sicla: Dirección General de Crónica Parlamentaria, Cámara de Diputados

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En estas fechas cabalísticas de la cultura maya se pide a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 262 diputadas y diputados, por tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (11:12 horas): Se abre la sesión.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se dispensa la lectura.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, proceda la Secretaría a someter a discusión el acta de la sesión anterior.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Aprobada el acta.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se ruega a la Secretaría dar cuenta con las comunicaciones oficiales.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Oficio del diputado Arturo de la Rosa Escalante, por el que solicita sea retirada de los registros de la Comisión de Pesca la proposición con punto de acuerdo relativa a la pesca ilegal de especies destinadas exclusivamente a la pesca deportiva y recreativa, turnada en la sesión del 9 de octubre de 2012.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Retírese de la Comisión de Pesca. Actualícense los registros.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que informa que durante el mes de noviembre de 2012 el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras competentes, únicamente destinaron mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Remítase a la Comisión de Economía para su conocimiento.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Oficio de la Secretaría de Salud del estado de Tamaulipas, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a las acciones de prevención, atención, control y erradicación de la enfermedad de dengue clásico y hemorrágico.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Remítase a la Comisión de Salud para su conocimiento.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Oficio del Congreso del Estado de Puebla, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el último párrafo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los siguientes dictámenes

De la Comisión de Gobernación, cuatro, con proyectos de decretos que conceden permisos a ciudadanos mexicanos para aceptar y desempeñar el cargo del cónsul honorario para aceptar y usar condecoraciones que en diferentes grados les confieren gobiernos extranjeros y para prestar servicios de carácter administrativo en diversas sedes diplomáticas.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma los artículos 24, 143 y adiciona un artículo 143 Bis a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que se ha cumplido con la Declaratoria de Publicidad de los dictámenes de la Comisión de Gobernación, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se autoriza a que se pongan a discusión y votación de inmediato.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se autorizan los dictámenes de la Comisión de Gobernación, se ponen a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría, señor presidente, por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se autoriza.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En consecuencia, el siguiente punto del orden del día es la discusión de cuatro dictámenes con proyectos de decreto que conceden permiso a ciudadanos mexicanos para aceptar y desempeñar el cargo de cónsules honorarios, para aceptar y usar condecoraciones que en diferentes grados les confierern gobiernos extranjeros y para prestar servicios de carácter administrativo en diversas sedes diplomáticas.

En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y disponibles en los monitores de sus curules están a discusión en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, esta Presidencia tiene la obligación de preguntar si se reserva algún artículo para su discusión en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de cada uno de los artículos de los proyectos de decreto.

Esta Presidencia informa que para efectos del registro de asistencia, se sumarán los registros anteriores al cierre del tablero electrónico más los que se registren, para los efectos de esta votación nominal.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema electrónico.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos de cada uno de los proyectos de decreto.

(Votación)

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Ciérrese el sistema electrónico de votación.

Se registraron 373 votos a favor, 4 abstenciones, 0 en contra.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Aprobados en lo general y en lo particular los proyectos de decreto que conceden permiso a ciudadanos mexicanos para aceptar y desempeñar el cargo de cónsules honorarios; para aceptar y usar condecoraciones que en diferentes grados les confieren gobiernos extranjeros; y para prestar servicios de carácter administrativo en diversas sedes diplomáticas. Pasan al Senado y al Ejecutivo, en su caso, para los efectos constitucionales.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que se ha cumplido con el requisito de la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se autoriza que se ponga a discusión y votación de inmediato.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza que el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales se ponga a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En consecuencia el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 24; 143 y adiciona un artículo 143 Bis a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene la palabra hasta por diez minutos, nuestra muy apreciable compañera doña Lourdes Adriana López Moreno, a nombre de la comisión, para fundamentar el dictamen.

La diputada Lourdes Adriana López Moreno: Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea, a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente la iniciativa que reforma los artículos 24 y 143 y adiciona un 153 Bis a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que fue presentada por el diputado Ricardo Astudillo Suárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Esta comisión, con las atribuciones que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, y 45, numerales 6, incisos e) y f) y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral segundo, 81, numeral segundo, 82, numeral primero, 84, numeral primero y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el dictamen, de acuerdo con los siguientes antecedentes.

La importancia de considerar la modificación a los artículos 24 y 143 y la adición de un 143 Bis consiste en garantizar que los recursos que ingresan al Fondo Forestal Mexicano efectivamente retornen a las entidades federativas de las cuales proceden y sean ejercidos por las mismas.

Ello considerando que, aun cuando la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable prevé lo anterior, en realidad dichos recursos no siempre retornan para ejercerse dentro de las circunscripciones territoriales de las entidades que sufrieron la afectación ambiental de sus ecosistemas forestales.

Básicamente se propone que con esta modificación podamos considerar que aquellas zonas donde fueron afectados terrenos por los cambios de usos de suelo forestal puedan ser consideradas para la aplicación de los recursos que son ingresados como pago de derechos por compensación ambiental.

Con esto buscamos garantizar que el retorno de estos recursos dé prioridad a la microcuenca donde se asienta el terreno que resultada afectado, al municipio donde se autorizó el cambio de uso de suelo o bien a la entidad federativa afectada.

Con ello, insisto, buscamos que estos recursos de las zonas sujetas a procesos de degradación se ejecuten en actividades de reforestación, restauración o mantenimiento de los ecosistemas reforestados o restaurados.

Es bien sabido por todos nosotros que cuando se genera un cambio de uso de suelo hacia un terreno forestal tenemos una afectación que altera todo un ecosistema. Normalmente todos los recursos ingresados por compensación de ese cambio de uso de suelo forestal son radicados al Fondo Forestal Mexicano y no siempre regresan a la zona que fue afectada. Muchas veces son aplicados a programas generales que si bien es cierto son importantes de realizar en materia de reforestación y restauración, también es importante reconocer la importancia que el municipio, la entidad o en última instancia la microcuenca que está resultando afectada por esta situación, pueda recibir estos recursos para garantizar la restauración de ecosistemas en la zona que ha sido afectada.

Con ello garantizamos que los municipios, estados que están generando, este ingreso por cambio de uso de suelo forestal, puedan recibir el mismo para poder restaurar ecosistemas en la zona donde han tenido la afectación.

La importancia de esto atiende además la vocación municipalista que tenemos como Estado mexicano de que podamos retornar recursos a las zonas afectadas, y que además le demos la posibilidad a estas zonas en primer orden de gobiernos locales y bien de afectaciones en microcuencas para tener la posibilidad de realizar acciones propias para restauración de los ecosistemas efectuadas desde el seno donde se está teniendo la afectación.

Ahí la importancia de atender una demanda que muchas veces se tiene desde la sociedad civil, desde los propietarios de terrenos, desde las comunidades originarias, desde las comunidades indígenas, y desde luego desde muchos de los gobiernos municipales de que se puedan recibir recursos para fortalecer sus actuaciones a favor del medio ambiente.

Este es un mecanismo donde regresamos el recurso a quien lo está generando y donde estamos dando una razón de justicia social y de justicia ambiental para aquellas zonas que han recibido una afectación por esta situación de cambio de uso de suelo, cuenten con los recursos y con los mecanismos para poder realizar ejercicios de restauración, de reforestación y de combatir la degradación de sus suelos en las zonas afectadas.

De ahí la importancia de que esta honorable asamblea pueda aprobar, como se hizo, al seno de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con el apoyo de todas las fracciones parlamentarias que integran a esta comisión, a razón de que estamos dando prioridad a un tema de vocación natural del suelo, a razón de que estamos dando prioridad a un tema en el que no existen los colores partidistas, sino lo que existe ante todo es priorizar la conservación de nuestros recursos naturales y priorizar el hecho de que las comunidades, de que los gobiernos locales y de que las zonas que reciben estas afectaciones puedan tener mecanismos para contrarrestarlas.

Así que a nombre de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pedimos a esta honorable asamblea el apoyo para votar a favor este dictamen que sin lugar a dudas va a permitir generar alternativas para las comunidades, generar alternativas para la restauración de zonas afectadas en su mínima expresión que es justamente en las zonas donde reciben esta afectación y particularmente para que todos y cada uno de los que formamos parte de esta Cámara de Diputados podamos contribuir, ahora no con un granito de arena, sino con un esfuerzo a través de las acciones de conservación, para permitir que México continúe siendo un país mega diverso, continúe ocupando los primeros lugares e mega diversidad y que con ello podamos garantizar que las generaciones futuras cuenten con la maravilla de recursos que sin lugar a dudas han colocado a México en un lugar privilegiado.

Está en manos de todas y de todos ustedes poder colaborar a que garanticemos el desarrollo sustentable de nuestro país, y sobre todo a que veamos en los recursos naturales mecanismos de desarrollo económico y de desarrollo social para todos nuestros pueblos. Muchísimas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don José Humberto Vega Vázquez, del PT, tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos. ¿No está? Si no está, pasa al Diario de los Debates. Aída Fabiola Valencia Ramírez, de Movimiento Ciudadano.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez: Buenos días. Con su venia, señor presidente. México es uno de los países con mayor biodiversidad en el planeta y una gran parte de esa biodiversidad depende de los bosques y selvas, sin embargo, el mal y uso y el abuso de la riqueza natural por parte del hombre ha puesto en riesgo el desarrollo cultural y artístico de las sociedades en torno a los ecosistemas.

El diagnóstico de la FAO sobre México es parte del documento Los bosques del mundo 2010, que reúne la información de los recursos forestales de 233 países, y advierte que pese a los avances en algunos gobiernos de países en desarrollo, todavía hay naciones donde la tasa de destrucción de la cubierta vegetal es alarmante.

La acelerada destrucción de los bosques es una de las principales causas que ha colocado en estado de emergencia a una gran variedad de especies de flora y fauna que dependen de ese ecosistema.

Los ritmos de deforestación que sufre nuestro país son alarmantes, ya que es uno de los más intensos que se desarrollan, a tal grado que hoy en día México ocupa el quinto lugar de deforestación a nivel mundial.

Según cifras del Instituto de Geografía de la UNAM, cada año perdemos 500 mil hectáreas de bosques y selvas, colocando a nuestro país en un inminente riesgo de extinción de una gran variedad de plantas y animales, así como a muchas comunidades que han encontrado en este ecosistema un medio para subsistir.

Una serie de incentivos perversos, brindados por el gobierno, ha orillado a la gente a realizar prácticas ilegales, debido a la difícil situación económica por la que atraviesan millones de mexicanos.

En México se estima que el 70 por ciento del mercado nacional de madera tiene procedencia ilegal. Otro de los problemas que se suma al deterioro de nuestros bosques son los incendios forestales que han lesionado de manera importante la biodiversidad.

Según datos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), en 2011 se reportaron 12 mil 103 incendios forestales, afectando una superficie de 956 mil 404.80 hectáreas. Aquí es donde yo hago una reflexión: Cómo es que en México, a pesar de que tenemos una gran variedad de ecosistemas y una gran variedad de bosque, no nos hemos puesto de acuerdo y no hemos priorizado que es importante tener también métodos y medios para combatir los incendios forestales.

¿Por qué es tan incongruente el tema en México? Si estamos autorizando o se está autorizando la compra de un avión para el presidente de la República y su familia, de 6 mil millones de pesos, por qué no empezar a reflexionar de que es necesario tener helicópteros para combatir los incendios, y dejar también, que esto ayudaría a las comunidades indígenas que son las primeras en defender el bosque y que lamentablemente los dejamos desarmados, a los campesinos, a la hora de ir a apagar el fuego.

¿Cuántas muertes no ha habido por esto y no ha habido sensibilidad de parte nuestra para poder ayudar a conservar nuestros bosques?

Los gobiernos federales. Esto con el tema de la pérdida de los bosques estamos haciendo que aumente el 50 por ciento de los casos de incendio. Nosotros estamos permitiendo entonces que un 88 por ciento de la superficie afectada en relación al año anterior se esté dando.

Los gobiernos federales no han sido capaces de combatir los procesos de degradación de la tierra ni de cumplir sus acuerdos ante la Convención de las Naciones Unidas, de lucha contra la desertificación. Parte de ello son cifras de la Comisión Nacional, Conafor, que señalan que cerca del 64 por ciento de sus suelos presentan afectación por algún proceso en diferentes niveles.

Ésta es una realidad que vivieron en carne propia alrededor de 48 millones de mexicanos este año, al padecer las consecuencias de la sequía en zonas áridas. Provocando con ello el abandono de sus tierras, entre 300 mil y 400 mil personas.

Por esta razón, los diputados del Movimiento Ciudadano votaremos a favor de la propuesta, ya que tiende a fortalecer y garantizar la adecuada ejecución de la conservación y restauración de los ecosistemas forestales en las entidades federativas, así como el retorno de recursos en pro de éstos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Bueno, pues ahora viene don Ricardo Astudillo Suárez, del Verde, queretano, para mayor abundamiento.

El diputado Ricardo Astudillo Suárez: Muy buenos días, con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy estamos discutiendo y votando un dictamen que es histórico para nuestro país. Es histórico porque el día de hoy estamos diciendo sí al medio ambiente. Sí a un México que necesita la unión de todos los partidos y las fuerzas políticas para sumarnos a este gran proyecto.

Yo quiero hacer un reconocimiento antes que nada, por supuesto, a la presidenta de la comisión, quien expuso este dictamen y a todos los miembros de la misma que aportaron y participaron con sus deliberaciones en la comisión para que esto fuera posible.

Asimismo, también un reconocimiento a nuestro coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde, quien ha marcado una agenda entre nosotros en que el tema del medio ambiente sea prioridad nacional.

Hoy estamos cumpliendo este objetivo con el simple hecho de poder regresar a las entidades federativas y a todos los municipios, aproximadamente un monto de 6 mil millones de pesos que representa el Fondo Forestal Mexicano, y que viene derivado de los pagos de derechos de los cambios de uso de suelo que se generan en cada entidad y en cada municipio.

Como bien lo explicó la presidenta de la comisión, estas cantidades muchas veces no regresan a los estados, sino cinco, seis o hasta siete años después con programas específicos que nada tienen que ver con restaurar los cambios de uso de suelo que se dan y que dañan los ecosistemas y el hábitat de cada municipio.

En esta tribuna, compañeras y compañeros, hemos escuchado las voces de ex presidentes municipales, de ex regidores, inclusive de ex gobernadores, que han manifestado la angustia y, por supuesto, la forma de poder hacerse de más recursos a todos los municipios a lo largo y ancho del país.

El día de hoy damos cuenta de que el tema del medio ambiente se tiene que ver como un tema que pueda ayudar, por supuesto, a conservar, a preservar, pero también pueda ayudar al desarrollo social, al desarrollo económico y, por supuesto, al desarrollo sustentable.

Este dictamen tiene una historia que nació hace un par de años. En el Congreso del estado de Querétaro, en cuanto tuve la oportunidad de ser presidente, hicimos un exhorto al Congreso de la Unión. Este exhorto fue prácticamente archivado, para que este fondo pudiese regresar de forma inmediata mediante un convenio con cada entidad a resarcir los daños que origina y ocasionan los cambios de uso de suelo.

Aquí mismo, en esta Legislatura, tengo a dos compañeros, diputados locales, que fueron compañeros de un servidor en el estado de Querétaro, del Partido Acción Nacional y que, por supuesto, han demostrado y han manifestado su apoyo para que hoy –que es una realidad– ese dictamen ante todos ustedes podamos regresar a los municipios esta cantidad de recurso económico y que, por supuesto, lo puedan emplear a donde los municipios más les duele, a donde prácticamente tenemos cero recursos, y estoy hablando del tema del medio ambiente.

Estos 6 mil millones de pesos que se van a generar el año que entra se aprovecharán y, por supuesto, la gente que vive dentro de las entidades federativas y los municipios nos lo agradecerán, así como el medio ambiente. Hoy no podemos esperar más. México necesita sin colores que nos unamos a favor de la naturaleza. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Muchas gracias. Don José Humberto Vega Vázquez, le vamos a dar el uso de la voz, del PT, por gestión de nuestra muy apreciable secretaria de la Mesa Directiva.

El diputado José Humberto Vega Vázquez: Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, las reformas al artículo 24 de la Ley General de Desarrollo Forestal y Sustentable, en su X fracción, así como en la fracción IX del artículo 143, y la adición de un artículo 143 Bis, seguramente va a traer una consecuencia que va a ayudar al medio ambiente. Sabemos que las compensaciones principalmente ya no regresan al lugar de donde fueron afectadas las zonas forestales.

Las zonas forestales, como todos sabemos, nada más tienen el beneficio ecológico. Ya sabemos que las zonas forestales captan carbono, que nos ayudan a la oxigenación, que captan el agua. El agua, que ya lo decía la otra vez, los bosques actúan como una esponja para la filtración, porque si ya no hay árboles el agua se va y por lo regular se contamina. Tenemos que recargar los mantos acuíferos y friáticos, que es lo fundamental para esto.

¿Qué lo está afectando? Los cambios de uso de suelo, los incendios –que decía la compañera del Movimiento Ciudadano– y que con ello, con la degradación e ir perdiendo la selva, la selva forestal, vamos perdiendo también nuestra riqueza que es fundamental, planearla en un plan de desarrollo para nuestro país.

Los procesos de degradación en los suelos y sin recursos económicos, ya hay técnicas para recuperación de suelos. Uno que debemos proponer es que tenemos la materia fundamental que es la materia orgánica que sale de la basura que generamos nosotros; esa basura orgánica que en promedio estamos, que producimos cada uno de nosotros casi medio kilo diario y que ésa la podíamos aprovechar por medio, no nada más de composta, sino depositándola directamente ahí en la parte afectada, por medio de macrocepas o por medio de macrozanjas, y ahí la materia orgánica se degrada, casi sin costo y a los dos años ya se puede plantar. Ese tipo de programas se tienen que hacer con recursos económicos.

Por ello mismo nosotros vamos a apoyar esa iniciativa para que verdaderamente los recursos no solamente lleguen a las entidades federativas, sino también lleguen directamente a los municipios, al lugar de afectación para que se recuperen los suelos, para que también se mejore el medio ambiente, para que logremos que también los dueños de los bosques tengan a cambio recursos por el uso y por servicios ambientales. De ahí sale el agua. De ahí estamos limpiando nuestro medio ambiente.

Por ello mismo es tan importante que esos 6 mil millones aproximadamente que se van a reunir se canalicen a los lugares de afectación. Pues estaremos de acuerdo los del partido del PT a favor de esta iniciativa. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Muchas gracias. Tiene el uso de la voz doña Claudia Elena Águila Torres, del PRD.

La diputada Claudia Elena Águila Torres: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. La política aplicada al sector durante los últimos años ha privilegiado la conservación pasiva de los bosques y selvas y la reforestación improductiva en detrimento de la producción forestal.

Esto ha provocado una caía de la producción maderable en un 30 por ciento, creando un déficit comercial superior a los 5 mil millones de dólares anuales. La permanencia de la tala ilegal, la pérdida de empleos en las regiones forestales y un incremento anual de subsidios forestales improductivos difíciles de mantener en el tiempo.

En dicho sentido estamos convencidos de que es necesario un cambio de rumbo de la política forestal tal país que permita hacer extensivas las prácticas de manejo forestal sostenible en todas las comunidades dueñas de terrenos forestales. Se trata de diseñar y poner en práctica una política forestal basada en el esquema de manejo forestal comunitario.

Por ello debemos promover en el sector forestal que se contribuya a incrementar de manera significativa el número de hectáreas bajo manejo y la producción forestal sustentable, para así garantizar realmente la conservación de los bosques y selvas del país.

En tanto esto sucede, tratamos de apoyar reformas como la que hoy está a punto de ser votada. Con esta reforma, como señalan las consideraciones del dictamen, se tienen a fortalecer y garantizar la ejecución de proyectos de conservación y restauración de los ecosistemas forestales de las entidades federativas, así como a diseñar tasas de retorno de los recursos generados por el aprovechamiento de los ecosistemas ubicado dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales.

Para nosotros es la búsqueda de hacer más efectiva la justa demanda de la ciudadanía y los gobiernos estatales en la materia de hacer realidad el principio de quien deteriora paga.

Conforme a ello, los costos económicos de cambiar el uso de suelo forestal deben ser pagados por quienes lo han deteriorado, evitando y reduciendo el mismo, que es un principio básico de la política ambiental.

Sin embargo estamos ciertos que debemos ir más allá. No basta con pagar por deteriorar. Por ello estamos apoyando este importante dictamen para ir desarrollando nuevas estrategias que permitan frenar el deterioro de los ecosistemas forestales de México.

Por lo anterior el Grupo Parlamentario del PRD dará su voto a favor de este dictamen. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Muchas gracias. Don Gerardo Peña Avilés, del PAN, tiene el uso de la voz.

El diputado Gerardo Peña Avilés: Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Con su permiso, señor presidente. El cuidado del medio ambiente y el equilibrio ecológico, es principio fundamental para nuestro Partido Acción Nacional.

Los efectos del cambio climático nos dicen que debemos de tomar medidas que lleven a evitar la contaminación, a evitar la alteración de los ecosistemas y a tratar de recuperar los ecosistemas y sustentabilizar nuestra actividad.

México ha logrado un lugar muy importante a nivel internacional en leyes medioambientales. Es reconocido en todos los eventos internacionales y hoy en día la gran responsabilidad que tenemos todos nosotros es actuar en base a esas leyes, al interior de nuestro país, con el objetivo primordial de darle la importancia al medio ambiente y a la sustentabilidad.

Hoy en día existe un procedimiento para la reforestación de áreas afectadas ambientalmente. Este procedimiento no garantiza a los lugares afectados la restauración de sus ecosistemas, la restauración de sus ambientes que son afectados por cambios de uso de suelo, así como las distintas biodiversidades que tenemos en el país.

Este procedimiento nos obliga a buscar un nuevo procedimiento para que garantice la preservación de los ecosistemas.

Es por eso que nuestro grupo parlamentario está de acuerdo en estas iniciativas y vamos a votar a favor de ellas con el fin de encontrar los medios y los mecanismos para que los ecosistemas y biodiversidades se fortalezcan.

Así las localidades donde se hagan las afectaciones ambientales, tendrán la seguridad de restablecer sus ecosistemas, de restablecer sus áreas afectadas, logrando con esto que tengan los derechos de los beneficios sociales, de los beneficios del paisaje, de los beneficios del turismo, de los beneficios de la captación de agua, de la conservación del suelo y todas las características que ofrecen los distintos ecosistemas de nuestro país.

Gran responsabilidad tenemos todos nosotros como legisladores en cuidar la aplicación de nuestras leyes en este país, que tengan que ver con el medio ambiente.

En principio, debemos evitar contaminar al máximo, debemos de asegurarnos de restablecer los ecosistemas afectados y debemos de sustentabilizar la actividad.

Nuestro Grupo Parlamentario de Acción Nacional está a favor de esta iniciativa y vamos por la recuperación de las afectaciones, de manera principal en las localidades donde se afectan, en los municipios y en los estados como principio fundamental de que el beneficio se regrese al estado. Es todo, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, señor orador. Finalmente don J. Pilar Montenegro Montoya, del PRI, y con esto cerramos, no hay reserva, y abriremos el sistema electrónico de inmediato.

El diputado J. Pilar Montenegro Montoya: Posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional al dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con proyecto de decreto que reforma los artículos 24 y 143 y adiciona el 143 Bis a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Con su permiso, señor presidente. En nuestro país actividades como la conversión a otras formas de uso del suelo que afectan los ecosistemas debido a las múltiples necesidades que presentan los asentamientos humanos como la expansión de terrenos de uso agrícola, aunado a una mala ordenación territorial, a la falta de control de los incendios forestales, a la tala inmoderada, al sobrepastoreo y al uso de productos químicos que contaminan la atmósfera influyen de manera alarmante en la degradación de nuestras zonas forestales.

Estos efectos traen como consecuencia suelos erosionados, pérdida de flora y fauna, daños profundos a los ecosistemas y a la hidrografía, así como el deterioro de la calidad de vida y la pérdida de oportunidades de desarrollo.

La evolución de nuestras sociedades trae aparejados nuevos retos que influyen directamente en nuestro medio ambiente. Es por ello que el uso indiscriminado de los recursos naturales es motivo de preocupación ante la exigencia cada vez más frecuente de productos provenientes de la naturaleza.

Actualmente la preocupación prioritaria por generar fuentes de empleo, el asentamiento de las poblaciones rurales y la explotación de recursos para la producción de materias primas industriales representan nuevos retos para la actividad forestal.

En este contexto, el manejo sustentable de los recursos forestales y contar con los apoyos suficientes para la implementación de medidas de protección a los ecosistemas juegan un papel preponderante.

Por esta razón, los apoyos económicos destinados a la protección de nuestros bosques y selvas deben ser suficientes en cada entidad federativa con la finalidad de aprovechar todo el potencial de las riquezas naturales en pro del desarrollo sostenible.

Los recursos económicos dirigidos a la reforestación, restauración o mantenimiento de los ecosistemas afectados son para concebir el desarrollo forestal sustentable desde una perspectiva amplia y con visión de futuro.

Por ello debe existir un marco legal en el que la conciencia social sea un factor preponderante. La ordenación forestal sostenible debe ser actualmente el concepto más importante de nuestra época porque influye directamente en el futuro de todos los bosques y sociedades del planeta.

Compañeras y compañeros diputados, el desarrollo de las sociedades debe basarse en la protección de los recursos naturales, de ello depende la conservación de las especies en el planeta y de la vida humana, a menos que protejamos la estructura, funciones y diversidad de los sistemas naturales del mundo, de la que depende nuestra especie y otras especies; el desarrollo se destruirá a sí mismo y fracasará, a menos que utilicemos los recursos de la tierra sostenible imprudentemente y tomemos las medidas necesarias en torno a su protección y conservación, estaremos negando al hombre su futuro.

Muchas gracias, y como ven, el planteamiento posiciona a mi partido, el Revolucionario Institucional, en pro del cuidado de la naturaleza, porque finalmente de ella dependemos. Muchas gracias, presidente. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Muchas gracias. Ábrase el sistema electrónico de votación, no habiendo reservas, para votar en lo general y en lo particular en un solo acto, por cinco minutos.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

Se les informa a los diputados que solamente resta un minuto para que emitan su voto. Una vez cerrado el sistema no se aceptará ningún voto.

Ciérrese el sistema electrónico de votación.

Se emitieron, señor presidente, 435 votos en pro, 0 abstenciones y 0 votos en contra.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que reforma los artículos 24, 143 y adiciona un artículo 143 Bis, a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Pasa al Senado de la República para los efectos contenidos en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra, ahora sí y para este tema, la diputada María Rebeca Terán Guevara, para fundamentar.

La diputada María Rebeca Terán Guevara: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, los aeropuertos son una infraestructura estratégica que cumplen con una función social de primer orden, el transporte de pasajeros dentro y fuera del país, así como facilitar el comercio y el intercambio de mercancías.

Lo anterior repercute en la actividad económica de país y se traduce en empleos para las familias mexicanas, que directa o indirectamente dependen de esta actividad.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es el más transitado de Latinoamérica, se calcula que tan solo en el 2011 fue utilizado por 26.37 millones de pasajeros. Una infraestructura de tal envergadura para la sociedad, debe garantizar un óptimo funcionamiento y un alto nivel de competitividad en el sector aeronáutico, que se traduzca en servicios de mayor calidad y con mejores tarifas para los usuarios.

Por ello, la Comisión de Transporte, de la LXII Legislatura, se abocó a la tarea de estudiar, en carácter de revisora, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona y reforman diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos.

En este sentido, los diputados integrantes de la comisión que dictamina coincidimos con las propuestas de la colegisladora, con la que busca establecer medidas que garanticen la equidad, competencia y oportunidad en la asignación de horarios entre los principales transportes aéreos, como resultado de la evaluación respecto al uso y aprovechamiento de los mismos. No obstante, creemos que es conveniente incluir otros cambios que abonen a dar mayor certeza jurídica a los destinatarios de la norma.

Ejemplo de lo anterior, es la redacción del artículo 6 relativo al establecimiento de las reglas y las bases generales respecto al uso y aprovechamiento de los horarios de aterrizaje y despegue, previsión a la que esta soberanía agregó la continuidad en la prestación de servicios como criterio para asignar los slots.

Asimismo, por lo que se refiere a las modificaciones del artículo 11 de la Ley de Aeropuertos, se consideró adecuado incluir la obligación para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de solicitar a la Comisión Federal de Competencia su opinión sobre el otorgamiento de concesiones y tomarla en cuenta al momento de emitir el fallo respectivo. Lo anterior, con el objetivo de fortalecer la competencia económica en los aeropuertos y obliga a prestar los servicios aeroportuarios con mayor eficiencia.

El Grupo Parlamentario del PRI va a otorgar su apoyo en este dictamen toda vez que a través de éste se afianza la rectoría del Estado en esta actividad, gracias a la realización de verificaciones periódicas para constatar que la prestación de los servicios aeroportuarios y complementarios se ajusten a lo previsto por la ley de la materia, la Ley de Aviación Civil, los tratados internacionales en la materia suscritos por México, los reglamentos y demás disposiciones aplicables.

De igual manera, coincidimos plenamente con la pretensión de dotar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la atribución para otorgar o negar las concesiones, tomando en consideración la soberanía, la seguridad nacional, o cuando el interesado no cumpla con las especificaciones técnicas o de seguridad mínimas del aeropuerto.

Aunado a lo anterior, consideramos adecuado acondicionar la prórroga de las concesiones al cumplimiento de las condiciones del título respectivo y a que la opinión de la Comisión Intersecretarial, conformada por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina, la Procuraduría General de la República y presidida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, puesto que el ejercicio de dicha atribución robustecería la competitividad en el sector.

Igualmente establecemos nuestro acuerdo con la pretensión de adicionar medidas para evitar que las supuestas simulaciones por parte de las personas o grupos de personas que adquieran sociedades concesionarias o permisionarias que contravengan la libre competencia o a las que la inversión extranjera, se realicen en proporciones connotarias a lo previsto en la Ley de Inversión Extranjera.

Preocupados por la seguridad y el bienestar de los usuarios, aprobamos la idea de que el concesionario, con participación en los concesionarios y permisionarios del servicio de transporte aéreo, adjudique los contratos correspondientes a los prestadores que ofrezcan las mejores condiciones para una operación eficiente y segura del aeropuerto, así como la calidad y precios para los usuarios.

Finalmente, celebramos que en el dictamen se hayan introducido como causas de revocación que el concesionario limite el número de prestadores de servicios complementarios o se les niegue su operación mediante actos de simulación por razones distintas a disponibilidad de espacio, eficiencia operativa y seguridad.

La modernización del mejoramiento de la capacidad aeroportuaria es una oportunidad para propiciar también el desarrollo del país al incentivar una mayor infraestructura y elevar la calidad de transporte aéreo de pasajeros y de carga a estándares internacionales. Estamos favoreciendo más la inversión de este sector y un aumento de la capacidad económica de la región.

Por ello, votaremos a favor de este dictamen que redundará en beneficio del México de hoy, también del México de mañana. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don José Angelino Caamal, tiene el uso de la voz.

El diputado José Angelino Caamal Mena: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza está de acuerdo en que el sector aeroportuario es estratégico para la integración de las distintas regiones del país, y que con dicha integración se generan múltiples empleos.

Actualmente este sector atraviesa por una crisis de desarrollo, toda vez que la regulación actual no contempla aspectos que limiten la gran discrecionalidad que existe por parte de la autoridad en la prestación de servicios aeroportuarios, situación que inhibe la inversión en los mismos.

El tema cobra vital importancia para la economía de nuestro país, ya que no sólo se relaciona con el tráfico y transporte de pasajeros, sino que además con la agilización de la importación, exportación y comercialización de productos, por lo que resulta necesario que dicho sector cuente con la posibilidad de expandir su calidad de infraestructura para incidir en el desarrollo económico de México.

La reforma plantea que la Comisión Federal de Competencia emita una opinión para otorgar concesiones y permisos para la prestación de servicios del sector aeroportuario, así como también la facultad de ejercer control sobre las sociedades que obtengan dichas concesiones o permisos y sobre la sesión de derechos y obligaciones de los mismos, con lo que se busca estimular la competencia y evitar el surgimiento de monopolios a pequeña escala o locales.

Consideramos que no sólo se debe pedir la opinión de la Cofeco para regular las cuestiones citadas en el texto del dictamen, sino esperar una solución concreta de dicha autoridad antes de considerar como complementarias las reformas a la ley en comento.

En ese orden de ideas debemos poner atención en que se cumpla con lo establecido en el artículo 33 Bis 1, fracción III, tercer párrafo de la Ley de Competencia Económica, que nos dice que la convocante –en este caso la Secretaría de Comunicaciones y Transportes– deberá enviar a comisión, antes de la publicación, el plan maestro, la convocatoria, las bases de licitación, los proyectos de contrato, y los demás documentos relevantes que permitan a la comisión conocer la transacción pretendida.

Dichas características podrían ser adicionadas en un artículo transitorio o en el reglamento respectivo. Pero consideramos además que, la solicitud de opinión a la Comisión Federal de Competencia debe aprobar el mecanismo propuesto por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a antes de emitir reglas y disposiciones complementarias.

Estamos de acuerdo en que el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos, en el que se establece el desarrollo y aumento de la capacidad aeroportuaria, así como la calidad en el transporte aéreo de pasajeros y de carga, son posibles en la medida que se modernice y amplíe la infraestructura con libertad y eficiencia económica.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, para fortalecer la posición de México en el mercado global requerimos de un marco regulatorio, que incentive el desarrollo de sectores estratégicos a fin de incrementar la competitividad de nuestro país.

Por lo expuesto, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza emitiéremos nuestro voto a favor del presente dictamen. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Gracias. Don Nabor Ochoa López, del Partido Verde. Tiene usted el uso de la voz.

El diputado Nabor Ochoa López: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. El transporte aéreo es un servicio público, parte fundamental de la comunicación entre las personas localizadas en diversas ciudades, quienes requieren mayor eficiencia de comunicación en un lapso breve. Es indudable que México presenta algunas deficiencias en este sector.

Por ello, desde hace varios años éste se cataloga como poco competitivo, con servicios de escasa calidad y poca atención a los usuarios. La inversión en la infraestructura no ha sido la suficiente, generando problemas a la imagen de un servicio que debería ser de primer nivel por el amplio movimiento comercial y el progreso que esto implica para nuestra nación. Las tarifas son altas, el servicio deja la sensación de faltantes extremos, y lo peor, los usuarios en ocasiones tienen pocas alternativas para solucionar los conflictos que se generan.

Es necesario mejorar el desarrollo de este sector. Debemos detonar la competitividad y la oferta de servicios aéreos, generando mejores precios, calidad y seguridad. Recordemos que son cada vez más quienes requieren y utilizan este medio de transporte, la inversión por lo tanto es básica.

Se debe contar con una plataforma aeronáutica moderna, consciente de los avances tecnológicos, aprovechando esos avances tecnológicos, el crecimiento económico y la ampliación de relaciones comerciales, tanto nacionales como internacionales, con esto se permitirá una ordenada y eficiente conectividad aérea.

Creemos ineludible planear un mejor sector, de este modo la infraestructura aeroportuaria cubrirá las necesidades futuras con eficiencia, sin limitaciones y esto, además, generará inversiones y fuentes de empleo. No negamos la existencia en el pasado de esfuerzos para mejorar el ramo, pero no han sido suficientes.

El sector aeronáutico deberá asegurar las condiciones de competencia pero también de manera fundamental, velar por la seguridad de los pasajeros. La visión y misión del sector debe ser la de una verdadera palanca de desarrollo, de crecimiento.

Es por ello que nos sumamos a este dictamen a favor generado de una iniciativa de nuestro actual compañero diputado Fernando Castro, siendo senador de la República, en el cual esperamos se llegue a la reforma y adición de esta Ley de Aeropuertos.

Reconocemos los cambios proyectados ahora en la ley. Los sistemas aeroportuarios de México deben tener como bandera no solamente la planeación de políticas, sino también que éstas sean óptimas y continuadas para asegurar una política de revisión en todo momento, procurando la continuidad en la prestación del servicio y, asimismo, dejar las reglas claras respecto a los sistemas de control de los concesionarios.

Ésta sin duda es una tarea significativa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y dicha competencia es un apuntalamiento para el progreso siempre mirando por la seguridad del pasajero y las disposiciones en materia ambiental, respetando los reglamentos respectivos.

En este entorno vemos con beneplácito el establecimiento de reglas no sólo para los concesionarios, sino también para las autoridades estableciendo, por ejemplo, para el caso de otorgamiento de concesiones que sin duda esto va a proveer de seguridad jurídica a los operadores y va a fomentar la competencia.

En conclusión, pensamos que con estos cambios se transita por el camino adecuado para el desarrollo. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, señor orador. Tiene el uso de la voz don Luis Manuel Arias, del PRD.

El diputado Luis Manuel Arias Pallares: Con su venia, señor presidente. El que suscribe, Luis Arias Pallares, integrante de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con motivo del proyecto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos, hacemos uso de la tribuna a nombre del Partido de la Revolución Democrática para manifestar nuestro voto a favor del presente dictamen.

En el PRD hacemos votos para que la presente ley traiga como consecuencia para la ciudadanía, garantizar, entre otras cosas, que las medidas de seguridad en los aeropuertos sean cada vez más eficientes, que abra los niveles de competencia en el sistema aeroportuario y haga cada vez más accesible este medio de transporte tan necesario para toda la ciudadanía.

En el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática nos manifestamos a favor del presente dictamen, ya que consideramos que la reforma rescata en lo esencial los cambios y beneficios en este ramo por demás importantes para el desarrollo económico y competitividad en este sector, sobre todo que las tarifas y los servicios aeroportuarios sean mucho más accesibles para los usuarios, además de regular la discrecionalidad con la que las autoridades han venido actuando, cerrando con esta reforma posibles actos de corrupción por este vacío legal y dando más certeza a la inversión.

Creemos que es importante la competitividad, desarrollo y certeza legal para un crecimiento sano y favorable para el desarrollo aeroportuario.

En días pasados manifestábamos aquí en un punto de acuerdo, la importancia de que la Comisión Federal de Competencia realizara una investigación sobre prácticas monopólicas sobre la actuación del Grupo Aeroméxico. Creemos que con esta ley reforzamos la imposibilidad de que haya prácticas monopólicas en todo el sistema aeroportuario en lo integral. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Gracias a usted. Finalmente don Juan Carlos Muñoz Márquez, todo un castor; tiene usted el uso de la voz, de león.

El diputado Juan Carlos Muñoz Márquez: Muchas gracias, señor presidente. Quiero hacer patente un tema muy importante al seno de la Comisión del Transporte:

A mí me queda claro que la competitividad del país ya no la podemos detener. También nos queda muy claro que todos somos actores en la competitividad y nosotros como legisladores tendremos que ser facilitadores. Esta propuesta que emana del Senado por parte del entonces senador Castro Trento viene a ayudar a generar competitividad en el sector de los servicios aéreos.

Se habla mucho de los cielos abiertos, se habla mucho de abrirnos al resto de la competencia con otros países; pero si nosotros no arreglamos los problemas que tenemos aquí adentro, de nada va a servir que logremos los cielos abiertos si no existe la competitividad, si los slots de los aeropuertos siguen siendo caros, si seguimos teniendo un servicio que no permita que haya más competencia, que haya nuevas aerolíneas, que haya nuevos actores en el mercado. Si no logramos estos factores, jamás vamos a lograr generar competitividad en México, así entre quien entre.

Me congratulo de haber apoyado esta iniciativa. Acción Nacional está a favor de la competitividad; Acción Nacional está a favor de la apertura, pero responsable. Tenemos que ser responsables y asumir cada uno de nosotros nuestra responsabilidad, tenemos que ser corresponsables.

En este sentido queremos que quede muy claro que si logramos abrir más aeropuertos, si facilitamos la entrada a la competencia, si facilitamos que todos seamos actores, entonces vamos a lograr un México próspero.

Esta iniciativa se sacó por unanimidad, lo que habla bien de cada uno de los miembros de esta comisión, la cual me complace presidir. Tengo unos excelentes compañeros en la comisión y logramos sacarla por unanimidad.

Tenemos que seguir trabajando en ese sentido. Los legisladores tenemos una gran responsabilidad. Quiero pedirles, compañeros de mi comisión, que sigamos trabajando así. Quiero agradecerles el apoyo y la confianza que han tenido en su servidor, pero sobre todo quiero pedirles que sigamos siendo responsables trabajando por el bien de México y trabajando por el bien de esta Cámara, que falta le hace. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Gracias. No habiendo reservas, ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recabar la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo evento. Háganse los avisos.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

Se emitieron 432 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.

Dejo la conducción en las manos de mi apreciable compañera Pati Retamoza.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, presidente. Dictámenes a discusión negativos de iniciativas y minuta.

El siguiente punto del orden del día es dictámenes en sentido negativo. Se informa a la asamblea que en cumplimiento del artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los dictámenes en sentido negativo que a continuación se discutirán.

Proceda la Secretaría a dar lectura a sus encabezados.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: De la Comisión de Salud.

1. Con Punto de Acuerdo por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 112, las fracciones II y VIII del artículo 115, el artículo 307 y se adiciona una fracción IX al artículo 115 de la Ley General de Salud.

2. Con Punto de Acuerdo por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 464 Ter de la Ley General de Salud.

3. Con Punto de Acuerdo por el que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma el inciso a) de la Fracción I del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social.

En cuanto.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Consulte la Secretaría la asamblea en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos concluidos. Con relación al último punto se devuelve al Senado para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Dictámenes a discusión de proposiciones con punto de acuerdo. Siguiente punto del orden del día, son dictámenes a discusión con punto de acuerdo. Proceda la Secretaría a dar lectura a los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: De la Comisión de Comunicaciones con punto de acuerdo por el que se exhorta a las dependencias de la Administración Pública Federal que integran la Comisión Intersecretarial para la Transición a la Televisión Digital Terrestre a cumplir y apegarse al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre de 2010.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Esta Presidencia informa a la asamblea que el Reglamento estipula sólo un orador. Pregunte a la asamblea, señor secretario, si se permite más de un orador por acuerdo.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se consulta a la asamblea si acepta que haya más de un orador. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Se autoriza entonces que haya más de un orador por acuerdo. Muchas gracias, señor secretario.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Dictamen a discusión con punto de acuerdo por el que se exhorta a las dependencias de la Administración Pública Federal que integran la Comisión Intersecretarial para la Transición a la Televisión Digital Terrestre a cumplir y apegarse al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre de 2010.

Por el Partido Revolucionario Institucional, en el uso de la voz el diputado José Noel Pérez de Alba, hasta por tres minutos.

El diputado José Noel Pérez de Alba: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, no cabe duda que el dictamen que hoy discutimos resulta de la mayor importancia para el país, toda vez que se refiere a la rectoría del Estado mexicano para asegurar que la explotación, el uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la nación satisfagan las necesidades de la población en general.

La televisión terrestre, que de acuerdo con la Ley Federal de Radio y Televisión constituye un medio de comunicación y una actividad de interés público que debe ser protegida y vigilada por el Estado para que cumpla con su función social.

En materia de tecnologías de comunicación debemos recodar que el siglo pasado se identificó como al era de la información, la explosión de las telecomunicaciones y de la informática, que facilitó el camino hacia finales de este siglo. El avance al acceso a todo tipo de información de manera masiva fue significativo.

El presente del siglo XXI se caracteriza por ser la era de la sociedad del conocimiento, pasar de una era a otra implica un proceso integral en el que apenas se vislumbran todos sus impactos. Actualmente, el conocimiento constituye el valor agregado fundamental en todos los procesos productivos de bienes y servicios, haciendo que el dominio del conocimiento sea el principal factor de su desarrollo autosustentable.

Por ello, la competitividad y el desarrollo sustentable del país, de las organizaciones, dependerán cada vez más de la capacidad de administrar de manera eficiente la información y el conocimiento, lo cual, más que una demanda social es una necesidad ineludible de nuestro tiempo.

En suma, es necesario hacer conciencia de la necesidad de generar igualdad de oportunidades en el acceso y uso de tecnologías de información y comunicación. Comprometernos a desarrollar acciones tendientes a superar la brecha digital, lo cual refleja e incide en las diferencias económicas, sociales, culturales, educacionales, de salud y acceso al conocimiento entre México y el resto de los países, e incluso del mismo territorio nacional.

Para la CEPAL, la brecha digital tiene que ver con la calidad de acceso a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, por sus siglas en inglés, afirman: La brecha digital está basada en aspectos de acceso, pero también en los relacionados con el uso de las tecnologías, por lo que se señalan tres tipos de brecha; la de acceso, la de uso y la de calidad de uso.

Bajo estas premisas, el Grupo Parlamentario del PRI se pronuncia a favor de este dictamen, toda vez que están en juego decisiones sobre el uso, aprovechamiento y la asignación de bienes públicos que pertenecen a la nación, y de las cuales depende que el Estado ejerza rectoría de su administración a favor del desarrollo económico y social.

