría de nosotros estamos obligados a las normas y reglamentos de las empresas. Como Rebecca MacKinnon escribe: "El futuro de la libertad en la era de Internet y puede depender de si la gente puede tener éxito en sociedades de cartera que ahora actúan como árbitros del discurso público responsable ante el interés público."
Si queremos defender nuestro derecho a la libre expresión, la respuesta es clara: como los clientes, debemos hacer oír nuestras voces a las empresas que controlan nuestro contenido. Esto significa apoyar las iniciativas que impulsan a las empresas a crear mejores políticas para la regulación de los contenidos. Esto también significa hablar en voz alta con nuestro dinero, y teniendo en nuestro negocio para las empresas que respetan los principios de la libertad de expresión.

Ley de medios. Miguel Ángel Granados Chapa

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.. Reforma, 19 de abril de 2010
Plaza pública
Desahogada la de mañana, faltarán sólo tres sesiones para que termine este periodo, el segundo de la LXI Legislatura. La agenda de las Cámaras está saturada de grandes asuntos, no todos los cuales podrán ser abordados por diputados y senadores. A pesar de una sorpresiva evolución en su curso, esperemos que antes del 30 de abril sea atendida en el pleno de Xicoténcatl y de San Lázaro la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales presentada simultáneamente en sus respectivas Cámaras por las bancadas del Partido Acción Nacional, que ya se estudia en comisiones al comenzar esta penúltima semana de la temporada legislativa.
Ocurrió el miércoles pasado un suceso extraordinario, que puede ser el momento fundacional de la nueva legislación de medios. Para ese día se habían citado a debatir en el Senado de la República el diputado Javier Corral, pugnaz promotor de nuevas normas en esta materia, y Carlos Sotelo, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado. Esta comisión se había reunido apresuradamente el jueves precedente para aprobar el dictamen sobre una reforma parcial, insuficiente y anticonstitucional a la ley de radio y televisión. En su prisa, instigada por el senador Manlio Fabio Beltrones y por Televisa (que maquiló fuera de esa Cámara el dictamen correspondiente), la comisión encabezada por Sotelo se abstuvo de tener en cuenta, como lo ordena el procedimiento parlamentario, la iniciativa que minutos antes habían presentado el senador Gustavo Madero y el diputado Corral.
En una entrevista realizada el viernes anterior en Radio Trece por Javier Solórzano, ambos legisladores habían cruzado no sólo argumentos acerca de sus propias posiciones, sino también juicios sobre la conducta política de cada quien. Quedó claro que para Corral, Sotelo se había apartado del camino que conducía a una reforma integral, no la minireforma que en ese momento favorecía, en beneficio de un núcleo de concesionarios, que a través de la cámara industrial correspondiente habían presionado en diciembre pasado la inclusión de medidas que les significaban provecho. La CIRT publicó entonces un desplegado pretendidamente contra Sotelo. Pero cumplidas sus expectativas se abstuvieron de publicarlo de nuevo, pues el dictamen siempre satisfizo sus posiciones y sus intereses.
Agotado el tiempo del debate radial el viernes, Corral y Sotelo convinieron en reanudarlo en el Senado el miércoles, como queda dicho. No era fuego de artificio, no era sólo la expectativa de una discusión apasionante, sino la ocasión para que se decantaran las motivaciones de las partes en un debate parlamentario en que los favorecedores de Televisa no suelen entrar en la discusión. A última hora, sin embargo, el encuentro entre Corral y Sotelo se suspendió porque compañeros legisladores suyos encontraron más fructífero discutir la iniciativa panista de reforma integral junto con la promoción del proyecto Beltrones de que se estaba haciendo responsable Sotelo.