Como lo señala el documento a discusión, la transmisión de señal de televisión es un bien público y su aprovechamiento está sujeto a las condiciones que establezca el Estado para asegurar la función social que este bien entraña, de tal manera que toda la población del país tenga acceso y disfrute de los beneficios y servicios derivados del uso y aprovechamiento del espectro de radiodifusión de la nación; por eso la planeación del proceso de transición hacia la televisión digital terrestre constituye un objetivo estratégico para México.

Señores legisladores, asegurar que existan condiciones socialmente equitativas para el disfrute de los beneficios que derivan de las aplicaciones tecnológicas de la convergencia digital de medios de comunicación, es una decisión impostergable y una obligación de esta Cámara y, desde luego, del Estado mexicano, de ahí la exigencia para que se dé cabal cumplimiento a los compromisos de concretar la transición de televisión digital terrestre, así como asegurar que el programa gubernamental para reemplazar las transmisiones analógicas por digitales de televisión terrestre en el país cumpla, sin exclusiones y excepciones, con sus objetivos y metas en beneficio de la población mexicana, dentro de los plazos establecidos por esta política pública, el Estado mexicano. Es cuanto, compañeros. Buenas tardes.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. En el uso de la voz, por el Partido de la Revolución Democrática, diputada Purificación Carpinteyro Calderón, hasta por tres minutos.

No encontrándose en el salón de sesiones, tiene la palabra la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Partido de Nueva Alianza.

La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con su permiso, señora presidenta. Señoras y señores legisladores, Nueva Alianza está a favor del punto de acuerdo promovido por el diputado Fernando Castro Trenti, porque se trata de una medida que contribuirá a que el proceso de transición hacia la televisión digital terrestre se cumpla en tiempo y forma, se realice con transparencia y repercuten beneficios concretos para los habitantes del país.

La transición hacia la televisión digital constituye un cambio tecnológico de múltiples implicaciones. Es importante que este proceso sea vigilado por el Poder Legislativo, porque el desarrollo vertiginoso de la industria de las telecomunicaciones impone al Estado la obligación de garantizar las condiciones jurídicas, técnicas y regulatorias necesarias para el aprovechamiento óptimo del espectro radioeléctrico.

Uno de los recursos más valiosos pero también más escasos sobre los que tiene dominio el Estado mexicano es precisamente el espectro radioeléctrico. En función de ello, es importante tener presente que la desaparición de las señales de la emisión analógica para dar paso a la televisión digital, proceso conocido como apagón analógico, va mucho más allá de la incorporación de nueva tecnología para que la imagen y el audio que se transmita por televisión sean de mejor calidad.

Se trata de que en el proceso se preserve íntegra la rectoría del Estado en el ámbito de las telecomunicaciones como un elemento estratégico que garantice la soberanía nacional.

El proceso de transición hacia la televisión digital terrestre no tiene solamente un enorme potencial económico, sino que entraña un gran valor social.

Es cierto que este cambio tecnológico traerá consigo el impulso de nuevos servicios para los consumidores, nuevas formas de hacer negocios, nuevos tipos de productos audiovisuales y nuevas formas de interactuar con los usuarios finales.

Aparte de lo anterior, debe destacarse que la expansión de la televisión digital dará entrada a nuevos competidores y ello abrirá la oportunidad para que se ofrezca al público una mayor diversidad de contenidos.

Los tiempos que vive México exigen que se aprovechen los nuevos canales de radiodifusión que la digitalización ofrece, de tal manera que se promuevan contenidos de calidad.

Para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza es indispensable que la transición a la televisión digital terrestre consolide el desarrollo de la industria de las telecomunicaciones. Sirva para ordenar la convergencia tecnológica y a la vez se constituya en la oportunidad de garantizar contenidos de televisión que promuevan valores sociales como la tolerancia, la solidaridad, el respeto a las diferencias, el aprecio de la legalidad y la convivencia democrática.

Nuevos contenidos que eviten la difusión de estereotipos discriminatorios que rechacen la burla contra las personas con determinadas preferencias, culturas, niveles económicos, formaciones educativas o colores de piel.

Estamos a favor del punto de acuerdo porque es pertinente que exista una comunicación fluida con la comisión intersecretarial responsable de conducir la transición hacia la televisión digital terrestre.

Esta Cámara de Diputados puede y debe vigilar que las acciones que implica este proceso se realicen con la mayor transparencia y eficacia. Y es necesario que la asignación de los recursos para que el público masivo adquiera los decodificadores necesarios, recibir la señal digital se realice con apego a la normatividad aplicable y que no se utilicen con objetivos clientelistas.

Éstos y otros aspectos podrán ser observados con mayor amplitud por parte del Congreso, a partir de la interacción que pueda derivarse del exhorto que se hace a la Comisión Intersecretarial, siempre con el objetivo de que las telecomunicaciones consoliden su desarrollo en beneficio de todos los sectores sociales. Es cuanto, señora presidenta, gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Por el Partido de Movimiento Ciudadano, en el uso de la voz el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, hasta por tres minutos.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Con su venia, diputada presidenta. Muy buenas tardes. La televisión digital terrestre es el sistema de transmisión digital de señales abiertas o gratuitas de televisión que permitirá modernizar la forma como los mexicanos aprovechamos este servicio.

La televisión digital terrestre no es un servicio de televisión restringida o de paga, de ahí su importancia, por lo que no hay que pagar para recibirlo. Al igual que con la televisión abierta actual para gozar de los beneficios de la televisión digital terrestre los mexicanos sólo necesitamos un equipo receptor adecuado.

En México, hasta el cierre del segundo trimestre del año, la Comisión Federal de Telecomunicaciones contabilizó 12 millones de usuarios de televisión restringida, ya sea por cable o vía satelital en un estimado de 24 millones de telehogares. A mayor penetración de la TV de paga en un país menor es el porcentaje de telehogares que usarán televisión abierta analógica o digital.

A fines de 2011 México registró que 41.3 por ciento de los telehogares estaban suscritos a algún paquete de TV de paga;L se estima que al final del año 2017 habrá 31 millones de hogares con cobertura de señales de TDT en los siete principales mercados de televisión de América Latina, y sólo 3.2 millones, es decir, el 10.3 por ciento, estarán en México.

Nuestro país es pionero en el desarrollo de la TDT, a la fecha sólo 16.6 por ciento de los hogares cuentan con televisores digitales, pero nuestro país tendrá una penetración de 10.2 por ciento de la Televisión Digital Terrestre sobre el total de telehogares en 2017.

En el país prevalecen profundas asimetrías regionales en la disponibilidad de televisiones digitales. Apenas 4 por ciento de los hogares en Chiapas dispone de televisión digital, mientras que en la Ciudad de México el porcentaje es de 29.95 por ciento.

Al favorecer la competitividad de las redes terrestres de televisión y radio ante otras plataformas tecnológicas de comunicación podrá crecer la oferta de canales y la diversificación de contenidos.

Quedan pendientes los contenidos de calidad, la democratización de los medios y la intervención decidida, responsable del Estado para evitar la existencia de los monopolios y de los duopolios.

El propósito de reducir la llamada brecha digital entre sectores sociales de población, empresas y organizaciones, con y sin acceso pleno al aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicación, depende del uso óptimo del espectro radioeléctrico y de una libre competencia que repercuta en mejores servicios y precios accesibles para los diferentes estratos de ingreso y renta económicos.

Por lo anteriormente expuesto el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del dictamen. Es cuanto. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Por el Partido de Acción Nacional, en el uso de la voz el diputado Andrés de la Rosa Anaya, hasta por tres minutos.

El diputado Andrés de la Rosa Anaya: Con su permiso, presidenta. En definitiva este dictamen de punto de acuerdo contiene un tema que es sumamente importante y trascendente para la vida del país, particularmente porque tiene que ver con un gran tema que es precisamente el de telecomunicaciones. Sabemos también que es un tema que para efectos del desarrollo del país implica una serie de aspectos que tienen que ver con la competitividad, con el desarrollo de nuestro país, en una materia tan importante como lo es ésta.

Esto también nos deja ver y nos hace suponer la rectoría del Estado, que queda salvaguardada para que se pueda atender la tarea desde este gran rubro de telecomunicaciones.

Comentar y decir que hoy en nuestro país, los mexicanos, evidentemente debemos de pugnar por desarrollar todos estos aspectos que nos permitan transitar hacia nuevos escenarios como país y poder ofrecerles también a los mexicanos un mayor acceso, un mejor servicio que permita también poder ir evolucionando en nuestras comunidades, poder ir ampliando el espectro de la información, el uso de tecnologías.

Sobre todo, también es importante que las dependencias del Ejecutivo federal que conforman esta Comisión Intersecretarial puedan atender con puntualidad a hacer las gestiones que se ocupen, a hacer también las acciones que se requieran para efecto de que estemos en tiempo y que podamos entonces cumplir lo que el propio decreto de 2010 establece y que habrá de generarse ese apagón –como así se le denomina– en la ciudad de Tijuana, Baja California y que podamos ir construyendo esa ruta y esa vía que nos permita a los mexicanos adentrarnos a este nuevo uso de tecnologías en materia de telecomunicaciones.

Quiero decirles también que para Acción Nacional, para el Grupo Parlamentario del PAN, éste es un tema de vital importancia. Es un tema al cual evidentemente también nos sumamos y votaremos a favor de este punto de acuerdo, porque sabemos de la importancia para nuestro país, lo que representa este tema, que además es un objetivo estratégico en términos de seguir impulsando el desarrollo del país, en términos también de ir cuidando que no se generen monopolios en el acceso a este tipo de servicios para con los mexicanos.

Quiero ratificar aquí el compromiso y la posición del Grupo Parlamentario del PAN de votar a favor. El compromiso con los mexicanos también de poder ofrecerles mejores tecnologías en esta materia, que nos permita seguir evolucionando como país y que podamos transitar hacia nuevos escenarios en estos años, en donde el país debe irse ubicando como lo ha venido haciendo en un lugar que le corresponde en el escenario mundial. Poder seguir cumpliendo con lo que debemos de hacer, para que los mexicanos se sientan satisfechos de lo que estamos proveyendo desde estos espacios en donde debemos atender esas necesidades y los planteamientos de los mexicanos. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Por el Partido Verde Ecologista de México, en el uso de la voz, el diputado Rubén Acosta Montoya.

El diputado Rubén Acosta Montoya: Con su venia, diputada presidenta. Buenas tardes, diputadas y diputados. En el Partido Verde Ecologista de México felicitamos la iniciativa del diputado Castro Trenti, por traer a esta honorable tribuna un tema tan importante para la sociedad que también es poco conocido y es nuestra responsabilidad difundir.

Como es de todos conocido, el apagón analógico consiste en abandonar la emisión de señales televisivas análogas y migrar hacia la recepción de señales digitales. En términos generales, las señales analógicas se denominan así porque son aquéllas en las que la señal se envía de forma idéntica, es decir análoga a la señal original.

Por otro lado, las señales digitales son conocidas de esta forma porque para su transmisión es necesaria la presencia o ausencia de voltaje traducido mediante el código binario.

La principal ventaja de las señales digitales reside en que permiten un mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico que es la señal, es el espacio en el aire por el que viaja la señal de televisión a través de la cual permite el envío y recepción, como ya lo señala, de una sola señal. En cambio las señales digitales permiten que viaje por ese mismo espacio radioeléctrico una o hasta cuatro señales que transmiten de la misma forma un mismo espacio.

Este problema no se presenta en las transmisiones digitales que existan este tipo de bloqueos. Es muy claro que la televisión digital permite que haya una eficiencia del espectro radioeléctrico.

Esta ventaja es la que se pretende aprovechar mediante la transición a la televisión digital terrestre, ya que se optimizará –como ya lo señalaba- el uso del espectro radioeléctrico y se liberará la cantidad de espectro suficiente para darle nuevos usos y darle entrada a nuevas tecnologías, lo que también provocará una mayor diversidad de servicios y, por ende, una baja en los precios de los servicios de telecomunicaciones.

Esta migración de las señales analógicas a las digitales, es lo que conocemos cotidianamente como el apagón digital. El apagón analógico o digital, se tiene previsto, de acuerdo a la disposición que llevó a cabo el Ejecutivo federal, que se lleva a cabo el 16 de abril de 2013, o sea, el próximo año y empezará en la ciudad de Tijuana. Posteriormente se irá, dentro de ese mismo año, a hacer ese mismo apagón analógico, a seis ciudades más.

Como podemos ver, el acuerdo del diputado Castro Trenti es sumamente necesario porque la disposición del Ejecutivo federal se tiene que acatar ya y la tenemos a la vuelta; ya es 2013 y aún no vemos a una autoridad que esté informando a la sociedad y mucho menos vemos que se estén llevando a cabo los pasos necesarios para que este apagón lleve a un buen fin.

Por estas razones se hace imperante establecer políticas públicas adecuadas y eficaces que le permitan a nuestro nuevo gobierno federal cumplir con las obligaciones contraídas por la anterior administración, así como también hacer frente a los compromisos que se han plasmado en el reciente Pacto por México.

En el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México estamos de acuerdo en lo que se propone por el diputado Castro Trenti; lo apoyamos, lo consideramos sumamente necesario. Gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueba este punto de acuerdo.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba este punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, favor de manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Aprobado, comuníquese.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, para homologar el cobro de las llamadas de larga distancia entre los municipios de Orizaba y Córdoba del estado de Veracruz y se integre como servicio de llamada local.

Por la comisión, para fundamentar el dictamen, en el uso de la voz el diputado Alejandro Montano Guzmán.

El diputado José Alejandro Montano Guzmán: Con su venia, señora presidenta; compañeras y compañeros diputados; amigos de los medios de comunicación, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, damos nuestro posicionamiento; suscribimos el presente punto de acuerdo que sustenta plenamente al invocar la intervención de la autoridad, que no sólo es competente en términos legales, en virtud de las facultades que le otorga la Constitución y la ley respectiva.

La autoridad tiene la obligación de velar en el ejercicio del papel rector que corresponde al Estado por la promoción de condiciones que favorezcan el desarrollo económico y social, tales como el principio de racionalidad en la regularización de los servicios de telefonía en el país.

Ya se ha referido que la cercanía, integración y relevancia social y económica de los municipios de Orizaba y Córdova en el estado de Veracruz abonan en la justificación del acuerdo para solicitar que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Telecomunicaciones evalúen y lleven a cabo las acciones que correspondan para modificar la clasificación de las tarifas aplicables a las llamadas telefónicas entre dichos municipios para que sean consideradas como servicio local.

De esta manera se concreta el reconocimiento de una justa demanda social largamente impulsada a través de la gestión del gobierno del estado y propuesta aquí por nuestro compañero diputado Juan Manuel Diez.

Este llamamiento no vulnera la libertad comercial de la concesionaria de servicios de telefonía fija pues el ajuste tarifario no implica inversión alguna en la infraestructura de telefonía y por el contrario se logra minimizar el aprovechamiento de dicha infraestructura.

Enfatizamos que el mantenimiento de la tarifa de larga distancia no sólo afecta las actividades económicas que se desarrollan en los municipios señalados, que es el principal argumento para el ajuste. Pero no es de soslayarse que las dificultades de comunicación en dos comunidades tan estrechamente ligadas necesariamente tienen repercusiones sociales de implicaciones más profundas.

Una población conurbada de 600 mil habitantes unida por la cercanía física, necesariamente sostiene estrechos lazos afectivos, familiares, culturales, educativos manifiestos a través de un intenso intercambio, una interacción profunda que ve más allá de la comercial y que es preciso atender y fomentar como un mecanismo de cohesión social que finalmente constituye un elemento básico para el desarrollo y la seguridad de las comunidades.

Las familias, las organizaciones filantrópicas, políticas, artísticas, educativas y además los negocios necesitan mejores elementos de comunicación. Es una decisión benéfica no sólo por sus efectos económicos, sino como un medio de estricta justicia con los pobladores de esta industriosa comunidad de Veracruz. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. En pro por el Partido Acción Nacional, hasta por tres minutos, el diputado Juan Bueno Torio.

El diputado Juan Bueno Torio: Compañeras, compañeros, este tema, por simple que parezca, es muy importante para quienes habitamos esa región: Córdoba y Orizaba. Esta región se está conformando como una conurbación, como un área metropolitana en el centro del estado de Veracruz y hemos estado batallando no de ahora sino de mucho tiempo atrás para que los servicios públicos y las comunicaciones sean más adecuados al propio desarrollo de esta zona metropolitana.

El quitar la tarifa de larga distancia entre los dos municipios en un distancia de 20 kilómetros, estamos hablando de 20 kilómetros, es menester que pronto se cumpla. Pero también, en este mismo contexto del área metropolitana, hemos estado insistiendo en que se quite la caseta de cobro de Fortín de las Flores, que es un muro que se ha construido ahí, que se ha desarrollado a través de los años, de más de 40 años, y que afecta las comunicaciones y el traslado de personas.

Por eso hacemos un llamado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que actúe en este caso y también para que tome la decisión y ejerza un acto de autoridad contra el concesionario Teléfonos de México, porque en diversas ocasiones se le ha instruido a que cambie y a que establezca esa área de servicio local, que así se llama, para beneficio de la población, pero Teléfonos de México se ampara para no conceder esta solicitud de los ciudadanos y de los habitantes de esa región.

Por eso además de los puntos que trae el resolutivo del punto de acuerdo, insistimos en que la Secretaría y la Cofetel ahora que tienen más fuerza, según los nuevos resolutivos de la Suprema Corte de Justicia, podrán ejercer este acto de autoridad y de una vez por todas resolver este anhelo, que como digo, no es de ahora, tenemos prácticamente 20 años pidiendo que se quite la caseta de cobro y que se haga servicio local el servicio telefónico. Muchas gracias por su atención.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Por el Partido de Nueva Alianza, en el uso de la voz, la diputada María Sanjuana Cerda Franco.

La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con el permiso de la Presidencia, señoras y señores legisladores, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, estamos a favor de ése punto de acuerdo porque propone una medida específica que repercutirá en beneficios para los habitantes de las ciudades de Córdoba y Orizaba en el estado de Veracruz.

Si el exhorto que se formula a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones es atendido, las llamadas telefónicas entre las ciudades veracruzanas antes mencionadas serán tipificadas como llamadas locales.

Esta medida que está en el ámbito de competencia del Ejecutivo federal beneficiaría a más de 300 mil habitantes que interactúan cotidianamente en el conglomerado urbano que conforman Orizaba y Córdoba.

Ambas ciudades están prácticamente juntas en la continuidad urbana. La intensa actividad económica, comercial, cultural, social y familiar entre sus habitantes necesita estímulos para potenciar su desarrollo, lo que contribuiría notablemente a fortalecer polos de desarrollo regional que tanta falta hacen al país.

Uno de los factores más importantes para estimular el crecimiento económico y favorecer la economía familiar es precisamente el de las Telecomunicaciones. El esquema de servicio a telefonía fija y celular tiene que ser revisado a fondo con el objeto de incorporar al análisis las nuevas realidades poblacionales y los adelantos tecnológicos, de tal manera que ello repercuta en servicios de mejor calidad y disminución de los costos para el público en general.

En Nueva Alianza consideramos que esta Cámara de Diputados debe comprometerse a trabajar para que los alcances de este punto de acuerdo vayan más allá del caso de Córdoba y Orizaba.

Existe una problemática similar en diversas regiones del territorio nacional, donde el servicio telefónico de larga distancia se sigue aplicando sin reconocer las realidades de amplias regiones que con el tiempo han constituido zonas conurbadas.

De este modo, tenemos que hacer un esfuerzo para que las autoridades competentes y los concesionarios y permisionarios del servicio de telefonía, que es un servicio social, hagan una reclasificación de sus criterios y tarifas para determinar los ámbitos de la larga distancia, siempre con el objetivo de beneficiar los usuarios de este estratégico servicio.

La propia Ley Federal de Telecomunicaciones establece que las tarifas que determinen los concesionarios no podrán adoptar prácticas discriminatorias, y eso es lo que pasa cuando en algunas zonas conurbadas las llamadas son consideradas y cobradas como llamadas locales, mientras que en zonas de similares condiciones las llamadas son tipificadas como de larga distancia, y por lo tanto son más caras, como el caso señalado en el presente punto de acuerdo.

Lo que se necesita entonces es una revisión a fondo en todo el país, para racionalizar este servicio y promover mejores condiciones de acceso para las familias y los diversos actores económicos y sociales. Por eso nuestro respaldo a este punto de acuerdo. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. En pro, por el Partido del Trabajo, la diputada Lilia Aguilar Gil.

La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señora presidenta. Con la venia de la asamblea. El posicionamiento que el Partido del Trabajo hace es obviamente a favor de este punto de acuerdo. Nos congratulamos que finamente, como ya dijo el diputado Bueno Torio, después de 20 años de una gestión que se ha dado para que se haga justicia a estos dos municipios, finalmente este punto de acuerdo salga, ahora veremos qué contesta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Sin embargo, el tema de Orizaba y Córdoba abre un tema que es más amplio, que es el tema de las áreas de servicio local a nivel nacional. Esto no es algo que solamente suceda en Veracruz, sino es algo que sucede en todo el país.

Tenemos actualmente en nuestro país 397 áreas de servicio local, algunas tan absurdas que en un mismo municipio, de una cuadra a otra se considera una llamada de larga distancia, o en lugares como en mi tierra, en mi estado, en Chihuahua, en un municipio conurbado que está a una diferencia de 7 kilómetros, tiene una clave diferente de servicio local y se considera larga distancia para comunicarse, cuando hay un intercambio familiar, cuando hay un intercambio productivo, cuando hay un intercambio económico entre estas zonas.

El posicionamiento del Partido del Trabajo en esto no solamente es para felicitar al diputado Castro Trenti, para felicitar a la asamblea que vamos a hacer este exhorto, sino para decir que esto abre la puerta porque hay mucho qué hacer.

Qué es lo que ha sucedido con la reducción de las áreas de servicio local. Y permítanme hacer un poco de historia. Para no aburrirlos seré muy rápida.

En 2006 la Cofetel emite los lineamientos para reducir las áreas de servicio local; en 2007 hace una resolución para empezar con 70 áreas, para reducir 70 áreas. En 2008 dice que se reducirán 120 posteriormente, y desgraciadamente en 2008 hay un amparo, como ya lo dijo el diputado del PAN que hizo el uso de esta tribuna, hay un amparo de Telmex donde el 30 de octubre -si mal no recuerdo- de 2008 solicita que se le dé una solución a esta situación de la reducción de las áreas de servicio local, y el 31 de octubre de 2008 se le da respuesta; en una respuesta que se considera una afirmativa ficta cuando el 1 de noviembre empezaba la reducción de las zonas de servicio de área local.

¿Cuál es la trascendencia de este tema, compañeros diputados? Está en el bolsillo de nuestros votantes, en el bolsillo de todos los mexicanos. Es decir, municipios que están pagando, personas en municipios, que están pagando llamadas de larga distancia desde sus teléfonos fijos en cuestiones tan absurdas, como ya dijimos, en municipios conurbados, en municipios de una cuadra a otra, en municipios que están en una cercanía geográfica bastante corta.

Y lo que nosotros estamos planteando es que éste no sea solamente este punto de acuerdo, sino que sea el inicio para que la Cámara de Diputados ayude a los mexicanos, a plantear y a gestionar para que estas áreas de servicio local se reduzcan a cero, como debe de ser en este país, y que finalmente consideremos no solamente la cercanía física, sino la interacción social, cultural y hasta la familiar que tienen estos municipios, y estas familias que tienen que estar pagando, no solamente excesivos cobros telefónicos, sino también tarifas de larga distancia. Ésta es la posición.

Felicitamos obviamente a quien presenta este dictamen, y esperemos que todos nosotros apoyemos a los ciudadanos mexicanos, para que esto finalmente desaparezca. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada En pro por el partido de Movimiento Ciudadano, la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez: Con su venia, señora presidenta. Telmex y el abuso de su monopolio son un lastre sobre el desarrollo de nuestro país. Otros países tienen monopolios de una índole u otra, pero en todos los casos, menos en México, el Estado controla la actuación de los monopolios para evitar situaciones depredatorias.

En México, el Estado no ha hecho nada significativo para proteger la competencia y promover una situación de más servicios a precios más bajos. El resultado es desastroso. Los mexicanos pagamos más para nuestras comunicaciones, que casi cualquiera de nuestros socios de la OCDE.

En este sentido jurídico, la mitad de las áreas locales en México sólo pueden ser servidas por Telmex. En este sentido económico, ha usado su control de interconexión para eliminar a la competencia a tal punto que detenta más del 96 por ciento del mercado de líneas fijas en México.

Ha procedido a eliminar a la competencia a tal punto que está cobrando más a las empresas competidoras de telecomunicaciones que a sus usuarios finales. Telmex ha aprovechado su monopolio en las áreas de servicio local para imponer los cobros y costos más altos a los mexicanos más pobres y necesitados, a los que quieren comunicarse con sus familiares que trabajan en el exterior.

Datos de la OCDE revelan que de las 30 naciones miembros de la Organización, México es el tercero que cobra más caro el servicio de la telefonía fija.

Córdoba y Orizaba, dos de los municipios de mayor contribución económica en el estado de Veracruz, se han visto afectadas a lo largo de 20 años por el cobro de tarifas telefónicas de larga distancia y no solamente estos dos municipios, hacemos una revisión en todo nuestro país, estaremos cayendo en cuenta que es semejante la situación.

En 2006 la Cofetel inició el proceso de consolidación de áreas de servicio local, a través del cual los usuarios de telefonía fija y móvil de las ciudades aledañas dejarían de pagar tarifas de larga distancia, beneficiando a más de 200 zonas del país.

Sin embargo, Telmex, el principal prestador de servicios de telefonía en México, logró una suspensión para evitar este proceso, argumentando que era inviable.

En la actualidad existen 397 áreas y la Cofetel busca integrar solo 213, a fin de evitar los altos costos que representa para un usuario realizar una llamada de telefonía básica entre comunidades vecinas a precio de larga distancia.

La principal razón para justificar la adopción de la medida implicada radica en la integración económica y funcional que se establece entre ambos municipios. Ya en su momento, nuestro dirigente del Movimiento Ciudadano, el ex senador Dante Delgado, solicitó ampliamente se realizará y ojalá y ahora sí se logre.

En ese marco es indiscutible la conveniencia de adoptar el acuerdo en la medida en que se responderá a una demanda social ciudadana legítima y válida y que debería adoptarse para todo el país, no solo para estos municipios. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. En pro, por el Partido de la Revolución Democrática, hasta por 3 minutos, la diputada Purificación Carpinteyro Calderón.

La diputada Purificación Carpinteyro Calderón: No hay postura más políticamente correcta que decir que todo México debiera convertirse en un área local para que todas las llamadas que se hicieran, desde cualquier lugar de México, territorio nacional, a cualquier lugar de México, territorio nacional, fueran llamadas locales.

La verdad es que no habría posición más demagógica y ciertamente aplaudida que el decir que todas las llamadas debieran ser gratis, no importa a dónde fueran. El problema aquí es determinar qué es lo que nosotros perseguimos como legisladores; si es que específicamente estamos incitando la inversión en infraestructura, si es que buscamos el desarrollo de las telecomunicaciones; y cuáles son las razones y los motivos por las que las cosas suceden, porque lamentablemente muchos de nosotros nos dejamos llevar por las tesis, por las teorías que los cabilderos nos traen y nos presentan sin irnos al trasfondo del asunto.

En el 2006 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes expidió un acuerdo de convergencia que fue suscrito por todos los operadores de telecomunicaciones, incluyendo las operadoras de servicios de televisión por cable, entre ellas evidentemente Cablevisión y todas las otras empresas de televisión por cable, propiedad de Televisa, también fue firmado y suscrito por Telmex.

En este acuerdo de convergencia se establecieron una serie de requisitos que tenían que cumplirse para poder obviamente entrar al nuevo mercado, el mercado convergente, al llamado triple play, es decir, la posibilidad de prestar a través de sus redes los tres servicios: el de telefonía, el de transmisión de datos –acceso a Internet– y el de televisión de paga.

Lo curioso de todo esto es que a Telmex se le impusieron una serie de requisitos, uno de ellos específicamente era el de apegarse a lo que era la consolidación de las áreas locales de acuerdo a los convenios que se establecieran con la Cofetel. A partir de ahí surgió todo un fenómeno por el cual ha sido cuestión de ver cómo es que se impide que efectivamente ese acuerdo llegue a consolidarse.

Es decir, pese a los diferentes intentos que ha habido durante los diferentes periodos de los diferentes subsecretarios –y en eso puedo hablar porque fui subsecretaria y en su momento estuve a punto de llegar a un acuerdo con Teléfonos de México, para la consolidación de áreas locales que permitiesen efectivamente evitar todo este tipo de problemas– surgen una serie de –digamos– imprevistos que impiden que estos acuerdos aterricen y tengan el beneficio para la población que efectivamente deberían tener.

No, no se busca que los que llaman de larga distancia a la ciudad de Monterrey consoliden con la Ciudad de México, que es donde hay más práctico. Es obvio que la distancia no justifica. Tampoco se trata de los que llamen a la sierra de Oaxaca, porque hay muchos migrantes de los Estados Unidos que salen de la sierra de Oaxaca, consoliden con la ciudad de Oaxaca. Se trata de la comunidad de intereses. ¿Hay alguien que por aquí no le gustó? Se trata efectivamente de hacer que exista competencia en el mercado de las telecomunicaciones.

Ojalá todos aquellos que han tenido o han impuesto obstáculos para que este acuerdo entre la Cofetel y Telmex pueda llevarse a cabo y finalmente consolidar las áreas locales en beneficio de los mexicanos, llegue a buen fin.

Hasta donde tengo entendido es el comisionado Peralta el que está a cargo de precisamente cerrar este estudio junto con Teléfonos de México para determinar y definir cuáles son las áreas que deben de ser consolidadas y todas aquellas áreas que de alguna manera efectivamente tendrían que verse beneficiadas con ello, no nada más en Veracruz, que eso me parecería simplemente estar viendo o acotando el problema a una comunidad, cuando esto atañe a toda la República Mexicana.

Entendamos pues, que éste es un problema que va mucho más allá y que no nada más se está centrando en algo que afecta a los mexicanos que viven en estas comunidades, sino que se trata de impedir que pueda existir verdadera competencia en el mercado de las telecomunicaciones.

Por ello estoy de acuerdo, no solamente que se conmine a la Cofetel a buscar precisamente esta consolidación de áreas, no en Veracruz, sino para todo el país. Muchísimas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias a usted, diputada. En pro por el Partido Verde Ecologista de México, hasta por tres minutos, el diputado Tomás Torres Mercado.

El diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, ciudadana presidenta. En lo que hace al Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, nuestra posición es de respaldo al punto resolutivo de esta proposición, en el sentido de que se proceda a la homologación del cobro de las llamadas de larga distancia entre los municipios de Orizaba y Córdoba, en el bello estado de Veracruz, en el hermano estado de Veracruz, y que se integre como un servicio local. Tierra de destacados hombres de historia, pero colegas, diputados, amigos, como Bueno Torio y otros representantes dignos de aquella entidad.

No puede el día de hoy entenderse la dinámica económica, cultural, social en general, sin atender el tema de las comunicaciones. Para nuestro país, fíjense ustedes, comentando ahí en lo corto con un colega, decíamos que la empresa más importante de telefonía fija, que presta el servicio de telefonía fija, vemos que saliendo por los espacios de la deducción impositiva, en las pantallas de televisión, en los programas aparece como una empresa salvadora de la flora y la fauna nacional.

Veía un bello mensaje por ahí hecho en el Pacífico mexicano, en Isla de Guadalupe, diciendo que la empresa telefónica se ocupa de salvar especies en riesgo de extinción. Y nosotros decimos, ¿por qué no prestar la atención al servicio de los humanos? ¿Es un asunto de la ley o es un asunto también de ética en la prestación del servicio?

Es cierto que ha habido un esfuerzo, y además la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido ya la capacidad de gestión de autonomía del Órgano Regulador de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, para ir metiendo en orden los temas que tienen que ver con asuntos de su competencia.

Sin embargo fíjense ustedes. En este propósito de ir de más de 300, casi 400 espacios de telefonía de larga distancia para irlo reduciendo, siempre a mediado el juicio de amparo. De ahí el descrédito tan terrible a una noble institución jurídica única en el mundo. ¿Será solamente Telmex? ¿Es el planteamiento, es el criterio de Telmex o es también no la falta de ley, la falta de un principio ético de quien aplica la ley?

Dice la Ley de Amparo que la suspensión no se otorgará cuando se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. ¿No es acaso de orden público y de interés social ponerle un uso racional a los espacios de larga distancia o de llamadas locales?

El Grupo Parlamentario del Partido Verde respalda este punto de acuerdo de esta productiva Comisión de Comunicaciones y Transportes, pero deja también un planteamiento. El fortalecimiento del órgano regulador, pero también la reivindicación del papel de la Cámara de Diputados, es fundamental en esto.

Concluyo solamente, ciudadana presidenta, porque seguramente usted tiene nota también. Tlacotalpan o San Miguel de Allende, la propia Ciudad de México o Morelia o Zacatecas, que no son capaces de lograr que la concesionaria de telefonía fija lance sus tendidos de cableado subterráneo a pesar de los esfuerzos extraordinarios financieros para preservar el patrimonio de los mexicanos y el patrimonio de la humanidad. Dejo constancia de ello. Por su tolerancia y por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. En pro, por el Partido Revolucionario Institucional, el diputado Juan Manuel Diez Francos, hasta por tres minutos.

El diputado Juan Manuel Diez Francos: Con su permiso, señora presidenta. Señores legisladores, ayer se autorizó el cobro por segundo, en teléfonos celulares. Hoy en el hotel en el que me hospedo, los empleados que saben que soy diputado federal, me felicitaron por ese logro. Les afecta mucho a su economía propia.

Hoy vengo a hablar de una iniciativa que presenté. Vivo en Orizaba y en lo único que difiero con mis colegas anteriores, es que no sólo afecta a dos municipios, afecta a 54 municipios que somos conurbados, los 54.

Muchos municipios pasamos de una banqueta a otra y cambia el nombre y puedo mencionarles Fortín de las Flores, Río Blanco, Nogales, Iván Mendoza, Amatlán. Todos estos municipios son los que se están viendo afectados por este cobro de larga distancia. Y es el momento de hacer justicia.

Como dijo Juan Bueno, tenemos 20 años de estar luchando por eso; tenemos 20 años de que hace 40 años nos pusieron una barrera, nos pusieron un muro, una caseta y nos pusieron las largas distancias y no nos hemos podido desarrollar. Y somos en total cerca de 800 mil pobladores los que vivimos en esa región Córdoba y Orizaba. Es casi el 1 por ciento de la población nacional. Creo que es el momento de lograr justicia para nosotros.

La distancia, como dicen, son 20 kilómetros. Yo negocié con Telmex, me tocó negociar con Telmex, como alcalde, un programa que se llama Ciudades Vecinas. Se hace un descuento pero no se cancela la larga distancia.

Sólo como ejemplo, por qué a nosotros en donde tenemos sólo 20 kilómetros nos cobran larga distancia y entre Atizapán de Zaragoza y el Pedregal en donde existen 46 kilómetros, no existe la larga distancia; o entre Ecatepec y Milpa Alta, hay 80 kilómetros y tampoco existe la larga distancia.

En la región son sólo 20 kilómetros y necesitamos que haya justicia para todos; todos somos mexicanos. Por eso les pido por favor que este voto sea a favor de esta propuesta que mucho beneficiará a 800 mil de mis colegas. Gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba este punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señora presidente.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Aprobado. Comuníquese.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Continúe la secretaría.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se establece el procedimiento para informar al pleno de la Cámara los cambios que comunican los grupos parlamentarios en la integración de comisiones ordinarias, especiales, comités de centros de estudio, grupos de trabajo y organismos internacionales permanentes durante el primer receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

Primero. Se autoriza al Presidente de la Junta de Coordinación Política para que durante primer receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura pueda solicitar al Presidente de la Mesa Directiva que instruya la publicación en la Gaceta Parlamentaria, las designaciones y las sustituciones que los coordinadores de los grupos parlamentarios soliciten respecto a la integración de comisiones ordinarias, especiales, comités, grupos de trabajo y organismos internacionales permanentes.

Segundo. Las sustituciones o designaciones surtirán sus efectos formales a partir del día de su publicación en la Gaceta Parlamentaria.

Firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Aprobado. Comuníquese.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Continúe la secretaría.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados por el que se propone una nueva integración de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, así como de su junta directiva.

Acuerdo. Primero. Para garantizar los principios de inclusión y de proporcionalidad que rigen la Constitución e integración de las comisiones ordinarias de esta legislatura de la Cámara de Diputados, se propone una nueva integración de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial con 30 miembros:

Jorge Herrera Delgado, PRI.

Celia Isabel Gauna Ruíz de León, PRI.

Abel Guerra Garza, PRI.

María Elena Cano Ayala, PRI

Socorro de la Luz Quintana, PRI.

Felipe de Jesús Almaguer Torres, PAN.

Alberto Díaz Trujillo, PAN.

Israel Moreno Rivera, PRD.

María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, Partido Verde Ecologista de México;

Gisela Raquel Mota Ocampo, PRD;

Hugo Sandoval Martínez, PRD;

Ramón Montalvo Hernández, PRD;

Nelly del Carmen Vargas Pérez, Movimiento Ciudadano;

Dulce María Muñiz Martínez, PRI;

Carlos Sánchez Romero, PRI; Silvia Márquez Velasco, PRI;

Brenda María Alvarado, PRI; Leticia Calderón Ramírez, PRI;

María Guadalupe Velázquez Díaz, PRI;

Diana Karina Velázquez Ramírez, PRI;

Blanca María Villaseñor Gudiño, PRI;

Martha Edith Vital Vera, PVEM;

Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, PAN.

Segundo. Se postula para integrar la Junta Directiva de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, que se constituye con un total de dos integrantes a las siguientes diputadas y diputados.

Presidente: Jorge Herrera Delgado

Secretaría: Celia Isabel Gauna Ruiz de León

Secretaría: Abel Guerra Garza

Secretaría: María Elena Cano Ayala

Secretaría: Socorro de la Luz Quintana

Secretaría: Felipe de Jesús Almaguer Torres

Secretaría: Alberto Díaz Trujillo

Secretaría: Israel Moreno Rivera

Secretaría: María del Rosario de Fátima Pariente Gavito

Tercero. Comuníquese a la Mesa Directiva.

Publíquese en Gaceta Parlamentaria e insértese en el Diario de los Debates.

Transitorios

Primero. Este acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación en el pleno de la Cámara de Diputados.

Segundo. La Junta de Coordinación Política en el ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 31, numeral 1, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propondrá al pleno de la Cámara de Diputados a los siete integrantes restantes una vez que sean designados por sus grupos parlamentarios para complementar los 30 integrantes de la comisión.

Tercero. La Junta de Coordinación Política en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 34, numeral 1, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos propondrá al pleno de la Cámara de Diputados a los tres miembros restantes de la junta directiva de la comisión una vez que sean designados por sus grupos parlamentarios.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 6 de diciembre de 2012, en la cual suscriben todos los coordinadores de los grupos parlamentarios.

Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. No habiendo oradores inscritos, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se aprueba este punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría, señora presidenta por la afirmativa.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Aprobado, comuníquese.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Continúe la Secretaría.

El secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política que establece las reglas para la discusión y votación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013.

Primero. El objeto único del presente acuerdo es determinar la forma y los términos en que se discutirá y votará en sesión de pleno de la Cámara de Diputados el dictamen de proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2013.

Segundo. El dictamen se hará del conocimiento del pleno en el momento en que se publique en las pantallas electrónicas de las curules en el salón de sesiones y en versión electrónica de la Gaceta Parlamentaria, y podrá ser incorporado al orden del día de la sesión en que se presente.

Recibir dispensa de trámites y someterse a discusión de inmediato. Si hubiere voto particular, se estará a lo dispuesto en los artículos 90 y 91 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Tercero. La discusión en lo general se llevará a cabo conforme a lo siguiente.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública o uno de sus integrantes podrá exponer los fundamentos del dictamen hasta por 10 minutos. Podrá hacer uso de la palabra para fijar su posición, hasta por cinco minutos, un integrante de cada grupo parlamentario en orden creciente.

Para hablar en contra y en pro del dictamen, se abrirá una ronda de intervenciones de hasta tres oradores en cada sentido, quienes harán uso de la palabra hasta por cinco minutos cada uno. Al término de la ronda el presidente preguntará si el asunto está suficientemente discutido después de leer la lista de oradores aún inscritos en ambos sentidos. Si la respuesta fuere negativa se abrirá una nueva ronda hasta de tres oradores en cada sentido. Al término de la discusión se procederá a votar el dictamen en lo general.

Las reservas sobre el dictamen tendrán que presentarse por escrito y se registrarán ante Mesa Directiva, indicando con claridad si se reservan artículos y anexos o ambos del dictamen, para su discusión. En este caso las y los diputados deberán precisar con exactitud el párrafo, fracción o inciso de los artículos, el rubro, ramo, programa, partida o concepto de los anexos que se reserven, o bien las modificaciones o las adiciones que se propongan a los artículos del proyecto de decreto, conforme a lo siguiente

1. Cada reserva deberá presentarse en escrito por separado aunque la misma se refiera a diversos artículos o anexos, siempre y cuando mantenga unidad temática.

2. Todas las propuestas de modificación o de adición a los artículos o anexos considerados en el proyecto de decreto deberán entregarse a la Mesa Directiva en hoja membretada, sin tachaduras ni enmendaduras, firmada por su autor o autora. De ninguna manera se admitirán reservas manuscritas o en fotocopia de la Gaceta Parlamentaria.

3. Se deberá resaltar en negrillas el texto o cantidades por modificar o adicionar. Si se trata de anexos, deberá precisarse el número de los mismos, el Ramo o rubro, así como el programa a que hagan referencia.

4. En el supuesto de que la reserva implique la creación o incremento de erogación, la o el diputado que la presente deberá señalar la correspondiente fuente de financiamiento identificando el programa específico al cual deberá reducirse la asignación prevista en el dictamen para cubrir el nuevo gasto, de conformidad con lo previsto en el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria.

5. La recepción de las propuestas de modificación o de adición se hará desde el inicio de la sesión y hasta que concluya el apartado de fijación de posiciones de los grupos parlamentarios, en la discusión en lo general del dictamen.

6. Una vez que se haya verificado que las reservas reúnen los requisitos señalados en este inciso serán rubricadas por los secretarios en función que en su oportunidad definirá la Mesa Directiva durante la sesión, a efecto de proseguir su trámite en términos del presente acuerdo.

7. Asimismo, se entregará el acuse de recibo respectivo debidamente rubricado por los secretarios de Mesa Directiva designados, a la diputada o al diputado que realice la reserva.

8. La Mesa Directiva únicamente registrará para su discusión las reservas integradas debidamente y deberá rechazar aquellas que no satisfagan lo establecido en el presente acuerdo.

9. Una vez que la Mesa Directiva hubiere registrado las modificaciones que se pretende realizar a los artículos y anexos o ambos para su discusión en lo particular, se procederá a la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos o anexos no impugnados del proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013.

Si el dictamen es aprobado en lo general por la mayoría de los votos de los diputados presentes, se procederá a la discusión en lo particular de los artículos y anexos o ambos reservados.

Cuarto. La discusión en lo particular se llevará a cabo de la siguiente manera.

Harán uso de la palabra, hasta por cinco minutos, cada uno de los y las diputadas que hubieren reservado artículos y anexos o ambos.

Luego de la intervención de la o el diputado que hubiere reservado artículo o anexo, presentada la propuesta de modificación o de adición, se consultará a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

Si la respuesta es negativa, la propuesta se tendrá por desechada y el artículo o anexo en cuestión se reservará para su votación nominal en conjunto, en los términos del dictamen, al final de la discusión en particular. Si la respuesta es afirmativa, podrán hablar un orador en pro y otro en contra de la propuesta, hasta por tres minutos cada uno.

Luego de las intervenciones anteriores, la Secretaría consultará a la asamblea, en votación económica, si se acepta la modificación o la adición propuesta. Si la respuesta fuera negativa, se tendrá por desechada; pero si fuera afirmativa, el artículo o anexo de referencia se reservará para su votación nominal en conjunto, con la modificación o la adición aceptada al término de la discusión en lo particular de los artículos reservados.

La consulta a la asamblea para determinar si se aceptan o rechazan las modificaciones o adiciones propuestas, se realizará en votación económica. Cuando hubiera duda fundada, a juicio del presidente se procederá a votación nominal a través del sistema electrónico.

Agotada la discusión en lo particular, el presidente dará lectura a la lista de los artículos reservados que se votarán en conjunto. Señalará con claridad cuáles quedaron en términos del dictamen y cuáles se votarán con la modificación o la adición aceptada.

Posteriormente la Secretaría recogerá la votación nominal respectiva. No habrá discusión alguna dado que la misma ya se produjo. De conformidad con el artículo 108, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se podrá solicitar la votación por separado de un artículo o anexo reservado.

Quinto. Si durante la discusión en lo general y en lo particular del dictamen se presentara un asunto no previsto en este acuerdo, será resuelto por la Mesa Directiva.

Sexto. En los términos del numeral 2 del artículo 221 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a través de su junta directiva, será la responsable de hacer las correcciones al decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara y realizará sólo las adecuaciones de estilo, cálculo, ajuste de cifras y cantidades que sean necesarias, las cuales deberán estar en plena correspondencia con las modificaciones o adiciones aprobadas por el pleno.

La Mesa Directiva vigilará que se cumpla antes de remitir el proyecto.

Séptimo. De conformidad con lo establecido en los numerales 2 y 3 del artículo 114 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en relación con lo dispuesto con los artículos 22 y 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para calificar las mociones a que se refieren las fracciones VI y VII del artículo 114 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el presidente de la Mesa Directiva consultará al pleno si son de admitirse.

Es cuanto, presidenta. Perdón, hay un transitorio.

Transitorio. El presente acuerdo entrará en vigor en el momento de su aprobación al pleno.

Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, señor secretario. En el uso de la voz, el diputado Víctor Manuel Jorrín, de Movimiento Ciudadano. Es el único diputado que se anotó como orador para este tema.

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano: Con su permiso, presidenta, gracias por darme la palabra. Compañeros, solamente para hacer una observación.

Yo sé que tal vez, cuando venga la votación se va a ganar porque hay mayoría para ustedes. Sin embargo, cabe hacer la reflexión que con los procedimientos que se están estableciendo no nos va a dar tiempo, a menos que tengamos superdiputados que tengan una gran capacidad de procesamiento de información de miles de números, de más de 500 páginas que tenemos que revisar como para emitir, en término de una o dos o tres horas o cuatro horas, la aprobación de esta ley. Por tanto, no vamos a poder hacer reservas a ninguno de los artículos y vamos a tener que votar sin haber revisado.

Yo lo pongo a su consideración para que se revisen las reglas, si ustedes lo consideran pertinente. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. No habiendo más oradores inscritos, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba este punto de acuerdo.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta si se aprueba este acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Aprobado, comuníquese.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: El siguiente punto del orden del día es comentarios relativos al 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante, para lo que tiene el uso de la voz la diputada Sonia Rincón Chanona, del Partido de Nueva Alianza hasta por cinco minutos.

La diputada Sonia Rincón Chanona: Con su anuencia, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, ayer conmemoramos la milenaria tradición de los hombres y mujeres de trasladarse de un lugar a otro en busca de mejoras, ya sea climatológicas, más alimento, trabajo, refugios óptimos, pero sobre todo, que la mayor parte de las naciones son en realidad un conglomerado de pueblos que en gran medida han enriquecido sus culturas gracias a los aportes de los migrantes.

Hace 13 años la Organización de las Naciones Unidas decretó el día 18 de diciembre como el Día Internacional del Migrante, debido al incremento de los flujos.

Esta misma organización internacional reconoce a una de cada 33 personas en el mundo como migrantes internacionales, lo que arroja una cifra sorprendente de alrededor de 214 millones de personas. De estos, 6 de cada 100 migrantes son mexicanos.

En México, al igual que en otros países, el fenómeno migratorio es complejo y difícil de abordar ya sea desde la perspectiva de la salida, la llegada, retorno o tránsito de migrantes, ya que todas estas etapas están presentes en nuestro país.

En la nación mexicana hemos afrontado el fenómeno de la migración desde diversas perspectivas, como la de los derechos humanos, la migración infantil, la de género, así como el de las implicaciones familiares o la de los cambios generados en la colectividad.

Esta forma de analizar la migración ha dado avances en épocas recientes en cuanto a la legislación generada para salvaguardar los derechos de los migrantes. Muestra de lo anterior es la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de septiembre de 2012, de la nueva Ley de Migración y su reglamento.

A pesar de lo anterior hoy en día es absolutamente inaceptable que continúe la marginación y las violaciones a los derechos de los migrantes. Para que puedan tener una mejor condición de vida tenemos que fomentar el acceso real al ejercicio de sus libertades, la seguridad, el trato digno y la igualdad como principios elementales hacia las migrantes y los migrantes.

Tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como diversas organizaciones civiles que defienden los derechos de los migrantes, dan cuenta de los cientos de miles de migrantes que cruzan nuestro país cada año, quienes son víctimas de graves abusos durante el camino, como agresiones físicas y sexuales, extorsión, robo y desafortunadamente la pérdida de sus vidas.

Ante todas estas atrocidades las autoridades del Estado mexicano en los tres órdenes de gobierno han sido omisas en tomar las medidas necesarias y adecuadas para proteger a los migrantes o para investigar y juzgar a quienes cometen abusos contra ellos.

Por ello, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza continuará impulsando como parte de sus prioridades la consumación firme de las políticas públicas que enfrenten este fenómeno desde sus diversas realidades, siempre considerando la especial condición de cada grupo, como son las personas con discapacidad, los adultos mayores, así como las niñas y niños, las mujeres, propiciando a su vez el acceso a la educación, a la salud y al empleo.

La migración debe dejar de ser sinónimo de la sensación de abandono de la patria, de ansiedades y temores provocados por la falta de protección y pertenencia, por los problemas y las hostilidades a las que se enfrentan quienes emprenden este viaje. Debemos ser capaces de transformar esa realidad por una esperanza en el arribo a tierras más prósperas y amables.

Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza nos aseguraremos de que el fenómeno migratorio sea plenamente atendido por el Estado mexicano, ya que requiere de acciones y compromisos acordes con las condiciones imperantes. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: En el uso de la voz la diputada Loretta Ortíz Ahlf, por el Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.

La diputada Loretta Ortíz Ahlf: Con la venia de la Presidencia; compañeras, compañeros legisladores. Las migraciones y desplazamientos forzados que iniciaron en la década de los noventa y aún continúan se han caracterizado particularmente por las disparidades de las condiciones de vida entre el lugar de origen y el del destino de los inmigrantes.

Según estimaciones de la Cruz Roja Internacional, aproximadamente 8.5 millones de personas solicitaron refugio en 2005, 17 millones de personas más que en 1990. Cabe agregar a esta cifra, todas aquellas personas que no califican para la protección de refugiado, como los desplazados a los cuales asistió el alto comisionado de Naciones Unidas a 24 millones. El mayor número provienen de Afganistán; en 2005 fueron cerca de 2 millones y después ha ido aumentando la cifra de la cantidad de refugiados, desplazados y migrantes.

La Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica, determinó que por lo menos 5 millones de personas o el 10 por ciento de los 56 millones de inmigrantes que ingresaron en 2000, se encontraban en una situación irregular y se estimaba que durante cada año aumentaría la cifra en medio millón.

El Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Económicas proyecta que 4 millones de personas cruzarán las fronteras internacionales sin documentación cada año. El siglo XX brindó a la humanidad diversos avances; sin embargo en lo atinente, el derecho humano de migrar e inmigrar hubo un gran retroceso, hoy millones de personas por hambre o en busca de trabajo se ven en la necesidad de migrar y se les niega el ingreso a un Estado por no cumplir con los requisitos legales.

La principal razón por la cual emigran millones de personas es el desempleo que ha aumentado progresivamente. Hoy 380 millones de personas tratan de sobrevivir con menos de un dólar diario; otras calculadas en 12 millones por la Organización Internacional del Trabajo son obligadas a realizar trabajos forzados.

En diversos Estados la respuesta ante estos fenómenos, y entre ellos México, ha sido exigir determinada nacionalidad o la realización de una determinada actividad o profesión como prerrequisito para la entrada y residencia en el territorio de un Estado.

Las normas del derecho internacional general en materia de extranjería, dejan en manos de los Estados un ámbito muy amplio de regulación. El resultado, disposiciones constitucionales y normas de derecho interno insuficientes para proteger los derechos humanos en condiciones de igualdad a los extranjeros independientemente de la legal estancia en un país.

Casi todos los días la nota en los diarios la dan los inmigrantes. De vez en cuando encontramos una reflexión como la de Jesús Ruiz Mantilla, quien puntualiza: Quienes sobrevivan, si logran cruzar la línea y no son devueltos con camisa de fuerza a sus países de origen, deambulan por la ciudad en busca de un colchón.

En nuestras calles vemos pulular el abuso, la ventaja sobre los que no tienen nada; mientras no hayan garantías de puertas abiertas respecto a quien viene en busca de una vida mejor, habrá de impartir valores democráticos y derechos humanos todos los días, muchas horas y por obligación.

¿Cuál es el sentido de la educación sino el prohibir la inmigración irregular no impide este fenómeno cuando lo que está de por medio es la propia subsistencia? Razón por la cual miles de personas intentan y seguirán intentando –a menos de que se resuelvan los problemas de fondo- cruzar la frontera aun a costa de perder la vida.

Es usual que los inmigrantes irregulares sean objeto de amenazas contra su vida, su seguridad personal o la detención administrativa al momento de cruzar la frontera internacional si se les niega, además, el derecho de acceso a la justicia efectiva, situación que se realiza en México, su situación se torna en extrema vulnerabilidad ya que sus gobiernos carecen de recursos para protegerlos diplomáticamente al igual que ellos para pagar la asistencia jurídica de un abogado.

El Partido del Trabajo hace un exhorto a las autoridades federales, locales y municipales del respeto a los derechos fundamentales de los migrantes, independientemente de su situación legal en el país.

Los inmigrantes en situación irregular son personas, personas a las que les es aplicable la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también todos los tratados de derechos humanos que ha firmado y que ha ratificado México.

En consonancia con esta normatividad y precisamente con el estado del derecho, exigimos que se le dé cumplimiento a esta normatividad. Es cuanto, presidenta

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Por el Partido de Movimiento Ciudadano, en el uso de la voz la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, hasta por cinco minutos.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, 10 años después de la adopción de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios, el 4 de diciembre del año 2000, la Asamblea General de la ONU proclama el 18 de diciembre como el Día Internacional del Migrante.

Datos del INEGI señalan que existen alrededor de 214 millones de migrantes en el mundo. Entre los principales países a los que la gente se dirigen son: Australia, Canadá, Nueva Zelanda, el sur y oeste de Europa, Rusia, Japón y Estados Unidos.

Con base en cifras de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, de la Secretaría de Gobernación, al año ingresan a México más de 150 mil indocumentados, la mayoría provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y otros países.

Los abusos y las violaciones a los derechos humanos a migrantes que transitan por nuestro país, han sido catalogados como alarmantes respecto al índice tan alto de personas desaparecidas o malos tratos en situaciones en las que pudo haber funcionarios públicos implicados.

En el ámbito local las autoridades policíacas han sido acusadas a menudo, de entregar a personas migrantes a bandas criminales que los someten, torturan, extorsionan y explotan sexualmente. La ausencia de poder del Estado en México, es aprovechada por los grupos criminales para someter a los migrantes que atraviesan el país.

Retomando las palabras de Rudolf Knoblauch, embajador de Suiza, Es un tránsito difícil y traumatizante en México y Centro América, tránsito que para muchos se transforma en el destino último por una grave ausencia de Estado.

Esa ausencia es aprovechada por estos grupos criminales para controlar cada paso del migrante clandestino que tiene como único defecto querer una vida mejor para sí mismos y sus seres queridos.

Los grupos criminales logran quitar a los migrantes hasta la dignidad cuando no la vida. Ni qué hablar de lo que se vive en La Bestia, en donde viajan diariamente cientos de migrantes, siendo las mujeres las más vulnerables a abusos, violencia y hasta la violación y explotación sexual. Un ejemplo es el caso de los 72 migrantes de San Fernando, Tamaulipas, en 2010, reflejo de lo que ocurre en nuestro país; o la certeza que tienen las mujeres de que a su paso por México muy probablemente serán abusadas sexualmente.

A partir de 2011 entró en vigor en México la Ley de Migración que contempla la necesidad de cumplir los compromisos internacionales y los principios de solidaridad, de crecimiento y desarrollo de nuestro país, así como atender el tema migratorio desde todas sus vertientes, a todos sus niveles, con un enfoque integral y con una visión de largo plazo.

México corre el riesgo de reproducir en su frontera sur las mismas políticas que durante todo el tiempo ha condenado en su frontera norte. Cabe recalcar que las autoridades no sienten el peso de posibles sanciones porque en la mayoría de los casos no las hay.

El flujo de personas que buscan llegar a Estados Unidos a través del territorio mexicano es continuo, por lo que exhortamos a las autoridades federales, estatales y municipales a respetar los derechos de los migrantes y a difundir información oficial de los trámites y requisitos migratorios que se requieran para la internación, tránsito, estancia regular y salida de los extranjeros que pretendan visitar nuestro país. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Por el Partido Verde Ecologista de México, en el uso de la voz el diputado Ernesto Núñez Aguilar, hasta por cinco minutos.

El diputado Ernesto Núñez Aguilar: Con su venia, diputada presidente. Con su permiso, compañeros diputados, compañeras diputadas. La migración mexicana es una de las más importantes del mundo. Su actividad genera desarrollo para América del Norte y tanto en México como en Estados Unidos tiene efectos positivos para el progreso binacional.

Los mexicanos en el extranjero impulsan la economía estadounidense principalmente en la agricultura, la construcción y los servicios, lo que representa para México una entrada de divisas que fluye entre el segundo y tercer lugar nacional más importante, después del petróleo y en ocasiones antes del turismo.

La migración representa un fenómeno global que necesita ser atendido como parte del desarrollo de las naciones, no como un factor aislado de las sociedades contemporáneas o como un factor de riesgo nacional o de seguridad policiaca de los estados, sino como una visión de desarrollo integral en lo social, económico, cultural y político.

Las premisas que asumen algunos sectores de la sociedad y gubernamentales de que los migrantes son potenciales delincuentes no conviven con los principios y valores democráticos de nuestra sociedad. Estas visiones violentan los derechos fundamentales y afectan la esfera jurídica de millones de personas mujeres, hombres indígenas, niños y niñas que encuentran en la migración una opción de vida y no un quehacer delincuencial.

Los orígenes de la migración se encuentran en la pobreza de las naciones y en los procesos de exclusión social y económica principalmente.

Es por ello necesario integrar a esas comunidades para orientar su desarrollo y apoyar sus esfuerzos multiplicadores de beneficios, tanto en las comunidades de origen como en las de destino.

Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas, la migración internacional alcanza 214 millones de personas, las violaciones a sus derechos son innumerables tanto en América como en otros continentes.

La ausencia de aplicación de los estándares internacionales y del respeto al derecho internacional de los derechos humanos es indeclinable. Según el Banco Mundial los principales países de destino son Estados Unidos, Rusia y Alemania, mientras que los países con mayor proporción de migrantes son México, India y China. El principal corredor migratorio es el de México y Estados Unidos.

De acuerdo a las quejas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha recibido sobre los migrantes, los principales derechos vulnerados son la seguridad jurídica, el trato digno a la integridad y seguridad personal, a la legalidad y a la libertad.

México no puede consentir la violación a los derechos humanos de nuestros connacionales en ninguna parte del mundo, pero tampoco debe permitir que en nuestro país se violen los derechos de los extranjeros, de las y los migrantes que en su paso para Estados Unidos sean vejados en su dignidad por cualquier autoridad mexicana.

No podemos, como bien se dice coloquialmente, ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Por ello, en esta ocasión que se conmemora el aniversario del Día Internacional del Migrante, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México creemos importante promover acciones y compromisos que permitan a la migración internacional mexicana obtener en un futuro cercano una mejor calidad de vida desde las propuestas del Poder Legislativo federal.

Por lo anterior es necesario sentar las bases conjuntamente con el Poder Ejecutivo federal para implantar en México una política que promueve el desarrollo social, económico, cultural y político de la migración.

Dar cauce a la demanda que busca perfeccionar la Ley General de Migración recientemente creada y su reglamento con pleno respeto a las atribuciones del Poder Ejecutivo federal. Mejorar la ley de voto de las y los mexicanos en el extranjero con la finalidad de aumentar el universo de votantes y hacerlo más extensivo, así como establecer la representación política de gobierno para los mexicanos en el extranjero.

Fortalecer los trabajos conducentes a la realización de una agenda migratoria con Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y El Caribe en el marco de los instrumentos internacionales en materia de migración y del derecho internacional de los derechos humanos.

Pugnar por los derechos de las y los trabajadores migratorios y sus familias en los procesos de integración económica. Eso no debe ser en el contexto de la globalización y en aras de desarrollo de las naciones, violentar los derechos laborales.

Vigilar y garantizar el respeto a los derechos humanos de las y los migrantes, sus familias y comunidades origen, así como de las personas extrajeras en nuestro país. Con ello fortaleceremos la democracia, los derechos humanos y la dignidad del pueblo migrante. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Por el Partido de la Revolución Democrática en el uso de la voz la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, hasta por cinco minutos.

La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro: Con su permiso, presidenta. Diputadas y diputados, el 4 de diciembre del año 2000, la Asamblea General de la ONU proclamó el Día Internacional del Migrante, pero si me permiten complementar diríamos, el Día Internacional de las y los Migrantes, pues según estimaciones de la CEPAL y de la ONU, actualmente la migración mundial se caracteriza por haber alcanzado la paridad de migrantes hombres y mujeres.

La migración internacional es un fenómeno que aumenta, pero nunca se acaba, y sin duda contribuye de manera positiva al desarrollo de los países, tanto de origen como de destino, siempre y cuando existan políticas públicas adecuadas, se respeten los derechos y las libertades fundamentales de las y los migrantes.

Sabemos que la migración es un fenómeno social de múltiples causas; económicas, sociales, políticas y culturales, que repercuten en la sociedad y la familia, pero de manera particular en la vida de las mujeres y de las y los niños.

En este orden, es un orgullo saber que las y los mexicanos destacan en el extranjero por su trabajo, mujeres y hombres que a nada temen para cambiar su destino de marginación, pobreza y desigualdad en México, buscando una vida mejor para sus familias.

Los abusos de que son objeto durante el trayecto a su meta son muchos y de diversa índole, al grado que pueden encontrar hasta la muerte y en algunos casos desgraciadamente, a manos de las propias autoridades migratorias.

En muchos de los casos enfrentan la categoría de delincuentes al pisar suelo extranjero, por el hecho de viajar sin documentos. Y qué decir de las y los niños, de las y los jóvenes, que cada vez son más los que corren esa aventura tras el sueño americano, porque el gobierno ha fallado y la sociedad también.

Tan sólo en 2011, el gobierno americano entregó a nuestro país 14 mil 237 niñas y niños migrantes no acompañados, de los cuales el 90 por ciento de ellos tiene una edad entre 13 y 17 años, y en los primeros seis meses de este año la cantidad fue de 10 mil, lo que representa más del doble que el año anterior.

Sin embargo, a pesar de todas estas calamidades, los migrantes, las migrantes contribuyen con su país enviando remesas y ayudando para que haya alimento en la mesa de muchas familias, que haya oportunidad de estudiar para la niñez y la juventud; para que puedan atender su salud las y los adultos mayores, y una larga lista de beneficios para su familia y para su nación, que sabemos lo llevan en el corazón y en cada fecha simbólica de México, en donde estén recuerdan a su patria.

Nos han demostrado las y los migrantes que son capaces de influir en su país, pero también en el país de adopción. Ya lo vimos en Estados Unidos, en la última elección donde junto con otras minorías hicieron ganar al presidente Barack Obama.

La deuda que tiene México con las y los migrantes es moral, pero también económica. Por citar un ejemplo, les recuerdo, les debemos sus ahorros desde el siglo pasado, se usan a este sector de la población en las elecciones para beneficio, y después se olvidan de ellos.

México es el primer lugar de expulsor de migrantes y tenemos el tercer sitio mundial en recepción de remesas. 12 millones de nuestros connacionales radican fuera de México, lo que equivale al 10 por ciento de nuestra población. Y no olvidamos señalar que cada año 140 mil migrantes centroamericanos cruzan la frontera entre México y Guatemala para alcanzar una vida mejor en los Estados Unidos, y en México no encuentran la mejor de las recepciones.

En el Partido de la Revolución Democrática no simulamos en este tema. Hemos sido promotores de sus demandas en todos los foros nacionales e internacionales. Damos muestra que donde gobernamos, las y los migrantes tienen derechos reconocidos en las leyes, y aportamos recursos para su beneficio y el de sus familias.

Por eso, consideramos que esta Cámara debe hacer eco de sus luchas, tender los puentes políticos para que se dé la reforma migratoria que les garantice una estancia legal a las y los mexicanos en ese país.

Tenemos que revisar de manera constante la Ley de Migración para mejorar el trabajo del Instituto Nacional de Migración. Tenemos que avanzar en el derecho pleno de votar y ser votados en las elecciones federales, estatales y municipales, como candidatos a elección popular, pero fundamentalmente -y quiero subrayar este punto- hacemos un llamado a los diferentes grupos parlamentarios, a los coordinadores de los mismos, a la Comisión de Presupuesto y al propio gobierno federal, para que se garantice el presupuesto suficiente en el tema migratorio en nuestro país.

Es muy preocupante encontrar reducciones muy significativas, como es el caso del Fondo de Apoyo a Migrantes, que de 300 se redujo a 150 millones de pesos, cuando la comisión ha estado impulsando que se aumente a mil millones de pesos.

Y algo muy importante que quiero subrayar a nombre de la presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, la diputada Amalia García, su servidora como secretaria, y estoy segura de todos los grupos parlamentarios representados en la comisión, porque así lo han manifestado, la necesidad de atender con urgencia el fideicomiso para los braceros, que aparece en la propuesta del presupuesto 2013 en ceros.

Hacemos un llamado para que se pueda reconsiderar y que se incluyan los mil 500 millones de pesos que aún quedan pendientes para poder satisfacer esa lista de braceros que tienen derecho a su apoyo, que en nada se paga lo que realmente corresponde, pero consideramos que al menos sería justo pagar lo que se consideró en este fideicomiso.

Con todo esto decir, que retomando las palabras del secretario general de las Naciones Unidas, en la celebración del día de ayer, el día del migrante, Ban Ki-moon, con las restricciones presupuestales se observa la aplicación de medidas de austeridad que discriminan a las y los migrantes, una retórica xenofóbica que alienta la violencia contra los migrantes y los convierte en delincuentes una vez que son exprimidos y usados para beneficio de un país, olvidándose que en épocas de crisis dependemos de ellas y ellos para subsistir.

Para el Grupo Parlamentario del PRD éste no es un día de festejo pueril, sino de lucha, reivindicación y reconocimiento pleno a las y los migrantes. Migrar es un derecho. Y no migrar, también. Es cuanto. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Doña Martha Berenice Álvarez Tovar, del Partido Acción Nacional.

La diputada Amalia Dolores García Medina (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Doña Amalia García, ¿con qué objeto?

La diputada Amalia Dolores García Medina (desde la curul):Gracias. Señor presidente, mi intención es hacer no solamente una expresión de coincidencia entre quienes integramos la Comisión de Asuntos Migratorios, respecto de la importancia, la urgencia de que el presupuesto para los programas de migrantes aumente, porque lo que hemos revisado es que disminuye prácticamente todos los programas, y en el caso de los ex braceros aparece en ceros, cuando el fideicomiso que se creó señalaba que se entregarían 3 mil 800 millones y faltan mil 500 por entregar.

Están los datos, los folios, los documentos de alrededor de 40 mil ex braceros en la Secretaría de Gobernación y resultaría inadmisible que hagamos un reconocimiento a los migrantes, en el Día internacional de los migrantes, pero que en el presupuesto no estén contemplados esos derechos a través de las políticas públicas y las acciones de gobierno.

Quiero expresar, como presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, pero también estoy segura, a nombre de los migrantes, nuestra solicitud, exigencia incluso, de que la Comisión de Presupuesto, de que los coordinadores parlamentarios y esta Cámara de Diputados respalden recursos para los programas para los migrantes y por supuesto que el gobierno de la República también coincida con esta solicitud, que además, a México lo honraría. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Gracias, diputada doña Amalia García. Tiene usted el uso de la voz, diputada.

La diputada Martha Berenice Álvarez Tovar: Señoras y señores legisladores, el día de hoy se nos presenta la oportunidad de hacer una profunda reflexión sobre la realidad de la migración para una sociedad, así como reconocer los peligros que enfrenta el sector migrante y la responsabilidad que tenemos como Estado, con el fin de salvaguardar sus derechos fundamentales.

La migración ha sido, desde hace mucho tiempo, la manifestación de la voluntad del ser humano por tener una vida mejor y de superar la adversidad. Sin embargo, la globalización, la evolución de la tecnología y transportes han provocado el aumento de las personas que quieren trasladarse a otros lugares. No obstante, en el caso mexicano la decisión de dejar el país de origen por ir a trabajar a otro, ahora se basa, con mayor análisis de costo-beneficio para el individuo, para su familia, pues de acuerdo a investigaciones se muestra que las presiones demográficas y económicas han disminuido y por tanto, también han decrecido las motivaciones para emigrar.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo calcula en 214 millones de personas el flujo de migrantes internacionales a nivel mundial, de los cuales, 40 millones son migrantes indocumentados. Según el Banco Mundial, los principales países de destino son Estados Unidos, Rusia y Alemania, mientras que los países con mayor proporción de migrantes son México, India y China.

El principal corredor migratorio es el de México-Estados Unidos, en donde según los datos del Pew Hispanic Center, 32 millones de personas de origen mexicano residían en Estados Unidos en 2010, de los cuales casi 12 millones se encontraban en situación de irregularidad.

De acuerdo a datos presentados por la Organización de las Naciones Unidas los migrantes representan el 20 por ciento de la población, de 31 países que tienen menos de 1 millón de habitantes, la tercera parte de los migrantes se ha trasladado de un país desarrollado a otro y otro tercio se ha trasladado de un país en desarrollo a un país desarrollado.

A pesar de que estos datos ponen de manifiesto la relevancia del flujo migratorio cabe mencionar que los migrantes representan uno de los sectores más vulnerables de una población al no existir marcos normativos lo suficientemente fuertes que garanticen su protección, por tanto es responsabilidad de la comunidad internacional en su conjunto mejorar los mecanismos de cooperación internacional existentes en la materia, a efecto de salvaguardar los derechos humanos de este sector.

Para la mayoría de nuestros migrantes resulta difícil y doloroso separarse de sus comunidades y de su gente, pero lo es aún más cuando enfrentan dificultades económicas y sociales, discriminación y diversas violaciones a sus derechos en ambos lados de la frontera.

En un reporte publicado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2010 se calculó que más de 11 mil migrantes fueron secuestrados en un periodo de seis meses, un promedio de 60 personas por día por parte de la delincuencia organizada, en donde por medio de extorciones a los familiares de migrantes se obtienen ganancias de aproximadamente 50 millones de dólares cada año.

Para enfrentar esta problemática es necesario recordar que el 31 de agosto de 2010 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos suscribió el Convenio marco de Colaboración para la Prevención y Combate al Secuestro de Migrantes con la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública y el Instituto Nacional de Migración, instrumento a través del cual la Comisión Nacional de los Derechos Humanos asumió el compromiso de realizar estudios y diagnósticos respecto de la situación del riesgo en la que se encuentran los migrantes en México, incluyendo un informe de seguimiento de las recomendaciones emitidas mediante el informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los casos de secuestro en contra de los migrantes.

A pesar de las múltiples adversidades, los migrantes contribuyen al desarrollo de los países de destino aumentando la fuerza activa, el número de consumidores y aportando su capacidad empresarial, ya que mantiene la viabilidad de actividades económicas.

En el 2011 México obtuvo 22 mil 800 millones de dólares en remesas, posicionándolo como el tercer país receptor de remesas a nivel mundial. Pero si bien éstas pueden ser un apoyo a las familias en comunidades de origen por sí mismas no generan desarrollo económico y social.

Señoras legisladoras y señores legisladores, el día de hoy les pido el apoyo para que esta Comisión de Migrantes y nosotros como legisladores hagamos leyes para recibir y México esté preparado, ya que nuestros migrantes son de alguna manera enviados a otro país.

México el día de hoy no tiene las suficientemente leyes adecuadas y programas sociales en los cuales nuestros migrantes puedan venir a invertir a nuestro país y de alguna manera así sacar adelante a sus familias.

En concordancia con lo establecido por Oxfam, México, el Día Internacional del Migrante es una oportunidad para agradecer y reconocer y apoyar las contribuciones que las mujeres y los hombres migrantes han realizado al desarrollo y bienestar de nuestra sociedad para pedir el fin de cualquier forma de violencia cometida en su contra, así como para promover su protección y el respeto de sus derechos y libertades fundamentales. Por su atención, muchísimas gracias. Esta comisión espera su apoyo para tener un aumento importante en presupuesto. Es cuanto, gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Doña Flor Ayala Robles Linares, del PRI.

La diputada Flor Ayala Robles Linares: Con su permiso, señor presidente; compañeros y compañeras legisladores. Capaz de adaptarse a un sin número de condiciones como consecuencia de su proceso evolutivo, el ser humano ha desarrollado una notable habilitad para desplazarse de un lado a otro de forma permanente, lo que le ha permitido hacerse presente en casi todos los rincones del planeta.

La complejidad de nuestra especie y los logros de la civilización no podrían entenderse sin conocer los alcances de las sucesivas olas migratorias, las cuales modifican no solo los rasgos culturales de los individuos o grupos que lleguen a establecerse en un sitio, sino de los aquellos que son receptores de migrantes.

Es así que la migración presenta un doble aspecto que la vuelve un fenómeno sumamente complejo, sea porque genera condiciones transformadoras entre las sociedades o sea por las tensiones que genera entre las comunidades que muchas veces derivan en conflictos y enfrentamientos de graves consecuencias.

Resulta paradójico reconocer que gracias a la revolución de los transportes iniciada en el siglo XIX, los humanos han tenido la oportunidad de trasladarse lejos de su residencia, para así interactuar con individuos cuya lejanía les hacía inaccesibles, pero que ello no siempre ha traído consigo un mejor entendimiento entre las personas, sino que incluso a partir de entonces se han registrado graves confrontaciones entre las poblaciones asentadas en los países receptores de migrantes.

Cuando los traslados tienen su origen en la situación de pobreza de una población que se ve obligada a abandonar su sitio de residencia en busca de mejores condiciones de vida, se presentan con frecuencia abusos en contra de migrantes, los cuales derivan en condiciones infrahumanas de trabajo, xenofobia, violencia y marginación.

A fin de proteger y velar por el cumplimiento de las prerrogativas de los migrantes, la Asamblea General de las Organizaciones de las Naciones Unidas aprobó en 1990, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus familiares, instrumento ratificado por México en 1999.

Posteriormente mediante la Resolución 5593, la misma asamblea proclamó el 18 de diciembre como el Día Mundial del Migrante, con la finalidad de que los Estados miembros, así como las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales difundan toda aquella información sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales de los migrantes e intercambien experiencias y formulen medidas de protegerlos.

Nada más fíjense que en el 2011 las autoridades estadounidenses entregaron a México más de 14 mil niños y adolescentes mexicanos migrantes que viajan solos, sin la compañía de un adulto y que fueron interceptados en la frontera con Estados Unidos.

Cuando estos menores son retenidos por las autoridades estadounidenses, el proceso de repatriación entre los oficiales de Estados Unidos y de México se reduce a la frialdad de un trámite burocrático que no atiende el interés superior de la infancia, lo que evidencia el desinterés o la carencia de las políticas y prácticas que protejan a miles de menores del riesgo de la explotación sexual comercial infantil y de la trata. De éstos 14 mil menores repatriados ¿cuántos, ustedes creen que regresaron a sus casas?

En contraste la Ley estadounidense William Wilberforce Trafficking Victims Proteccion Reauthorization Act, tiene como objetivo brindar una mayor protección a nuestros niños migrantes, incluyendo a los mexicanos, principalmente a través de programas de repatriación y convenios bilaterales negociados por el Departamento de Estado norteamericano. La praxis en México dista mucho de la realidad y por ello debemos trabajar arduamente para dirimir este fenómeno.

Para un país como el nuestro que se distingue por expulsar y recibir importantes flujos migratorios, recordar una fecha como la que aquí estamos mencionando no es ocioso, sino que debe servir de oportunidad para apoyar a nuestros compatriotas que se encuentran fuera de nuestras fronteras y para tomar conciencia de los graves abusos que se cometen en perjuicio de aquellas personas que se atreven a cruzar por nuestro territorio en busca de una mejor vida.

Un día como éste debe servir para reflexionar sobre las contribuciones de los migrantes a nuestra cultura, pero también para tomar conciencia sobre la vulnerabilidad sobre todo de las mujeres y de nuestros niños a quienes se han hecho víctimas de abusos inimaginables y atrocidades que nos agravian a todos.

Sirva esta fecha como un motivo para recordar el compromiso moral que nos une con nuestros hermanos que han decidido abandonar el país, pero también para apreciar nuestra diversidad y hacer un homenaje a aquellas comunidades que con su trabajo, duro y dinamismo, han contribuido para que México salga adelante. Muchísimas gracias. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Muchas gracias. Hemos terminado el asunto de agenda política.

Esta Presidencia...

Dígame, lo escucho.

El diputado Raúl Gómez Ramírez (desde la curul): Señor presidente, para el mismo tema, de los migrantes. Hace aproximadamente una hora con veinte minutos, nos comunicaron que un ciudadano pakistaní está detenido en las oficinas de Migración de la ciudad de Reynosa.

No puede ser posible que su servidor se haya comunicado personalmente y quedaron que en 20 minutos resolvían esto y hasta la fecha no se han comunicado.

Es lamentable que nosotros estemos pidiendo respeto a nuestros ciudadanos cuando nosotros, las autoridades, no estamos respetando a los migrantes de otros países y más aún que fue detenido porque no quiso dejarse extorsionar por agentes de la Policía Federal Preventiva.

Quiero que todos mis compañeros aquí escuchen que estamos para defender a los migrantes; si defendemos a los mexicanos, tenemos la obligación de defender a los extranjeros. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Su dicho ha sido escuchado por todos y le deseamos éxito en su gestión.

Honorable asamblea...

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí, diputado Monreal.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente, antes de que concluya este tema que por ser originario de un estado con una migración extraordinaria, Zacatecas y dado que afuera hay un plantón que con legitimidad y justicia reclaman un fondo para los ex braceros, sólo quisiera plantearle a la asamblea y concretamente a la Comisión de Presupuesto, que en este momento se encuentra en deliberación para someter a esta asamblea el dictamen, tome en cuenta este reclamo de la gente que está en plantón y que están reclamando con justicia ser incluidos para obtener los recursos que les fueron sustraídos de manera ilegal por instituciones del gobierno mexicano.

Antes de que concluya esta ronda de oradores, quisiera dejar asentada esta posición del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ha quedado asentado, señor diputado.

Honorable asamblea, estamos en espera de varios dictámenes, por su importancia y por la temporalidad ante el advenimiento del cierre del período ordinario, tenemos que esperar para abordarlos en esta misma sesión. Les rogaría de su paciencia; tenemos algunos temas y vamos a desahogar la agenda lo más posible en la inteligencia de que en cuanto tengamos los dictámenes, los someteremos a la consideración de la asamblea.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Continúe la Secretaría con una proposición con punto de acuerdo con dispensa de trámites; sólo se van a leer dos resolutivos, se va a dispensar el trámite y si la asamblea así lo considera, se aprobará.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se formula una solicitud de información a los titulares del Ejecutivo federal y del gobierno de la Ciudad de México relativa al estado que guarda el proceso e investigación y determinación de los presuntos responsables de los hechos violentos sucedidos en el Palacio Legislativo de San Lázaro, así como en el Centro Histórico de la Ciudad de México el pasado 1º de diciembre de 2012.

Primero. La Cámara de Diputados formula respetuosamente una solicitud de información a los titulares del Ejecutivo federal y del Gobierno de la Ciudad de México relativo al estado que guarda el proceso de investigación y determinación de los presuntos responsables de los hechos violentos sucedidos en el Palacio Legislativo de San Lázaro, así como en el Centro Histórico de la Ciudad de México el pasado 1º. de diciembre.

Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para que resguarden los derechos de los detenidos y de las víctimas consecuencia de los hechos violentos sucedidos en el Palacio Legislativo de San Lázaro y en las calles y avenidas del Centro Histórico de la Ciudad de México el pasado 1º de diciembre del año en curso, hasta la conclusión de los procesos penales correspondientes.

Firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Pregunte si se considera de urgente y obvia y en caso de ser positivo si se aprueba.

El secretario diputado Fernando Bibriesca Sahagún: En votación económica se pregunta si se considera de urgente y obvia resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se aprueba. Comuníquese.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Tenemos otro acuerdo de la Junta de Coordinación Política en relación a la integración de las comisiones de Juventud y de Igualdad de Género, de tal suerte de hacer ahí una salvedad. Por favor, lea los resolutivos.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Acuerdo. Se solicita al pleno de la Cámara de Diputados su autorización para que las diputadas y diputados que pertenecen a las comisiones ordinarias de Equidad y Género y de Juventud no les sea aplicable el cómputo al que se refiere el artículo 43, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Pregunte si es de aprobarse.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Aprobado. Comuníquese.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se recibió del diputado Jesús Morales Flores, del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

Túrnese a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

De don Sergio Armando Chávez Dávalos, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales.

Se turna a a Comisión de Recursos Hidráulicos para dictamen.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la palabra don Nabor Ochoa para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y los artículos 4 y 8 de la Ley General de Pesca y Acuicultura responsables.

Esta Presidencia informa que nada más vamos a dar a conocer un dictamen que acaba de llegar de la Comisión de Hacienda para que, una vez que todo mundo esté en conocimiento, podamos sugerir a la asamblea la urgente y obvia resolución.

El diputado Nabor Ochoa López: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores: el día de hoy vengo a someter a su consideración la iniciativa de reformas a los artículos 35, en su fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el 8o., en su fracción I de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y también una adición de la fracción XIV Bis del artículo 4o. de la propia Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

El objetivo de esta iniciativa tiene que ver con el contribuir a fortalecer y mejorar sobre todo el funcionamiento de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, la Conapesca, para que de esta manera cumpla adecuadamente con sus responsabilidades; es decir, que logremos que este órgano se convierta verdaderamente en el responsable de regular, fomentar y administrar el aprovechamiento de los recursos pesqueros, así como de su inspección y vigilancia.

Sin duda alguna la pesca y acuacultura son actividades económicas importantes en el país. Su importancia se destaca en la propia Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables que en su artículo 17 señala que estas actividades fortalecen la soberanía alimentaria y territorial.

Y bueno, como muchos sabemos, en el sector pesquero tenemos una gran riqueza, somos un país privilegiado porque contamos con un gran litoral, litoral de aproximadamente 11 mil 500 kilómetros, una zona económica exclusiva, también muy grande, de tres millones de kilómetros cuadrados, aguas interiores y áreas también de usos susceptibles de uso para la acuacultura.

En resumidas cuentas, pues, estamos conscientes de la gran capacidad de la pesca y la acuacultura para producir alimentos, para generar divisas, para crear empleos, incluso también para sacar del atraso a regiones y comunidades del país.

Pero entonces si tenemos todas las condiciones favorables para lograr tener un sector pesquero fuerte, competitivo, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha faltado? ¿Por qué otros países sin tener las condiciones favorables como nosotros sí las tenemos, por qué otros países tienen un sector pesquero rentable, productivo, competitivo?

Y bueno, podemos exponer muchas causas, pero en obvio de tiempo me voy a referir sólo a una de ellas, y esta tiene que ver con la propia forma de organización administrativa de la Conapesca.

Miren ustedes, la Conapesca nace en junio de 2001 como un órgano desconcentrado de la Sagarpa, pero el hecho de que sea un órgano desconcentrado implica en principio que dependa jerárquicamente de la Sagarpa, pero además también una total dependencia programática y presupuestal.

Imagínense ustedes, compañeras y compañeros legisladores, que los dos primeros niveles de servidores públicos no los designa el comisionado de Conapesca, los designa el titular de la Sagarpa. Es más, los titulares de las oficinas de Pesca en los estados y regionales también, tampoco tiene capacidad de decisión el comisionado de Conapesca, los designa el oficial mayor de la Sagarpa.

Por último, comentar con ustedes que los proyectos de programas y presupuestos de la Conapesca los aprueba un consejo técnico integrado por alrededor de 14 o 15 dependencias. Hasta enero de este año, enero 2012, las oficinas de Pesca se adscribieron a la Conapesca, porque antes estaban adscritas a cada una de las delegaciones estatales de Sagarpa.

Precisamente lo que buscamos es, con esta iniciativa consideramos conveniente cambiar la naturaleza jurídica mediante la cual fue creada la Conapesca. Por ello es que estamos proponiendo transformar a la Conapesca de un órgano administrativo desconcentrado, transformarlo en un órgano descentralizado sectorizado en la Sagarpa. Esto, como ustedes saben, les va a permitir tener personalidad jurídica, patrimonio y presupuesto propios; tener autonomía operativa y sobre todo también tener autonomía programática y presupuestal.

Consideramos que más que pensar en crear una Secretaría de Pesca, si damos este paso de órgano desconcentrado a descentralizado, que por cierto ya se dio en el Inapesca, en el Instituto Nacional de Pesca, en junio de este año el Congreso de la Unión aprobó la descentralización de este órgano que antes era administrativo, abocado a la investigación sobre el tema pesquero; si logramos nosotros transformar a la Conapesca en un organismo descentralizado, además de reconocerle la importancia que tiene vamos a contribuir también sin duda alguna, a que se alcance la eficiencia, la calidad, la rentabilidad y competitividad en el sector pesquero.

Aprovechemos que llega a Conapesca un comisionado con una amplia experiencia en el tema, Mario Aguilar Sánchez, con más de 15 años de experiencia, especialista en derecho del mar y pesquero, una persona con tanta experiencia como no había pasado en toda la corta historia de esta institución.

Por ello, invito a que se valore y en su caso se dictamine, espero favorablemente, esta iniciativa que tiene como objetivo fortalecer el sector pesquero y acuícola del país. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Pesca, para dictamen.

Adelante, ¿con qué objeto?

El diputado Francisco Alberto Zepeda González (desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Francisco Zepeda, de Colima. Para solicitarle al diputado Nabor Ochoa la posibilidad de suscribir esta iniciativa, ya que el sector pesquero ha sido rezagado durante muchos años y hoy tenemos una gran oportunidad, y sumarnos a esta iniciativa que está presentando el diputado Ochoa López.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Qué dice el diputado Ochoa?

El diputado Nabor Ochoa López: Sí, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Que sí, que muchas gracias.

El diputado Francisco Alberto Zepeda González: Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Bueno.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Ricardo Villarreal García y Domínguez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 40 y 220 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Está don Ricardo Villarreal? Anda en una urgencia. Bueno, doña Alfa Eliana González Magallanes, del PRD, para presentar... Ya llegó, adelante.

El diputado Ricardo Villarreal García: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el turismo es uno de los sectores económicos más importantes y dinámicos en el mundo actual, tanto por su nivel de inversión, participación en el empleo, aportación de divisas, como por la contribución al desarrollo regional.

El turismo aporta alrededor del 11 por ciento del producto interno mundial y genera uno de cada 11 empleos. La importancia del turismo para la economía mexicana es indudable. Sus beneficios no sólo se reflejan en ser una industria que genera empleos y que es detonador del desarrollo regional, sino que además es factor de difusión de los atractivos culturales y naturales.

México ofrece una extensa variedad de atractivos turísticos y culturales. La herencia de las civilizaciones prehispánicas y el desarrollo de sitios arqueológicos como símbolos de identidad nacional; la incomparable belleza de sus playas, el encuentro de los vestigios de culturas milenarias conjugadas con grandes urbes, extensas áreas naturales como elementos históricos que lo hacen único en el mundo, así como una infraestructura turística de vanguardia internacional.

A nivel mundial México ocupa el octavo sitio en captación de turistas internacionales y el décimo en captación de divisas. La promoción turística juega un papel muy importante para mantener y consolidar a México como una potencia mundial al generar una mayor demanda para los destinos y atractivos del país.

Es por ello, que la presente iniciativa considera conveniente establecer nuevos beneficios fiscales con la finalidad de incentivar la difusión turística, así como conservar y restaurar los inmuebles que se ubican dentro de las zonas de las ciudades denominadas Patrimonio Cultural de la Humanidad, para lo cual resulta pertinente otorgar un estímulo fiscal a las personas físicas o morales que realicen inversiones en estas ciudades, para que puedan deducir de inmediato y al 100 por ciento las inversiones inmobiliarias que se encuentren dentro de las zonas consideradas Patrimonio Cultural de la Humanidad, por la UNESCO.

El título de Patrimonio Cultural de la Humanidad es conferido por la UNESCO a sitios específicos del planeta, que han sido nominados y confirmados para su inclusión en la lista mantenida por el programa del Patrimonio de la Humanidad, administrado por el Comité de Patrimonio de la Humanidad, que es compuesto por 21 países miembros y que a su vez son elegidos por la asamblea general de los Estados miembros para un periodo determinado.