Debe ser reconocido el papel que en esta decisión desempeñaron, además de Corral y Sotelo que depusieron sus armas para blandirlas en la discusión en comisiones y en el pleno, los senadores panistas Madero, Santiago Creel y Ricardo García Cervantes, y el presidente de la Mesa Directiva, el perredista Carlos Navarrete. La decisión que empujaron se tradujo ya en un nuevo enfoque del trabajo parlamentario a ese respecto, pues el asunto se aborda en la Comisión de Estudios Legislativos que incorporó el tema a su agenda, de la que estaba ausente.
El acuerdo entre PAN y PRD dejó al margen al PRI. La iniciativa panista puede ser aprobada en el Senado sin la participación priista. Pero ésta es necesaria en San Lázaro, ya que allí la bancada tricolor, con sus aliados verdes, puede reunir la mayoría absoluta. A riesgo de que el proceso se congele, se requiere una negociación que haga avanzar a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales. Un mecanismo posible es que esta iniciativa sea aprobada aun por el PRI a condición de que un artículo transitorio prevea la prórroga administrativa requisitada de las concesiones, que es el nombre -y el subterfugio- del refrendo automático, imposible por ser inconstitucional. Se daría con ello certidumbre jurídica a los pequeños concesionarios, cuyas autorizaciones han vencido o están por vencer. El riesgo es que ese régimen transitorio retrase la entrada en vigor de los criterios de la iniciativa panista, de que es parte fundamental y aun los aplace para nunca.
Llamamos aquí iniciativa panista (porque personeros de ese partido la encauzaron en sus Cámaras) a la que en realidad es suma y compendio de la tarea emprendida desde mucho tiempo atrás por organizaciones civiles que en febrero del año pasado se agruparon en el Frente Nacional por una Nueva Ley de Medios. Hay, ciertamente una zona de trabajo propio del PAN, que incluyó en su plataforma electoral del año pasado ese compromiso, pero su objetivo y su núcleo surgieron de la sociedad civil. Por eso el Frente ha manifestado satisfacción por esa iniciativa, que coincide en lo fundamental con su propia visión del problema. Aunque ya antes pareció inminente el abordamiento legislativo de los principios civiles, nunca como ahora se había estado tan cerca de que se conviertan en normas jurídicas. No es un logro menor, por lo pronto, que se haya frenado el intento de reforma parcial y sesgada, cuyo objetivo legítimo puede lograrse por otras vías.
Cajón de Sastre
La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), una de las organizaciones axiales del Frente mencionado líneas arriba, alienta a los legisladores a llevar adelante la reforma integral que se estudia en ambas Cámaras. La iniciativa presentada por el senador Gustavo Madero y el diputado Javier Corral -que en el lapso de 2006 al 2009 en que no perteneció al Congreso federal presidió la AMEDI y contribuyó al fortalecimiento de sus tesis y su presencia pública- coincide ampliamente con los planteamientos que esa asociación ha generado a lo largo de más de una década. Formada principalmente por los más asiduos investigadores de los medios y por profesionales de todas las ramas y formas de comunicación, mantiene su atención en un órgano de regulación dotado de autonomía constitucional, cuya creación sin embargo requeriría una reforma de carácter precisamente constitucional. Pero, en mi opinión, ese paso definitorio puede ser emprendido más adelante.

Presión del gobierno salvadoreño obligó al INM a atender el caso de Irineo Mújica

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La Jornada de Oriente
Cuautitlán
FERMÍN ALEJANDRO GARCÍA
La presión que ejerció el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, que anunció que mandaría una nota diplomática para protestar por presuntas agresiones sufridas por migrantes de ese país en el municipio de Soltepec el pasado 16 de julio, fue lo que obligó al Instituto Nacional de Migración (INM) a buscar una rápida solución a la huelga de hambre del fotógrafo Irineo Mújica Arzate, luego de que dicha instancia se había mostrado indolente ante la protesta del periodista de origen michoacano.



Una fuente confiable dio a conocer a este tecleador que la amenaza de una posible intervención del gobierno salvadoreño pidiendo que se aclare lo sucedido en Soltepec, que fue donde ocurrió la agresión contra Irineo Mújica, luego de que éste grabó presuntos malos tratos del personal del INM contra indocumentados centroamericanos, fue lo que prendió los “focos rojos” en el gobierno federal.



Ello debido a que se estimó que esa protesta diplomática sería un balde de agua fría contra el gobierno de Felipe Calderón, que por un lado ha denunciado el contenido racista de la Ley SB 1070 de Arizona, y por otro, se muestra insensible, indiferente y hasta prepotente contra la exigencia de investigar los abusos de sus propios agentes migratorios contra ciudadanos centroamericanos que en Soltepec habrían sido tratados como criminales.