El objeto del programa es precisamente catalogar, preservar y dar a conocer sitios que por su importancia cultural o natural son excepcionales para la herencia común de la humanidad.

Bajo ciertas condiciones, los sitios mencionados pueden obtener financiación para su conservación del Fondo para la Conservación del Patrimonio de la Humanidad, sin embargo, compañeras, esto no es suficiente. Tenemos que buscar aumentar las inversiones privadas que sean destinadas precisamente al rescate y a la preservación de dichas ciudades, por lo cual es necesario generar este tipo de incentivos fiscales.

Para ser incluidos en la lista Patrimonio de la Humanidad, un sitio debe tener un valor universal excepcional, es decir, deben ser sitios de un extraordinario valor para la humanidad, por su belleza, por su cultura y por sus tradiciones.

México, compañeras y compañeros legisladores, ha sido reconocido por la UNESCO con 31 sitios declarados Patrimonio cultural de la humanidad, dentro de los cuales se encuentran 10 ciudades: la ciudad de México, la de Puebla de los Ángeles, la de Oaxaca, la de Zacatecas, Morelia, Querétaro, Guanajuato, Campeche, San Miguel de Allende y Tlacotalpan, las cuales se encuentran en las categorías de bienes culturales, debido, entre otras cosas, a su alto valor histórico, arquitectónico y urbanístico, el cual tenemos la obligación como mexicanos de garantizar su restauración y su preservación.

Asimismo, es prioritario establecer la economía de nuestro país a través de la industria turística y qué mejor manera de hacerlo que rescatando la belleza y la riqueza cultural de nuestras ciudades coloniales que nos dan identidad como nación, impulsando y difundiendo las ciudades de las cuales nos debemos sentir orgullosos por pertenecer al programa Patrimonio cultural de la humanidad.

La presente iniciativa establece modificaciones al artículo 40 y al artículo 220 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, estableciendo la posibilidad de que se deduzcan al 100 por ciento y de inmediato las inversiones en inmuebles ubicados dentro de las ciudades que han sido declaradas patrimonio cultural de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y cuya inversión se realiza específicamente en bienes inmuebles y en espacios físicos que contribuyan a la consolidación de la identidad, los valores y la diversidad cultural de nuestras ciudades.

Les agradezco, compañeras y compañeros legisladores, a todos los compañeros y compañeras que han suscrito esta iniciativa conmigo. Invito, sobre todo, a todas las compañeras y compañeros de las ciudades hoy consideradas patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO, a que suscriban la presente iniciativa, pero sobre todo, a que la apoyen para que se vuelva una realidad, sabiendo que la misma ayudará enormemente a preservar y restaurar el patrimonio cultural que el mundo, a través de la UNESCO, ha reconocido como excepcional para la humanidad y del que todos, como mexicanos, debemos sentirnos orgullosos. Es cuanto, señor presidente.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.

La diputada Blanca Jiménez Castillo (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada Blanca Jiménez Castillo (desde la curul): Muy buenas tardes, presidenta, solicito al diputado Ricardo Villarreal me pueda suscribir a su iniciativa y felicitarlo por esta iniciativa tan interesante y tan importante para las ciudades patrimonio cultural de la humanidad.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Diputado Villarreal.

El diputado Ricardo Villareal García: Claro que sí.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Adelante, queda aquí a su disposición en la Secretaría el dictamen.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Alfa Eliana González Magallanes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, perdón, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 218 y 220 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La diputada Alfa Eliana González Magallanes: Con su permiso, presidenta. "Dejo a los indígenas en el mismo estado de civilización, libertad y felicidad, siendo lo más sensible la indiferencia con que los han visto los congresos, según se puede calcular, por las pocas y no muy interesantes sesiones en que se ha tratado sobre ellos". Fernández de Lizardi, testamento.

Nuestra labor como legisladores es mantener el Estado de derecho mediante la actualización del marco jurídico del país, para que éste responda a la realidad de la sociedad mexicana que se transforma día a día.

La redefinición constitucional de nuestro país como una nación pluricultural en el año de 1992 constituyó el primer gran acuerdo nacional, que establece explícitamente uno de los ejes fundamentales que deben guiar la transformación y adecuación de instituciones nacionales hacia la cristalización de un nuevo proyecto nacional mexicano.

A pesar de los grandes avances en las adecuaciones realizadas al marco normativo, y que han producido un impulso jurídico y político en materia de derechos indígenas, no han sido suficientes para conseguir mayor presencia de representantes indígenas en este Congreso de la Unión.

En la actualidad la idea de que en democracia lo único decisivo es la opinión de la mayoría y que la fuente del derecho no puede ser otra cosa que las convicciones de la mayoría de los ciudadanos está rebasada. La democracia como gobierno de las mayorías exige igualmente que la dignidad y los derechos del hombre y de las minorías sean respetados.

La esencia del sistema democrático moderno supone tanto la participación de los ciudadanos en el nombramiento de representantes como una representación de mayorías y minorías para el ejercicio justo, efectivo, legal y legítimo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

En este contexto, nuestro sistema político se encuentra ante la necesidad de evolucionar hacia un nuevo estadio. Y, en consecuencia, la representación política como un derecho fundamental internacionalmente reconocido debe favorecer la inclusión de los pueblos indígenas, facilitando la participación política de los mismos.

En este orden de ideas, a partir del reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas por parte del Estado mexicano, aceptando con ello la composición pluricultural de la nación, estamos obligados como parte de un poder constituido a modificar las instituciones que lo componen, a fin de adaptarlas al marco constitucional.

En este sentido corresponde al Poder Legislativo, como depositario por excelencia de la representación popular, la obligación de plantear reformas legales que garanticen a los pueblos indígenas el acceso a la cosa pública, particularmente en la composición particularmente en la composición del Congreso de la Unión mediante una representación derivada de la conciencia de su identidad indígena como criterio fundamental, mediante una acción afirmativa.

México es el segundo país con las desigualdades más grandes entre los países de la OCDE. Las estadísticas más recientes señalan que el 10 por ciento más pobre de la población de México percibe alrededor del 1.3 del ingreso por ciento del ingreso total disponible, mientras que el 10 por ciento más rico recibe casi el 36 por ciento. Esto es un obstáculo para el crecimiento y desarrollo del país.

En nuestro país 871 municipios son considerados indígenas o cuentan con presencia de población indígena. De esos, 295 se encuentran en un grado muy alto de marginación, condición que obstaculiza el desarrollo de aproximadamente el 13.35 por ciento de la población total nacional.

El Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas en México afirma que para alcanzar la igualdad de oportunidades es necesario reconocer las desigualdades de los diversos grupos de la población y analizar el impacto diferenciado de la política pública sobre la condición de los indígenas. Para lograr este cometido es importante la adecuada representación política de los pueblos indígenas, lo que permitirá traer al Congreso de la Unión las voces que expresen demanda y aspiraciones desde la conciencia de identidad indígena.

La propuesta de reforma al Código Electoral que se presenta ante esta soberanía, busca dotar a los pueblos indígenas de una representación política justa, real, efectiva, legal y legítima al interior del Congreso de la Unión, tomando como base el principio de representación proporcional, haciendo extensivos sus alcances a los indígenas.

Así, la iniciativa que presento contempla incorporar en la legislación electoral que la integración de la lista para la elección de diputados de representación proporcional señale un número mínimo de candidatos indígenas que la conformen, estableciendo para los partidos políticos la obligación de incorporar en sus listas de candidatos, por el principio de representación proporcional, por lo menos el número mínimo equivalente al porcentaje de la población indígena que exista en cada una de las circunscripciones electorales.

Consolidar la representación política de los pueblos indígenas es uno de los retos que como legisladores tenemos en frente, ardua y difícil tarea sin duda, pero a todas luces posible. Si ante todo anteponemos la altura de miras y la visión de Estado, para dar pasos hacia una democracia más efectiva, con mayor representación y con una legitimidad acrecentada. Le solicito presidente, que se incorpore el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Por su puesto, diputada, muchas gracias. Túrnese a la Comisión de Gobernación para dictamen.

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Diego Sinhué...

El diputado Vicario Portillo Martínez (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Perdón. Sí, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Vicario Portillo Martínez (desde la curul): Solicito a la diputada, si hay alguna inconveniencia para suscribir su iniciativa.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega:Diputada González Magallanes, ¿ningún inconveniente?

La diputada Alfa Eliana González Magallanes (desde la curul):Ningún inconveniente.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Aquí quedará a su disposición el dictamen, para todo aquél que quiera adherirse a él, aquí estará a su disposición en la Secretaría.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Diego Sinhué Rodriguez Vallejo, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 61, de la Ley de Vivienda.

El diputado Diego Sinhué Rodríguez Vallejo: Muy buenas tardes, compañeros. Antes que nada quiero mencionar que el tema de la vivienda es uno de los temas más sensibles para nuestro país. Es ahí en la vivienda donde se forman las familias, esos hogares mexicanos son la base de nuestra sociedad, por ello es que esta iniciativa pretende tocar uno de los temas más sensibles para este país, como lo es el de la vivienda.

La Ley de Vivienda, en el artículo 61, que fue aprobada en la anterior legislatura; se pretende en este artículo regular la manera como se otorgan los subsidios de vivienda por parte de la Conavi.

Recordemos que en nuestro país muchos de esos créditos, muchos de estos subsidios van ligados a un crédito de Infonavit, propiamente, y existen muchísimas familias mexicanas que dependen de este subsidio para poder lograr accesar a una vivienda digna, como lo mandata nuestra Constitución.

Es en este tenor que tenemos nosotros la gran responsabilidad de vigilar que este subsidio, este recurso público de los mexicanos, llegue a las familias que más lo necesitan.

Es por ello que esta iniciativa pretende que este subsidio tenga un alcance mayor. Lo explico de la siguiente manera:

Con una gran intención el legislador buscó que el subsidio se otorgar a aquellas familias que se encontraran en situación de pobreza. Sabemos que quien define la situación de pobreza es la Secretaría de Desarrollo Social, quien tiene un esquema y unas fórmulas por las cuales determina de qué personas estamos hablando de las que se encuentran en situación de pobreza.

El problema viene cuando éstos miles de créditos que otorga Infonavit –y van ligados a este subsidio de Conavi– se ven forzados a entrar a este catálogo o a este cajón de las personas que se encuentran en situación de pobreza.

Resulta que muchas de estas personas que tienen un crédito y que tienen un salario mínimo y que pueden compartir el crédito con su pareja, ya no serían sujetos de ese subsidio, lo cual los dejaría en un estado lamentable que aun con la vivienda que se necesita en este país, que es una demanda muy grande, aquellas personas que ganando muy poco dinero, no pueden acceder a este subsidio.

Por ello, esta iniciativa lo que pretende es que se abra un poco más el esquema y el panorama y estamos agregando que aquellas familias que tengan esta situación de pobreza, puedan acceder al crédito, por supuesto, pero también que aquellas familias que no estén catalogadas de tal manera y puedan alcanzar el subsidio, lo logren acceder.

Por ello estamos agregando la frase: "preferentemente a familias en pobreza extrema". Esto nos abre el panorama.

Por un orden de prelación buscaremos que todas aquellas familias que se encuentran en esta situación de pobreza accedan a los créditos, pero también buscaremos que de sobrar este subsidio, se logre acomodar a aquellas familias que no encontrándose en esta situación también necesitan de una vivienda digna.

Es por ello, compañeros, que les pido que analicen esta iniciativa, que revisen su contenido: Y cae en el monto justo toda vez que estamos por aprobar un Presupuesto de Egresos, y finalmente el próximo año se estarán destinando subsidios a la vivienda.

Actualmente esta ley ya está en vigencia, sin embargo este artículo no lo han estado aplicando las instituciones de vivienda porque limitaría mucho a muchas personas, limitaría el acceder a estos créditos.

Repito, el único objetivo es ampliar el espectro para que las familias mexicanas puedan contar con una vivienda digna.

Lo dejo a su consideración, compañeras y compañeros diputados integrantes de la Comisión de Vivienda. Es, repito, en la vivienda en donde los mexicanos encuentran su centro de formación y su núcleo de familia. Les agradezco por su atención y es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Vivienda para dictamen.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Carlos Augusto Morales López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y droga diversas disposiciones de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones.

El diputado Carlos Augusto Morales López: Gracias. Con su venia, diputada presidenta. En los tiempos que estamos viviendo, de avance democrático, de pluralidad y desarrollo social, resulta de especial observancia y atención y uno de los sectores que hemos registrado, más atrasados en el desarrollo democrático y de representación para con el Estado, es justamente el sector empresarial.

De acuerdo a lo que establece la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, que fue aprobada en 1908, modificada en 1914 y en el 2005, el esquema de representación de los empresarios mexicanos ante el Estado, es un esquema que reluce por su corporativismo, que reluce por la falta de ampliación y amplitud en la representación de los sectores empresariales.

La ley en comento restringe la posibilidad de asociación a sólo dos cámaras, una para las cámaras que tocan el tema de servicios, turismo y comercio y otra cámara que se hace cargo de los temas de industria.

Además de ello, el arreglo institucional y de relación que se plantea en esta ley para con el Estado hace suponer la existencia de la posibilidad de un esquema corporativo de la relación Estado-empresarios y por supuesto también supone la cooptación de la capacidad de acción y gestión independiente por parte del sector empresarial para con el Estado.

Adicionalmente, mecanismos que son establecidos en la misma ley como es el esquema del registro al Sistema Integral de Información Empresarial y la posibilidad que se abre a través de un mecanismo de convenio de las cámaras y confederaciones con la Secretaría de Economía han llevado en muchas ocasiones a que empresarios que tienen que acceder a este registro por ley tengan que hacerlo también en las diferentes cámaras y confederaciones que tienen estos convenios, con el perjuicio que ello conlleva.

La iniciativa que estamos planteando el día de hoy tiene como objetivo fundamental democratizar la relación del sector empresarial con el Estado y generar mejores instrumentos de relación de este sector, no solamente entre sí, sino con la sociedad misma. Y decimos entre sí porque también la ley que estamos comentando establece paradójicamente que para poder crear una nueva cámara o una nueva confederación, entre otros requisitos que se tienen que cubrir está la autorización de las ya existentes.

Así es que presentamos esta iniciativa que reforma, deroga y anexa diferentes artículos a la Ley de Cámaras y Confederaciones Empresariales convencidos de que podemos generar un instrumento en el marco del Pacto por México que permita maximizar las relaciones de los empresarios mexicanos con el Estado y como consecuencia de ello tengamos un sector empresarial más fuerte y con una capacidad de organización y de relación con el Estado que esté acorde a las necesidades económicas de nuestro país.

Espero, compañeras y compañeros diputados, que esta iniciativa sea de su interés y cuente con el apoyo de todos ustedes. Es cuanto, diputada presidente.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Economía para dictamen.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Rodrigo Chávez Contreras, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación.

El diputado Rodrigo Chávez Contreras: Buenas tardes. Con su venia, diputada presidente. Diputadas y diputados: hago uso de esta tribuna para presentar ante ustedes un proyecto que adiciona el inciso h) a la fracción III del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación para establecer como delito de evasión fiscal la deducción de recursos provenientes de aportaciones filantrópicas de terceros. Actualmente la legislación fiscal mexicana permite que las organizaciones civiles recauden recursos de terceros para que éstos sean donados a nobles causas, ejemplo de ello son las iniciativas como un Kilo de Ayuda, el Redondeo y el conocido evento Teletón. A través de ello los medios de comunicación convocan a la ciudadanía en general a donar dinero por diferentes vías.

En los últimos años distintos académicos han advertido elementos perniciosos de este tipo de recaudación de recursos públicos.

El presente planteamiento de ninguna manera pretende afectar a las organizaciones de la sociedad civil que contribuyen responsablemente con el quehacer del gobierno para la atención de grupos y sectores vulnerables, pero debemos buscar sancionar y frenar a quienes hacen de la generosidad un acto de negocio.

Es decir, no se persiguen de ninguna manera las prácticas altruistas o filantrópicas de las empresas mexicanas, sino por el contrario, el planteamiento pretende promover dicha práctica de manera real; es decir, con compromiso social no simulado.

El Código Fiscal Federal establece en su artículo 108 que comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal.

Proponemos adicionar, para su sanción, un apartado que considere que aquellas personas físicas o morales que recauden recursos económicos de terceros y que pretendan presentar dichas donaciones de esos recursos públicos como propias ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la finalidad de que sean deducidos de sus obligaciones fiscales, sean sancionadas.

Se pretende con ello preservar la naturaleza de las contribuciones que integran el conjunto de la hacienda pública, pues el impuesto sobre la renta busca gravar la riqueza de los mexicanos y al pagarse los impuestos propios con dinero ajeno, las empresas dejan de cumplir equitativa y proporcionalmente con lo que obliga el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por tanto, proponemos adicionar el inciso h) a la fracción III del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación para establecer como delito de defraudación fiscal la deducción de recursos provenientes y aportaciones filantrópicas de terceros. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Irazema González Martínez Olivares, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Irazema González Martínez Olivares: Muy buenas tardes. Con su venia, señora presidenta.

El día de hoy voy a hablar del artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el asunto que nos compete es que muchos de nosotros antes de ser diputados, intentamos venir aquí al Palacio Legislativo, y en la mayoría de los casos no nos dejaban entrar.

Yo les quiero compartir que en repetidas ocasiones intenté entrar a la Casa del Pueblo a dejar un oficio a mi diputado o a la comisión que me interesaba en ese momento entablar una comunicación.

En base a eso, la iniciativa que les presento es que haya una oficina en la parte exterior de la Cámara de Diputados. Yo creo que eso puede desahogar inclusive las manifestaciones, inclusive los abuelitos que a veces vemos a la entrada de la puerta 4, en donde nadie los atiende, siendo que ésta es la casa del pueblo

Entonces básicamente ésa es la propuesta, se los fundamento de la siguiente manera.

El Comité de Información, Gestoría y Quejas contará con oficinas y módulos de atención distribuidos en zonas estratégicas en los límites exteriores de las instalaciones de la Cámara de Diputados, con la finalidad de dar atención a la ciudadanía de manera pronta y expedita, en virtud de que con lo anterior la población mexicana tendría un acceso de comunicación más directo con sus legisladores, además de que facilitaría a los ciudadanos el acercamiento con esta soberanía.

Aunado a lo anterior, el Comité de Información, Gestoría y Quejas debe tener como objetivo fundamental brindar un trato personalizado a los visitantes del Congreso de la Unión, así como ofrecerles información respecto a los eventos que se realizarán, con la finalidad de establecer un vínculo incluyente entre la ciudadanía y los trabajos legislativos.

Yo creo que esta Legislatura está haciendo historia, no solamente por todas las reformas que hemos estado discutiendo, pero también ésta es una manera de hacer la historia, es una manera en que podemos acercar a la ciudadanía a los servicios de la Cámara de Diputados y estar permanentemente en contacto con la gente que nos quiera hacer llegar una carta, un oficio, una petición o un señalamiento.

De esta forma y bajo esta argumentación, se establecería un verdadero órgano de enlace entre el Poder Legislativo y la población, que sea coherente con las aspiraciones de la representatividad y la gestión comunitaria.

Por lo antes expuesto, sometemos a consideración de este pleno el siguiente

Artículo único del decreto. Se adicionan dos párrafos al numeral 2 del artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso Genera de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 46.

1. Los comités son órganos para auxiliar en actividades de la Cámara

2. Para la orientación informativa, sí como para el conocimiento

El Comité de Información, Gestoría y Quejas se regirá bajo los principios de gratuidad, inmediatez y equidad, además de contar con espacios de atención ubicados estratégicamente en los límites exteriores de las instalaciones de la Cámara de Diputados, para el cumplimiento de sus funciones.

Corresponde a la Junta de Coordinación Política establecer las políticas y disposiciones reglamentarias para el desarrollo de las tareas de vinculación ciudadana.

También antes había una manera en que podías conectarte a través de internet con tus legisladores, entonces por supuesto la finalidad de esta iniciativa –y ojalá me acompañen a proponerla y a promoverla y a que se lleve a cabo-, es que funjamos verdaderamente como representantes de la población y tengamos una comunicación directa.

Muchas veces lo único que quieren personas que llegan de todo el país a buscarnos, es poder entregar su oficio de petición. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes. Ojalá se tome en cuenta esta iniciativa.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

El diputado José Angelino Caamal Mena: Con su permiso, diputada presidenta. Señoras y señores legisladores, una realidad inherente y contundente que compartimos como seres humanos, es llegar a ser adultos mayores. Es importante destacar que actualmente este sector representa el 9 por ciento de nuestra población.

Con la presente iniciativa reformar los artículos 5, 9 y 10 de la ley citada, para que a las personas adultas se les garantice en orden de prelación, de manera subsidiaria, el acceso a la administración y procuración de justicia, recibir información nutricional y la alimentación complementaria, a recibir apoyo directo por las autoridades laborales en caso de controversia por sus servicios prestados.

Se impone la obligación de la autoridad para que investigue cuáles son las causas y los efectos de los maltratos que sufren las personas adultas mayores, para la implementación de políticas públicas que conlleven al bienestar social de este sector de la población, en condiciones de vulnerabilidad.

El marco jurídico nacional e internacional protege a los adultos mayores, ha tenido cambios que lo han mejorado. Por ejemplo, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores fue publicada el 25 de junio de 2002, en ese sentido, la reforma constitucional sobre derechos humanos del año 2011, representa un avance significativo al elevar a rango constitucional los tratados internacionales en materia de derechos humanos, de acuerdo al artículo 133 de nuestra Carta Magna.

La citada reforma tuvo como objeto principal expandir los derechos de los individuos, así como fortalecer la protección de los mismos, de ahí se origina la presente expresión legislativa que persigue finalidades trascendentes, como son, armonizar en lo conducente el texto constitucional con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con la pretensión de obligar a las autoridades civiles, administrativas, penales y/o laborales a su cumplimiento, tal y como lo instruye el Apartado B del artículo 102 constitucional.

Derivado de lo anterior, se advierte el imperativo para que los distintos órganos de gobierno le den cumplimiento a esos derechos que se encuentran insertos en la parte dogmática de nuestra Constitución general.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tenemos el firme compromiso de implementar políticas públicas efectivas, que garanticen el acceso oportuno a los servicios de salud, a un empleo digno, y en general, a condiciones dignas para los adultos mayores de nuestra nación.

Es largo el camino por recorrer para que eliminemos definitivamente la marginación laboral, familiar, política y social, así como la constante discriminación, maltrato físico y emocional que con frecuencia viven nuestros adultos mayores. En este proyecto proponemos modificaciones que consideramos necesarias para que se precisen conceptos muy importantes, como lo que se debe entender por alimentos.

Igualmente, se plantea una definición de lo que atañe concebir como maltrato. Nociones que no deben prestarse a equívocos o interpretaciones sesgadas.

Nueva Alianza tiene como principio proponer proyectos que redunden en beneficio de la sociedad, particularmente estamos comprometidos con las causas de los sectores de la sociedad en condiciones de mayor vulnerabilidad. Ésa es nuestra responsabilidad y la asumimos con seriedad y vocación de servicio.

Con base en lo expuesto, sometemos a esta soberanía el presente proyecto de decreto que busca imprimirle claridad a la ley, en virtud de que en los términos en que se encuentra se presta a confusión por lo ambiguo de su diseño. Consideramos que esta propuesta es objetiva, puntual y oportuna.

Señoras y señores legisladores, desde esta soberanía impulsemos soluciones que incluyan a todos los mexicanos y a todas las mexicanas. Muchas gracias. Gracias, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para dictamen.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Ossiel Omar Niaves López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 96 Bis 2 de la Ley de Aguas Nacionales.

El diputado Ossiel Omar Niaves López: Buenas tardes. Con su venia, diputada presidenta. Saludo desde aquí, de esta alta tribuna, a los habitantes de Degollado, Ayotlán, Jesús María, Jamay, Jalisco.

Compañeras y compañeros legisladores, el subsuelo mexicano aloja gran número de acuíferos fuente de agua, que funcionan a la vez como vasos de almacenamiento, redes de acueductos y plantas de tratamiento naturales.

Se han definido 653 acuíferos para fines de evaluación, manejo y administración de las aguas nacionales de subsuelos.

Los acuíferos son vitales para la sustentabilidad de las regiones áridas, ya que las aguas subterráneas son la única fuente permanente de agua. Hay que tomar en consideración que para la obtención de estas aguas subterráneas se ha requerido de obras y funcionamientos de sistemas de atracción que necesitan otros recursos como el consumo de energía eléctrica.

La operación de captación por medio de pozos es la que conlleva, con mayor consumo de energía, ya que consiste en extraer el agua hacia la superficie, bombeando el agua desde el nivel dinámico del pozo y el costo energético que depende de la profundidad del pozo y el gasto de extracción.

En esta labor de extracción hídrica la aplicación de sistemas de bombeo es el método más utilizado para las unidades de riego, abastecimiento doméstico municipal e industrial.

En el país hay más de 118 mil pozos para uso agrícola, según el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2009-2012. Existen estudios que indican que esos pozos cerca del 70 por ciento de los sistemas de bombeo tienen potencial para mejorar su eficiencia en consumo de energía. Esta eficiencia del sistema de bombeo puede mejorarse hasta 30 por ciento a través de su rehabilitación.

En este orden se considera encomiable la tarea de legislar sobre ciertas medidas tendentes al ahorro de energía en la extracción de las aguas subterráneas, ya que para la sustentabilidad, el uso y aprovechamiento de la energía revisten un papel fundamental.

Por ello, en esta iniciativa se propone adicionar una fracción al artículo 96 Bis 2 de la Ley de Aguas Nacionales, a fin de que el Ejecutivo federal considere como obra pública necesaria aquéllas que mejoren la eficiencia de la energía y del agua en sus procesos de extracción y distribución.

Dada la potencialidad de ahorro de energía en los sistemas de bombeo de agua para riego agrícola, resulta impostergable que el Estado implante obras y acciones para la eficiencia del uso de energía, así como la eficiencia hidráulica y el uso final de los sistemas de riego, lo que atrae a que se reduzcan las pérdidas de agua en conducción, permitiendo generar sinergias que mejorarán la rentabilidad financiera de las unidades de riego por el aumento de sus ingresos.

Hay que subrayar que la racionalización conjunta del agua y de la energía está ligado al cambio climático, lo que en consecuencia implementa áreas políticas para el ahorro de energía.

Retomamos el interés creciente por aguas consumidoras de energía, porque la demanda de agua sigue creciendo y las exigencias ambientales también. Hacer más eficiente el consumo de energía para la extracción y distribución del agua permitirá responder el reclamo ambiental.

De esta manera, observando el binomio agua y energía con una visión integradora para la sustentabilidad, podremos seguir avanzando en el compromiso que todos los habitantes de México tenemos con la preservación del medio ambiente.

Tomando conciencia de los retos que nos impone el cambio climático nos permitirá adoptar medidas necesarias para revertirlo; pero también las dificultades para hacerlo aumentan si no actuamos desde ahora, y más ahora que los tiempos actuales así lo demanda. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos para su dictamen.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Domitilo Posadas Hernández, del Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo.

El diputado Domitilo Posadas Hernández: Muchas gracias, señora presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto que someto a la consideración de esta soberanía, propone la abrogación de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo por las siguientes consideraciones:

En México existen opiniones encontradas con respecto al tema de la necesidad de una reforma fiscal que dé rumbo, tanto a la aplicación y ajuste de los gravámenes existentes, así como a la generación de condiciones que mejoren la capacidad recaudatoria del gobierno federal y de las entidades federativas.

La información disponible da cuenta que en nuestro país, los niveles de recaudación son de los más bajos de los países integrantes de la Organización Para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y también con respecto a varios países de Latinoamérica.

En el periodo 2007-2011, en México los ingresos tributarios representaron apenas el 9.7 por ciento en promedio del producto interno bruto, lo cual sigue siendo un volumen de captación muy bajo para atender las necesidades presupuestales del país. Ello significa que se sigue dependiendo en gran medida de los ingresos provenientes de las ventas de petróleo al exterior, contribuyendo éstas con la tercera parte de la aportación de los recursos.

Contrario a lo que plantea el discurso gubernamental, la persistencia de prácticas que no han sido erradicadas del escenario nacional, como la consolidación fiscal y los regímenes de excepción han estado beneficiando a un gran número de empresas, a través de tratos de privilegio que se traducen en la reducción de recursos públicos.

Algunos especialistas en el tema han señalado que la capacidad recaudatoria del sistema tributario mexicano es una de las más bajas del hemisferio occidental. La recaudación proveniente de impuestos en comparación con el tamaño del producto interno bruto, resulta ser del 4.5 puntos porcentual menor con relación al promedio de los países de América Latina.

Se estima que la evasión y la elusión fiscal en nuestro país es muy elevada, ubicándose entre un 20 y un 35 por ciento en lo que respecta al pago del IVA y un 15 un por ciento respecto al ISR.

En este contexto se enmarca la aplicación de gravámenes recientes, como el Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE), como un buen propósito original, pero que en sus pocos años de vida ha mostrado su debilidad recaudatoria y su inconsistencia para combatir la evasión fiscal y la informalidad comercial.

Por lo que respecta su aportación al producto interno bruto, el IDE ha representado sólo el 0.15 por ciento, el 0.13 por ciento, el 0.06 por ciento y el -0.06 por ciento en los años 2008, 2009, 2010 y 2011, respectivamente, evidenciando sus enormes limitaciones en lo que concierne a su componente recaudatorio.

Estas cifras dan cuenta de la muy pobre aportación en lo que respecta a ingresos recaudados, por ello no encontramos razones válidas para seguir aplicando este impuesto, pues además de considerar que partió de premisas totalmente equivocadas, las medidas para disminuir el umbral de 25 a 15 mil pesos por depósito, además de incrementar el porcentaje llevándolo del 2 al 3 por ciento, revela una intención de ir haciendo un mayor número de modificaciones de manera apresurada.

La creación del IDE ha estado muy lejos de alcanzar los objetivos planeados particularmente en lo que se refiere al combate a la informalidad. Quienes se han abocado a la revisión del tema sostienen que ha sucedido todo lo contrario. El acceso al sistema financiero y el porcentaje de los sujetos al IDE, muestran que el impuesto no está gravado gran parte del sector informal y también gran parte del sector formal no es sujeto al impuesto.

En contraparte, se ha transformado en un obstáculo que inhibe las actividades comerciales y empresariales con altos costos en la productividad de diversas ramas de la economía nacional.

Por ello proseguir con la aplicación del IDE sería un error, pues se aleja de las medidas necesarias para aportar verdaderas soluciones a la insuficiente recaudación que ha caracterizado a la política fiscal del país durante largos periodos.

Por lo anteriormente señalado y considerando que en las estimaciones contenidas en el proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013, se prevé recaudar un total de 3 mil 890.4 millones de pesos por el IDE, lo que representa sólo el 0.24 por ciento de aproximadamente 1 billón 605 mil millones de pesos que se piensan recaudar para el año próximo, es que someto a consideración este proyecto de iniciativa por lo que respetuosamente, señora presidenta, solicito que la versión íntegra sea publicada en el Diario de los Debates. Muchas gracias por su atención.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Así será, señor diputado; muchas gracias. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 73, 76, 89 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Antonio Cuéllar Steffan: Gracias, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, vengo a someter a la consideración de ustedes una iniciativa que tiene como propósito reformar distintas disposiciones de la Constitución, entre ellas el artículo 133 de la misma.

¿Qué tiene que ver en este tema lo relativo al papel que debe desempeñar en función de las modificaciones que ha sufrido el artículo 1o., de la Constitución la Cámara de Diputados tratándose de la celebración de tratados internacionales? ¿A qué me refiero?

El artículo 133 que vengo mencionando, contempla algo que en la academia, en la doctrina se conoce como "principio de supremacía constitucional", una disposición fundamental, pues ella es la que marca cuál es la posición jerárquica dentro de todos los ordenamientos jurídicos que conforman el Derecho mexicano, la propia Constitución respecto de tratados internacionales y otras leyes que expide el Congreso de la Unión.

Particularmente con relación a los tratados internacionales, el propio artículo 133 con relación al 76 y al 89, establece que: "se celebran, los compromisos internacionales, se celebran por el presidente de la república, pero los ratifica exclusivamente la Cámara de Senadores". La Cámara de Senadores con la representación de cada una de las entidades que conforman la Federación es la única que discute sobre si los tratados internacionales que conforman y son parte del derecho mexicano, son ley suprema de la Unión, se apegan o no a los principios en materia de relaciones exteriores de los que México es parte y que tutela la propia Constitución, y de esta manera con esta ratificación que en su caso emiten los senadores, se integran los tratados internacionales al derecho mexicano.

¿Cuál es la problemática que surge? Desde el mes de junio de este año entró en vigor una reforma al artículo 1o., constitucional por virtud de la cual se encomienda a todas las autoridades competentes, pero en primer lugar y es aquí lo que nos interesa, a los jueces, a los jueces del fuero común, algo que se ha venido a denominar como "el control de convencionalidad".

¿Qué significa esto? Tratándose de la observancia de principios rectores de los derechos humanos en el ámbito nacional e internacional, hoy por hoy los jueces de la Federación, los jueces de los estados, tienen la facultad de apartarse de lo que establezcan las leyes, con la finalidad de salvaguardar todos los compromisos asumidos por México, tratándose de la protección de los derechos humanos.

¿En qué se traduce esto? En que las leyes que aprobamos en esta Cámara, que aprueban las dos Cámaras como Congreso de la Unión, quedan supeditadas, en primer lugar, a la Constitución; pero en segundo lugar, a la validez en materia de derechos humanos que contemplen los tratados internacionales.

Es así que jerárquicamente los tratados internacionales vienen a estar colocados por encima de las leyes federales o locales con la diferencia de que los tratados internacionales solamente los discuten, valoran y aprueban, los senadores en la propia Cámara, y las leyes las tenemos que discutir las dos Cámaras, la Cámara de Diputados y de Senadores.

Es un problema, por qué. Porque esta intervención democrática que tiene la Cámara de Diputados tratándose de la discusión de leyes, no está teniendo el mismo reflejo tratándose de la discusión de los tratados internacionales, y los tratados internacionales, sin pasar por este tamiz y esta discusión que debe de ejercer esta representación ciudadana, están viéndose colocados, por virtud de este control que ejercen los jueces y por virtud de esta reforma al artículo 1o constitucional, por encima de las leyes que aquí aprobamos.

He ahí que es importante que si por virtud de los derechos humanos, por virtud de este control de convencionalidad que en lo sucesivo y ahora, con motivo de la reforma al artículo 1o constitucional ejercen los jueces, cobre relevancia y sea algo perfectamente necesario que la Cámara de Diputados se involucre e intervenga activamente en la discusión, aprobación, ratificación en su caso de los tratados internacionales que celebre el Ejecutivo.

No es una iniciativa novedosa, ya se había planteado con anterioridad; sin embargo, desde luego que tratándose del control de la convencionalidad, venimos a encontrar, en nuestro sistema de derecho, una situación totalmente actual, vanguardista que nos obliga a efectuar una segunda reflexión con relación a este tema que les propongo, a fin de que dentro del artículo 133 constitucional –y ésa es la materia de la propuesta– se establezca claramente que tratándose de la celebración de tratados internacionales que son ley suprema de la Unión, quien tenga que aprobarlos no sea solamente la Cámara de Senadores, sino el Congreso de la Unión.

Les repito, esto es relevante porque la Cámara de Diputados, siendo una de las dos cámaras que integran el Congreso actualmente encargado de aprobar las leyes, está viéndose superada por los tratados internacionales a través del control de convencionalidad que al día de hoy y de acuerdo con el artículo 1o constitucional se le confiere a los jueces inclusive del fuero común.

Démosles entonces a las leyes que nosotros aprobamos la jerarquía que les corresponde con relación a los tratados internacionales, pero démosles también a los tratados internacionales la importancia que la discusión de los asuntos que atañen a la ciudadanía debe de corresponder.

Éste es el propósito de la iniciativa, y le pido atentamente, diputada presidente, que se giren las instrucciones para que se inserte la lectura de la misma en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputada presidente. Muchísimas gracias.

La presidente diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Así se hará, diputado. Muchas gracias. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.

La presidente diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Sue Ellen Bernal Bolnik, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 51 Bis 7 a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores.

La diputada Sue Ellen Bernal Bolnik: Con su venia, señora presidente. Compañeras y compañeros legisladores: a principios de la década de los 80 se incorporó a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el concepto de vivienda digna y decorosa como derecho de toda familia mexicana.

Ello contribuyó a ampliar el marco normativo de las garantías individuales y así tener un mayor impacto en el nivel de vida de la población.

En la evolución histórica que se ha dado de aquella década a la fecha han sido muchos los esfuerzos que se han realizado para poder convertir lo que dice la ley en materia de vivienda en una realidad para los mexicanos.

En este contexto, la presente iniciativa está enmarcada por el factor económico con respecto a cómo se compra, pero sobre todo, cómo se paga una casa, para que sea parte de la seguridad patrimonial de sus habitantes y les dé estabilidad y certeza en su economía, particularmente de aquellos quienes adquieren un crédito financiado por el Fondo Nacional de Vivienda.

En la última década se han implementado acciones, productos y servicios por parte del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores que es necesario hacerlas valer en la ley, con el propósito de que tengan permanencia, garantía y seguridad jurídica para cada trabajador que se ve en la necesidad de replantear su crédito hipotecario.

Este conjunto de acciones y servicios que ofrece el Infonavit a partir de 2005, se ha denominado Modelo de Cobranza Social, el cual se ha implementado con éxito para beneficio de los trabajadores que se ven imposibilitados a seguir pagando con puntualidad las hipotecas contratadas, ya sea por pérdida de su empleo, por paro técnico, o simplemente por la disminución de sus ingresos.

El modelo de cobranza social ya existe en la práctica y ha demostrado que al mantener una cartera rentable se pueden ofrecer más oportunidades de vivienda para los trabajadores adscritos al Infonavit.

Al introducir al marco normativo del Instituto el concepto de cobranza social, garantizamos que dicho modelo se aplica de manera constante y segura, dando confianza a los acreditados y generando alternativas para administrar de mejor forma la cartera de créditos hipotecarios, manteniendo la viabilidad financiera del ahorro del trabajador y atendiendo su capacidad de pago.

Se estima que más de veintitrés millones mexicanos viven en una casa financiada por el Infonavit, la más alta en la historia del instituto, el cual otorga el mayor número de créditos en nuestro país, superando actualmente los cuatro millones y medio.

Sesenta y nueve de cada cien créditos son otorgados por el Infonavit sin coparticipación financiera de otra institución; 63 por ciento de los créditos otorgados se han destinado a derechohabientes que ganan menos de siete mil doscientos ochenta y cuatro pesos mensuales, es decir, que tienen ingresos por debajo de los cuatro salarios mínimos.

A la fecha, son más de un millón 700 mil familias que han hecho uso del modelo de cobranza, lo que representa aproximadamente 7 millones de mexicanos que se han visto beneficiados con este esquema y que han comprobado que resulta útil.

Si consideramos los casi cinco millones de créditos que opera el Infonavit actualmente, con esta reforma tenemos la posibilidad de consolidar en la ley el apoyo de cobranza social a más de veinte millones de mexicanos, de ese tamaño es la trascendencia de esta iniciativa.

Reconozco y valoro los esfuerzos que han hecho ya durante el ejercicio de esta LXII Legislatura compañeras y compañeros diputados de distintos grupos parlamentarios en materia de vivienda.

Cuando un trabajador adquiere un crédito y con ello su vivienda, apuesta a un futuro mejor para él y para su familia. Si por alguna razón ajena a su voluntad y esfuerzo se ve en la necesidad de replantear su crédito, debemos asegurar que se le ofrezcan medidas adecuadas a su economía.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía, el siguiente proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 51 Bis 7 a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue.

Artículo 51 Bis 7. El Instituto deberá realizar acciones de cobranza social para que los trabajadores conserven su patrimonio en casos de afectación o disminución de ingresos, estableciendo mecanismos alternos de financiamiento y pago que contemplen, en todos los casos, su situación económica.

Compañeras y compañeros diputados, promover leyes que garanticen y protejan el patrimonio de las familias mexicanas es un punto toral en nuestra agenda legislativa. Los convoco a que hagamos mayoría en esta propuesta, ya que parte de la responsabilidad del legislador es proponer mejores leyes con base en la realidad, y estoy convencida que podemos encontrar coincidencias para brindar a los trabajadores esquemas justos y dignos cuando se vean en la necesidad de replantear su crédito de vivienda, logrando con ello alcanzar el precepto constitucional de vivienda digna y decorosa para las familias mexicanas. Gracias por su atención. Es cuanto, señora presidenta.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Gracias. Les informo que si la diputada no tiene objeción, don David Pérez Tejada se adhiere a su iniciativa, diputada. Se turna a la Comisión de Vivienda para dictamen.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Honorable asamblea, esta Presidencia informa que se recibió de la Cámara de Senadores minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 3º transitorio del decreto por el que se expide la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De conformidad con el artículo 65, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea si es de modificarse el orden del día para su inclusión.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica, se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En virtud de que la minuta de referencia se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria y disponible en las pantallas de sus curules, con fundamento en el artículo 82, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea si se le considera de urgente resolución, se le dispensen los trámites y se someta a discusión y votación de inmediato.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 82, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica se consulta a la asamblea si se le considera de urgente resolución, si se le dispensan todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría, señor presidente, por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En consecuencia, se considera de urgente resolución, se le dispensan todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato. Proceda la Secretaría a dar lectura únicamente al proyecto de decreto.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Artículo 3o. transitorio.

3o. Los integrantes de las instituciones de seguridad pública, en un plazo de 10 meses contando a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberán obtener la certificación por parte de los Centros de Evaluación y Control de Confianza, de lo contrario serán separados del servicio.

Para los efectos de lo señalado en el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se expide a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 2 de enero de 2009, la separación del servicio se actualizará una vez que haya vencido el plazo a que se refiere el presente artículo.

El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá presentarse ante el Senado de la República, para rendir un informe del avance del programa, a los seis meses de la entrada en vigor del presente decreto.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara.

Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En consecuencia está a discusión en lo general y en lo particular. Tiene el uso de la voz don Guillermo Anaya Llamas, para fundamentar el asunto. Está usted inscrito debidamente.

Les voy a decir quienes están inscritos. Ricardo Monreal, Tomás Torres, Catalino Duarte y Consuelo Argüelles. A la hora que usted guste, diputado Anaya, aquí lo esperamos.

El diputado José Guillermo Anaya Llamas: Gracias, presidente. Amigas, amigos diputados, la minuta que nos envía el Senado de la República y que estamos empezando a discutir y a votar en forma urgente, que hemos aprobado aquí mismo en el pleno, es necesario precisar que no estamos reformando el articulado sustancial de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sino sólo un artículo transitorio, el tercero.

Como ustedes saben, compañeras y compañeros, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, expedida el 2 de enero de 2009, estableció como objeto de la misma, el regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Para poder cumplir con lo anterior, se estableció en uno de sus artículos transitorios un plazo de 4 años a partir de la entrada en vigor del decreto que expidió dicha ley, para que las instituciones de seguridad pública, tanto en la federación, en los estados y en los municipios, por conducto de los centros de evaluación y control de confianza, deberían practicar las evaluaciones respectivas a todos sus integrantes, conforme lo dice la ley en sus respectivos ordenamientos legales y el calendario aprobado por el propio Consejo Nacional.

El 3 de enero del próximo año, del 2013, se cumple el plazo de estos 4 años, que prevé dicho artículo tercero transitorio, es decir, en tan sólo dos semanas más. Sin el propósito de polemizar, amigas y amigos, sí es pertinente señalar que como lo reconoce, incluso, el autor de la iniciativa, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Senado de la República, al 31 de octubre de 2012, de una plantilla activa de 71 mil elementos en el ámbito federal, la Secretaría de Seguridad Pública y la PGR, cumplió al 100 por ciento con esta obligación de evaluación.

Pero también es necesario recalcar que prácticamente el 60 por ciento de las entidades federativas, no han cumplido con lo establecido en la ley. Por ello es que se está solicitando reformar el artículo 3º para ampliar prácticamente a 10 meses y no caer en un caos en los estados y en los municipios, porque tendrían, los que no han sido sometidos a las pruebas de control de confianza o los que lo hayan reprobado, primero tendrán que ser separados inmediatamente de los cuerpos policiacos, a partir del 3 de enero, es decir, en 2 semanas más.

Pero los que hemos sido alcaldes o los que han sido gobernadores sabrán que no se trata solamente de someter a las pruebas de confianza a las policías, a los cuerpos policiacos sino se trata también a los que no hayan pasado las pruebas, se tiene que indemnizar y se tienen que reponer estos cuerpos policiacos que hoy en día, en los municipios y en muchos estados no es fácil encontrar a policías que quieran arriesgar su vida, muchas veces con un salario indigno, sin la capacitación y sin el armamento suficiente para hacer frente a la delincuencia del crimen organizado.

El plazo que se propone, que cambia el dictamen o la minuta a la iniciativa original, que era de doce meses el plazo, la minuta que nos envió el Senado es por 10 meses. Y además, la minuta que envía el Senado es para que comparezca a los seis meses el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ante el Senado de la República.

El voto que solicito es a favor de este dictamen. Sin embargo, quisiera hacer una última reflexión antes de concluir mi primera intervención. Creo que también debería ser tomada en cuenta esta Cámara de Diputados, para que el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no solamente comparezca a ir señalando cómo van esas evaluaciones a los seis meses. No solo al Senado sino aquí también debería comparecer el secretario ejecutivo de Seguridad Pública.

En la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que acabamos de aprobar hace unos días, también el Senado de la República ratificará al recién nombrado comisionado y también al propio secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Por eso en una subsecuente intervención, compañeras y compañeros, haré una propuesta formal para poder hacer una modificación a este dictamen.

Pero creo que, por la urgencia que amerita el caso, es pues el sentido de nuestro voto, a favor de este plazo de 10 meses, para que no haya un caos en torno a la seguridad pública, que es el principal y más sensible problema de los mexicanos; y poderlo entenderlo en consecuencia, porque además –y con esto termino– fue una decisión prácticamente unánime de los gobernadores en la pasada reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el solicitar esta prórroga.

Entonces, el día de hoy, y ahora mismo pues, lo someteremos a votación. Nosotros esperamos pues que se apruebe este dictamen, para poder atender este serio y grave problema de seguridad pública en nuestro país. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Gracias. Don Tomás Torres Mercado, tiene usted el uso de la voz, lo escuchamos como siempre, con un gran respeto.

El diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, respetable señor presidente. La minuta que se nos está sometiendo a la consideración el día de hoy tiene su origen en una ley que está en vigor, que es la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y que obviamente pasó por la Cámara de Senadores y por la Cámara de Diputados para –decía– darle vigor.

Tres cosas diré con relación a la minuta. La primera, dos artículos transitorios de ese ordenamiento, entre otras cosas, establecen que se tenía un plazo de cuatro años –cuatro años a partir del inicio de la vigencia, del 2 de enero de 2009– para que las instituciones policiacas –todas las instituciones policiacas– del país pasaran por un sistema de evaluación y de control de confianza.

El Sistema Nacional de Seguridad Pública es una instancia superior, se coloca por encima del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que define las políticas públicas e esta materia.

Materia que por cierto –y también sin el ánimo de la polémica, diríamos, que observando la sesión, la segunda extraordinaria, de apenas la semana anterior del Consejo Nacional de Seguridad Pública– me parece que hay algo políticamente rescatable –y que hay que decirlo aquí–, es el de abandonar el decanto de las culpas, es el tiempo en donde políticamente hay que establecer que las condiciones objetivas del país no han dado para la certificación, para la evaluación de todos los cuerpos de seguridad pública.

Primer aspecto entonces, es un ordenamiento vigente. El motivo de la minuta es aplazar —y por cierto, me parece que no es suficiente, pero es una reflexión personalísima— por 10 meses más, porque fenecido el plazo el 2 de enero, del mes próximo, todos los integrantes de corporaciones policiacas no evaluados automáticamente estarían fuera, automáticamente serían cesados. Se está dando un plazo de 10 meses.

El proceso de evaluación y de control de confianza no es necesariamente el deseable. En la mayoría de los casos, si bien está es al 50 por ciento; en otro hay un caso –no lo cito–, hay condiciones particulares, no se ha llegado al 15 por ciento de la evaluación.

Pero algo que es más relevante. Miren, no puede decantarse la responsabilidad en los estados y en los municipios porque la condición financiera no es la misma, no solo de las diversas entidades y municipios, sino porque la federación solo para el rubro de seguridad pública exclusivamente de la Secretaría de Seguridad Pública traía cerca de 50 mil millones de pesos,

Díganme ustedes si llegan con 200 millones de pesos al municipio de Valparaíso o al municipio de Fresnillo en nuestro amado estado de Zacatecas, pues se lleva en un 2 mil por ciento el monto de lo que tiene para inversión pública.

Tercer aspecto. La comparecencia del secretario ejecutivo ante el Senado de la República, para que en un plazo de seis meses digan cómo están las cosas. Vamos, desde el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, a votar a favor de la minuta y refrendar el compromiso político de coordinación de la federación, de los estados y de los municipios. No hay nada, colegas, no hay nada que valga más, ni siquiera el éxito material, que el poder disponer de tranquilidad y de vivir en paz para poner en salvaguarda las libertades, la integridad de nuestras familias, y por supuesto también de sus bienes. En ello vamos a contribuir. Gracias por su atención.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A usted. Don Catalino Duarte Ortuño. ¿Está don Catalino? Ahí viene. Está bueno.

El diputado Catalino Duarte Ortuño: Con la anuencia de nuestro presidente y de los compañeros legisladores, legisladoras, de manera puntual he escuchado las opiniones de los legisladores en el tema. La opinión nuestra es que el tema de seguridad pública es un tema delicado y que está en voz de todos los mexicanos. Incluso el presidente de la República ha sido muy reiterativo para cambiar esta estrategia y lograr mejores resultados para este país.

Fue una buena decisión legislar para que, en su defecto, las corporaciones policíacas de este país pasaran por un proceso de evaluación y certificación. Y hay que reconocer que por falta de interés de la propia federación, de los estados de la República, el avance ha sido no muy satisfactorio.

Si bien es cierto que la federación tiene recursos y que en gran medida ha podido avanzar en la certificación, también es cierto que ha sido poco solidaria hacia los estados y los municipios.

Se están estableciendo 10 meses y la opinión nuestra es que debe irse más allá. Seguramente van a transcurrir los 10 mese y se va a presentar otra prórroga. En esa tesitura, debemos ser cuidadosos y tomar decisiones firmes. Pero además darle consideraciones a los municipios, porque debo decir que las policías preventivas tienen la facultad para hacer detenciones y a ser puestas a disposición de los órganos persecutores de los delitos y que en muchos de los casos se otorgan libertades con las reservas de ley porque hace falta lo que aquí se ha dicho: capacitación, hace falta compromiso con la institución que representan.

Y ustedes pueden hacer un análisis de las puestas a disposición que tenemos a nivel nacional en los ministerios públicos del orden del fuero común y del orden del fuero federal; en su mayoría tenemos libertades con las reservas de ley.

Eso no es todo. Revisen también en los términos que resuelven los jueces, en el término que les corresponde, en muchos de los casos hay libertades.

Y vamos más allá; en las resoluciones jurisdiccionales. De 100 puestas a disposición, tenemos sólo el 4 por ciento, el 5 por ciento en resoluciones condenatorias.

Por eso invito a los compañeros de Acción Nacional, de manera muy respetuosa, a los compañeros del Partido Revolucionario Institucional, a los del Verde Ecologista, a los de Movimiento Ciudadano, a los compañeros del PT, y por supuesto mi fracción está muy puesta para ponerle seriedad al tema.

Atendamos el asunto de la certificación y evaluación de nuestros policías, pero, esto es muy importante, atender de manera puntual el tema de la Policía Estatal, de la Policía Preventiva, porque ahí en gran medida tenemos serios problemas.

La postura nuestra es ir a fondo y encontrar mecanismos para que tengamos, como aquí se ha dicho, una policía que pase su certificación, que pase sus evaluaciones, pero también que tengan un salario digno. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Gracias. Doña Consuelo Argüelles Loya, tiene el uso de la voz.

La diputada Consuelo Argüelles Loya: Gracias, presidente. Amigos y amigas diputados, el Partido Acción Nacional recibe, al igual que ustedes, una minuta de nuestros amigos senadores en donde se va a reformar el artículo transitorio de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Este artículo establece o limita el tiempo que han tenido los municipios y los gobernadores para que se hagan los sistemas de evaluación policiacos, los sistemas de evaluación del cuerpo policial de todos los estados y de todos los municipios.

Este tiempo está a la vuelta de la esquina, será el 3 de enero. Se han cumplido los cuatro años. Acción Nacional quiere otorgarles a los gobernadores y a los alcaldes de este país una prórroga, tal y como lo están proponiendo nuestros amigos los senadores, de ampliarlo 10 meses. Vayamos con esto.

Ni siquiera el 50 por ciento de los gobernadores han cumplido con esto. En esta Legislatura vamos a darles a nuestros compañeros estatales y municipales el tiempo que nos están solicitando. Creo que el país está pasando por una época difícil, en la cual todos están invirtiendo en el tema de inseguridad, tema que nos preocupa a todos los mexicanos.

El presidente electo ya está presentando la nueva propuesta de seguridad. Démosle el beneficio de la duda, otorguemos esta prórroga, son 10 meses más, y vayamos con la misma exigencia en estos 10 meses a rendirles cuentas a los gobernadores y a los alcaldes.

Por eso Acción Nacional va a favor del proceso de evaluación y certificación a los 10 meses más que están solicitando nuestros senadores. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Gracias a usted. Don Ricardo Monreal tiene el uso de la voz.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Últimamente he hablado con gente del PAN que es seria y del PRI también y de todos. Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, preguntaba al presidente si podía, en un mismo turno, presentar la posición general y un agregado, una modificación. Quiere decir si en los dos turnos que me corresponden, uno en lo general y otro proponiendo modificaciones al texto que pretende modificarse, los habré de agotar en un solo acto.

En efecto, estamos preocupados no por la aprobación de este proyecto porque en los últimos días hemos escuchado cómo los actores que hace unos años aplaudían la estrategia contra el crimen organizado y que ahora están en el gobierno, la descalifican, culpan de todos los males –que en parte tienen razón- del gobierno anterior, pero la oposición de izquierda, desde hace varios años, desde que se implementó esta estrategia unilateralmente contra la delincuencia organizada, advertimos que se trataba de una estrategia equivocada, de una estrategia errática que sólo era mediática, ruidosa y que no tenía ninguna posibilidad de éxito.

Lo dijimos hace muchos años, ahí está el Diario de Debates, y en el PRI le aplaudieron y la apoyaron, la respaldaron. Hoy dicen que es equivocada.

Por eso ahora que se plantea lo del plazo nuevo de 10 meses lo advertimos en aquel momento. Los que discutimos la ley, que presentamos voto particular y que votamos en contra, decíamos que los cuatro años eran suficientes si se generaban condiciones para la evaluación de los policías.

Todos afirmaron que era suficiente los cuatro años, y hoy estamos modificando la ley y el transitorio para poder dar otros 10 meses para evaluar la policía o las policías o los elementos pertenecientes a cuerpos policiacos.

Déjenme decirles que por irregularidades en su desempeño, actos de corrupción y principalmente no haber acreditado los exámenes de control y confianza, más de 30 mil policías municipales, estatales y federales fueron despedidos en los últimos años; es decir, casi 500 elementos han sido despedidos al mes.

Estas cifras se desprenden del reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Los municipios y los estados han despedido a más de 22 mil 550 elementos. Esta cifra equivale a casi el 15 por ciento de los 166 mil 992 oficiales que conforman las fuerzas policiales de las 32 entidades federativas.

Los despidos en los estados y municipios equivalen a cinco veces el total de los elementos que conforman la AFI o la SEIDO, que actualmente han sido todavía más policías, más pilotos, más personal despedido por la falta de confianza y por no haber aprobado este examen.

Pero fíjense ustedes quién encabeza la lista de los estados que no han cumplido con la evaluación de esos policías. La lista la encabeza al estado de México, luego Veracruz, Guanajuato, Hidalgo, Coahuila, Baja California, Tamaulipas y Chihuahua.

Entonces, ese es un problema grave porque la causa de los ceses, es la pérdida de confianza, consumo de droga, abuso de autoridad, consignaciones, pero además colaborar con la delincuencia organizada.

De cada 10 policías que salen a las calles a cumplir con su obligación, cinco o quizás seis son confiables, los otros no, porque las condiciones de los policías municipales del país son lamentablemente sin remuneración digna y sin salarios dignos, menos con un sistema de seguridad social y de protección con el cual puedan enfrentar la difícil situación que vive el país.

Por esa razón nosotros sí vamos a votar a favor, pero queremos hacer una serie de agregados. Por esa razón les decía también que en lugar de usar los 10 minutos, quería en un solo acto establecer la posición general y la modificación, porque en efecto yo les pregunto, ¿por qué razón seguimos privilegiando al Senado como Cámara única para rendir informes?, porque aquí en la propuesta dice que ante el Senado de la República, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad rendirá informes, ¿y por qué no se dice ante las Cámaras del Congreso de la Unión, el secretario ejecutivo rendirá informes? ¿Por qué nos autolimitamos y por qué no establecemos con seriedad que la Cámara de Diputados tiene el mismo valor?, y constitucionalmente tiene la misma calidad que el Senado de la República.

Somos Poder Legislativo, pero además, compañeros, es muy grave que no sepamos de estos 30 mil policías, qué están haciendo, estos 30 mil policías dónde están, quién tiene un censo de ellos. Los corres sin liquidación, ¿a dónde van estos policías a los que corres?

Van a incorporarse a la delincuencia organizada o a generar sus propias bandas para asaltar, secuestrar o esquilmar, y por eso propongo en un agregado, que en cumplimiento al párrafo anterior el Sistema Nacional de Seguridad deberá mantener actualizado el padrón de todos los elementos que han sido dados de baja por no obtener la certificación de los Centros de Evaluación y Control de Confianza.

Cabe señalar que al término de la relación laboral se hará conforme a derecho, otorgándoles el elemento de liquidación correspondiente.

Concluyo, presidente. Estos dos agregados son los que le propongo. Decía Memo, el diputado de Acción Nacional, compañero del Senado, decía con justa razón que no había tiempo. Yo digo que sí hay tiempo, modifiquemos y regresémosla, tenemos hoy y mañana.

Si ahorita estamos esperando la educativa y estamos esperando otras, ¿por qué no la modificamos, la mandamos a la Cámara? Lo único que les estoy proponiendo es que hagamos valer nuestro poder, nuestra posición y que el secretario venga a informar, igual que en el Senado. ¿Por qué no?, y que hagamos un censo de dónde están estas personas a las que se les liquida o a las que se les despide sin liquidación y que fungieron como policías. No entiendo la razón por la cual votarían en contra.

Presidente, por su tolerancia, y a todos también, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Gracias, a usted. Finalmente don José Alejandro Montano Guzmán.

El diputado Felipe Arturo Camarena García (desde la curul): Presidente, para una pregunta.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Sí acepta una pregunta de don Felipe Camarena?

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Sí, por supuesto.

El diputado Felipe Arturo Camarena García (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Nada más comentarle al diputado Monreal, en relación a que manejaba que el estado de Guanajuato era de los estados que no había cumplido.

Quiero precisarle que hubo varias etapas en la certificación. Primero, mandos superiores, mandos medios y posteriormente todo lo que fuera personal en áreas de seguridad. Pero comentarle que Guanajuato fue el segundo estado certificado como tal, el cuarto en haber sido acreditado por el Centro de Control de Confianza, y tercero en haber cumplimentado la meta que está por vencerse para el día 3 de enero del próximo año.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: No hay pregunta, diputado.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Bueno, el Sistema Nacional de Seguridad, si quiere se lo mando, le mando copia, el Sistema Nacional de Seguridad Pública establece una lista, es información oficial. Estado de México, 2 mil 118 bajas; Veracruz, mil 694; Guanajuato, mil 530; Hidalgo, mil 224; Coahuila, mil 206; Baja California, 2 mil 194; Tamaulipas, mil 149; Chihuahua, mil 17, pero se lo envío.

Es probable que haya equivocación en los datos y me alegra saber que Guanajuato está así, los ciudadanos seguramente también sabrán si hay o no inseguridad, pero finalmente es un problema serio, que si usted me permite yo le doy los datos personalmente y deliberamos sobre este tema u otros que a usted le interese. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Alejandro Montaño, Montano, sin la Ñ.

El diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Con qué objeto?

El diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro (desde la curul): Para los efectos de hacerle una precisión al diputado Ricardo Monreal, en relación a mi estado de Baja California, nuestro estado.

El señor manifiesta que Baja California es uno de los estados que presumiblemente no ha reunido los requisitos de la certificación. Debo de precisarle al señor Monreal, que en Baja California sí se cumple.

Únicamente una ciudad que es Rosarito, al frente del Partido Revolucionario Institucional, en donde su titular de la policía no ha hecho sus exámenes. Lo anterior para los efectos de la precisión, señor presidente. Y gracias por permitirme hacer uso de la voz.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ha precisado por sus dichos. Don Alejandro Montano tiene el uso de la voz.

El diputado José Alejandro Montano Guzmán: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional celebra que el Senado de la República le haya dado celeridad a un tema de la mayor relevancia, como es el otorgar 10 meses de ampliación para que se logre esta certificación.

Creo que es importante que dentro de 12 meses, cuando se dé un tema aquí en esta alta tribuna no se cuestione por los diputados, sino que desde ahí tengamos la información necesaria, verídica y obviamente que haya sido cruzada con los estados de la república.

Lamentablemente después del tiempo que se había fijado, faltó no solo voluntad sino también faltó la estrategia y sobre todo, mucho mayor personal para llevar a cabo esa certificación.

Creo que todos los estados, no creo que ninguno se haya negado o lo haya hecho por falta de atención o compromiso sino en algunas partes fue por la falta del personal adecuado y para que pudieran ellos valorar y llevar a cabo esos exámenes.

Es importante que como lo manifiesta aquí, este proyecto de decreto, vayamos a favor para que les demos ese espacio a los gobiernos de los estados que en esta nueva estrategia que se manejó y se aprobó por los propios gobernadores, el gobierno federal y los ayuntamientos, empiece a generarse ese proceso en los próximos meses.

Es importante que también tengamos el registro de todo aquel elemento que haya pertenecido a los cuerpos de seguridad, para saber en dónde, cuándo y cómo estarán ellos manejando un proceso de vida y que tengamos la certidumbre que no se estén integrando en los cuerpos del crimen, sea organizado o sea cualquier nivel de crimen.

Por ello, el Partido Revolucionario Institucional votará a favor de este proyecto de decreto y repito, estamos contentos que el Senado le dio celeridad y que así esperamos que los demás asuntos tengan ese mismo concepto. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho. Finalmente, tres minutos para doña Lizbeth Rosas, como una llamada de teléfono, sin redondeo.

La diputada Lizbeth Rosas Montero: Compañeros diputados, diputadas, a mí me parece que este tema es fundamental, pero sobre todo, no es correcto y no es ético que estemos defendiendo aquí a nuestros gobernadores o presidentes municipales si cumplieron o no.

Yo creo que ése no es el propósito. El asunto es que cumplan. Cuatro años tuvieron para llevar a cabo la certificación y ningún estado ha cumplido con esa meta.

En lo particular a nosotros como grupo parlamentario nos preocupa mucho, precisamente, que no se están tomando cartas en el asunto sobre la revisión del propio modelo de certificación, que además de ser muy costoso, no tenemos ni siquiera los datos de cuántos elementos aprobaron este sistema de evaluación y aun así cometieron ilícitos en estos estados y en estos municipios. No hay transparencia ni siquiera de los nombres.

Más allá de no saber quiénes son estos 30 mil o más policías que fueron dados de baja, ni siquiera sabemos, los que aprobaron, en qué condiciones se encuentran.

Otro asunto que me parece relevante es, seguimos sin considerar a los elementos de seguridad privada, que además traemos una invasión de elementos de seguridad privada en todos los municipios, en todos los estados y que también traen autorización y licencia para la portación de armas de fuego.

Me parece también que la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara –y éste es un exhorto a mi compañero– debe de manera urgente armar una subcomisión de trabajo que le dé seguimiento a este tema, ¿por qué?, porque 10 meses van a ser insuficientes.

Y se los estoy diciendo el día de hoy, en 10 meses ninguno va a cumplir, ni siquiera nos hagamos fantasía aquí; creo que debe revisarse el modelo, debe revisarse la temporalidad, pero también se debe transparentar la información.

Y otro dato que me parece fundamental, todos esos procesos de certificación empezaron por los mandos superiores y mandos medios. Tenemos también datos de que hay en esa nata mucha corrupción, pero también muchas veces se esconde la información.

Y esta área específica de seguridad pública, que se encarga de certificar, guarda la información a veces por años de los elementos o mandos que no cumplieron con los exámenes de certificación.

Y después son utilizadas también políticamente para ir desacreditando a funcionarios o servidores públicos en los gobiernos que anteriormente o un año antes no pasaron dicho examen y que posteriormente se da a conocer. Creo que esa información debe ser pública, nos ayuda a todos para mejorar.

Y en ello obviamente nosotros como diputados, compañeros, no podemos ser cómplices ni estarles corrigiendo lo que no hicieron a nuestros compañeros gobernadores o presidentes municipales. Debemos de exhortarlos a que cumplan más allá de lo que en un momento dado ellos puedan decir en la parte financiera, revisar cuál es la parte de los recursos que les tocaban y por qué no se aplicaron, tener una reunión de trabajo urgente con el área de finanzas.

Pero tengamos mucho cuidado, compañeros diputados, de estar dando prórrogas y cheques en blanco. Se los digo porque desafortunadamente en este tema tenemos un gran vacío y una gran deuda pendiente con la población, ni hemos logrado tener una policía que está a la altura de las necesidades de la ciudadanía ni hemos logrado erradicar la corrupción de los cuerpos de seguridad en México. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ta bueno. Ábrase el sistema electrónico de votación...

El diputado José Guillermo Anaya Llamas (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Guillermo, tiene usted el uso de la voz.

El diputado José Guillermo Anaya Llamas (desde la curul): Gracias, presidente. Solamente para hacer una precisión de lo que anuncie en mi intervención en le tribuna, que iba a hacer alguna propuesta de modificación a la minuta precisamente para que compareciera el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ante la Cámara de Diputados y ante la Cámara de Senadores.

No encuentro consenso en esta propuesta y –siendo el problema principal y más sensible de los mexicanos la seguridad pública y no poner en riesgo a partir del 3 de enero la entrada en vigor de esta modificación o esta minuta– no haré pues esta propuesta, en virtud de que nos faculta –a las comisiones y como presidente de la Comisión de Seguridad Pública– el artículo 93 de la propia Constitución General de la República el citar a los secretarios del ramo o a los funcionarios a dar cuenta de sus funciones.

Entonces, dicho lo cual, retiro pues la petición de hacer uso de la tribuna y solicitaría, si usted así lo considera conveniente, se pregunte a la asamblea si se somete a votación. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Bueno, está bien. En síntesis retira su propuesta.

Pregunte la Secretaría a la asamblea, si subsiste la propuesta del diputado Monreal y si se acepta a discusión. No la dejó por escrito, pero vamos a preguntar. Vamos a preguntar. Pregunte.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría, señor presidente, por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Ábrase el sistema electrónico de votación, a efecto de votar este artículo transitorio por 10 minutos.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular.

(Votación)

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, en pro 427 votos, 1 en contra, 18 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que reforma el artículo tercero transitorio del decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Honorable asamblea, vamos a proceder a dos declaratorias de publicidad, de tal suerte de estar en condiciones el día de mañana de abordar estos temas: uno tiene que ver con las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y otro con la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Dé cuenta, señor secretario.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los siguientes dictámenes:

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Fomento Cooperativo y Economía Social, con proyecto de decreto que reforma el quinto párrafo del artículo 10 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

Reforma los artículos primero y tercero transitorios del artículo 1o. del decreto por el que se expide la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas.

De la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

De la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2009.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, para regular el procedimiento de la iniciativa preferente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Honorable asamblea. Esta Presidencia informa que el pasado 13 de diciembre se publicó el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa, cumpliéndose así el requisito de publicidad, de conformidad con lo que establecen los artículos 3, numeral 1, fracción V; y 87 del Reglamento de la cámara de Diputados.

El siguiente punto, pues, del orden del día, es la discusión de este dictamen.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz don Julio César Moreno Rivera, a nombre de la comisión, para fundamentar el dictamen.

El diputado Julio César Moreno Rivera: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Compañeros de los medios. A nombre de los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, vengo a fundamentar el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de educación.

En la actualidad en México no existe una política integral que regule la carrera docente. Lo que tenemos son una serie de programas y acciones aisladas, desarticuladas y contradictorias, aun cuando se han institucionalizado como estándares de calidad educativa, ofreciendo indicios sobre las características que debería de cumplir un maestro de educación básica o normal.

Por ello con la reforma en estudio se pretende crear un servicio profesional docente con la finalidad de establecer a nivel nacional las bases del ingreso, promoción y permanencia de los docentes en el servicio educativo.

Por otro lado, agregando una fracción IX al artículo 3o., constitucional, se propone dotar de autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, con lo que se podrá fortalecer la política del Estado y su rectoría en la educación.

Es importante entender que dada la complejidad de los procesos educativos, es pertinente emplear los mecanismos necesarios que permitan obtener una visión lo más completa posible, que ofrezca un fundamento sólido para las decisiones y acciones de mejoramiento que deben de tomar.

Por ello y dadas las tareas tan especializadas y de suma complejidad técnica, se ha decidido encomendar a una instancia autónoma e independiente, todas las tareas de evaluación como sucede en los casos de los Estados Unidos, de Inglaterra, Dinamarca, sólo por citar algunos ejemplos.

Debemos tener presente que la educación, como parte del engranaje social y como un pilar primordial de los valores más esenciales del ser humano, constituye la herramienta de crecimiento de toda nación.

Por ello nuestra Constitución Política consagra a la educación como un derecho humano fundamental y en consecuencia este órgano legislativo tiene la obligación de garantizarlo a todos los mexicanos en un marco de respeto a nuestra Carta Magna y a los tratados internacionales que México ha firmado en la materia, entre los que podemos mencionar: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros.

Es lamentable que en materia educativa nuestro país ocupe el lugar 48 de 63, a nivel mundial y el último lugar a nivel de Latinoamérica de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, México destina el 5.3 por ciento de su producto interno bruto a la educación y a pesar de ello ocupa el lugar 118 de 144 naciones clasificadas por la calidad de su educación primaria.

Asimismo es alarmante que en promedio de cada 100 niños que ingresan a la primaria, sólo la mitad termina su instrucción media superior.

Con los anteriores datos es más que evidente la necesidad de una reforma educativa que eleve la calidad de la educación a fin de superar los bajos índices de preparación y aumentar la productividad y la competitividad económica.

Si queremos transformar a la sociedad, debemos empezar por mejorar la educación, ya que de ésta, al igual que de la ciencia y de la educación tecnológica, dependen cada vez más la productividad y la competitividad económica, así como buena parte del desarrollo social y cultural de las naciones.

En ese sentido el Estado mexicano se encuentra ante la responsabilidad y obligación de establecer los mecanismos idóneos para estructurar una política educativa que transforme el sistema educativo actual, resolviendo y enfrentando los problemas que le aquejan con la finalidad de dar un paso adelante en el desarrollo de la educación.

Más que esperanza, los ciudadanos necesitamos certidumbre de que puede haber un mejor futuro, de que otro México es posible para bien de todos, en especial de nuestros hijos.

Por ello la importancia de la presente reforma con la que se busca establecer las bases constitucionales que permitan consolidar la educación en México para las generaciones futuras.

En concreto, la presente reforma constitucional se refiere en dos fracciones del artículo 3o constitucional, se adiciona el párrafo segundo de la fracción III para establecer las bases para la creación de un servicio profesional docente, con lo que se pretende consolidar la educación pública de calidad. Se fijan los procedimientos y mecanismos objetivos para el ingreso, promoción, permanencia en el servicio educativo a través de un concurso de oposición.

Para facilitar la movilidad en el sistema educativo se incorporan al servicio profesional docente a quienes desempeñen funciones de dirección y supervisión en la educción básica y media superior que imparte el Estado. Se adiciona la fracción IX al artículo 3º de la Carta Magna para transformar el ya existente Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en un organismo público, autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio con la finalidad de alcanzar una plena coordinación entre las autoridades educativas federales y locales.

En este sentido, a este instituto le corresponderá evaluar el desempeño y resultados del sistema educativo nacional desde el nivel preescolar hasta el medio superior. El instituto deberá realizar las siguientes funciones:

Diseñar y realizar las mediciones que corresponden a componentes, procesos o resultados del sistema. Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas del gobierno federal y local para llevar a cabo las funciones de evaluación que le corresponden.

Generar y difundir información y con base en ésta emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social.

Por otra parte, el órgano de dirección del instituto será la junta de gobierno integrada por cinco miembros designados por el Ejecutivo federal, con la aprobación de dos terceras partes del Senado. Los integrantes de la junta de gobierno elegirán entre ellos a su presidente.

Finalmente se adiciona la fracción XXV al artículo 73 de la ley suprema para facultar al Congreso con el propósito de asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad.

Por lo anterior, no se debe seguir postergando la necesidad del Estado de recuperar la rectoría de la educación y la lucha contra los poderes fácticos, pues uno de ellos, importantísimo y de poderío enorme, afecta actualmente la vida nacional de una manera significativa.

Compañeras, compañeros diputados, los exhorto a apoyar esta reforma. De lo contrario, dejaremos de contribuir a la solución de un problema que aqueja a la ciudadanía y al desarrollo nacional.

Es el momento de enfrentar los retos. Estamos aquí por la voluntad ciudadana –a ella nos debemos– a fin de lograr un México mejor. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Honorable asamblea, la ley permite sólo una moción suspensiva, una, y está registrada en tiempo y forma la de don Ricardo Mejía.

Sin embargo, esta Presidencia ha practicado el criterio de permitir que se presente más de una, la de don Manuel Huerta Ladrón de Guevara también se va a presentar, sólo que habrá una sola votación. Tiene el uso de la palabra don Ricardo Mejía.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su permiso, compañero presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, vengo a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento de esta Cámara, a presentar moción suspensiva respecto del dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de la República en materia de salud, reformas al artículo 3o. y al artículo 73.

Ya en un voto particular en la Comisión de Puntos Constitucionales planteamos todas las violaciones de procedimiento que se vinieron generando desde el día 11 de diciembre en que el Ejecutivo federal presentó esta iniciativa.

No había todavía terminado de llegar la iniciativa cuando ya se cometían violaciones, la primera fue que se convocó a reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales por correo electrónico, no como lo mandata el propio Reglamento de la Cámara.

De esta manera se vinieron generando una serie de violaciones, el propio día 13 en plena sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales, el Presidente de la Mesa Directiva ya estaba dando cuenta de que se iba a proceder a la declaratoria de publicidad.

Nos parece, entonces, que en aras de privilegiar el impacto mediático de esta reforma, se han atropellado las formas y la legalidad implícita en todo proceso legislativo. Estamos en contra de esta reforma educativa, pero estamos a favor de una reforma a la educación de fondo, genuina, sin cortapisas y sin atender presiones de grupos de interés.

El modelo autoritario vía fast track que se ha ido imponiendo en esta Cámara, tiene como finalidad hacer del parlamento un espacio ajeno a la deliberación pública. Con este esquema se busca sorprender a la ciudadanía con leyes contrarias al interés público y que la población no tenga oportunidad de valorar con tiempo suficiente los pros y los contras de estos temas.

A fuerza de propaganda y autoritarismo, con una prisa digna de mejores causas, le imponen decisiones preconcebidas. Se presentan reformas regresivas o francamente mediocres como ésta, como las grades reformas. En cambio las iniciativas que le interesan al pueblo son congeladas y duermen el sueño de los justos.

Esta manera de legislar por fast track tiene como propósito anular la conciencia social y que no se conozca a plenitud el contenido nocivo de los proyectos que se están imponiendo. Hay quienes se conforman con cambios muy menores a las iniciativas y claudican de su función constitucional para hacer reverencias a cualquier proyecto que venga del Ejecutivo.

Ante un Ejecutivo impuesto al que los miles de millones de pesos no le han dado legitimidad, se presentan estas reformas como transformaciones de gran calado, cuando no son sino una mala caricatura de las grandes soluciones que pide la ciudadanía. No se abren espacios de consulta ciudadana e iniciativas similares de reforma educativa no se acumularon para dictaminarse conjuntamente.

Es la autocracia parlamentaria y el regreso a los tiempos del presidencialismo más extremo, el sí, señor presidente, ¿qué horas son?, las que usted quiera, señor presidente; ¿qué iniciativas?, las que usted disponga, señor presidente.

En Movimiento Ciudadano tenemos muy claro nuestro compromiso con los 16 millones de ciudadanos que votaron por un cambio verdadero, no vamos a claudicar, no vamos a facilitar el camino para que se anule el Poder Legislativo. No vamos a sumarnos a la construcción de unanimidades ficticias que no responden al México real.

Rechazamos un pactismo claudicante, no caeremos en la ingenuidad ni en la complicidad de darle un cheque en blanco al gobierno impuesto, para que con fotos y propaganda limpie el antecedente de haber comprado la Presidencia.

No es el regateo o el intercambio de concesiones lo que defendemos, sino la posibilidad de construir una auténtica transformación del país. Debemos construir las leyes que la sociedad demanda, pero desde el Congreso, en los ritmos y en los tiempos del parlamento y no en la agenda simulada de los poderes fácticos, que por cierto por eso se ha estado retardando, porque han estado en el cabildeo con la dirigente del SENTE, al que no le gusta esta reforma.

Concluyo, presidente. Todos los autócratas desprecian los parlamentos, en ocasiones los queman; otras veces persiguen a los legisladores llegando incluso al asesinato, como aconteció con Belisario Domínguez. Ahora simplemente anulan la capacidad de debatir y le imponen leyes. En una semana una reforma constitucional en un tema de gran trascendencia para millones de mexicanos.

Señoras y señores legisladores del PRI y del PAN y sus aliados, rescatemos la dignidad del Congreso, hay tiempo para ello, que se regrese el dictamen a la Comisión, que se abran foros y que se construya una gran reforma. Creemos que es tiempo de que hagamos una verdadera reforma educativa y no esta caricatura.

Por lo anterior, pedimos que se someta a consideración esta moción suspensiva.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Manuel Huerta Ladrón de Guevara tiene el uso de la voz. Sí, diputado Rangel, ¿con qué objeto?

El diputado José Rangel Espinosa (desde la curul): Para que por favor le pregunte al orador Mejía, si acepta una pregunta.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: No procede, señor, porque estamos en la presentación de una moción suspensiva, y usted mejor que yo sabe que no procede. Qué pena me da decírselo, pero así es. Don Manuel Huerta.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: En principio, se agradece a la Presidencia, en efecto, que nos deje plantear nuestra moción, aunque sí la metimos en tiempo y forma, y sobre todo, en forma y es lo que nos da derecho a plantearla.

Hemos argumentado jurídicamente por qué no debe de proceder ahora esta discusión, y es a lo que me voy a concretar en esta parte del debate que estaremos dando, seguramente infructuosamente, porque difícilmente alguno de los distinguidos diputados priistas se subirá a argumentar en tribuna, solamente traen la práctica del golpeteo de los porros que ululan por aquí.

Miren, el 10 de diciembre de 2012, el presidente de la república presenta ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación.

El 11 de diciembre el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turna, como ustedes saben, a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de las Comisiones de Educación Pública y de la de Equidad y Género.

El 13 de diciembre como milagro guadalupano se publica ya en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados la declaratoria de publicidad de dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones, que estamos debatiendo el día de hoy.

Por lo tanto, ustedes están violentando el principio de legalidad o primacía de la ley si no rectificamos esto. Este principio determina que todo ejercicio del poder público deberá estar sometido a la voluntad de la ley y de su jurisdicción, y no a la voluntad de las personas.

Compañeros diputados y diputadas, ustedes protestaron guardar y cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan. El martes 11 de diciembre de este año -ya dijimos- se dio cuenta, por el presidente de la Mesa Directiva, a este pleno, de la presentación de la iniciativa de reforma en materia de educación. Y ya dijimos adónde se remitió para opinión.

Después del trámite en turno, ya dijimos que el 13 se publica en la Gaceta Parlamentaria, así como en la opinión de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos; administrativo, político y social fue la opinión.

Y bastaron sólo dos días, escúchese bien, dos días, para que la Comisión de Puntos Constitucionales aprobara e hiciera público el dictamen del proyecto de la reforma. Esta celeridad legislativa impide obviamente una revisión objetiva de la propuesta del Poder Ejecutivo federal por encima de la legalidad con la que debe de actuar este Poder Legislativo, más aún cuando dicha propuesta afectará la relación laboral y condiciones de trabajo de maestros del sistema de educación básica, puesto que uno de los propósitos fundamentales de la reforma al artículo 3, fracción III constitucional, es la de establecer nuevas bases para ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio educativo.

Esto es, se cambiarán las condiciones de trabajo de los trabajadores de la educación.

En el dictamen que se presenta se propone la reforma al artículo 3, fracción III, por lo cual se determina que el ingreso al servicio docente y a la promoción a cargos con funciones de dirección o supervisión en la educación básica y media superior que imparte el Estado, se realice mediante concurso de oposición que garantice idónea idea de los conocimientos y capacidades que correspondan.

Que la ley reglamentaria fijará los criterios de evaluación y los términos para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio, bajo los principios de igualdad y transparencia.

Lo anterior significa establecer requisitos y condiciones en las que se desarrolla la relación laboral de los trabajadores de la educación con el Ejecutivo federal y los gobiernos de los estados. Siendo que el artículo 123 constitucional, en su apartado B se establecen las bases que regulan las relaciones laborales entre los Podres de la Unión, el gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores. Base que se reglamenta en la Ley Federal de los Trabajadores, así como los contratos de trabajo correspondientes, situación jurídica que no se explica en la iniciativa ni en el dictamen que se presenta.

También han violentado el artículo 72 constitucional, que determina que todo proyecto o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas. Y todo lo que reglamenta el 85, el 155, el 162, el 166, 177, 178 y 179.

Y además, de acuerdo al artículo 18, párrafo IV de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se determina, culmino, que el Ejecutivo federal realizará una evaluación del impacto presupuestario. Sobre el particular, junto con la iniciativa mandan dos pequeños oficios para cubrir las formas, pero en ninguna manera esa justificación da la información básica para determinar el costo real de la propuesta de reforma.

Y por último, por otra parte, en el artículo 85 de esta Cámara se dispone que el dictamen deberá contener, entre otros, valoración del impacto presupuestal regulatorio u otro, valoración que se omite y que es necesaria si se atiende al objeto de la reforma, al pretender un sistema de ingreso, promoción, reconocimiento al servicio educativo.

Por tanto, la creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, la creación del Sistema de Información y Gestión Educativa y el consecuente censo de escuelas, maestros y alumnos, derivan de las disposiciones transitorias del decreto.

Por eso estamos pidiendo que se suspenda la discusión en lo general, del dictamen, con el objeto de regularizar el procedimiento de dictamen y fundar y motivar adecuadamente el mismo.

Esperaríamos que ocurriera un milagro navideño y que repusiéramos este procedimiento, pero tenemos severas dudas, porque de los 2 días a la fecha, 8 días después, no han querido debatir, como no lo van a querer debatir, porque ya viene la consigna, viene la línea de lo que quieren aprobar, y seguramente, imponerle, pues no le podríamos hablar a esto ni de una reforma sino de una composición a la ley constitucional, que seguramente no obedece a los anhelos del pueblo de tener una gestión integral de una reforma educativa y no lo que ustedes aquí, tramposamente, propagandísticamente van a querer realizar. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admiten a discusión las dos mociones suspensivas.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se pregunta si se toman en consideración inmediatamente para su discusión, las dos mociones suspensivas. Los naciones diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría, presidente, por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz doña Dora María Guadalupe Talamante Lemas para fijar posición.

La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, las reformas deben construirse para actualizar las normas a fin de atender las necesidades reales del país, adicionalmente deben contribuir a consolidar los regímenes democráticos siempre y cuando en su proceso se generen dinámicas de cooperación y colaboración en un marco de pluralidad y libertad.

La participación responsable de los actores involucrados en dicho proceso contribuye a la construcción de acuerdos políticos que permiten atender los asuntos fundamentales de la agenda política nacional. La reforma toma mayor relevancia cuando se trata de un tema primordial para el desarrollo del país, como es la educativa.

Señoras legisladoras y señores legisladores, hoy es un día crucial para la nación, porque la decisión que se tome en esta soberanía dependerá el futuro de la educación de nuestro país. Hoy definiremos la dirección de nuestro sistema educativo nacional y sobre todo el compromiso que asumimos con la educación pública.

El México del mañana deberá ser fundamentalmente diferente del que conocemos en la actualidad, por eso debemos trabajar juntos para construirlo. En esta evolución transformadora la educación es la fuerza del futuro, ya que constituye uno de los instrumentos más poderosos para realizar un cambio que anhelamos.

Para Nueva Alianza esta reforma educativa debe garantizar lo establecido en el 3o. constitucional, así como también debe impulsar una política de Estado para que las mexicanas y los mexicanos accedan a una educación de calidad con equidad y pertinencia, como condiciones imprescindibles para atestiguar el auténtico crecimiento de nuestra nación.

Partidos políticos, actores sociales, medios de comunicación y la ciudadanía en general debemos darle la importancia que implica tener una política educativa que les dé a nuestros hijos los elementos fundamentales para su desarrollo integral, con miras a formarlos como ciudadanos y como seres humanos dignos, y responsables de su entorno y con el país.

Es por ello que todas las reformas en este rubro deben hacerse pensando en los principales actores que le dan su razón de ser, nuestras niñas, niños y jóvenes, porque es un derecho humano reconocido, y es nuestra responsabilidad garantizar su aplicación.

No podemos soslayar la importancia que tiene el magisterio en la formación de la niñez mexicana. Por ello debemos diseñar mejores estrategias para su formación, actualización y profesionalización docente e innovar los procesos de enseñanza-aprendizaje utilizando las herramientas tecnológicas de la sociedad del conocimiento.

Por esta razón nadie en su sano juicio debe estar en contra de transformar, modernizar y, desde luego, beneficiar el sistema educativo nacional. Por el contrario, es una gran oportunidad de voltear a ver las múltiples carencias que existen, solo una visión parcial y con prejuicios podría considerar únicamente una parte del sistema y no el todo de sus componentes.

La propuesta de reforma que se envía a esta Cámara surge en un concepto esencial, que sin duda Nueva Alianza comparte: La calidad de la educación. Y como lo apunta la reforma en su exposición de motivos, la calidad de los procesos educativos requiere de los esfuerzos a los que están obligados sus actores.

En este sentido, vemos con beneplácito la iniciativa del Ejecutivo federal de brindar una educación de calidad a partir de la profesionalización docente, la participación social y de establecer esquemas en materia de transparencia y rendición de cuentas.

El dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales contiene aspectos positivos que conllevan a una transformación del sistema educativo, una transformación en donde se articulan las bases de un Servicio Profesional de Carrera Docente. No hace falta la verdad al señalar, que ésta ha sido una demanda que las maestras y los maestros han planteado desde hace muchos años.

Como ha quedado de manifiesto, nuestro compromiso es con México. Nuestro compromiso irrestricto es con la calidad educativa, con el mejoramiento del sistema educativo nacional en todos sus componentes, en la educación básica, en la educación media y en la superior.

En Nueva Alianza compartimos el espíritu que impulsa a la reforma, el de elevar la calidad de la educación, el de mejorar la profesionalización docente, el de ser transparentes y rendir cuentas. Para nosotros la educación pública está más allá de disputas mezquinas y revanchismos políticos.

El verdadero significado de esta reforma debe ser el fortalecimiento de la escuela pública, porque solo de esa forma estaremos en el sendero de la justicia del siglo XXI.

Con esta reforma, la educación en México puede estar en una nueva etapa de modernización, aun en aspectos inherentes a la calidad; mas aún cuando estos se incorporan al texto constitucional, lo que permitirá avanzar en la construcción de una verdadera política de Estado y no por ocurrencias sexenales.

Hoy es un momento de sumar voluntades, de mirar más allá de nuestros posicionamientos políticos e ideológicos. La educación es un bien público que requiere la decisión con visión de largo plazo.

Señoras y señores legisladores, seamos claros, necesitamos de convicción política a votar a favor de la educación, en un servicio profesional docente para que sean los mejores que ingresen al sistema educativo nacional.

Para nosotros no hay duda, apoyaremos la evaluación, porque de sus resultados podrán diseñarse programas para fortalecer el sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional del magisterio. Mejorar la práctica docente debe ser el propósito fundamental del sistema de evaluación.

La evaluación educativa es la piedra angular de la reforma de tercera generación en la materia, es un factor que contribuye a mejorar la calidad de la educación, pero digámoslo claramente: la evaluación en sí misma no es el fin.

También respaldamos las escuelas de tiempo completo, porque son la opción de ampliar las oportunidades de aprendizaje y el desarrollo integral de los alumnos. No pueden ser consideradas como una simple guardería que nos ayude a cuidar de ellos mientras trabajamos.

Fortalecer la escuela de tiempo completo permitirá que nuestras niñas y niños reciban una formación integral, al mismo tiempo pueden alimentarse de manera nutritiva cuidando que su dieta sea acorde a los valores nutricionales necesarios.