Se dice que en las altas esferas del INM se consideró que el caso de Irineo Mújica estaba creciendo como “una bola de nieve”, y que podía convertirse en un fuerte revés para la política externa del país, sobre todo si el fotoperiodista perdía la vida luego de mantenerse más de dos semanas sin probar alimento.



A nadie debe sorprender que esa haya sido la lógica que movió al personal del INM a atender los justos reclamos de Mújica Arzate, ya que el gobierno federal solamente actúa bajo la presión de costos políticos y de imagen; nunca es movido por el tema de la legalidad, los derechos humanos y el combate a los abusos que cometen servidores públicos.



Queda claro que al PAN no le interesa velar por los derechos ciudadanos de los migrantes que pasan por territorio nacional, quienes buscan huir de la pobreza y la violencia de sus países de origen. Al gobierno derechista de Calderón solamente le preocupa su imagen en Estados Unidos y no perder votos en zonas expulsoras de migrantes mexicanos. Por eso no hace nada para combatir los vicios del INM, pero sí denuncia a la Border Patrol de la unión americana.



Lo anterior queda demostrado con la actual delegada del INM en Puebla, Rocío Sánchez de la Vega Escalante, quien llegó a ese cargo por el simple hecho de haber sido recomendada por el senador panista Ángel Alonso Díaz Caneja, luego de que el puesto lo dejó Carlos Cobos, quien actualmente es el responsable de la delegación de Capufe.



La funcionaria fue la causante del conflicto, y hasta donde se sabe, no será objeto de ninguna sanción.



Ella tenía la obligación de haber investigado a su personal antes de desdeñar las denuncias del fotoperiodista.



Esta mujer primero minimizó lo ocurrido. Incluso puso en duda el trabajo de Mújica Arzate, quien es fotógrafo freelance que ha publicado en la prensa nacional. Y dijo que no había pasado nada anormal en Soltepec.



Luego accedió a suspender a dos agentes del INM. ¿Si estaba segura de qué no pasó nada, entonces por qué les inició procesos administrativos?



Ayer, con absoluta hipocresía, salió a decir que estaba preocupada por la salud de Irineo Mújica, luego de que no hizo nada en los anteriores 17 días para que el fotoperiodista levantara su huelga de hambre.



Cuándo le preguntaron acerca del proceso iniciado contra dos agentes del INM, no pudo proporcionar con exactitud el número del expediente. Es decir, no proporcionó una información mínima que serviría para dar certeza de que realmente se está siguiendo un proceso disciplinario contra esos servidores públicos y no se está fingiendo.



¿Si el INM no tenía nada que ocultar, por qué personal del instituto borró el video que grabó Irineo Mújica en Soltepec?



Porque seguramente ahí se observaba cómo el INM trata como animales a los indocumentados que detiene.



Porque seguramente ahí se ve que los agentes mexicanos son peores que los agentes migratorios de Estados Unidos.
Por eso, debemos agradecer y reconocer al colega Irineo Mújica que por unos días exhibió la injusticia diaria que sufren docenas de indocumentados que pasan por México rezando no toparse con las autoridades federales o locales, que en ocasiones son peores que los grupos delincuenciales que lucran con la migración.
Polémica comida del gobernador
Mañana habrá una comida que dejará mucho de qué hablar. En la casa del ex yunquista Eduardo García Suárez, padre, y Eduardo García Casas, hijo, habrá una comida a la que está invitado el gobernador Mario Marín Torres, quien conocerá el proceso de renovación del Consejo Poblano de Hombres de Negocios.
El menú será el platillo de temporada: chile en nogada. Y el tema: seguramente la transición de cambio de poderes públicos en los próximos meses.
Se dice que algunos invitados que podrían llegar al convivio son: Antonio Garay, Armando Adame Sosa, Claudio Valdez García–Teruel, José Luis Piñeira, Juan Carlos de la Hera; el ex rector de la UAP y ex auditor mayor del OFS José Doger Corte; Fernando Santisteban; el vicerrector de la Universidad Autónoma de Puebla Pedro Hugo Hernández Tejeda; el periodista Alfonso Yáñez; José Carlos Rivera; Rafael Rivera; el ex panista, ex izquierdista y ex antipriista, Ricardo Villa Escalera; el ex presidente municipal de Puebla Gabriel Hinojosa Rivero; Gregorio Cano de Grupo Modelo y Lorenzo Rojas del Grupo ADO; Mario Núñez; Alfonso Tenorio; el director del IAPEP, Víctor Gabriel Chedraui, y Francisco Covarrubias.