Estamos a favor que el INEGI recabe información censal sobre las escuelas, alumnos y profesores, pero también debe detectar problemáticas hasta hoy supuestas. En ese sentido requerimos ampliar el propósito censal para conocer información acerca de los centros educativos, infraestructura, estructura operativa, técnica pedagógica administrativa formal e informal, equipamiento, materiales educativos, costos de operación y plantilla no docente.

No podemos aspirar a una verdadera reforma educativa si miles de niños y niñas asisten a la escuela sin agua, luz o drenaje; o si les negamos el derecho a la alimentación, como lo establece el artículo 4o. de nuestra Carta Magna.

Consideramos positivo que se establezca la obligación de realizar las adecuaciones jurídicas para fortalecer la autonomía de las escuelas para mejorar su infraestructura, hacer más eficiente operación y abrir los espacios de participación a la comunidad escolar incluyendo a los alumnos, maestros y padres de familia.

¿Quién puede estar en contra de que las escuelas se conviertan en el centro del sistema educativo?

Compañeras y compañeros diputados, quienes integramos el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos de que existe un bien mayor que es la educación, una causa que está por encima de consideraciones particulares o políticas.

Por esta razón las diputadas y los diputados de Nueva Alianza votaremos el presente dictamen a favor en lo general de la iniciativa de la reforma educativa.

Para Nueva Alianza la defensa de la educación, la defensa del Magisterio y la defensa de la niñez mexicana serán causa, bandera, motivo de lucha, porque no podemos poner en juego el futuro de México. Muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputada. Por el Partido del Trabajo en el uso de la voz el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, hasta por 10 minutos.

El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo tiene un particular interés en el fortalecimiento del Sistema Educativo Nacional en todos los niveles.

En nuestra opinión la mejor inversión pública que se puede hacer con los recursos del erario, es en la educación, puesto que eso nos permitirá contar con los humanistas, profesionistas en diversas disciplinas del conocimiento y técnicos que permitan consolidar el desarrollo nacional y atemperar las graves desigualdades que vive el país.

Por ello vemos con beneplácito la reforma que al artículo 3o., constitucional se plantea en el presente dictamen que nos presenta la Comisión de Puntos Constitucionales.

No soslayamos que en el proceso de consolidación de nuestro sistema educativo se cruzan y entrecruzan múltiples intereses, muchos de ellos legítimos como los de los compañeros maestros que aspiran a un mejor salario por el desempeño que frente a sus alumnos tienen aun con las graves insuficiencias que en infinidad de escuelas se padecen.

El legítimo interés de los padres de familia porque sus hijos accedan a una educación pública de calidad que les permita la adquisición de conocimientos para transformar su realidad y el entorno social en que viven.

El interés de jóvenes estudiantes por formarse adecuadamente y que esto les permita acceder a mejores y remunerados empleos.

Intereses negativos como la venta de plazas y la infinidad de licencias sindicales para fines político partidistas que no tienen sustento ético alguno. Por eso esta reforma es importante.

Pero quiero dejar bien asentado que no debe responder a los intereses de los poderes fácticos, sino a los intereses de la sociedad mexicana, de los verdaderos agentes educativos que son los maestros, a los que no permitimos que se les denueste como lo hacen los poderes fácticos y principalmente Televisa.

La reforma a la fracción III del artículo 3o., es vital en tanto que establece la obligatoriedad de los concursos de oposición para ingresar al servicio docente, así como para las promociones correspondientes.

Es necesario superar la etapa en la que el ingreso y la promoción de los docentes se dan por favoritismo y apoyo político y no en reconocimiento a la capacidad que los maestros acrediten en el servicio.

Tenemos que ser vigilantes de que en los exámenes que se practiquen no haya favoritismos políticos, no pagos de favores, y si así fuera entonces el remedio que pretendemos aprobar hoy saldrá peor que la enfermedad.

Sobre este particular, nuestro Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo considera que también la educación inicial tiene que ser materia de evaluación permanente y sistemática porque la educación inicial es muy importante.

Por qué el desarrollo de los países nórdicos, por qué Finlandia es primer lugar en educación. Porque le apuesta más a la educación inicial, y eso lo debemos hacer en México.

Estamos a favor del contenido de la fracción IX, en donde una de las políticas públicas más importantes del gobierno, como lo es la evaluación del sistema educativo, sea realizada por un órgano constitucional autónomo, que será el Instituto Nacional de la Evaluación Educativa.

La creación de este instituto constituye un avance respecto a lo que actualmente se tiene en la evaluación y que se contiene en el decreto del Ejecutivo federal que creó el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa del 16 de mayo del 2012, en donde se establecen amplísimas facultades a favor del Ejecutivo federal.

Con esta reforma y con las que en su oportunidad se hagan a la ley correspondiente, la actuación del órgano constitucional autónomo deberá ser más transparente y sus resultados evaluados de manera continua por la sociedad. La sociedad en su conjunto tendrá que ser cuidadosa de que las personas que sean designadas por el Senado de la república para integrar este órgano sean especialistas en materia educativa y no amigos y menos comparsas de quienes ocupan el gobierno actual.

En esta reforma se plantea una modificación al artículo 3o en su fracción XXV para establecer como facultad del Congreso de la Unión legislar para asegurar el comportamiento de los fines de la educación y su mejora continua.

Coincidimos en el contenido del transitorio quinto para que el Inegi realice durante 2013 un censo de escuelas, maestros y alumnos que permita el diagnóstico real cuantitativo del sistema educativo nacional. Pero a esto hay que agregar un diagnóstico preciso de cómo se encuentra la infraestructura y el equipamiento correspondiente.

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo se pronuncia a favor del fortalecimiento de la educación básica, media superior y superior con los imprescindibles apoyos presupuestales que se requieran.

Pero no podemos pasar por alto que el sistema educativo nacional debe ser fortalecido desde su célula constitutiva y esto es la educación inicial consistente en el fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil.

Apoyamos también el contenido del transitorio quinto, fracción III, inciso c), en donde se establece la facultad del Congreso de la Unión para prohibir los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos.

Los estudiantes, hasta donde esto sea posible, deben tener una alimentación rica en nutrientes que les permitan fortalecer su capacidad de aprendizaje. El consumo de alimentos con alto contenido calórico medicamente se ha acreditado, inciden en múltiples enfermedades que impiden un adecuado desarrollo de nuestros estudiantes.

Compañeras y compañeros legisladores, por estas consideraciones nuestro grupo parlamentario votará en lo general a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Muchas gracias, diputado. Por el Partido de Movimiento Ciudadano, en el uso de la voz, el diputado Ricardo Monreal Ávila, hasta por diez minutos.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadana presidenta, ciudadanos legisladores, legisladoras, he sostenido que la mayoría de las reformas propuestas son acompañadas por un carácter efectista, engañoso, y esta propuesta que estamos discutiendo tiene características que se asemejan a esta descripción.

La ausencia de los actores más importantes en esta discusión, los maestros, me refiero a los maestros que están frente al aula, todos ellos están ausentes. Y en efecto, he estimado y considero que es tan indispensable como inaplazable e indiscutible una reforma educativa integral en nuestro país.

Pero también considero indispensable e ineludible que tenga que consultarse a los maestros, a las maestras del país, que ahora están ausentes y que no hemos escuchado su opinión.

Por eso consideramos que se trata de una reforma excluyente, porque no están ellos presentes. Pero también consideramos que se trata de una propuesta insuficiente, porque no es una reforma de hondo calado. Y también sostenemos que es una propuesta incompleta, porque a nosotros nos hubiera gustado contuviera elementos mayores para poderle dar certeza al país en el rumbo de la educación en México.

Yo recuerdo hace unas dos décadas, me quedó muy grabado en un debate en Inglaterra, de los candidatos a primer ministro, por el Partido Laborista Socialdemócrata, Tony Blair; en el debate le preguntaron, un debate muy intenso, extraordinario, cuáles eran sus tres prioridades, le preguntaron a Blair si el pueblo lo elegía. Blair dijo; educación, educación, educación. Hace 20 años.

Nuestro país en el discurso ha dicho que es una prioridad, pero en los hechos no es una prioridad, no ha sido una prioridad y lo que hemos hecho con las prácticas políticas, se construyó un imperio de intereses ajenos a la educación, pero que manejan la educación.

En ninguna parte del mundo un sindicato maneja obras, en ninguna parte del mundo un sindicato es quien pone a los directores y a los secretarios de educación. En ninguna parte del mundo tiene negocios, en ninguna parte del mundo tiene y pone secretarios, directores y parte de la administración pública. En ninguna parte del mundo tiene los millones que tienen estos imperios sindicales, y eso no se toca.

Por eso nosotros sostenemos que es un acuerdo, es un acuerdo que intenta darle un coscorrón a la cúpula sindical, pero que le dice: te voy a dejar transitar, te dejo con vida. Porque ésas son las viejas consignas del viejo sistema, el sistema más arcaico que ahora estamos viendo restaurar.

Nosotros sí consideramos en Movimiento Ciudadano, que es necesario cambiar de fondo la dinámica que sigue el sistema educativo mexicano, más aún si tomamos en cuenta que existe un consenso generalizado tácito, entre todos los sectores sociales que reconoce plenamente que el tema educativo tiene el carácter de prioritario.

La educación en esta era, que muchos le llaman la modernidad y postmodernidad, en el contexto de esta dominancia del subsistema económico en un mundo sin duda globalizado, constituye el eje principal del progreso del país. La educación constituye el motor del desarrollo, el transitor de las energías y presiones sociales, y el principal medio de ascenso social; el de la movilidad en la sociedad.

Hoy en día nadie puede negar que la educación en México está envuelta en múltiples problemas, que derivan entre otras cosas los niveles bajos de aprovechamiento escolar; altos índices de deserción escolar, sobre todo, en niveles básicos; desinterés de alumnos, padres y maestros por generar una dinámica educativa competitiva, integral y de calidad, rodeado de pésimos antecedentes, rodeado de pésima alimentación chatarra, que no logramos eliminar, sólo prohibir, que ya está prohibido al interior del plantel, pero en el perímetro no logramos prohibir la comida chatarra, que está generando estragos en la salud pública del país, porque son grandes los intereses, millonarios los intereses que prohíben y no permiten avanzar en esta materia.

Para darnos una imagen, que estoy seguro que mucho de ustedes, maestros o académicos o estudiosos de la materia lo saben, estamos enfrentando un grave problema. Los datos de la Organización Mundial del Comercio, la OCDE, en el informe del 2012, hace unos días, de los 34 países y de la Unión Europea que la integran, México ocupa, señores diputados, el último lugar en la expectativa de graduación de bachillerato.

Es una vergüenza, pero además 47 de cada 100 alumnos que ingresan no logran terminar sus estudios en este nivel. Ocupamos el último lugar de gasto por alumno. El penúltimo lugar en la tasa de graduación a nivel superior, donde 2 de cada 10 personas inician sus estudios, 2, y sólo concluyen 2 de 10, es decir, 8 frustran sus estudios universitarios y nos situamos en el décimo lugar en cuanto a tasas de desempleados con educación universitaria.

Y por si no fuera poco, tenemos que lidiar con una cúpula sindical, no hablo de los maestros que están frente a grupo, que absorbe una enorme cantidad de recursos del erario sin mostrar actitudes de transparencia, democracia ni mucho menos compromiso con la educación.

Por eso, nosotros consideramos que las reformas presentadas en estos dos artículos de la Constitución son insuficientes, insistimos en que son incompletas y de que se trata de un intento tenue, tomando en consideración la magnitud de los daños causados a nuestra generación, pero sobre todo al país y al futuro del país.

Sostenemos –es insuficiente siempre el tiempo, voy a tratar de ajustarme al tiempo- que en el artículo 3o. constitucional, el contenido de las reformas propuestas a este artículo contienen sesgos importantes. Si bien se pretende establecer un sistema de evaluación al personal docente para depurar al magisterio, se deja de lado el rubro de la permanencia.

Este es un tema que se ha discutido al interior de las bancadas, pero no todos los diputados estamos metidos en el significado y la connotación del término permanencia.

Se acote el objeto del instituto únicamente a la evaluación preescolar, primaria, secundaria y media superior, dejando de lado la evaluación a instituciones de educación superior, y sobre todo, educación superior privada de escuelas que les denominamos o les denominan la sociedad, patito.

El diseño orgánico del instituto propuesto contraría la doctrina jurídica constitucional, puesto que el proceso de selección y la designación de sus miembros no garantiza la plena autonomía. Excluye la visión de respeto a los derechos humanos.

El artículo 73 constitucional en el dictamen se propone otorgar mayores facultades al Congreso en materia educativa, sin embargo, se desaprovecha la oportunidad para considerar dentro de los fines de la educación el reconocimiento de carácter multiétnico y pluricultural de la nación. Asimismo, se deja de lado la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas.

El segundo transitorio también establece algunas precisiones que vamos a discutir en lo particular. Pero, ¿saben? Un problema que me preocupa en el fondo, y que yo sé que hay diputados que son federalistas, es que se atenta contra el federalismo.

Con esta reforma le vas a quitar a los estados facultades que ya le habías otorgado, con aquellos tímidos convenios de descentralización educativa. Y que ahora los gobernadores dicen, te la regreso pero no por los propósitos federalistas sino porque se gastan la lana o el dinero y no les alcanza a pagar a los maestros.

Y quieren soltar la papa caliente, pero es un problema no de recursos sino de visión de país. Federalismo. Le restas facultades al Congreso y le otorgas facultades al centro, a la federación. Le restas facultades a los estados y los gobernadores con tal de sacudirse los problemas económicos de la educación dicen sí, quédate con ello, haz todo lo que quieras y por unanimidad votan lo que ellos no deben votar, porque depende de este Congreso, depende de nosotros. Por esa razón les pido reflexionen.

Hay temas importantes también dentro de la reforma, no lo niego, incluso, podría decirles que es un esfuerzo de los últimos años que intenta poner orden, pero para mí insuficiente, incompleto y tímido. Eso es cuanto, presidente. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Por el Partido Verde Ecologista de México, en el uso de la voz la diputada Ruth Zavaleta Salgado.

La diputada Ruth Zavaleta Salgado: Con su venia, señora presidenta, con su permiso, honorable asamblea. Se equivocaron, se equivocaron aquellos que predijeron que este nuevo gobierno iba a fracasar desde el principio. Se equivocaron y se van a seguir equivocando. Aun con sus discursos radicales aquí se van a seguir equivocando, porque con esta reforma este Congreso de la Unión está haciendo un pacto de trabajo con el gobierno federal para trabajar en conjunto y para comenzar con esa política pública de Estado que los mexicanos desean que se haga realidad en cada uno de los temas que este Poder Legislativo tiene que aprobar.

Esta reforma es revolucionaria, porque no hay nada más transformador que mejorar la cuestión educativa. Cuando nos preguntaron, a la entrada de este recinto el primer día de la diputación, ¿cuál sería la única reforma que votaríamos como diputados si solamente tuviéramos oportunidad de votar una reforma? La respuesta de la mayoría de nosotros fue la educativa, porque solamente la reforma educativa nos permite tener ciudadanos libres que no se dejen llevar por discursos manipuladores en esta tribuna.

Solamente una educación de calidad nos va a permitir ser libres de pensamiento y ejercer nuestros derechos plenos como ciudadanos. Por eso no hay nada más radical y revolucionario que lo que estamos haciendo el día de hoy los legisladores. Y no es una bandera solamente de la izquierda, es una bandera de todo este Congreso de la Unión.

Compañeras y compañeros, tampoco es una reforma impuesta, es una farsa quien diga que es una reforma impuesta, porque es un reforma que surge de un pacto, Pacto por México, que firmaron todos los partidos políticos, que firmó también el PRD, que firmó también el PRI, el PAN, y que no lo firmaron algunos porque no fueron invitados. Pero realmente esta reforma se presenta como producto de ese pacto, Pacto por México, que estaban esperando los ciudadanos de este país.

Por eso, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, también tenemos que reconocer que la Comisión de Puntos Constitucionales –y al frente su presidente de la comisión, del PRD por cierto– hizo un buen trabajo. Y queremos felicitarle desde aquí, compañero presidente, compañeros integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Pero también quiero hacer un reconocimiento a aquellos compañeros –que se ríen de que es compañero del equipo, pues por supuesto que por eso que también lo felicito, porque nos educamos bien en ese equipo– que aún sin ser parte de la Comisión de Puntos Constitucionales cumplen una función fundamental en este Congreso de la Unión, y es la función de construir los acuerdos para que salgan los dictámenes, para que nosotros podamos votar prácticamente en consenso este tipo de reformas, me refiero en especial a los líderes parlamentarios, por supuesto.

Pero a otros compañeros, que también por respeto a todos los que han participado en estos acuerdos no los voy a mencionar, porque no podría mencionar a todos los que han estado en las mesas, pero que han hecho posible que estemos hoy en esta tarde festejando este gran día para México y para los mexicanos. No solamente para el Congreso de la Unión, para todos los mexicanos de nuestro país. Éste es un gran día, el día en que comenzamos a aplicar políticas públicas para transformar este país y para verdaderamente combatir la desigualdad social y la pobreza.

Porque eso es lo que están esperando los ciudadanos, eso es lo que queríamos construir con la alternativa, eso queríamos construir con programas que pudieran tener la mayoría y los consensos de un Congreso plural, que para ello pensábamos hubiera construido más democracia precisamente porque aquí confluyeran todos los acuerdos de los diferentes puntos de vista de los diputados y diputadas que aquí discutimos para construir las leyes.

Pero queremos aclarar las cosas. No basta cambiar las leyes. Por eso en las próximas horas también les vamos a demostrar que somos federalistas, que vamos a votar por un presupuesto para que los estados de la República verdaderamente se integren a este acuerdo federal.

Por supuesto que no nos olvidamos y no nos confundimos, somos federalistas y vamos a luchar para que el presupuesto de cada estado de la República sea justo para combatir verdaderamente la desigualdad social a partir de implementar todo lo que sea necesario para que las escuelas de nuestro país tengan la infraestructura y para que toda la política pública de educación sea eso, una política de Estado y que nos sintamos orgullosos los legisladores de haberla votado aquí y además de haberla apoyado con los recursos que requiere. Eso vamos a hacer también en las próximas horas. No se nos va a olvidar.

Compañeras y compañeros, quiero decirles que esta reforma es una reforma que para mí es la reforma de la reconciliación, porque es la reforma que nos exige también que volvamos a dignificar el papel de aquellos que educan a nuestros hijos. Basta de buscar culpables en los maestros. Somos responsables todos. Somos responsables los gobiernos. Somos responsables los ciudadanos, pero sobre todo somos responsables los legisladores de darles las herramientas y los instrumentos a los maestros para volver a dignificar su trabajo.

No es justo estar ninguneándolos, cuando ellos son los que educan a nuestros hijos. Nuestros hijos merecen tener respeto, y el respeto se lo estamos brindando el día de hoy; no solamente a los hijos de los legisladores, sino de todo el pueblo mexicano; brindando la oportunidad de tener herramientas que dignifiquen el trabajo de los maestros y que podamos nosotros decir que vamos construyendo el camino para que estos hijos, estos jóvenes que van a ser el futuro de México, vuelvan a tener el liderazgo de nuestro país, no solamente en la región.

Por qué no aspirar que nuestros hijos con esta educación de calidad tengan la posibilidad de liderazgo universal. Estamos en un mundo globalizado en donde aspiramos que nuestros hijos, que nuestros ciudadanos sean los líderes del mundo. Por qué no aspirarlo. Se vale soñar. Se vale construir.

Y este Congreso de la Unión, el día de hoy está construyendo eso, que no solamente aspiramos nosotros; eso que aspiran todos los ciudadanos. La educación es la única herramienta que va a combatir la violencia, que va a combatir la inseguridad, pero también la educación es la única herramienta que nos permite ser libres de pensamientos; que nos permite venir aquí a este Congreso de la Unión a dar un debate y una discusión de altura.

Pongámonos la camiseta de diputados mexicanos; que nos sintamos orgullosos de venirnos a sentar aquí y votar y hacer lo que nos corresponde hacer. Un trabajo digno para todos los mexicanos y mexicanas de este país.

Es cuanto, presidenta; y la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista va a votar a favor de esta propuesta por todo esto que he mencionado aquí y por muchas cosas que me faltaron decir. Muchas gracias, compañeros.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, a usted, diputada. Por el Partido de la Revolución Democrática, en el uso de la voz el diputado Jorge Federico de la Vega Membrillo, hasta por 10 minutos.

El diputado Jorge Federico de la Vega Membrillo: Gracias, señora presidenta. Compañeras diputadas, compañeros diputados. La reforma constitucional en materia de educación que hoy nos tiene llamando nuestra atención no es una reforma nada menor.

Es una reforma de fondo. Es una reforma que va encaminada no sólo a mejorar la calidad de nuestra educación, sino que es un paso certero para que el Estado retome la rectoría en esta materia.

Invitamos, convocamos a cada una y cada uno de ustedes, a una reflexión, a que miremos que lo que hoy se está planteando en este salón de sesiones, debe ponderarse con la consideración histórica a la que obedece.

Decíamos hace un momento, no es nada menor elevar a principio constitucional el concurso de oposición para la promoción, la permanencia y desde luego, el ingreso de los docentes al servicio en nuestro sistema educativo.

No es nada menor el elevar a principio constitucional la autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Y algo muy importante, que quienes van a integrar la Junta de Gobierno, han de tomar la decisión de quién los va a presidir. Eso es fundamental y es un elemento que nos muestra que la iniciativa original ha sido susceptible de modificaciones, porque se planteaba que era el Ejecutivo federal quien iba a realizar este nombramiento.

Adicionalmente, es importante el que en este decreto se prevé la creación de un "sistema de información y gestión educativa" que incluye un centro de escuelas, maestros y alumnos, necesario, importante; es una exigencia para que podamos plantear y dirigir una estrategia de evaluación y de esa manera garantizar la calidad de la educación.

Establecer la gestión de las escuelas, así como que también se instale a la escuela de tiempo completo con suministros nutritivos, al igual que lo anterior tiene esto un gran significado. Pero también es fundamental –y eso debemos tenerlo presente– que a ello se suma la garantía del respeto a los derechos laborales de los docentes hoy en servicio.

Compañeras, compañeros diputados: nuestro llamado es para que nosotros consideremos para que demos, como lo va a hacer la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, un voto a favor. Con esta reforma se está alcanzando una vieja aspiración de mexicanas y mexicanos que han luchado por la democracia, que han impulsado programas y proyectos educativos encaminados a transformar nuestra realidad.

Este proyecto que hoy se presenta es un proyecto histórico porque recoge también los planteamientos de los distintos actores del sistema educativo. Es histórico porque también aquí se refleja, aquí se retoma una vieja aspiración de la izquierda, porque es parte importante y fundamental del programa del partido al que hoy me toca representar, el de la Revolución Democrática.

Es una reforma encaminada sobre todo a nuestros hijos, que son no un futuro, son un presente. Es una reforma que seguramente va a incidir en las niñas, en los niños, en las jovencitas, en los jovencitos. Va a incidir en su proceso de formación. Y podemos pensar que ello va a coadyuvar de manera importante a transformar este país, que es una exigencia que hoy todos nosotros tenemos y las mexicanas y los mexicanos así nos lo demandan.

Compañeras diputadas, compañeros diputados: en la fracción parlamentaria del PRD hacemos una distinción muy clara. Se trata hoy de una reforma al artículo 3o constitucional. No se trata de la reforma educativa. Los problemas educativos de nuestro país no son problemas de coyuntura, son problemas estructurales, son problemas de fondo, correlacionados con problemas serios, socioeconómicos y políticos.

Nos hace falta una reforma de fondo, nos hace falta sacar a nuestro sistema educativo de la crisis en la que hoy se encuentra, y esta reforma que hoy se pone a su consideración, esta reforma va a coadyuvar de manera significativa a esto que se está planteando, la reforma educativa necesaria e indispensable y que es fundamental que a partir del mes de enero nos convoquemos para caminar sobre esta ruta, para no dejar esta reforma, sola, aislada y que si no va a acompañada por este trabajo de fondo, por esta reforma de fondo, esta reforma educativa pueda perderse y pueda diluirse.

Compañeras y compañeros nuevamente, sí, la Fracción Parlamentaria del PRD con conciencia, con conocimiento y convicción de que se ha alcanzado una aspiración de la izquierda, del PRD, da su voto a favor. México nos los exige. Nuestros hijos nos los exigen, para esto no hay mañana, hay presente. Mil gracias por su atención.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. Por el Partido de Acción Nacional, en el uso de la voz, el diputado Fernando Rodríguez Doval, hasta por 10 minutos.

El diputado Fernando Rodríguez Doval: Con su venia, diputada presidenta. Compañeros diputados, con gran satisfacción subo a esta tribuna a hablar de esta reforma que sin duda es una victoria cultural del Partido Acción Nacional. Es una reforma que constituye una síntesis de los avances, y cuando quieran, compañeros, lo debatimos, que desde el gobierno federal se implementaron en estos últimos años, y que además incluye también demandas históricas del Partido Acción Nacional.

No olvidemos que fue en el año 2002 cuando en un gobierno panista se creó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación representando el primer esfuerzo serio para evaluar la calidad de nuestro sistema educativo.

No olvidemos que la prueba Enlace se instauró durante la administración panista para evaluar el logro académico de los alumnos, de las escuelas y de las entidades federativas.

No olvidemos tampoco que en el año 2008 se creó el Sistema Nacional de Formación Continúa y Superación Profesional. Que el año pasado también el gobierno del presidente Felipe Calderón echó a andar un ambicioso programa de evaluación docente. Por eso nos da gusto que hoy estos esfuerzos se reconozcan y se les otorgue un rango constitucional.

La reforma que hoy habremos de aprobar tiene sin duda implicaciones fundamentales para el buen desarrollo de nuestro país. En primer término, garantiza en la Constitución Política que el ingreso docente y la promoción a cargos con funciones de dirección y de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, así como la permanencia en este mismo servicio docente, se lleven a cabo mediante concursos de oposición y mediante una constante y obligatoria evaluación.

Esto sin duda supone un cambio fundamental en nuestro horizonte cultural, al incluir al mérito como un elemento indispensable para tener mejores oportunidades de desarrollo profesional. Que nunca más volvamos a tener enfrente de un salón de clases a un profesor que no esté preparado para esa misión; que nunca más volvamos a tener una sola plaza de maestros que se compre o se herede. Que nunca más nuestra educación sea secuestrada por los intereses perversos de grupos, sindicatos o facciones políticas.

Por otro lado, esta reforma modifica la naturaleza jurídica del actual Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que a partir de ahora será un órgano constitucionalmente autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios y cuya función será evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del sistema educativo nacional.

Aquí sin duda introducimos otro elemento cultural; la evaluación que indiscutiblemente va vinculada a la mejora constante y a la rendición de cuentas.

Esta reforma incluye también otras propuestas recurrentes de Acción Nacional, como las escuelas de tiempo completo, que consideren, además del desarrollo académico, el desarrollo cultural y deportivo y la plena participación de los padres de familia, que a partir de ahora deberán participar en el proceso de diseño de los planes y programas educativos.

Sin duda yo coincido con lo que otros diputados en esta tribuna afirmaron hace unos momentos, en el sentido de que los profesores son actores importantes del proceso educativo, pero también lo son los alumnos y también lo son los padres de familia, y los verdaderos profesores, los verdaderos maestros no se niegan a la evaluación porque saben que la evaluación implica el mejoramiento constante, y que incluso ellos sean también mucho más competitivos como fuerza laboral en este mundo cada vez más globalizado.

Sin duda también coincido que hay muchas cosas aún por hacer. No existen las reformas perfectas, tora reforma por definición es tan solo un paso hacia el ideal que todos aspiramos. No solamente estamos obligados a reformar la Ley Secundaria para darle viabilidad a esta reforma, deberemos también insistir en otra reforma en materia de contenidos, para revisar qué se está enseñando a los alumnos, tanto en lo relativo a las capacidades intelectuales como a los hábitos y la voluntad.

Tenemos después que abordar también una reforma que retome los valores éticos y cívicos para formar personas perfectas. Insisto, no es una reforma perfecta, no es una reforma como la que quizá todos quisiéramos, pero sí es un gran paso para transformar nuestro sistema educativo.

Y termino ya, diputada presidenta. En una de sus últimas intervenciones como secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio dijo textualmente lo siguiente: "Más allá de partidos, más allá de preferencias, más allá de inclinaciones, nos une el objetivo mayor de trabajar juntos por una educación de calidad, que es la única puerta segura para el progreso y bienestar de los mexicanos".

Amigos legisladores, esta reforma que hoy aquí aprobamos no es la reforma de un gobierno ni siquiera es la reforma de los partidos que firmamos el Pacto por México. Es la reforma de los ciudadanos, es la reforma de los niños, es la reforma de los jóvenes, es la reforma de los padres de familia y es también la reforma de los maestros.

Por eso, hoy estamos aprobando una reforma histórica, lo hacemos a partir de las coincidencias que dignifican la política. Sintámonos orgullosos. Hoy estamos reivindicando a la política como una actividad noble para construir el bien común, como un espacio para el diálogo, para el encuentro con el otro.

La educación es un tema que por su propia naturaleza debe convocar a grandes consensos. Sus protagonistas no somos los partidos políticos, son los hijos de México, son las niñas y los niños que constituyen el centro, el corazón de nuestra patria. Esta reforma es un paso trascendental para el desarrollo de nuestro país.

Ojalá, queridos amigos legisladores, tengamos muchos días como éste a lo largo de esta legislatura. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Muchas gracias, diputado. Doña Paulina Alejandra del Moral Vela, tiene el uso de la voz, para fijar posición por el Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Paulina Alejandra del Moral Vela: Con su venia, señor presidente. Muchas gracias, compañeras y compañeros legisladores, por su atención. Con mucho agrado hago un reconocimiento a mis compañeros y compañeras de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Es un honor para mí hacer el posicionamiento de mi partido, el Revolucionario Institucional, respecto al proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa.

Inicio mi intervención haciendo un sincero reconocimiento a las dirigencias de los partidos políticos y a los grupos parlamentarios aquí representados, por todas sus aportaciones al proyecto de decreto que hoy se somete a votación; al Partido Acción Nacional, al Partido de la Revolución Democrática, al Partido Verde Ecologista de México, al del Trabajo, a Movimiento Ciudadano y a Nueva Alianza.

En el PRI, entendemos que la riqueza de la pluralidad incluye, sí, pero no se limita a contrastar firmemente las diferencias políticas.

En este momento, siendo tan plurales y diversos como somos en origen y en legítimos intereses, sí se puede coincidir en el propósito y en las formas de mejorar la educación en México.

Juntos, hoy, tenemos la gran oportunidad de mover a México, de sentar las bases para mejorar su educación básica y media superior. No tengo duda de que el proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 3o y 73 constitucionales será aprobado el día de hoy.

Pero por utópico que parezca, no dejaré de pedir que lo hagamos de forma unánime. Tan importante es el fondo como la forma de llegar a él.

Las virtudes de la reforma y adiciones constitucionales son sustanciales y de profundo alcance.

Primero. Porque privilegia el mérito y la capacidad de los docentes al obligar a que todos los ingresos y promociones sean con concurso de oposición.

Segundo. Porque el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será un organismo autónomo con atribuciones para evaluar el desempeño y resultados del sistema educativo nacional.

Tercero. Porque establece el sistema de información y gestión educativa que incluye censos de maestros, de escuelas y alumnos a través del Inegi.

Cuarto. Porque dota de autonomía de gestión a las escuelas.

Quinto. Porque impulsa escuelas de tiempo completo con jornadas de seis y ocho horas.

Sexto. Porque prohíbe los alimentos que perjudican la salud de los niños.

Ésta es una propuesta de autoría múltiple, es un ejemplo de convergencia de visiones, voces, fuerzas de todos los partidos políticos y cuenta con el respaldo de organizaciones civiles, de empresarios, de instituciones educativas y universidades, incluyendo la UNAM. Y fundamentalmente, de los grandes protagonistas de la educación: nuestras queridas maestras y maestros de México.

El día de antier, los secretarios de educación de las entidades federativas y del Distrito Federal se adhirieron de forma espontánea a la iniciativa del Ejecutivo federal en el marco de la sesión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas.

Vale mencionar que se adhirió, incluso, el gobierno de Oaxaca, identificado tan amplia como muy dignamente con Andrés Manuel López Obrador.

El 11 de diciembre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el SNTE, se sumó a la avalancha de respaldos de esta iniciativa por conducto de su secretario general, el profesor Juan Díaz de la Torre, quien incluso expresó que la reforma contiene viejos anhelos de su gremio, y señaló como parte de ellos la creación del sistema de información y gestión educativa y el examen de oposición para las plazas de nuevo ingreso.

Por estas consideraciones, el motivo de mi presencia en la tribuna es solicitar respetuosamente a cada una de ustedes, compañeras y compañeros diputados, su voto a favor de la reforma y adición a nuestra Carta Magna en materia educativa.

Éste es el sentir y el compromiso de mi grupo parlamentario y lo expreso con la mano extendida. Juntos tenemos la gran oportunidad de sorprender gratamente a los mexicanos. Con franqueza les digo que no pierdo la esperanza de que esta votación sea por unanimidad.

Que esta reforma tenga el mayor de los consensos posibles, que cuente con el mayor de los apoyos de todas las fracciones parlamentarias, de todos los legisladores, que nadie se quede sin votar y que nadie se abstenga.

Compañeras y compañeros, rompamos paradigmas, porque no sólo es una reforma educativa. Fundamentalmente se trata de reafirmar con cada voto a favor la supremacía del Estado mexicano respecto de cualquier otro interés.

Los Poderes de la Unión, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, emanados de la Constitución, formamos legítimamente el poder superior de la nación, que nadie se olvide de esto.

Reafirmar la rectoría del Estado en la política educativa no es un alarde retórico, es poner en orden la casa y encuentra su contraparte en la plena obligación que tendría el gobierno de la república de rendir cuentas a las mexicanas y a los mexicanos sobre la calidad de la educación.

Este día podemos dejar testimonio de que los partidos políticos estamos trabajando por transformar a México y en ningún momento renunciar a nuestro orgullo ideológico, a nuestras banderas de lucha o a nuestros propios principios.

Concluyo diciendo que me siento profundamente orgullosa de formar parte de esta Legislatura, porque en su primer periodo ha acreditado en primer lugar que sí es posible romper inercias y moldes, que sí es posible la lucha política, sensata, prudente y honesta, que sí es posible romper inercias internas y externas. Compañeras y compañeros, esto ya es una extraordinaria noticia para este gran país, México. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Muchas gracias, diputada.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia informa que entraremos a la discusión en pro y en contra, vamos a escuchar a tres oradores en contra intercalados con tres a favor, y preguntaremos a la asamblea si está suficientemente discutido. Tiene el uso de la voz don Gerardo Villanueva Albarrán, de Movimiento Ciudadano, en contra.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Con su venia, diputado presidente. Cito al doctor Javier Fuentes Maya: El llamado neoliberalismo se basa en la evaluación de todo, aunque no se sepa bien para qué; ser competitivos, aunque no se sepa cómo y con qué finalidad; que hay que estar abiertos a todas las mercancías, aunque se destruya la planta industrial nacional y se introduzca al narcotráfico como parte del intercambio mercantil; lucha por la disminución y adelgazamiento del Estado, aunque se acabe con el Estado de bienestar que compensa la inequitativa distribución de la riqueza. –Cierro la cita.

No se habrá logrado el derecho a la educación sin una escuela mexicana pública que asegure el aprendizaje, pues es preocupante que cada año 700 mil niños dejen la escuela básica y 600 mil la educación media; son 1 millón 300 mil personas abandonadas por el sistema y de lo cual desgraciadamente esta reforma no hace la más mínima mención. ¿Cuál reforma histórica? ¿Cuál victoria cultural?

Midámonos con las expresiones, compañeras y compañeros diputados, porque parece que en la exageración se busca el engaño, y el que quiere engañar al pueblo se engaña a sí mismo.

Se propone elevar a rango constitucional una costosa burocracia de más de 750 millones de pesos al año y, sin embargo, no se tocan temas como la dignificación de los espacios escolares que hoy por hoy hay escuelas donde los baños no funcionan, donde no hay ventanas, donde no se impermeabiliza cuando llueve, cuando a veces ni siquiera piso firme hay, y de eso no trata ésta disque reforma laboral.

Ello, sin dejar de señalar que no se entiende la razón por la cual el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación debe ser organismo constitucional sin tener claro un diagnóstico de los resultados que haya ya podido brindar desde su existencia, Hacerlo constitucional no lo va a hacer eficiente.

Y claro, cómo podría ser un instituto que cumpla con sus propósitos si de origen no se plantea una plena y verdadera autonomía. No olvidemos que su órgano de gobierno se conformaría mediante una lista de cinco integrantes propuesta por el Ejecutivo federal. No nos llevemos esa otra mentira de la reforma; ¿o es autónomo o depende del Ejecutivo federal? Si va a ser designado cada integrante por el titular del Ejecutivo, entonces, independientemente del trámite de la ratificación en el Senado, deja de ser autónomo y eso la gente lo debe de saber.

También deberíamos estar tocando el tema sindical, pues gracias a arreglos políticos de hace años se le ha venido entregando la conducción del proceso educativo a un conjunto de líderes sindicales, desvaneciendo con ello a la autoridad educativa y –aunque en apariencia– se le está quitando el control sobre la designación de plazas para la educación básica y media superior. En realidad ello es una cortina de humo, que no deja ver el trasfondo que implica que una sola persona siga teniendo el control de los 170 millones de pesos mensuales que representan los 1.7 millones de agremiados.

Sin mencionar que será este sindicato quien operaría indirectamente el llamado servicio docente, pues el responsable no será el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, sino que radicaría en las distintas instancias educativas estatales donde la influencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación sigue siendo enorme.

Es más, el texto propuesto de reforma señala como atribución directa del instituto solamente expedir lineamientos a los que se sujetarían las autoridades educativas a nivel federal y local.

En lugar de entrar a una verdadera discusión, se firma un Acuerdo –mal llamado– por México que lo único que hace es convertir a esta Cámara de Diputados en un apéndice del Ejecutivo federal y que ahora está a su servicio para cocinar al vapor reformas constitucionales que en nada ayudan, que son irresponsables que incluso claramente violentan el procedimiento legislativo ya que, como señala el artículo 85, fracción VII del Reglamento de la Cámara de Diputados, que con el fin de tener mayores elementos para dictaminar se deberán generar procesos de análisis como entrevistas, comparecencias, audiencias públicas, foros.

Ya lo dijo el diputado Ricardo Monreal, faltó la consulta a la comunidad estudiantil y a la comunidad escolar que son los maestros, que son los estudiantes y que son las madres y padres de familia. Diputado, estoy por terminar.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pues hágame favor.

El diputado Gerardo Villanueva Albarran: El asunto principal es revertir de manera eficaz el rezado educativo. Se trata de una tarea que implica disminuir la cifra de 33.4 millones de personas de 15 años sin educación básica concluida, algo que no se alcanza ni siquiera a visualizar en la presente propuesta.

Que nadie se confunda. En este salón de sesiones se encuentra reunido un poder federal y tal y como lo reconoce la Constitución en su artículo 49, no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un individuo.

Enrique Peña Nieto no es el Legislativo. No podemos hacer reformas por urgencias ni por el déficit de legitimidad que tiene el Ejecutivo. La dignidad de esta Cámara radica en que somos representantes del pueblo y de nadie más.

Compañeros diputados del PRI, compañeros diputados del PAN, no se dejen tratar de esa manera. Somos un poder autónomo, así lo dice la Constitución. Muchas gracias y es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Luis Ángel Espinosa Cházaro, del PRD, a favor.

El diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro: Con su venia, señor presidente; compañeras y compañeros diputados, la reforma que hoy nos ocupa constituye apenas la base jurídica a una gran reforma educativa por la que el Partido de la Revolución Democrática ha luchado desde su origen y esto no es retórica. Leo el texto de nuestra Declaración de Principios en su punto número 11:

"La educación que imparta el Estado será gratuita en todos sus niveles. Toda mexicana y todo mexicano y por el hecho de serlo, tendrá derecho a una educación pública gratuita, laica, democrática y humanística, sustentada en principios sociales, científicos y éticos, esto en todos sus niveles".

Esta reforma al artículo 3o., y 73 constitucional, pudiera ser considerada por algunos, limitada en sus propósitos, pero el paso que hoy daremos al aprobarse, abre la puerta de manera tajante a una serie de reformas que deberemos empujar en esta misma LXII Legislatura, fundamentalmente dos: la Ley General de Educación y el Presupuesto de Egresos 2013.

De nada servirá el esfuerzo para lograr un consenso y una mayoría si no se aterriza esta ley con los debates y los conceptos que hoy nos quedan pendientes.

Tampoco serviría de nada que en el Presupuesto de Egresos de 2013 no aumentamos el gasto del PIB, que no llega al 6 por ciento, cuando la ONU ha venido manejando que debe ser mayor al 8 por ciento.

El PRD se ha pronunciado siempre por un cambio profundo, no de sistema político, sino de cultura política.

El cambio democrático es y debe de ser una forma de vida y una herramienta para que la sociedad acceda a la democracia plena y esto no sólo es un sistema electoral justo y equitativo. La herramienta fundamental para el cambio hacia la democracia, es precisamente lo que hoy debatimos, es la educación, educación de calidad, educación incluyente.

Por lo tanto es indispensable impulsar avances que nos lleven a esta meta, que es la formación correcta de millones de niñas y niños. Esto es una sentida petición, es ya un reclamo por parte de los padres y las madres de los niños que quieren ser mejor educados.

Por ello no es menor lo que se avanza en impulsar nuestra Constitución Política, la integración de un "servicio profesional docente" que mandate a mejorar las prácticas de formación, promoción, permanencia de los maestros y maestras de este país y que todo ello se fundamente en el mérito y en el esfuerzo honesto de cada uno de ellos y ellas y no en la relación abyecta con algún líder sindical.

Cabe señalar, para que tampoco se confunda nadie, que los derechos laborales de los maestros y las maestras de este país serán respetados, pero siempre en el marco de la Constitución. No sólo los derechos laborales, sino derechos a la salud y mejores estadios de vida para los profesores.

Asimismo tenemos que hablar aquí de los derechos de los niños y las niñas: derecho a tener una mejor educación. Cualquier proyecto de nación que pretenda ser exitoso pasa por una reforma educativa de fondo. Tenemos el ejemplo de Corea, quien ha destinado 20 años teniendo a la educación como su principal objetivo.

Debemos nosotros los legisladores estar atentos a que la reforma educativa vaya en la dirección correcta. Falta mucho por hacer, podría estar de acuerdo con eso, pero hoy daremos un paso trascendental.

El PRD es precursor en las escuelas de tiempo completo. En el DF hace casi 20 años que hay escuelas con horarios ampliados. Y hoy le daremos una expresión constitucional a esta añeja aspiración.

Quiero detenerme ahora a comentar respecto de aquellos que dicen que lo hemos hecho al vapor. Recuperar inmediatamente la rectoría del Estado en el tema educativo ya no puede esperar más tiempo.

Queda pendiente la encomienda de traducir el lenguaje de género y los principios de igualdad sustantiva en la ley que discutiremos posteriormente para que el fortalecimiento de las instituciones al que aspiramos se construya con una visión incluyente y plural para impulsar los fundamentos del desarrollo que justamente se cultivan en los años de formación, en los años de la escuela en las sociedades presentes y futuras.

Los grandes cambios de nuestro país han comenzado siempre cuando hay el valor para realizarlos y hoy damos un paso muy importante en ese sentido.

Yo de verdad deseo que esta LXII Legislatura sea recordada no por politiquería ni por discursos vacíos, sino porque tuvimos el valor para transformar a México. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Gracias a usted. Doña Gloria Bautista Cuevas, del PRD, en contra. Qué pasa, diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Señor presidente, desde el día de ayer nos anotamos en la lista en contra y estábamos en el segundo lugar y todavía no nos han mencionado. Quiero que nos garantice nuestra oportunidad de poder dar nuestra posición en contra.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Diputado, nosotros lo escuchamos siempre y con toda paciencia. Permítannos que doña Gloria Bautista haga uso de la voz, cuando menos por ser una dama.

La diputada Gloria Bautista Cuevas. Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea: el martes 11 de diciembre de 2012 la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta al pleno que había turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen y a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para opinión la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de educación enviada a esta soberanía.

Para obtener la mejoría sustancial que la nación requiere, necesitamos una reforma integral y no una que atienda sólo algunos niveles, que garantice el financiamiento adecuado, el mejoramiento de la infraestructura, el equipamiento y los materiales didácticos, el cómputo o los talleres y laboratorios de distinto tipo, incluidos los dedicados a la enseñanza de idiomas.

Todo ello relacionado de forma directa con la preparación, dedicación y experiencia del personal docente. Con la celeridad con que se pretende votar el dictamen, es inadmisible.

La Comisión de Puntos Constitucionales debe definir el método de dictamen y realizar las consultas necesarias con autoridades federales, expertos en la materia constitucional y educativa, y así como organizaciones no gubernamentales sobre el contenido de la iniciativa presidencial y su alcance.

La comisión, de acuerdo al artículo 89 del Reglamento, tiene hasta 90 días para dictaminar las reformas constitucionales que es superior al tiempo que se concede para las leyes secundarias, y no hay motivo alguno para legislar al vapor.

Reiteramos nuestra disposición e interés por la mejora al Sistema Nacional de Educación no atropellada como la que ahora nos ocupa, sino integral. Mejorar la educación en nuestro país es un tema profundo y no superficial, compañeros.

Señoras y señores, desde la expedición del Reglamento General de la Instrucción Primaria en 1821 y la Constitución de 1857, que ratificó la libertad de enseñanza, así como el reconocimiento en la Ley Orgánica de Educación Pública en el Distrito Federal en 1917 por el Presidente Venustiano Carranza, seguido por las disposiciones oficiales de 1921 para la creación de la Secretaría de Educación Pública, y la creación de la primera Escuela Rural Normal en Tacámbaro, Michoacán, hemos visto que para esta nación el tema educativo es un asunto de Estado.

Sin embargo, ésta es una parte del contenido del llamado Pacto por México, el cual desde aquí, permítanme decirles, que no lo avalamos y no estamos de acuerdo con estos puntos que atropellan y vulneran el estado de derecho y violentan el principio fundamental de la división de poderes.

Sólo un dato les dejo a su memoria, de los 91 puntos considerados en el Pacto por México se requieren 63 reformas constitucionales, y les pregunto: ¿vamos a legislar sobre las rodillas estas 63 reformas planteadas en un año? Es una verdadera falta de respeto a esta soberanía y a los que representamos, compañeros.

Además, esta reforma parece inofensiva, pero en realidad se trata de una reforma profundamente autoritaria, que despoja al magisterio, claro, al magisterio democrático. Repito, que se oiga bien, al magisterio democrático, lo despoja de toda participación en las decisiones educativas.

Por ejemplo, el agregado a la fracción III que impone el sistema de ingreso y promoción y declara la nulidad anticipada de cualquier maestro si no es sometido al viejo estilo autoritario a un instituto nombrado autoritariamente por el titular del Ejecutivo.

Esta garrafal reforma actualiza todas las reclamaciones que se hicieron valer en los amparos de febrero de este año contra los acuerdos para la evaluación y otros, en relación a los interpuestos en 2009 contra la AC., dado que interviene de lleno en el área laboral y pasa por encima de a contratación colectiva pactada.

En la forma de condiciones generales de trabajo, en un desplante autoritario, el Ejecutivo federal eleva el golpe a la Constitución para derogar de facto la bilateralidad contractual para el ingreso, la permanencia y la promoción en el trabajo.

En tal virtud se deroga de facto preceptos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en tanto que atropella el estatuto laboral completo, que regula la contratación colectiva como la fuente de obligaciones y derechos de los trabajadores, del apartado B del 123 constitucional.

Termino, señor presidente. Con todo ello se perfila un régimen dictatorial, que impone al magisterio nacional un status de excepción que de un plumazo constitucional borra sus derechos adquiridos, y los somete por la fuerza de un acto arbitrario, a un nuevo régimen laboral. Y revisamos el sexto transitorio, se acude al esquema derogatorio genérico.

O por ejemplo, lo contemplado en la fracción IX al artículo y en una parrafada infame viola todas las normas de estilo y brevedad de un texto constitucional, pues inserta un virtual reglamento en plena Constitución, del Instituto Nacional para la Evaluación, que pretenden crear.

En los vicios de origen de esta iniciativa y de este dictamen se aglomeran una serie de disposiciones sustantivas, muchas otras más de corte reglamentario y hasta disposiciones sobre compra de materiales en las escuelas, que no obedece a la naturaleza de una Carta Magna. Por ejemplo, destaca la disposición arbitraria del tiempo laboral del magisterio y de su jornada de trabajo. Ese tiempo también es valioso, señores.

Ésta es una reforma que no debemos aprobar al vapor. Les pido su paciencia y su tolerancia. Ojalá que reaccionaran, razonaran bien su voto.

En tal virtud, se configura el resultado obvio y en los hechos, que el sistema de control plantea la necesidad de centralizar de nuevo la educación, dado que el experimento de la descentralización ha generado una especie de anarquía en el manejo de recursos y en el desarrollo de sistemas bilaterales estatales, que permiten al magisterio democrático la configuración de auténticos contratos colectivos locales, que propician el fortalecimiento regional de posiciones democráticas y ajenas al control del charrismo sindical.

Además, la persistencia del sistema en esas condiciones es grave, pues configura jurídicamente la posibilidad del tránsito...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Diputada, le rogaría concluya, por favor.

La diputada Gloria Bautista Cuevas: Termino, señor presidente. La posibilidad de tránsito del magisterio al Apartado A del artículo 123 constitucional, lo cual es un evidente reto frontal al control que ahora desata esta reforma violatoria a todas luces de la propia Carta Magna.

Diputadas y diputados, ya sé que les urge, pero no va a pasar como ustedes quieren. Por todo lo anterior y por lo antes expuesto y fundado...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Diputada, evíteme, por favor, la pena de quitarle el sonido.

La diputada Gloria Bautista Cuevas: ...solicito un voto consciente y a la altura de lo que México necesita, por lo que los exhorto a votar en contra del dictamen que tanto les urge y que hoy nos presentan. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Luis Ernesto Robledo Leal.

El diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal: Me llamo Ernesto Alfonso, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Ernesto Alfonso.

El diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal: Gracias. Con su permiso, compañeras y compañeros diputados, para Acción Nacional la educación es la actualización consciente y libre de capacidades humanas en camino de perfección.

Se trata de un proceso constante de desarrollo de cualidades que hacen al hombre más humano. Es, asimismo, camino y oportunidad de integración social, de asociación, de comunicación solidaria.

"Transmisión, investigación y creación no sólo de información técnica, sino también de valores personales y sociales, para formar hombres libres y solidarios que se incorporen a la sociedad, a la cual han de transformar buscando el bien común", así la definía Carlos Castillo Peraza.

En consecuencia, Acción Nacional sube a esta tribuna, coherente con sus ideales y principios, a pronunciarse a favor en lo general con este dictamen de reforma constitucional, porque garantizará que nuestros niños y jóvenes cuenten con mejores maestros, pero además, porque la evaluación de nuestro sistema educativo será realizada también por un organismo constitucionalmente autónomo, que no permitirá intromisión alguna de otro tipo de intereses ajenos a los estrictamente educativos, de manera que con esta reforma sí se fortalece la calidad de la educación en nuestro país.

Acción Nacional pugnó que éste fuera el primer gran tema que se analizara, discutiera y dictaminara del Pacto por México, en su lucha por consolidar una de las grandes demandas de los padres de familia y los ciudadanos, a saber mejorar la calidad de la educación que se imparte en nuestro país.

Esta reforma representa para nosotros la institucionalización jurídica en nuestra Constitución, de las acciones de política pública que en 12 años de gobierno Acción Nacional implementó en aras de lograr una educación de calidad para todas y para todos.

Esta reforma estimula la participación de los padres de familia en la tarea educativa, proporciona elementos para facilitar la planeación de la enseñanza en el aula, atiende requerimientos específicos de capacitación a docentes y directivos, y se fortalecen los criterios de transparencia y rendición de cuentas de nuestro sistema educativo nacional.

Los objetivos generales de la reforma constitucional que hoy se discute forman parte de las acciones que sobre el tema de evaluación de educación y del desempeño docente se venían desarrollando desde los gobiernos del PAN, como los siguientes:

Garantizar, desde la Constitución Política, que el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparte el Estado, se lleven a cabo mediante concursos de oposición.

Modificar la naturaleza jurídica del actual Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, para convertirlo en un órgano constitucionalmente autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya función era evaluar el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Paralelamente, para Acción Nacional el elevar a rango constitucional los procesos de acceso al servicio docente y la promoción en la educación básica y media superior, garantiza que dichos procesos no estarán nunca más en manos ajenas a la autoridad educativa o sujeta a intereses o caprichos de sindicatos u otros particulares.

El Grupo Parlamentario del PAN, en coherencia con lo anteriormente citado, apoyará esta modificación a la Constitución en una muestra más de su responsabilidad republicana y porque con ello respondemos al compromiso que tenemos ante la sociedad.

Compañeras y compañeros, la evaluación debe servir de estímulo para elevar la calidad educativa, favorecer la transparencia y la rendición de cuentas y servir de base para el diseño adecuado de políticas educativas.

La evaluación con consecuencias debe ser la esencia de la alineación de incentivos para todos los que participan en la tarea educativa. De ahí que los procesos de evaluación deban estar a cargo de órganos autónomos, tal como se expone en la reforma que nos ocupa.

Para garantizar que sean los mejores maestros los que se hagan cargo de la educación de nuestros hijos debemos institucionalizar y dar certeza y seguridad respecto de los mecanismos de ingreso y promoción al servicio docente, como son la preparación y los conocimientos de los maestros.

Para el Grupo Parlamentario del PAN la educación es un pilar indispensable para construir una mejor sociedad. A través de ella se potencias las capacidades y habilidades de la persona, permitiéndole una inserción activa en el desarrollo de la nación. Por eso es clave para impulsar el desarrollo nacional.

El PAN en busca de un desarrollo para México como Poder Legislativo y con otros órdenes de gobierno, estaremos trabajando, en esta ocasión y en lo que reste de nuestro periodo para que se promuevan los acuerdos y cumplamos en beneficio de todos los mexicanos.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Gracias, Ernesto Alfonso. Don Ricardo Mejía Berdeja, en contra. Don Alfonso Durazo, tiene usted el uso de la voz.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, hemos escuchado en esta tribuna todo tipo de discursos, principalmente de carácter apologético sobre las virtudes de esta reforma. Pero la realidad es que mientras el gobierno no tenga la determinación política de acabar con el cacicazgo de Elba Esther Gordillo, la educación seguirá siendo presa de ese rezago que ha marcado por décadas a la educación nacional.

Por eso una vez más asistimos en esta Cámara, tanto en su trabajo en comisiones como aquí en el pleno, a la aprobación automática de una iniciativa del Ejecutivo por mera aritmética y no por su racionalidad por una aplanadora implacable sin honor alguno que funciona por disposición administrativa de un coordinador parlamentario.

Por supuesto que la gente quiere cambios en los grandes temas de la agenda nacional, y sin duda la educación es uno de ellos. Sin embargo, esta tarea es de tal trascendencia que requiere mucho más que un pacto acordado y firmado por las meras dirigencias de algunos partidos políticos, un pacto sobre cuyos contenidos la sociedad no ha sido consultada ni incluida, un pacto que no cuenta con la participación y la reflexión de los especialistas en la materia, un pacto finalmente cuyas iniciativas de ley pasan por esta Cámara como si se tratara de una mera oficialía de partes sometida a los designios del Ejecutivo.

No es la posición de Movimiento Ciudadano una oposición por el mero hecho de oponerse, pero rechazamos las formas limitadas y aún serviles que están caracterizando el trabajo legislativo de la mayoría en este pleno.

Ahora una oposición no sometida al poder es una oposición irresponsable. Estamos casi como en 1968, cuando era una blasfemia oponerse a una iniciativa del señor presidente de la República; han pasado más de 40 años y estamos reeditando lo peor de las prácticas políticas de la historia del PRI.

Prácticamente ni siquiera se leen ni son conocidas a detalle las iniciativas que nos son enviadas por el Ejecutivo. Si hubiese diputados con conocimiento del tema educativo, que seguramente los hay, no tiene oportunidad de participar porque simple y sencillamente no hay análisis, no hay debate, no hay voluntad ni espacio para la construcción de verdaderos consensos legislativos que beneficien a la sociedad y no al gobierno.

La mejor y más lamentable prueba de lo que digo es que no ha sido atendida en lo más mínimo la propuesta del rector de la UNAM en materia de educación, que seguramente algo sabe sobre el tema.

En este debate se ha olvidado algo fundamental, que la Cámara de Diputados representa a la nación y que no es su función representar al Ejecutivo. Una reforma de este calado requiere de responsabilidad parlamentaria, no simplemente de levantar la mano a toda velocidad como se ha venido haciendo en este recinto.

En unos pocos días sin saber qué es lo que se vota, sin conocer prácticamente ni su forma ni su fondo, y este asunto tiene que ver no solo con la política, tiene que ver fundamentalmente con la ética de nuestro desempeño. Nuestro voto, el de Movimiento Ciudadano, no es en contra del avance genuino del país, sino de las formas arcaicas que está tomando el proceso legislativo en la aprobación de esta serie de leyes en las que muy poco o nada tiene que ver el legislativo.

No podemos seguir como un mero apéndice del Ejecutivo. Ojalá que reflexionemos todos con honestidad en torno al mandato constitucional que nos compete como diputados y a la responsabilidad pública, social e histórica que lo acompaña. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Gracias a usted, don Alfonso Durazo. Don Luis Antonio González Roldán, de Nueva Alianza.

El diputado Luis Antonio González Roldán: Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores legisladores, desde la discusión en lo general y en lo particular, en la Comisión de Puntos Constitucionales animados a contribuir en la construcción y acción educativa, creadora, innovadora y racional.

Expresamos el sentir de mi Grupo Parlamentario Nueva Alianza, acerca de la reforma constitucional en materia de educación. Propusimos las modificaciones que considerábamos necesarias, con la finalidad última de coadyuvar en la implementación de la presente reforma. Coincidíamos más en ese momento en los componentes dinámicos de acciones para la transformación tan anhelada por las maestras y los maestros de México, sin detenernos en la carente política democrática de la que emanaba esta iniciativa política, que es la que verdaderamente escucha todas las opiniones en una República representativa, la exclusión del Pacto, la cerrazón para escuchar las minorías, ése no era el tema para nosotros, en esta ocasión máxime, en tratándose de un derecho fundamental, la educación y sus consecuencias. Nuestra opción, la opción de Nueva Alianza es, fue y ha sido distinta: apoyar la reforma.

Apoyar la reforma para contribuir en la construcción útil de la vida política, pública, sentando bases que permitan el desarrollo progresivo nacional, fijando con toda claridad las finalidades perseguidas por esta reforma, las cuales acompañamos en casi todos sus términos.

Donde nos separamos, y lo haremos valer en la discusión en lo particular, es en aquellos mecanismos para la consecución de fines que vayan en menoscabo de los legítimos derechos obtenidos por aquellas mexicanas y mexicanos que desde la escuela rural, en las comunidades indígenas, en las zonas marginadas, en las zonas conflictivas del país, en la frontera, en el centro, federalizados, descentralizados, con divergentes condicionantes en el ejercicio de su función, día con día dan la cara para el desarrollo pacífico de nuestras niñas, de nuestros niños, de nuestra juventud, sin mayor aliciente que ver en sus educandos a mujeres y hombres de bien.

Optamos por coadyuvar a sentar las bases para construir un andamiaje institucional que erradique todos los rezagos, deficiencias y -¿por qué no decirlo?- ocurrencias y olvidos de la administración pública federal en menoscabo del sistema educativo nacional, problemática de suyo compleja vivida día a día por las maestras y los maestros de México quienes, por cierto, han luchado por más de 25 años.

Permitir que esta reforma se direccione en contra de las maestras y los maestros debe ser considerada como una gran falacia. Es desde siempre una gran mentira, máxime cuando en nuestro presente nos encontramos ante una realidad cada vez más compleja, cambiante y hasta contradictoria que convierte en problemática de manera continuada hasta los objetivos, los contenidos y los métodos de un derecho fundamental de las y los mexicanos: la educación.

En mi Grupo Parlamentario, en Nueva Alianza, seguros estamos que la responsabilidad y rectoría de esta función estatal primordial es desde siempre obligación del Estado mexicano. Es ningún momento ha sido, es ni será responsabilidad exclusiva de las maestras y los maestros de México; mucho menos será responsabilidad personal de una persona. No es responsabilidad de Elba Esther Gordillo Morales.

Ellos, los maestros son los que han puesto a discusión las carencias, las desigualdades, los rezagos y las deficiencias en el cual día a día se desarrolla este derecho fundamental, máxime cuando el mundo cambia cotidianamente y el uso de nuevas tecnologías los muestran frágiles y en escenarios adversos en un mundo globalizado, pero más aún, competitivo. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Gracias. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutido.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación) Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia informa que se han reservado el 3o., fracción III, segundo párrafo, por Lilia Aguilar Gil...

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Permítame, señor diputado, estoy dándole la satisfacción a la asamblea de leer las reservas porque es mi obligación.

El 3o., fracción III, por Gloria Bautista Cuevas; 3o., fracción III, por Víctor Raymundo Nájera Medina; 3o., fracción III por José Luis Muñoz Soria; 3º., fracción III por la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo; 3o., fracción III por don Luis Antonio González Roldán; 3o., fracción III por los integrantes de la comisión; 3o., fracción IX por Gerardo Villanueva Albarrán; 3o., fracción IX por María Sanjuana Cerda Franco; 3o., fracción IX, primer párrafo por el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo; 3o., fracción IV, primer párrafo por la diputada Beatriz Zavala Peniche; 3o., fracción IX por Víctor Manuel Jorrín Lozano; 3o., fracción IX, inciso "b", por Loretta Ortiz Ahlf; 3o., fracción IX, inciso "c" por don Alfonso Durazo Montaño; 3º., fracción IX, incisos "a" y "b", por Lilia Aguilar Gil; 3o., fracción IX primer párrafo inciso "c", párrafos sexto y séptimo por Lilia Aguilar Gil; tercera, novena, inciso "c", primer párrafo, por Lilia Aguilar Gil; tercera, novena, párrafo cuarto y la eliminación de la fracción III del artículo quinto transitorio, por el diputado Andrés Eloy Martínez Rojas; 3o., para suprimir fracción IX y los artículos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto transitorios, por la diputada Gloria Bautista Cuevas; 3o., 9o., y tercero transitorio por el diputado Vicario Portillo Martínez; 3o., fracción IX, párrafo segundo y tercero transitorio, segundo párrafo; 1o., y adición de un párrafo cuarto al artículo 2o., por el diputado Marcos Aguilar Vega; 73, fracción XXV, Gloria Bautista Cuevas; 73, fracción XXV, por Fernando Zárate Salgado; segundo transitorio por el diputado Alfonso Durazo Montaño; quinto transitorio, fracción I, por la diputada Lucila Garfias Gutiérrez; quinto transitorio, fracción II por Juan Luis Martínez Martínez; quinto transitorio, fracción III, inciso "a" por Luisa María Alcalde Luján; quinto transitorio, fracción III, inciso "b" por la diputada Ruth Zavaleta Salgado; quinto transitorio, fracción III, inciso "b" por Sonia Rincón Chanona; quinto transitorio, fracción III, inciso "b" por José Angelino Camal Mena; quinto transitorio, fracción III, inciso "c", diputada Zuleyma Huidobro González; quinto transitorio, eliminar los incisos "a", "b" y "c" a la fracción III, por la diputada Julisa Mejía Guardado.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Ábrase el sistema electrónico de votación por diez minutos para recabar votación nominal en lo general y en lo no reservado.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

Votación de viva voz.

El diputado Sergio Armando Chávez Dávalos (desde la curul): A favor.

El diputado Kamel Athie Flores (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, se emitieron 423 votos en pro, 39 en contra y 10 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Aprobado en lo general y lo no reservado.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz doña Lilia Aguilar Gil, para presentar su reserva de la fracción III del segundo párrafo del artículo 3o.

A ver, doña Lilia Aguilar Gil se la cede a Manuel Huerta Ladrón de Guevara, a quien le doy el uso de la voz, con mucho gusto. Gracias Lilia, por tu turno.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Como la diputada Lilia me cedió, la diputada Lilia, dos reservas, quiero que me junte el tiempo y las voy a argumentar.

Miren, diputados, qué pena, ojalá hayan leído el Reglamento, el 104, tenemos derecho a hablar seis diputados a favor, seis en contra, y además yo estoy inscrito desde ayer. Pero los tienen que cuidar de tal manera –que es de lo que voy a hablar- los tienen que cuidar que tienen que votar pronto en contra, a favor, no sea que los vaya a convencer. Claro que no. Yo les quiero decir a ustedes y a la nación, que no se dejen seducir por la propaganda política del régimen.

Hace dos días, nada más, 31 secretarios de Educación de los estados manifestaron su apoyo a la propuesta de la reforma del Ejecutivo en materia de educación, sin embargo entre ellos existen dudas sobre la instrumentación de la misma. Se cuestionan las implicaciones presupuestales para los propios estados y los efectos administrativos y políticos con el personal educativo bajo su responsabilidad.

Por otra parte, el secretario de Educación federal ha declarado en medios de comunicación que los maestros con plaza no serán despedidos, aunque salgan mal en las evaluaciones, que próximamente –dice él– se reuniría con la líder de los maestros para la instrumentación de la reforma –dice–, ambos somos profesionales. Cuestionamientos que muestran la falta de claridad en la propuesta de la reforma educativa, contrario a los principios de certeza y objetividad que deben de cuidarse en toda reforma legal o constitucional.

Sabemos que le van a hacer cuatro o cinco cambios en este debate de las reservas, que además no lo van a legislar aquí, que lo legislan los grandes dedos que legislan fuera de esta Cámara, y ustedes con sus prisas, a votar.

En la exposición de motivos de la iniciativa del Ejecutivo, así como en el cuerpo del dictamen que se somete a esta Cámara, no se consideran los factores económicos, sociales y culturales que son determinantes en la calidad y el nivel de la educación que imparte el Estado. Esto mismo en esta tribuna lo reconoció el presidente de la Comisión de Educación de esta Cámara.

Tampoco se presentan consideraciones mínimas que informen del estado que guarda la administración educativa federal y de las 31 entidades y el Distrito Federal, que determinen, sustenten y justifiquen la propuesta para crear el servicio profesional que regulará el ingreso, reconocimiento, promoción y permanencia del personal docente.

Tampoco se motiva la necesidad de la realización de un censo de escuelas, maestros y alumnos por parte del INEGI, como lo dice la propia propuesta.

El apoyo a la propuesta por parte de algunos diputados puede tener buenas intenciones, sin embargo es inconsistente, no presenta con claridad el objeto para el cual se propone.

El Congreso de la Unión deberá de legislar en la Ley General de Educación, los criterios de evaluación y los términos para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio, bajo los principios de igualdad y transparencia. Esto es, establecer un servicio profesional docente enfocado a un gremio de trabajadores de la educación, que acredita una alta carga política en su regulación administrativa y en sus condiciones de trabajo, condiciones que derivan de las relaciones laborales que el gobierno federal y cada uno de los gobiernos locales de las entidades del país tiene, y recordemos que a partir de la política de desconcentración educativa iniciada hace más de 20 años, los estados tienen la responsabilidad para prestar los servicios de educación inicial básica.

Se deberá implementar –dicen– un servicio profesional docente en el sector de trabajadores de la educación, que cuenta con un contrato colectivo de trabajo ya definido y regulado en la Ley Reglamentaria del Apartado B, que regula las condiciones de ingreso y promoción en el servicio de educación federal y de las 31 entidades del país.

Para la construcción de este servicio profesional docente, en el artículo quinto transitorio del dictamen, se mandata al Congreso y a las autoridades educativas para institucionalizar las cuotas escolares, debido a que se deberá de impulsar la autonomía de gestión de las escuelas para mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos, y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta.

Qué pasó con el electo y sus paleros, que en la campaña hicieron con esto de no habrá cuotas en la educación, inundaron los cines y de espectaculares; dónde están esos paleros, dónde está el electo, qué palabra puede tener para cumplir estas cosas.

No. Tiempo tengo para acabar de decirles que el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, con atribuciones para evaluar el desempeño y resultados del sistema educativo nacional, dicen ustedes. Sin embargo, ¿qué pasa? En la fracción IX, inciso b), se establece que es instituto para expedir solamente los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federales y locales, para llevar a cabo las funciones de evaluación que le corresponde, de lo que resulta que la atribución para evaluar comprende únicamente la emisión de lineamientos.

Es decir, van a crear un Instituto Nacional de Evaluación Educativa que no evaluará, un elefante blanco contra un sindicato todopoderoso, de poderes fácticos, que los ha tenido esperando este momento 9 días, para decir: ahora sí ya, adelante, porque además con esto vamos a perjudicar a los maestros que se están amparando. Al amparo de una reforma constitucional, que lo que está buscando es ir contra los maestros del sector democrático.

Yo creo y con esto quiero culminar, que a 9 días de esta iniciativa ya podemos hablar de las viudas del Pacto por México. Miren, les ofrecieron 3 reformas, la educativa, les ofrecieron la reforma de telecomunicaciones y les ofrecieron la reforma para el asunto de la deuda de los estados y municipios. ¿Y qué pasó? Una minirreforma educativa, que nada más va a perjudicar a los trabajadores.

Eso es lo que ustedes deberían de evaluar, que no se dejen seducir por la propaganda del régimen. Ojalá tuvieran vida propia, tuvieran opinión y tuvieran el valor para defender los derechos de los ciudadanos que votaron por ustedes.

Yo aquí vengo a hablar a nombre de 85 mil electores que votaron por mí en mi distrito ni siquiera me estoy abrogando la voz del PT, porque ellos tienen boca, hablan, y yo estoy muy orgulloso de pertenecer a una fracción que me da oportunidad a disentir en lo que es la opinión de mis electores, porque hice una propaganda a partir de una plataforma política.

Perdón, tranquilos, ya les dije la otra vez, avisen a sus casas que van a llegar. Si alguien los está importunando, aguanten tantito, pero tienen que oír, porque por más que los protege este señor, que no cumple la ley, que no reconocer el 104 de nuestro Reglamento, solamente que nos corten la lengua vamos a dejar de hablar y de decirles lo que se merecen ustedes y que nuestro pueblo sepa lo que está ocurriendo en esta Cámara de Diputados.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Pregunte la... No dejó propuesta, queda en sus términos. Luego entonces, queda en sus términos y queda en uso de la voz doña Gloria Bautista Cuevas del PRD, para presentar reserva sobre la fracción III del artículo 3o.

La diputada Gloria Bautista Cuevas: Con su venia, señor presidente. Vengo ante esta tribuna, primero a exigir el respeto por una servidora. El conteo de un reloj no puede estar por encima de mi legítimo derecho de argumentar una reforma constitucional, y más aún, en un tema tan importante para nuestra sociedad y para todos los maestros del país.

La reforma al artículo 3o constitucional, reitero, parece inofensiva, porque no toca las garantías clásicas como el carácter público de la educación, su definición democrática y su sentido laico.

Además, deja también sin tocar la más reciente garantía de libre examen y discusión de las ideas y libertad de cátedra e investigación de la fracción VII.

Pero en realidad, se trata de una reforma profundamente autoritaria, que despoja al magisterio de toda participación de las decisiones educativas.

El agregado a la fracción III impone el sistema de ingreso y promoción y declara la nulidad anticipada de cualquier otra forma.

Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparte el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan.

La ley reglamentaria de este artículo fijará los términos para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley.

Este párrafo citado actualiza todas las reclamaciones que se hicieron valer en los amparos de febrero de este año contra los acuerdos para la evaluación y otros. En relación a los interpuestos en 2009 contra la Alianza por la Calidad Educativa y aun cuando suene reiterativo es un desplante autoritario.

El Ejecutivo Federal eleva el golpe hasta la Constitución para derogar de facto la bilateralidad contractual para el ingreso, la permanencia y la promoción en el trabajo.

De igual forma, el párrafo citado y toda la reforma derogan de facto la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado. Atropella el estatuto laboral completo que regula la contratación colectiva como la fuente de obligaciones y derechos de los trabajadores del apartado B del 123 constitucional.

Por tanto, se concluye que esta derogación de facto es un abuso mayúsculo que del mero autoritarismo circunstancial pasa a perfilar un régimen dictatorial educativo que impone al magisterio nacional un estatus de excepción y de un plumazo constitucional borra sus derechos magisteriales adquiridos y los somete por la fuerza. Les advierto que los 91 puntos considerados en el Pacto por México requieren 63 reformas constitucionales. Y pregunto de nuevo: ¿Vamos a legislar al contentillo del titular del Ejecutivo?

Esto es un golpe de Estado, no sólo a la educación, sino a la integridad y soberanía de este poder, pues con el voto de esta aplanadora autoritaria estamos negando el carácter legítimo de nuestra representación nacional y hacemos del Congreso una oficialía de partes del Ejecutivo.

Señoras y señores, me niego rotundamente a someterme a los caprichos de un pacto que no está avalado por todos los mexicanos; me niego a ceder el carácter de la división de poderes que nuestro Constituyente nos ha dado; me niego a ser sumisa a esta reforma autoritaria, que busca el contubernio y control político de un tema sensible para los mexicanos.

La verdadera reforma educativa es dotar de más del 8 por ciento del producto interno bruto a la educación, como lo establece la Unesco y con una reforma autoritaria como ésta no se da.

Les propongo que se quede el texto constitucional como está y se deseche lo establecido en el dictamen. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Muchas gracias, doña Gloria Bautista. Don Víctor Reymundo Nájera Medina, del PRD, también reserva para la fracción III. Doña Gloria Bautista, no nos dejó...

La diputada Gloria Bautista Cuevas: Sí dejé propuesta.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿La tiene entonces...? Pregunte entonces la Secretaría a la asamblea si se acepta a discusión la propuesta de doña Gloria Bautista. Y permítame un momentito, por favor.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Queda en sus términos. Don Víctor Reymundo Nájera Medina, presente su reserva, por favor.

El diputado Víctor Reymundo Nájera Medina: Con el permiso de la Mesa Directiva. Y no sé si hablar a nombre del grupo parlamentario o a título personal, del Partido de la Revolución Democrática, pero como diputado de mi partido voy a hacer las siguientes consideraciones:

Miren, seguramente de haber incluido en esta reforma constitucional el salvaguardo de los derechos de los trabajadores al servicio de la educación, docentes y no docentes, salvo algunas precisiones mínimas; seguramente, compañeras y compañeros diputados, esta votación pudo haber salido de manera unánime. Pero desafortunadamente si de algo carece esta reforma es que no contempla de qué manera estos derechos de miles y miles de trabajadores de la educación van a ser resguardados.

Pero saben qué cosa es lo que está realmente en el fondo, compañeras y compañeros, que el Ejecutivo no se quiere echar un tirito de manera directa con el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, y también –por si las dudas– dice con la coordinadora, menos.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tiene diputados, tiene senador, tiene diputados locales. No es lo mismo que Carlos Jonguitud cuando se dio en el vaso, no es lo mismo. Se metería el Ejecutivo a una lucha de la que seguramente no saldría bien librado. Pero también la coordinadora tiene lo suyo.

La coordinadora como siempre, de manera muy valiente defendiendo sus principios a favor de la educación, tampoco se dejaría aunque a la mejor no tuviera la misma representación que el SNTE.

¿Y qué dice el Ejecutivo? Aprovechemos mejor las experiencias que ya hay en otros subsistemas educativos donde el charrismo sindical no ha podido penetrar. Eso es lo que está haciendo el Ejecutivo, compañeras y compañeros, de manera autoritaria pretende centralizar la educación para que desde ahí mime de manera directa a ambos sindicatos. Ésa es la verdadera razón de fondo.

Si analizan concienzudamente el cuerpo de la iniciativa, compañeras y compañeros, no hay nada nuevo. Que no nos engañen. No hay absolutamente nada nuevo, compañeras y compañeros. Los concursos por oposición para nuevo ingreso, los concursos para la promoción de los maestros que ya están, la evaluación de los directivos en el nivel medio superior, compañeras y compañeros, esto ya se hace desde hace muchos años. Por favor, a quién quieren engañar.

Pero ha observado el Ejecutivo que en un sistema centralizado, sobre todo donde hay un sistema nacional de bachillerato, como es el nivel medio superior y donde ve que no hay intromisión sindical dice: para qué le busco. Mejor centralizo la educación y me quito de broncas, y me quito de broncas; y poco a poco voy a implementar ese sistema exitoso que tiene el nivel medio superior.

¿Saben por qué no hay una intromisión sindical directa en estos subsistemas educativos? Porque existen procedimientos, normas y metodologías que le permiten a la parte directiva consumar la calidad de la educación.

En este subsistema educativo, compañeras y compañeros, no se solapan huevones, no se solapan aviadores, no se solapan comisiones, no se solapan maestros que de verdad transgreden la más mínima ética con la que se debe comportar un maestro pero que tiene su sindicato para defenderlo, porque sí solapa a ese tipo de maestros.

Ésa es la razón de fondo, no le demos vueltas, compañeras y compañeros. La centralización de la educación está orientada hacia allá. De manera muy elegante, compañeras y compañeros, el Ejecutivo va a centralizar estos servicios retomando –según el cuerpo de la iniciativa– la rectoría.

La rectoría siempre la ha tenido, compañeras y compañeros. No la ha sabido controlar en el nivel básico sobre todo porque hay fuerzas que todos sabemos que ahí están, que no lo van a permitir porque representan grandes negocios en los estados de la República y es lo que defienden.

De ahí que el agregado que su servidor hace al artículo 3o. en los dos últimos renglones es que se incluya lo siguiente, presidente, para terminar.

Los trabajadores a que se refiere esta fracción, tratándose de la educación que imparta el Estado, se seguirán rigiendo por el Apartado B del artículo 123 de esta Constitución; y de ninguna forma resultarán afectados en sus derechos laborales y de seguridad social, incluidos los trabajadores que no tienen una función docente. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la propuesta del señor diputado.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Queda en sus términos. Don José Luis Muñoz Soria, tiene el uso de la voz para presentar reserva de esta fracción III.

El diputado José Luis Muñoz Soria: Muy buenas noches a todas y a todos ustedes; con su permiso, diputado presidente. Primero quisiera mencionarle, diputado presidente que en la pasada ronda de oradores violentó usted el artículo 104 del Reglamento en la fracción VII, que marca que hasta después de seis oradores pondrá usted a consideración de la asamblea si se continúa la lista de oradores o no.

Usted es responsable de la conducción de estas sesiones, en el marco de la ley y creo que la ha violentado.

Hace unos minutos que pedíamos la intervención, en el marco de la ley, queríamos subir a esta tribuna a expresar algunos puntos de vista sobre esta propuesta de reforma, de esta reforma de gran calado que piensan que va a resolver uno de los grandes problemas de este país: el problema educativo.

Quienes hemos vivido, entregado nuestra vida al magisterio, tenemos una opinión diferente a las que se han expresado aquí a favor de la iniciativa que manda el Ejecutivo.

Ojalá esa propuesta de gran calado hubiese venido acompañada de mecanismos de que pudiéramos habernos puesto de acuerdo para definir todo un procedimiento que llevara de una manera real a resolver el problema educativo. No es así.

Esa propuesta de gran calado cuando mucho tiene el calado de las lanchas que hay en el Bosque de Chapultepec, en el lago, para que vayan los jóvenes y los niños a un rato de diversión.

Hay diputadas y diputados de un partido, no quiero decir cuál, pero lo van a identificar, que siempre reciben con beneplácito las propuestas del Ejecutivo. Son aquellos que durante años han medrado con las cuotas sindicales de los trabajadores de la educación; son aquellos que ven siempre, van a recibir con beneplácito las iniciativas del Ejecutivo, porque vienen acompañadas de decirles que no les van a tocar los cientos de millones de pesos anuales que reciben de las cuotas sindicales y que lo que hacen es hacer un uso incorrecto de ellos. U otros que vienen a esta tribuna a decir que nos equivocamos.

Quienes han venido a esta tribuna a decir que nos equivocamos son aquellos tránsfugas de partidos que tienen vocación de poder y que, claro, saltaron del PRD al PRI y después del PRI al PVEM. Ésa es la congruencia de aquéllos que ahora vienen a defender las iniciativas del Ejecutivo.

Se equivocan quienes creen que con esto van a resolver el problema educativo, así como se equivocaron con lo de la reforma laboral. Dentro de varios años les vamos a decir: se los dijimos. Allá ustedes.

Díganle a Peña Nieto que se equivoca. Ayer se los pidió en la reunión de gobernadores para seguridad; les dijo que se escucharan las críticas y aun las fuertes. Díganselo. No practiquen la genuflexión como su ejercicio preferido de yoga.

Durante muchos años hemos luchado por un régimen de igualdad y ante nuestra Constitución todos somos iguales. Nadie tiene un régimen especial. Por eso la propuesta, la reserva de modificación a la fracción III del artículo 3o. va en el siguiente sentido.

La reforma plantea: Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la república. Para tales efectos, el Ejecutivo federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, en especial los padres de familia.

La propuesta es que quitemos "en especial los padres de familia". Aquí no hay especiales, aquí no podemos permitir que esas asociaciones que andan por ahí tratando de influir en los contenidos para dar un giro de religión al interior de las escuelas públicas no deben de tener esta posibilidad en este sentido.

La educación es laica. Soy un orgulloso formado de la escuela pública y soy un firme defensor de la escuela pública, y la escuela pública es laica, como lo acabamos de reconocer en el artículo 40 Constitucional.

Ésa es la propuesta. Que se quite la frase "en especial los padres de familia". Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Estando muy clara la propuesta del señor diputado, pregunte la secretaría a la asamblea si se acepta a discusión.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica, se consulte a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Queda en sus términos. Doña Alliet Mariana Bautista Bravo, del PRD, tiene la posibilidad de presentar reserva a la fracción III.

La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo: Gracias, señor presidente. Decirles, compañeros y compañeras diputados, que hace unos días celebramos aquí la develación de una placa en el marco internacional del cooperativismo, declarado por la ONU.

Decirles también que a partir de esta declaración de la ONU como Año Internacional del Cooperativismo 2012, se han celebrado en más de 190 países la existencia de un modelo económico que ha sido eficiente para afrontar las condiciones que impone la pobreza y la marginación.

Esta pobreza y marginación que también nos invade como país, y que esta crisis también ha sido globalizada, es por una sola razón: la mercancía y el dinero se imponen por encima de los seres humanos.

Gracias a este acontecimiento en este marco internacional se ha difundido ampliamente este modelo que conjuga una visión empresarial con una visión y una filosofía humanista, de carácter universal, así como lo recomienda la Organización Internacional del Trabajo en su recomendación número 193.

Este organismo internacional también convoca a los gobiernos a dar todo su apoyo a la implantación del cooperativismo a través de políticas públicas y de un financiamiento suficiente.

Acerca del cooperativismo, si hacemos un poco de historia, es en 1934 con el presidente, el general Lázaro Cárdenas, que le da un mayor impulso como una forma de organización social y económica del sector.

Y también Lázaro Cárdenas, entre el 34, le da al cooperativismo escolar, junto con un reglamento especial para la creación de cooperativas, y en el siguiente año, en 1935 hay un congreso de cooperativas nacionales, y dentro de esos resolutivos establecía la introducción del sistema cooperativo en el ciclo de enseñanza básica, la constitución de un departamento de fomento cooperativo magisterial escolar y de padres de familia en la SEP, la creación de la Universidad Cooperativa con patrocinio del Estado.

No obstante cabe señalar que a nuestro país le hace falta una visión que se concrete en un marco jurídico legislativo más amplio y preciso del cual se deriven políticas públicas que le otorguen viabilidad al cooperativismo y a la economía social.

Es necesario, también, que podamos tener desde nuestro ámbito legislativo esta visión y de colocar al cooperativismo y la economía social como una política de Estado para que se pueda ver reflejado en todo el Sistema Nacional de Educación Básica y Superior de nuestro país.

Los principios y valores del cooperativismo que son de igualdad, la fraternidad, la ayuda mutua, velar por la comunidad, por el medio ambiente, son valores y principios del propio capital social y el capital humano que parece que son solamente de la identidad del sector cooperativo o de un sector de la economía, que es el social, cuando deberían ser valores y principios inherentes a todo ser humano para la sana convivencia de cualquier sociedad.

Llevar esta tarea implica una visión, vuelvo a repetir, de Estado, y por eso es necesario incluir en los planes oficiales de enseñanza básica el estudio del cooperativismo y las propuestas de la economía social y solidaria y hacer énfasis en esos valores y en esos principios.

En esta propuesta que estoy haciendo, en esta reserva, es poder anexar un segundo párrafo a este artículo 3o., en el que podamos establecer que a la letra pueda decir que en todos los niveles del sistema nacional de educación se realizará el estudio del cooperativismo y las propuestas de economía social y solidaria, con énfasis en sus valores y principios y la presentación de ejemplos exitosos de empresas cooperativas nacionales e internacionales, otorgando a los alumnos la oportunidad de experimentar esta doctrina a través de proyectos escolares y comunitarios que ejemplifiquen el valor económico y humanista de las empresas sociales.

Quiero también comentarles que la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social hemos tenido la misma visión, y de todas las fracciones parlamentarias, porque es una Comisión plural como todas, hemos coincidido en esta necesidad de ponerlo al centro como una política de Estado, que tiene que ver con todas las políticas públicas en los tres niveles de gobierno. Tenemos que trabajar nosotros para que haya un marco jurídico que las fomente, que las que ya existen las desarrolle y que estos valores y principios puedan ser una realidad cotidiana en nuestra sociedad, que es lo único que puede sacar del atraso, de la pobreza, para que todas las mexicanas y mexicanos tomemos las riendas de nuestra vida en nuestras manos.

En esto vamos a estar y estamos unidos. Es tanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Gracias, diputada. Don Luis Antonio González Roldán, para presentar su reserva.

El diputado Luis Antonio González Roldán (desde la curul): Señor presidente, ¿no la va a someter a discusión la propuesta?

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sí, tenemos que someter primero a discusión si se admite, tiene usted razón, la propuesta.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Queda en sus términos.

Don Luis Antonio, tiene usted el uso de la voz.

El diputado Luis Antonio González Roldán: Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario Nueva Alianza acudo a esta tribuna, convencido de que lo que proponemos coadyuva con las necesidades ciertas de nuestra realidad social.

Sometemos a su consideración la modificación del artículo 3º de nuestra Constitución Política, en su párrafo tercero, para que del mismo se elimine del texto constitucional el término permanece, en mérito de una profunda convicción que en nuestro pacto fundamental no podría establecerse una contradicción con lo que dispone de manera fehaciente en otros artículos de nuestra Carta Magna.

Al hacer esta reserva no tenemos más anhelo que el de solidarizarnos en esta pretensión con las maestras y maestros de México, centrar nuestra visión de que esta reforma podrá ser un cimiento para sentar las bases de construcción de una educación pública que erradique de una vez y para siempre los grandes rezagos por los cuales el magisterio nacional ha luchado.

En Nueva Alianza estamos convencidos que este derecho fundamental, la educación, no se cristaliza ni se hace con una palabra, con una frase o con un razonamiento. La educación es una constante labor de todos los días, de todos los instantes, de ahí la necesidad de ver la reforma en su totalidad, en su integralidad de sus efectos, de sus alcances.

Si en verdad lo que hoy nos mueve en esta reforma constitucional en materia de educación, como derecho fundamental es su dinamismo, su movilización, su optimización, consideremos que en esta discusión, máxime tratándose de una reforma constitucional, debemos atenderla en su totalidad, en todos sus preceptos y en relación sistémica de nuestro máximo cuerpo normativo legal.

No nos puede ser ajeno el hecho de que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como fin el de la protección del trabajador en su trabajo, consecuentemente no podemos desconocer que otras generaciones que nos antecedieron como legisladores, consideraron el derecho a la permanencia en el trabajo como premisa de seguridad en el resguardo del trabajo, como un valor social y económico, situación que permite conservar los medios de subsistencia, encabezados por el derecho al salario y las demás prestaciones legales o contractuales.

Compañeras y compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza consideramos que la inclusión del término permanencia violenta el sentido social de nuestra propia Constitución.

Se estatuye como condicionante constitucional en contra del magisterio nacional por encima de proteger sus derechos, por encima de proteger tanto a las maestras y a los maestros, así como a la sociedad, menoscabando en contra de las y los docentes su permanencia en una función fundamental del Estado y la responsabilidad por su ejercicio, y a la sociedad, que este derecho fundamental se desarrollará con certidumbre.

Nos separamos de la inclusión del término, porque no podemos lacerar la estabilidad laboral de las maestras y los maestros, porque aquí lo que se persigue, sin decirlo, es establecer la flexibilización en las relaciones laborales, que consecuentemente provocan la disminución de la duración de las mismas y rompe, indisolublemente, el propio principio de permanencia, la persistencia o la duración indefinida de las relaciones de trabajo y la exigencia de una causa razonable para su disolución, porque aparte va en contra del espíritu de la propia evaluación tan comentada ya en esta tribuna. Evaluación de una educación completa, que debe ser considerado como un proceso más amplio.

Señoras y señores legisladores, la permanencia va en contra de este mismo dictamen en mérito de lo que ya he señalado, va en contra del propio espíritu de la evaluación. La evaluación es un proceso más alto, es un proceso que debe de determinar mayores funcionalidades con relación a los trabajadores de la educación. Consecuentemente, mi grupo Nueva Alianza no encuentra motivación jurídica ni razonabilidad mínima en ese concepto, para elevarlo a rango constitucional.