Levanta fotoperiodista huelga de hambre frente al INM en precario estado de salud

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La Jornada de Oriente
El fotoperiodista retiró las cadenas que mantuvo 17 días consecutivos y aceptó el tratamiento médico para una rehabilitación en el Hospital General del Sur de la ciudad de Puebla n Foto Rafael García Otero

ARTURO ALFARO GALÁN

Debido a su precario estado de salud, el fotoperiodista Irineo Mújica Arzate levantó este día su huelga de hambre –iniciada hace 17 días en las afueras de la central migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM)– después de llegar a un acuerdo con las autoridades federales, que incluyó la devolución de sus pertenencias y el cese temporal para los agentes que lo agredieron en un operativo de retención de indocumentados en el municipio de Soltepec.



El comunicador, acompañado del fotógrafo Juan de Dios García Davish, fue trasladado al Hospital General del Sur para realizarse una revisión médica, pues en varias ocasiones sufrió desmayos provocados por la disminución en el índice de glucosa en la sangre; en tanto, advirtió que no cesará de documentar las agresiones que sufren los indocumentados centroamericanos durante su paso por México, por lo que regresará a las vías del tren “a recopilar más historias que contar”.



En tanto, la delegada del INM, Rocío Sánchez de la Vega Escalante, puntualizó que esa dependencia le restituyó el daño con una cantidad de 9 mil 850 pesos –solicitados por Mújica Arzate–, la reposición de un celular y dos memorias para la grabación de video y fotografía, las cuales le fueron despojadas durante el operativo que se realizó el pasado 16 de julio en Soltepec.



Asimismo, señaló que los dos agentes que fueron suspendidos de sus funciones operativas permanecerán a disposición del Ministerio Público de la Federación sin goce de sueldo, con la intención de realizar las indagatorias correspondientes. “En caso de que las autoridades comprueben la responsabilidad en las agresiones serán dados de baja de forma definitiva, de lo contrario podrían volver a incorporarse a sus labores en la dependencia”, acotó.



La delegada del INM acudió este lunes al campamento improvisado en la central migratoria de la dependencia, donde se encontraba Irineo Mújica; ahí, le entregó al comunicador un sobre con sus pertenencias y dinero en efectivo. En la diligencia, que no duró más de 10 minutos, Sánchez de la Vega Escalante dio por terminado el conflicto.



En tanto, Mújica retiró las cadenas que mantuvo 17 días consecutivos y aceptó el tratamiento médico para una rehabilitación, la cual tardará aproximadamente dos días en el Hospital General del Sur de la ciudad de Puebla.



Al respecto, Juan de Dios García Davish, acompañante de Mújica, apuntó: “nomás agarramos aire, descansamos de todos estos días que han sido verdaderamente un infierno y nos vamos a volver a subir al tema, porque no vamos a dejar de grabar y documentar las atrocidades que pasan los migrantes centroamericanos durante su paso por México”.



De acuerdo con el expediente iniciado por la PGR, los hechos ocurrieron el pasado 16 de julio en la comunidad de San Antonio Xicotenco, en Soltepec, Puebla, en un operativo de aseguramiento de migrantes centroamericanos donde Mújica Arzate viajaba en el tren, y al darse cuenta del operativo empezó a filmarlo, lo que ocasionó molestia en el personal del Instituto Nacional de Migración, que lo agredió físicamente y le quitó la cámara de video y dinero en efectivo.



Tras las agresiones, Irineo Mújica empezó –encadenado– una huelga de hambre en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración para exigir la devolución íntegra de su equipo de trabajo, lo cual sucedió 17 días después de iniciado el ayuno.

Carta de Santo Domingo por el Libre Acceso a la Información Pública. UNESCO

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Observatorio de medios



Carta de Santo Domingo por el Libre

Acceso a la Información Pública

Santo Domingo, 31 de julio del 2002

Las y los participantes en las jornadas “Marcos Legales que garantizan y promueven el libre acceso de los ciudadanos y de los medios de 

comunicación a las fuentes 

de información pública: Análisis de casos en América 

Latina”, celebradas en Santo Domingo, República 

Dominicana, del 30 al 31 de julio del 2002, expresamos 

nuestro agradecimiento a la Representación de la 

UNESCO en Santo Domingo y al Consejero de 

Comunicación de la UNESCO para América Latina, con sede en San José, al diario EL DIA y a la revista AHORA de la Republica Dominicana, por la invitación que nos formularon para participar en este importante encuentro regional. Extendemos nuestra gratitud a la  Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y al Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), por su valiosa cooperación para el desarrollo de las Jornadas. Por otra parte, queremos dejar constancia de nuestro

reconocimiento a estas instituciones por la iniciativa y la oportunidad y pertinencia de plantear el tema que nos convocó.

Luego de profundizar en el análisis de los distintos ordenamientos jurídicos que se refieren a las fuentes de información pública de varios países de la región consideramos:

Que el  libre acceso de las personas a las fuentes de información pública es un derecho humano universal y un principio democrático inherente al derecho a la información, a la libertad de expresión y de prensa.

Que el libre acceso a la información pública contribuye a la transparencia de la gestión pública, combate la corrupción y la cultura del secreto como práctica y asegura un mayor grado de eficiencia en el manejo de la cosa

pública.

Que el  libre acceso a la información pública garantiza la participación ciudadana en la toma de decisiones de interés público, factor indispensable para la construcción

de una cultura democrática.

Que reconocemos los avances y logros en la materia gracias a las acciones de los organismos del poder público, el sector privado, organizaciones de profesionales, medios de comunicación, instituciones académicas y la sociedad civil organizada. En especial, señalamos los casos de reciente aprobación de leyes de  libre acceso a la

información pública en México, Panamá y Perú, que fueron tratados en este encuentro.

Que es imperativo que la totalidad de los países de la región resuelvan el vacío legislativo existente mediante la aprobación de leyes con sentido democrático que

garanticen el libre acceso a la información pública.

Que es menester que allí donde existen las leyes, éstas no se vean impedidas o distorsionadas en su aplicación o vigencia por reglamentaciones limitativas del derecho de 

libre acceso.

Por ello exhortamos:

A los organismos e instituciones internacionales y 

nacionales, y en particular a la UNESCO, que en su 

Programa de Comunicación e Información ha priorizado el

derecho de libre acceso a la información pública, para que 

continúen desarrollando la apertura de espacios como éste 

que ha tenido lugar en Santo Domingo, y elaboren

propuestas para la creciente democratización de la 

comunicación y la información en la región.

A que promuevan el análisis de legislación comparada 

sobre derecho de acceso a la información pública.

A que se realicen acciones de difusión y comunicación 

educativa sobre la importancia y necesidad del ejercicio 

del derecho a la información pública como medio para

erradicar la cultura del secreto.

A la consideración por los Parlamentos Latinoamericano, 

Centroamericano y Andino a que estimulen a los 

Congresos Nacionales y  Asambleas Legislativas a que 

adopten leyes de libre acceso a la información pública.

A los medios de comunicación, y a los periodistas, para 

que sean actores y partícipes de los procesos tendientes a 

la concreción de legislaciones en materia de derecho de

libre acceso a la información pública.

Al Director General de la UNESCO para que considere 

que en el marco de la próxima celebración del Día 

Mundial de la Libertad de Prensa el tema central sea el 

derecho de libre acceso a la información pública.

A las entidades académicas el estudio, generación de 

conocimientos, la profundización de la investigación y la 

capacitación de los profesionales en materia del derecho 

de libre acceso a la información pública.

A los gobiernos y los pueblos de la región a adoptar y 

promover la cultura de la transparencia para garantizar el 

pluralismo, la participación y la descentralización.

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001835/183504s.pdf