Señor presidente, hace unos momentos he presentado el texto de propuesta de redacción a la Secretaría, solicitaría lo sometiera a la consideración del pleno. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y así lo haré, señor. Previa a su lectura, aunque nos quedó muy claro, pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión. Nos lo acaba prácticamente de leer, entonces solamente pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Honorable asamblea, la Comisión de Puntos Constitucionales nos hace llegar una reserva. Le vamos a rogar a la Secretaría que dé lectura a la reserva que por la Comisión se ha presentado a la fracción III.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Artículo 3o, fracción III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo federal considerará la opinión de los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, en especial los padres de familia en los términos que la ley señale.

Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión de la educación básica, media superior que imparta el Estado se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan.

La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación.

Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a las instituciones que se refieren en la fracción VII de este artículo. Firman todos los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión, inmediatamente después si se aprueba y forma parte del dictamen.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Pregunte si se aprueba.

El diputado Roberto López González (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Permítame un segundo. Don Roberto, me había pedido el uso de la voz y se le concede la palabra. ¿Desde su curul? ¿Quiere venir a la tribuna? Adelante, del PRD, pero ahora en el ámbito de la discusión de esta reserva.

El diputado Roberto López González: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, he aprovechado este resquicio para hacer uso de la voz, en virtud de alguna serie de inexactitudes que se han dicho en tribuna.

Y no decirlas aquí es aceptar que lo que se ha venido planteando desde esta tribuna, parece que fuera cierto.

Voy a tratar de clarificar mi intervención. Por supuesto que mi intervención es a favor, a favor de la reforma y a favor de lo que aquí se ha expresado en la reserva que se hizo hace unos minutos.

En esta tribuna se ha dicho que esta reforma atenta contra el Estado laico, en esta tribuna se ha dicho que esta reforma atenta por los derechos adquiridos de los trabajadores de la educación. No hay cosa más falsa, con todo respeto incluso para mis compañeros de fracción que han subido a argumentar esto que estoy diciendo.

Yo no he escuchado un solo argumento que digan en qué lástima el Estado laico de la educación con esta reforma; como tampoco he escuchado cuáles son los derechos puntuales de los trabajadores que se lesionan, se lastiman o se coartan con esta reforma.

No he escuchado un argumento sólido, más que solamente la descalificación a esta reforma. Que me parece –sí, en lo personal– que se queda corta, pero que me parece que tenemos una tarea por delante para hacer una reforma integral a la Ley General de Educación.

Decir que si este grupo de trabajadores quedan contemplados en el artículo, en el apartado A, del 123 y quejarse de ello es que de plano no han leído la Constitución. Ni jamás han leído el apartado B, el A, ni la diferencia que existe entre uno y otro.

En el apartado A están los derechos plenos de todos los trabajadores, y durante muchos años ha sido una lucha de muchos trabajadores universitarios de verlos en el apartado A. Y ahora, gracias a esta reforma y a la visión de estos diputados, vamos a tener todo los trabajadores ese derecho pleno, incluyendo el derecho a huelga, que en el apartado B se tenía coartado.

Quiero decir, con mucha claridad, que no podemos jugar a venir a la tribuna a querer decir verdades a medias que son mentiras completas. Perdón, compañeros diputados, lo que aquí se ha dicho solamente han sido descalificaciones que no ayudan ni al debate ni a la construcción que todos los mexicanos están deseando, una patria ordenada, y no porque sea el PAN, generosa y humana.

No, lo que nosotros tenemos es la obligación, los que estamos aquí electos por el pueblo de México, de velar porque las reformas lleven un beneficio inmediato a la sociedad. Y ésta es una de ellas. Ustedes díganme si los padres no tiene que ver con la educación de sus hijos.

¿Quién de ustedes como padre o madre de familia deja al garete la educación de sus hijos? No, nos deben de pedir la opinión. Y si podemos intervenir debemos de hacernos escuchar para que seamos tomados en cuenta como padres o como madres en la educación de nuestros hijos.

Si a caso nosotros podríamos decir: se va a lastimar los cotos de poder. Tan pernicioso es el coto de poder del SNTE como pernicioso es el coto de poder de la CNTE. Tan pernicioso es que todos los inspectores, directores, supervisores de zona sean determinados por una persona o por un grupo gremial, como también pernicioso es que además de ello les permitan todo tipo de atropellos, de fechorías, de daños patrimoniales en virtud de sus sagrado derechos constitucional de expresarse.

¿Quién no lamenta las escenas tristes de un Oaxaca tomado por tantos días, con un centro histórico dañado, con centro histórico destruido? Es por ello que con esta oportunidad que me da de poner a discusión esta adición de este artículo quiero manifestar, no a nombre del PRD, a nombre de Roberto López González, de Jalisco, electo en la primera circunscripción, que me parece que estamos avanzando con esta reforma.

Y me parece que lo que aquí se ha dicho, si no lo argumentamos, no podremos tomarlo como válido. Y por lo tanto en lo personal, yo no lo acepto, así sean lamentablemente mis compañeros de partido. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Estamos en la discusión aprobada por el pleno. Y tiene derecho a hablar don Ricardo Mejía, en contra.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, compañero presidente. Ya salió el peine. Ya vemos por qué se demoró la discusión que estaba programada del día de ayer, era parte los acuerdos con la cúpula sindical y refrendamos lo que hemos dicho: esta reforma gatopardista, incompleta y precipitada, no toca el núcleo central corruptor del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y su dirigente Elba Esther Gordillo.

Lo que están queriendo plasmar respetando los derechos constitucionales, es una perogrullada, porque el artículo 14 constitucional establece que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de nadie. Sin embargo es para blindar y para tratar de dar la idea de que ante no poder eliminar la palabra permanencia, que ya habían planteado aquí, están planteando esta idea de respetar, entre comillas, los derechos constitucionales.

La idea realidad, y seguimos insistiendo es, que no se toca la médula de la corrupción sindical y el clientelismo, porque esta reforma no toca el tema de los comisionados, que hay miles de comisionados que sin estar frente a pizarrón, sin pasar el gis como se le conoce en la jerga magisterial tienen dos o tres plazas o son comisionados a tareas sindicales o son representantes del PRI o son representantes del Panal en procesos electorales; es decir, es la misma gata, nada más que revolcada. Y lo que estamos viendo es que esta reforma simple y sencillamente está abocándose a un efecto mercadotécnico, por eso nosotros vamos a estar en contra.

Nosotros creemos que hay que ir a fondo, y nosotros vamos a pugnar por una auténtica reforma educativa. Esta reforma educativa no está quitando los privilegios, no está transformando la calidad de la educación y no está modificando los contenidos. Nos parece, insisto, una reforma mediocre.

Y yo quiero felicitar a los 39 diputados que votamos en contra de la reforma en lo general. Creo que estamos creciendo, cada vez somos más. No hay unidades, como aquí se pidieron, y vamos a seguir dando la batalla por otros temas que se plantean, como el tema de las cuotas escolares que se están constitucionalizando y que constituyen además una tomadura de pelo de parte del Partido Verde, que hizo campaña diciendo no a las cuotas escolares y ya lo discutiremos en el artículo quinto transitorio, fracción III, inciso a), donde se está abriendo la puerta a las cuotas escolares violando la fracción IV del 3o. que habla que toda educación que imparta el Estado deberá ser gratuita.

Por lo anterior, nuestro voto en esta enmienda que se está planteando será en contra.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Finalmente cierra esta lista de oradores el diputado Orihuela. Inmediatamente después vamos a votar si se acepta que pase a formar parte del dictamen.

Diputado Orihuela. Todavía falta el diputado Orihuela. Tiene usted el uso de la voz en contra de esta enmienda.

El diputado Javier Orihuela García: Compañeros diputados y diputadas. Yo sé que ya están cansados y quisiéramos que esto terminara, pero yo les pido por favor su atención.

Soy Javier Orihuela, soy diputado federal por el II distrito del estado de Morelos. Soy profesor con licencia sin goce de sueldo por éstos tres años. Soy integrante de la Sección XIX del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

En 1979 fundamos la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para democratizar nuestro sindicato porque vemos que era y es un freno para los objetivos que hoy nos proponemos en esta modificación al 3o. constitucional.

Quiero pedirle solamente a la Mesa o al secretario que se lea los artículos 47 y 50 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del Apartado B, para que veamos, compañeros, cómo hay una gran contradicción entre la modificación que queremos y lo que está en éstos dos artículos. Si me permitiera, si no tiene inconveniente, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Léalos, por favor, diputado, léalos.

El diputado Javier Orihuela García: Miren, el artículo 47 de la mencionada ley dice: "Se entiende por escalafón el sistema organizado en cada dependencia conforme a las bases establecidas en este título para efectuar las promociones de ascenso de los trabajadores y autorizar las permutas".

Artículo 50: "Son factores escalafonarios: los conocimientos, la aptitud, la antigüedad, la disciplina y la puntualidad. Se entiende por conocimientos la posesión de los principios técnicos y prácticos que se requieren para el desempeño de una plaza; por aptitud, la suma de facultades físicas y mentales, la iniciativa, laboriosidad y la eficiencia para llevar a cabo una actividad determinada; por antigüedad, el tiempo de servicios prestados a la dependencia, correspondiente a otra distinta cuyas relaciones laborales se rijan por la presente ley".

Solamente esto, compañeros, si lo analizan de manera respetuosa, vemos que estamos en una contradicción. Lo que quiero pedirles a todos ustedes, compañeros, que no sigamos legislando al vapor, sin consideraciones.

Su servidor viene aquí por un compromiso histórico. Me han pedido mis compañeros maestros de Morelos que explique que esta ley no va a mejorar el sistema educativo.

La evaluación no es algo ajeno al proceso educativo, compañeros; la evaluación es parte integrante de nuestro quehacer educativo, compañeros. Sin evaluación no hay avance.

Y no es posible que un ente ajeno, hoy que va a gastarse varios millones de pesos, sea el que evalúe, si no está en el aula, si no está frente a grupo.

Hoy, compañeros, lo que vemos y por eso yo a veces me dirijo al licenciado Manlio Fabio Beltrones, reconociéndole su gran capacidad para mantener esta disciplina en el grupo y en los demás grupos, es un reconocimiento público que quiero hacerle porque no es fácil hacer lo que él está haciendo.

Pero sí quiero decirles, compañeros, que requerimos de analizar esto que estamos aprobando, porque no va a servir de nada.

Todos los compañeros trabajadores de la educación al rato nos vamos a amparar contra esta ley anticonstitucional.

Que no nos pase como lo que está pasando con la reforma laboral. Ya están presentándose miles y miles de amparos contra la Ley Laboral.

Compañeras y compañeros, me dirijo a todos ustedes porque para que esta ley tuviera efecto, es necesaria una gran consulta nacional al magisterio, a los padres de familia, a la sociedad en su conjunto, compañeros, porque la evaluación no es algo que viene de fuera donde un grupo de dotados llegan como señores feudales con horca y cuchillo a evaluar a alguien que está frente a grupo.

Y decirles que es precisamente con la labor de los maestros en que este sistema educativo todavía persiste, porque la corrupción al interior de la SEP, la corrupción al interior del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha pretendido acabarlo, pero es por los trabajadores de la educación que todavía sigue en pie, compañeros, de esos maestros que están en su aula, con bajos sueldos, pero que tienen un gran compromiso con su país.

Analícenlo y vean, compañeros, que tenemos que corregir el rumbo de esta Legislatura. No es posible que sigamos así. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Pregunte la secretaría a la asamblea si se acepta que la propuesta de la comisión y leída por la secretaria Tanya pase a formar parte del dictamen.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación al artículo 3o fracción III, presentada por la comisión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se modifica el dictamen en estos términos.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Vamos a abrir el sistema electrónico por cinco minutos para recabar votación nominal de la fracción III. Ábrase el sistema.

La Presidencia informa que posteriormente vamos a recibir todas las reservas de la fracción IX y una vez que hayamos procesado la fracción IX, vamos a volver a abrir el sistema.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico. Se emitieron 400 votos a favor, 57 en contra y 6 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Aprobada la fracción III. Dejo la presidencia en las doctas, expertas y juiciosas manos de don José González Morfín.

El Presidente diputado José González Morfín: Para presentar sus reservas a la fracción IX del mismo artículo 3o., tiene la palabra el diputado Ricardo Mejía.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su permiso compañero presidente, compañeros diputados y diputadas. Nos parece que la constitución del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación como un órgano autónomo queda en entredicho cuando es el titular del Ejecutivo el que propone a sus integrantes.

Se plantea que sea el Senado de la República el que lo ratifique, pero si en un tiempo no emite un dictamen, quedan firmes los nombramientos del Ejecutivo, y si estos se rechazan, en dos ocasiones él los nombra directamente.

Es decir, se están tomando decisiones para fortalecer el presidencialismo y este instituto, lejos de abogar por una auténtica calidad educativa, se convierte en un instrumento de control político de parte del presidente. Además vemos que no está tomando en cuenta en sus facultades la revisión y la supervisión de la educación superior ni de la educación temprana.

En cuanto a la educación superior nosotros planteamos, en la Comisión de Puntos Constitucionales, que pudiera entrar a revisar a las instituciones de educación superior, porque han proliferado escuelas conocidas como patito, que son escuelas que emiten, sin ningún rigor académico "títulos" para miles de jóvenes que son engañados, que hipotéticamente salen con una profesión, pero que en realidad no tienen los mínimos elementos para enfrentarse a la vida profesional y al mercado laboral.

Sin embargo nada de esto se quiso tomar en cuenta en esta reforma. Nosotros insistimos, también, en que un órgano autónomo tiene que ser nombrado por el Poder Legislativo con la participación de académicos, rectores, especialistas y mediante convocatoria pública para que sean verdaderas instituciones y autoridades educativas que no respondan a las intrigas palaciegas ni del presidente ni del secretario de Educación Pública; sin embargo, nada de esto se quiso llevar a cabo.

Tampoco se quiso ver que este instituto diera con transparencia el número de comisionados que hay en todo el país, porque estamos viendo, por ejemplo, como botón de muestra de los comisionados, me voy a referir a un caso, en Coahuila, Humberto Moreira, que no conforme con haber dejado una deuda de casi 40 mil millones de pesos y estar ahora en un pleito intestino con su hermano, al que dejó de gobernador, ha anunciado que se va de comisionado y va a tener una beca con cargo al presupuesto para irse a estudiar fuera, y el secretario de la Sección V del SENTE, Blas Montoya, acaba de decir que tiene los derechos para ser comisionado.

Es decir, todos estos excesos, canonjías, prebendas se siguen dejando intocados y este Instituto para la Evaluación de la Educación sólo será un elefante blanco que en todo caso sirva nada más para los intereses políticos del Ejecutivo y del secretario de Educación Pública.

Si queremos que este Instituto tenga dientes y efectivamente tenga la posibilidad de influir en la educación, planteamos que sea también para la educación superior, planteamos que pueda revisar los comisionados y que pueda acabar con los privilegios. De no hacerlo simplemente insistimos que es una reforma mercadotécnica, y que permanecen intocados los intereses que han corrompido la educación en nuestro país. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Sí tenemos una propuesta, pediría a la Secretaría consulte a la asamblea en votación económica, que pregunte si se admite a discusión.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. No se admite a discusión. Queda en sus términos y tiene ahora la palabra la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, también para presentar su reserva a la fracción IX del mismo 3o. constitucional.

La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con su permiso, señor presidente. Compañeras, compañeros legisladores, Nueva Alianza ha manifestado desde un principio su compromiso con la educación pública de calidad. Muestra de ello han sido nuestras propuestas que en lo que va del periodo hemos incorporado como iniciativas; la autonomía del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y la creación de una instancia que evalúe y certifique las condiciones en las que está la infraestructura escolar.

Esto va a ser reiterativo por nosotros, en cada una de las instancias donde sea posible. Reiteramos así que la evaluación de la educación debe ser integral, que contemple todos los factores y actores que intervienen en ella; que no se limite a alumnos y maestros; que se evalúe en qué condiciones están los alumnos y los maestros, en cómo están las instalaciones de cada espacio educativo.

Por eso nuestra propuesta concreta es que se incorpore al texto de la evaluación, donde dice evaluar el desempeño de manera integral para corresponder así a los requerimientos que toda reforma educativa quiere.

No se trata de evaluar sólo a alumnos y maestros. Perdónenme, pero todos los que aquí estamos presentes pasamos por una escuela, la mayoría por escuela pública, y lo que ha cambiado, las condiciones de las escuelas públicas en 20 o 30 años ha sido mínimo. Entonces, no limitemos la evaluación a alumnos y maestros.

Garanticemos los derechos de los niños y de las niñas tal y como está en la Constitución, pero también preservemos los derechos de los trabajadores, de las maestras y de los maestros, que sin un reclamo explícito aquí, siguen trabajando allá en esas condiciones deplorables, pero nadie se acuerda, y le exigen lo mismo al que trabaja en buenas condiciones que al que trabaja en malas condiciones.

Por eso nuestra propuesta es, la evaluación debe ser integral. Que no se improvisen maestros, pero que no se improvisen funcionarios, que no se improvisen autoridades educativas.

Hemos transitado, las maestras y los maestros, a lo largo de la historia, en todo lo que sea para el bien del país, y ésa no va a ser la excepción, pero que no se conculquen los derechos de las maestras y los maestros, que no se les condicione a una evaluación para decir: trabajas o ya no trabajas.

Y que tampoco se condicione y se acaben los argumentos en un debate y se aproveche una descalificación de algún actor o de un liderazgo, que lo que pretendemos es contribuir a la educación.

Sí exijamos buenos resultados, pero exijámosles también buenas condiciones. Evaluemos integralmente para mejorar, que evalúen a todos pero para mejorar, no para descalificar, no para castigar, no para señalar, sino para aportarle a la educación lo que todos estamos obligados a aportar.

Como padres de familia, como legisladores, algún día nos tendrán que evaluar a nosotros como legisladores, algún día tenemos que rendir cuentas a esa sociedad y a esos alumnos, pero correspondamos con el compromiso, compañeras y compañeros legisladores, hay que abatir las desigualdades.

Evaluemos todo, mejoremos las condiciones, acompañemos esto con el presupuesto necesario para que las condiciones de las escuelas, de los laboratorios, de los talleres, de cualquier espacio áulico puedan tener las mejores condiciones.

Y cuando a veces se nos acaban los argumentos en un debate, cuando no tenemos más que proponer, cuando no tenemos más a qué comprometernos, descalificamos. Y la mejor manera de evadir una responsabilidad es desplazando culpas.

No desplacemos culpas, compañeras legisladoras y legisladores. Asumamos nuestra responsabilidad como maestros, como educadores, como legisladores, como padres de familia, y aportemos lo mejor de nosotros.

No utilicemos este recinto para echar culpa a alguien. Asumamos lo que a nosotros nos corresponde. Hoy nos corresponde a los 500 que estamos aquí, a darle cuentas al país con una reforma educativa viable, con una reforma educativa que les garantice los derechos a las niñas y a los niños, y que preserven los derechos de las maestras y de los maestros.

Calidad en la educación. Calidad en las condiciones de las maestras, de los maestros, de las niñas y de los niños. Reitero aquí nuestra propuesta, incorporar al texto evaluación integral. Ésa es nuestra propuesta, señor presidente, y espero la consideren en ese término. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Le ruego a la Secretaría consultar a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de la diputada Cerda Franco.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, no se admite a discusión, queda en sus términos.

Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, también para presentar su reserva del primer párrafo de la fracción IX del 3o.

El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, ponemos a consideración de ustedes y con fundamento en el artículo 109, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, para proponer la reserva de la fracción IX, el párrafo primero del artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del dictamen que nos presenta.

Miren, estamos dejando del lado de la evaluación, fundamentalmente a la educación inicial. Yo sigo insistiendo en la educación inicial. Miren, los países que están más adelantados en educación, simplemente volteemos los ojos a Cuba, ¿por qué Cuba está muy adelantado en educación? Porque le ha apostado mucho a la educación temprana y aquí no se contempla la educación temprana.

Y no se contempla, todo es para la educación pública, pero dónde queda la privada, compañeras y compañeros.

Miren, se están dando permisos al por mayor para crear universidades patito. Y quién las supervisa, compañeros. Sí, toda la culpa al sector público, pero lo privado qué. Compañeras y compañeros, quién supervisa.

Por eso, nosotros estamos proponiendo la modificación siguiente. Dice: el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación sería un organismo público, autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Corresponderá al Instituto evaluar el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, para ello deberá decir: el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será un organismo público, autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Corresponderá al Instituto evaluar el desempeño y resultado del sistema educativo nacional en la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior, tanto pública como privada. Para ello deberá decir. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Le pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta del diputado Roblero.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. No se admite a discusión. Queda en sus términos.

Y tiene ahora la palabra la diputada Beatriz Zavala Peniche, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar también una reserva al primer párrafo de la fracción IX.

La diputada María Beatriz Zavala Peniche: Con su permiso, señor presidente. Como grupo parlamentario y como Partido Acción Nacional, que suscribimos el Pacto por México, empujamos desde un principio que la primera reforma sea en beneficio de la calidad educativa, y es ésta, porque lo realmente importante es tener una educación de calidad en todo México.

Asumimos que la calidad educativa es una demanda ciudadana, por eso le damos tanta importancia a este tema. De hecho, consideramos que el tema fundamental de esa reforma es la calidad educativa.

El Grupo Parlamentario de Acción Nacional hace esta importante reserva que mejorará sustancialmente este dictamen, precisamente en el tema de calidad educativa. Proponemos incluir en el párrafo primero, de la fracción IX, del artículo 3o. constitucional la palabra calidad para quedar de la siguiente manera: Corresponderá al instituto evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Que quede claro que la calidad educativa ha sido una constante no sólo de propuesta, sino de acciones en los gobiernos de Acción Nacional. Los gobiernos panistas realizaron varias acciones a favor de una educación de calidad. Basten algunos ejemplos para recordarlos:

Precisamente en 2002 se crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el cual desde entonces y por primera vez en la historia de nuestro país inició la compleja tarea de evaluar nuestro sistema educativo. Éste es el órgano al que hoy se propone darle autonomía constitucional.

Sin precedente alguno en nuestro país a partir del 2006 se evalúa el logro académico de los estudiantes en educación básica y media superior, mediante la aplicación de la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares, conocida como prueba ENLACE. Y fue durante los gobiernos panistas que por primera vez en la historia de nuestro país se aplicaron los concursos para la asignación de plazas docentes.

Damos cuenta entonces que los objetivos generales de la reforma constitucional que hoy se discute son un referente de política pública de las pasadas administraciones panistas. Nuestro compromiso con la ciudadanía se ve plasmado en garantizar, desde la Constitución Política, la calidad educativa. Lo que han pedido los ciudadanos, que ni las marchas impidan la evaluación de la calidad educativa. Precisamente para garantizar esta calidad, transformamos la naturaleza jurídica del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Es importante resaltar, que esta reforma trae otras corresponsabilidades a este Poder Legislativo y, por ello, desde hoy nos comprometemos en expedir la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, así como las reformas necesarias a la Ley General de Educación, de todos los desafíos, de todos los desafíos éticos que tenemos, ninguno es tan decisivo como la posibilidad de educación de calidad para todos. En consecuencia, les pedimos el voto a favor de esta importante reserva. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Le pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si la propuesta de la diputada Zavala se admite a discusión.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Perdón. Hay otras propuestas a la misma fracción y al mismo párrafo. Y bueno, por lo pronto se admite a discusión.

Me está pidiendo la palabra el diputado Belaunzarán, para referirse a este tema. Está a discusión y tiene la palabra el diputado Fernando Belaunzarán.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Con su venia, presidente. Me parece sustantiva la inclusión que hace la diputada Zavala, porque de eso se trata esta reforma. México vive una crisis educativa. Es más, la palabra que más se le acercaría a lo que estamos viviendo es la catástrofe educativa. Estamos en los últimos lugares en cualquier parámetro de calidad, respecto a la OCDE, y recuerden cómo celebramos que nos hayan aceptado en ese lugar.

Tenemos un diagnóstico muy claro, si hay un problema sobrediagnosticado es el de la educación, lo que había faltado es voluntad política para hacer los cambios que se requieren, para hacer lo que sucede en cualquier país del mundo; que quienes evalúan y hacen estudiar a los niños también sean evaluados y estudien a su vez y se capaciten, etcétera. Ése es el círculo virtuoso y eso es lo que tenemos que hacer.

La calidad educativa no está peleada o reñida con los derechos laborales; esos están claramente consagrados en la Constitución para todos. Pero hay dos derechos fundamentales, no solo el de los maestros, que como digo están plenamente en la Constitución, hay un derecho fundamental que es, el derecho de los niños a tener educación de calidad y eso es un asunto de interés nacional de primer orden, no solo porque no hay futuro para un país si no invierte en educación, si no se preocupa por educación, si no tenemos educación de calidad. No hay proyecto nacional que pueda sobrevivir o ser viable sin eso.

También, porque cada persona cuando estudia es mejor, se hace mejor, se le abren los caminos, se le abren las perspectivas; puede ejercer de mejor manera su libertad, si es que tiene una buena educación. Por eso es hasta perverso decir que la calidad educativa, la necesidad de que los niños aprendan mejor, atenta contra los derechos laborales. Eso es falso. Hay que encontrar la conciliación.

Que haya calidad, que sean evaluados todos, que la promoción sea por concurso de oposición. Eso es un paso la verdad notable; la verdad es un paso trascendente. No se acaba ahí. Es una reforma constitucional y en la Constitución no cabe todo.

Vienen las leyes secundarias y ahí tenemos que trabajar con mucho ahínco para que busquemos también modelos pedagógicos, modelos educativos mucho más interactivos, mucho más acordes a los nuevos tiempos de la revolución en materia de comunicaciones, de tecnología, etcétera.

Pero éste es el primer paso. Calidad educativa y eso no puede estar a negociación o a chantaje de nadie. La calidad educativa es la mejor política de Estado que podemos tener porque es la política con la que ganamos todos los mexicanos sin excepción. Eso, por supuesto, todo esto lo digo con respeto de los que discrepan y han discrepado aquí en la tribuna. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. No habiendo otra intervención solicitada, le pido a la Secretaría consulte a la asamblea en votación económica si se acepta la propuesta.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación al artículo 3o, fracción IX. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa...

El Presidente diputado José González Morfín: Permítame un segundo. Habíamos admitido a discusión la propuesta que presentó la diputada Beatriz Zavala y en este momento se está votando si se acepta. Repita por favor la votación.

Es una aclaración de lo que se está votando para que no haya absolutamente ninguna duda de algún compañero a la hora de votar. Continúe la Secretaría con el trámite.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Sí se acepta la propuesta y se reserva para su votación una vez que se hayan desahogado las otras reservas a la misma fracción.

Tiene ahora la palabra el diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, también para presentar su propuesta a la fracción IX del mismo artículo 3o.

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano: Con su permiso, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano: Quiero fundamentar dos razones por las cuales hago la reserva de este artículo.

Uno. Es que menciona que los integrantes de la junta de gobierno deberán ser personas con capacidad y experiencia en las materias de la competencia del instituto y cumplir los requisitos que establezca la ley.

Desempeñará su encargo por períodos de siete años en forma escalonada y podrán ser reelectos para una sola ocasión.

Lo que pido es que se aumente que además serán auxiliados por un comité de cinco integrantes de la sociedad civil y asignados por la Cámara de Diputados que representen a los padres de familia, académicos, intelectuales y demás sectores que contribuyan al desempeño, su encargo por período de siete años en forma escalonada y podrán ser reelectos por una sola ocasión.

¿Por qué incluir a los padres de familia? Porque en la fundamentación que se presenta en este dictamen, en esta iniciativa, es que los padres de familia son parte fundamental para la transformación de la educación y de las escuelas y que deben de tener una muy cercana correlación con los directores; por lo tanto no podemos excluirlos a los padres de familia de estar en este consejo nacional. Por eso la importancia de este punto.

Y el segundo que se refiere precisamente a la transparencia de los resultados de las evaluaciones, para que se incluya también en este tema, la transparencia y se puedan publicar en Internet los resultados y los procedimientos, así como los indicadores de la misma evaluación. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta del diputado Jorrín Lozano.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputaos que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. No se admite a discusión; queda en sus términos.

Tiene ahora la palabra la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar su reserva al inciso b) de la fracción IX del artículo 3o.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores, mi reserva la fundamento en una experiencia personal. Fui directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Iberoamericana durante nueve años y maestra universitaria hasta la fecha.

Precisamente al final del sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, se aprobó el Acuerdo 286 de la Secretaría de Educación Pública, en virtud del cual al Ceneval se le otorgó la facultad de precisamente evaluar a mayores de 15 años que de manera autodidacta hubieran tenido conocimientos para obtener un título profesional con la simple presentación de un examen. Esto habla de calidad educativa cuando se estaba en contra de la Ley General de Profesiones, precisamente para avalar que abogados, arquitectos, doctores, psicólogos, etcétera, que requerían cédula profesional, por la simple presentación de un examen ante un instituto de evaluación, obtuvieran el título profesional.

De aprobarse en los términos en los que está redactada la fracción IX, inciso b) del artículo 3o lo que se estaría avalando no es precisamente la calidad educativa. Lo que está avalando es la renuncia a una facultad que debería de corresponder al Congreso de la Unión. Se está renunciando a la facultad de establecer los lineamientos de evaluación.

Si no, va a suceder lo mismo que sucedió con las iniciativas preferentes. Se hace la reforma constitucional y después estamos esperando año tras año, quizá, la aplicación en una ley que reglamente ya, como lo exigía la cuestión de las iniciativas preferentes.

Además, sí es cierto que se vulnera el pacto federal, va en contra del artículo 124 constitucional porque el instituto fijaría los criterios a que se sujetarían las instituciones no solamente educativas a nivel federal, sino también las locales.

En razón de lo anterior mi propuesta es en el siguiente sentido. Debe de decir el artículo 3, fracción IX, inciso b) Expedir con base en la ley que emita el Congreso de la Unión los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federales y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les correspondan. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de la diputada Loretta Ortíz.

El secretario diputado Fernando Bibriesca Sahagún: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. No se admite a discusión. Se reserva para su votación en sus términos.

Tiene ahora la palabra el diputado Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar su reserva al inciso c) de la fracción IX del mismo 3o constitucional.

El diputado Alfonso Durazo Montaño: Señor presidente, compañeros y compañeras diputados, para presentar ante ustedes una reserva al artículo 3o fracción IX, inciso c) que considero que es tal vez la aportación más importante en esta discusión que es precisamente la creación de un organismo constitucional autónomo para la evaluación de la educación.

Sin embargo, éste que podría representar el avance sustantivo, podría convertirse en una mera simulación si no ponemos especial cuidado en el diseño institucional.

Si lo que se busca es mejorar el desempeño y elevar el nivel de la educación mediante la creación de un organismo constitucional autónomo, lo menos que se puede esperar de dicho organismo es que sea genuinamente autónomo. Igualmente consideramos que por la dimensión y la naturaleza de las tareas de este organismo, consideramos que es insuficiente el número de miembros de la Junta de Gobierno que se propone.

En virtud de lo anterior, proponemos las siguientes modificaciones: el inciso c), que el primer párrafo quede tal cual, en el inciso c), el primer párrafo.

En el segundo párrafo proponemos que quede en los siguientes términos: la Junta de Gobierno será el órgano de dirección del Instituto, se integrará por ocho miembros que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión con la misma votación calificada.

La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas y la designación que deba hacer la propia Cámara. En ningún caso dicho cuerpo rebasará el 60 por ciento de integrantes del mismo sexo.

Quiero aclarar a ustedes que esta última parte de la propuesta la he recogido de un planteamiento de la diputada Amalia Medina y de la diputada Malú Mícher.

El siguiente párrafo proponemos que quede en los siguientes términos: el proceso de selección de los integrantes de la Junta de Gobierno se ajustará a un procedimiento de consulta pública a las universidades e instituciones docentes, científicas y culturales que deberán ser transparentes en los términos y condiciones que determine la ley.

Proponemos que el siguiente párrafo continúe en los mismos términos y agregar un párrafo más que establecería lo siguiente: la Junta de Gobierno nombrará de entre sus miembros quién presidirá el organismo, quién desempeñará dicho cargo por el tiempo que establezca la propia ley. Estas son las reservas propuestas.

Sin embargo, presidente, quisiera expresarle la convicción de que tal vez sea innecesario someter a la consideración de este pleno esta propuesta, pues sabemos de antemano el resultado. La aplanadora ha venido avanzando sin discusión, sin argumentación y estamos ciertos, en virtud de la experiencia, que en este caso se repetirá la consigna. Muchas gracias.

Si tiene que someterla, presidente, por razones de Reglamento, adelante. Si no es el caso, yo les pediría que nos ahorráramos el tiempo, como ya lo propuso la diputada Socorro Ceseñas. Gracias a todos.

El Presidente diputado José González Morfín: Estoy obligado a consultar a la asamblea si la propuesta se admite a discusión.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Por alusiones.

El Presidente diputado José González Morfín: Estamos en la presentación de una reserva y tengo la obligación de presentar si se admite a discusión; que la asamblea decida si se admite a discusión, les doy la palabra de inmediato, diputada.

El secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Por alusiones.

El Presidente diputado José González Morfín: El Reglamento me obliga a hacerlo. Le recuerdo que el Reglamento establece con toda claridad que las alusiones son cuando el asunto está a discusión. Les pediría su comprensión, que concluyéramos el trámite y si quiere después desde su curul le doy la oportunidad de que exprese lo que quiera, diputada. No puedo hacer otra cosa, tengo que respetar el Reglamento.

Adelante, secretario, con el trámite.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: No se admite a discusión, sin embargo primero la diputada Amalia García y después la diputada Malú Mícher desde su escaño, para que quede registrada su intervención en el Diario de los Debates. Creo que es lo correcto y es lo que puedo hacer en términos del Reglamento.

La diputada Amalia Dolores García Medina (desde la curul): Señor presidente, a mis compañeras y compañeros legisladores de todos los partidos políticos que están aquí presentes, yo quiero reiterar algo que ha sido una constante a lo largo de los últimos años en nuestro país; la pertinencia de que se reconozca la pluralidad humana.

Nuestra sociedad está compuesta por mujeres y por hombres. Ya sé que es una obviedad y sin embargo, siendo una obviedad sigue ignorándose a la hora de la integración de instancias de dirección, este hecho que es evidente.

En el caso de esta reforma constitucional, en este párrafo noveno, a la hora en que se habla de la conformación de la Junta de Gobierno del Instituto, se habla de cinco integrantes pero no se menciona la necesidad de que estén integrados por los dos géneros.

Creemos que es fundamental. Yo creo que es pertinente que en este Congreso de la Unión, en esta Cámara de Diputados esto se señale. Y también más adelante, cuando se habla de la Junta, se dice; La Junta de Gobierno de manera colegiada nombrará a su presidente. Es evidente que si dice su presidente, está hablando de un hombre, excluyendo a las mujeres.

La propuesta que pensábamos hacer era que dijera; quien presida. ¿Qué es lo que le quitaría?, absolutamente nada, abonaría en un lenguaje incluyente, que reconoce esa diversidad humana, que reconoce la igualdad y además en nuestra Carta Máxima, la Constitución, ésta visión avanzada del siglo XXI estaría presente.

Yo quiero reiterar que este planteamiento lo haremos una y otra y otra vez, porque no podemos aceptar que haya una exclusión ni en el lenguaje, pero por supuesto también en la integración de instancias de dirección.

Las mujeres tienen derecho a estar presentes ahí donde se decide, junto con los hombres. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. La diputada Mícher Camarena desde su curul.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Gracias, señor presidente. Difiero un poco de lo que usted acaba de decir, no es indisciplina. Usted me dice que se está sometiendo a discusión, yo supongo que se está sometiendo a discusión un punto, pero muchas gracias por la aclaración.

En abono a lo que acaba de presentar el diputado Durazo y el nombre que nos ha presentado allá en el frente, a mí me parece, diputado, compañeras y compañeros, que las mujeres somos individuos, las mujeres somos seres humanos con derechos.

No nos estamos desgarrando las vestiduras para que nos dejen pasar. Estamos hablando de justicia, estamos hablando de estar donde se decide la vida de este país y en una Junta de Gobierno para el instituto, donde dice: "se integrará por cinco miembros", estamos solicitando que la cuota, que no debería de ser cuota, pero no podemos pedir paridad porque son cinco miembros, estamos pidiendo que no se integre por más del 60 por ciento de un mismo sexo.

Y la otra propuesta que también es muy importante, es el tema del nombramiento de la Presidencia, no del presidente. Yo no estoy dispuesta a renunciar ni a visibilizar en el lenguaje a las mujeres, y nos vamos a callar cuando usted diputado, cuando los coordinadores parlamentarios, cuando quienes presiden las comisiones utilicen un lenguaje incluyente.

Yo le pido diputado y le pido a las compañeras, a las mujeres de estos partidos, que seamos insumisas, que seamos justas con nosotras mismas, que veamos por nuestros derechos, no por los derechos de los hombres. También tenemos derecho a defender los nuestros. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Yo comparto lo que ustedes han dicho, lo que ha dicho Amalia y lo que ha dicho Malú, y yo no creo que un órgano legislativo, en este caso el Senado, pueda integrar un organismo como éste, con puros integrantes de un mismo género, me parece que en eso, en estos tiempos, es totalmente inaceptable.

Entonces, yo creo que no hay que prejuzgar. Yo creo que es mucho lo que hemos podido avanzar los mexicanos en esta materia, y yo espero que lo sigamos haciendo. Yo comparto sus puntos de vista, pero la propuesta no fue admitida a discusión, diputada. Sus intervenciones quedan registradas en el Diario de los Debates, creo que es lo que puedo hacer, no puedo hacer más. Sí, diputada.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde su curul): No hay peor lucha que la que no se hace.

El Presidente diputado José González Morfín: Estoy de acuerdo.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde su curul): Nosotras las mujeres pusimos en la mesa de las negociaciones y de la justicia electoral el tema de las cuotas. Si no se hubieran puesto las cuotas como acciones afirmativas no estaríamos aquí muchas mujeres, porque hubieran ocupado los 500 puestos los hombres.

Lo que no está en la ley, señor presidente, no obliga a nadie a cumplirlo, por eso pedimos que esté en la ley. Y vuelvo a hacer el llamado a las compañeras, no pasa nada, no pasa nada si solamente solicitamos que no esté integrada por más del 60 por ciento de un mismo sexo. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Sonido en la curul de la diputada Beatriz Zavala.

La diputada María Beatriz Zavala Peniche (desde la curul): Sí, presidente, gracias. Queda claro que la propuesta no fue admitida, y tal y como se hizo para con mis compañeras diputadas, yo también deseo quede registrado en el Diario de los Debates lo que aquí planteo.

Yo coincido en que debe de utilizarse un lenguaje que no excluya a un género en varios de los planteamientos que aquí están en la reforma educativa. Por ejemplo y tan sencillo como plantear que en lugar de la Junta de Gobierno, que de manera colegiada nombrará a su presidente, nombrará a quien presida en términos generales.

Y algunas veces cuando se habla de maestros, podría decir el Magisterio, ésa es mi intervención, hubiéramos querido que a tiempo lográramos un consenso para que se admitiera a discusión este tema, pero quiero que quede el acuerdo o mi opinión, que estoy segura comparten mis compañeros de Acción Nacional, de que estos términos nos dan una mayor inclusión en esta reforma educativa. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Revisemos si hay alguna posibilidad de hacer algo con el lenguaje. Yo estaría, por supuesto, totalmente de acuerdo. Bien, tiene ahora...

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: ¿Con qué objeto? Vamos a continuar con las reservas. A ver, sonido en la curul del diputado Jorrín, por favor.

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (desde la curul): Presidente, yo quisiera someter a consideración que se vuelva a tomar la votación...

El Presidente diputado José González Morfín: No se puede.

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (desde la curul): ... fue un excelente discurso. Sin embargo, quiero también hacer un llamado al pleno, ha habido ponencias sumamente interesantes en cuanto a la reforma de los dos artículos fundamentales de esta nueva iniciativa, pero los diputados no ponen atención ni siquiera para cuando se va a votar.

Yo le pediría a todo el pleno que pongan atención a cada uno de los puntos que estamos mencionando. Yo le pediría también que cuando la votación, para que quede registrado, se abra, en cada uno de estos artículos, se abra el tablero, por favor, electrónico. Y también en este momento.

La diputada Purificación Carpinteyro Calderón (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul de la diputada Carpinteyro.

La diputada Purificación Carpinteyro Calderón (desde la curul): Solicito amablemente al presidente reabra nuevamente a votación la posibilidad de cambiar el texto conforme a lo que mis compañeras han mencionado con anterioridad. Yo siento que no estamos a destiempo, señor presidente. Esto a final de cuentas y le pido a usted que someta a votación el que se vuelva a abrir a votación.

El Presidente diputado José González Morfín: Lamentablemente no puedo hacer eso.

La diputada Purificación Carpinteyro Calderón (desde la curul): La asamblea es el órgano que tiene, en última instancia, el poder de decisión. Yo le pido que el pleno sea el que decida si se vuelve a dar la votación. Presidente, solicito que lo someta a votación.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Durazo y vamos a continuar con el trámite. Sí, diputado, dígame.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Presidente, una consideración. Desde mi punto de vista y tal vez porque no tengo el dominio completo del pleno, pero yo personalmente tengo dudas de que efectivamente se haya expresado una mayoría a favor o de rechazo.

Consecuentemente, presidente, yo le pediría que abrieran la votación para hacerla de carácter nominal y si ésta se ratifica en los términos que supuestamente se expresó, obviamente no tendremos ningún inconveniente, pero creo que ésta sería la vía para zanjar este asunto, dado que no soy el único que tiene dudas, creo que hay muchos y ésa podría ser la salida, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Lamentablemente, de verdad, diputado, es demasiado tarde, la propuesta no fue admitida a discusión. Sonido, por último, en la curul de la diputada Ceseñas.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (desde la curul): Presidente, muchas gracias. Solamente para solicitar, pero antes de solicitar aclarar. Estoy muy cerca aquí de la diputada Malú. La diputada Malú y la diputada Amalia solicitaron la palabra, antes de que usted sometiera a votación si se aceptaba a discusión la reserva presentada por el diputado Durazo.

Es de humanos rectificar. Es difícil cuando usted se ha –obviamente– esforzado por llevar la discusión, el debate y el procedimiento en este pleno apegado a la Ley Orgánica, pero considero que debe rectificarse. Y hago la solicitud de que de manera económica pregunte a este pleno, que es soberano, haga de nueva cuenta la solicitud a votación, si se admite a discusión.

Sabemos, y lo dije desde aquí sin micrófono, que estábamos perdiendo tiempo cada vez que quien preside pregunta si se somete a discusión la reserva. Y lo dije porque está la prueba, revisemos los videos. Lo dije sin micrófono, probablemente no lo escuchó, e hizo referencia el diputado Durazo.

De nueva cuenta –no me gusta reiterar, pero sí quiero insistir–, le pedimos y solicito que respete la soberanía de este pleno y que el pleno decida si realmente rectifica su votación que no quedó de manera muy clara, y que lo hizo usted de manera atropellada con dos diputadas levantando su mano, pidiendo el uso de la palabra para expresar su posición, misma que hicieron en las comisiones donde se discutió el tema de esta reforma al artículo 3o. No demuestre de nueva cuenta que realmente sí se quiere discutir, o haga lo contrario.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada.

El diputado Tomás Torres Mercado (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Tomás Torres Mercado.

El diputado Tomás Torres Mercado (desde la curul): Gracias, estimado presidente. Sin perjuicio de que podemos coincidir, de que coincidimos con los planteamientos que han hecho las compañeras diputadas particularmente, en cuanto hace al reconocimiento de un derecho legítimo político, del reconocimiento de un órgano colegiado plural, con participación de género en el porcentaje que se ha señalado, mínimamente el 40 por ciento, quiero hacerle un llamado a usted, señor presidente.

Se está discutiendo lo que no se ha admitido a discusión. Y le ruego a usted nos conduzcamos en el marco del Reglamento. La observación hecha por un servidor no se contrapone para buscar un acuerdo político en disposiciones secundarias, ahora estamos abordando un precepto de la norma máxima. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene usted toda la razón. Y tiene la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar su reserva. El asunto anterior no fue admitido a discusión. Diputada, tiene usted el uso de la tribuna para presentar sus reservas.

La diputada Lilia Aguilar Gil: Presidente, dado que presento en este caso dos reservas, solicitaría generosidad en el tiempo, para no subir en dos ocasiones.

Y antes de iniciar y con el permiso de la asamblea, mi participación, que estaba levantando la mano hace tiempo, era no solamente para opinar a favor. No para que se abriera solamente el debate para apoyar la propuesta de las compañeras, sino para pedir generosidad a los líderes parlamentarios, de que en un tema tan sensible para los que representamos o las que representamos un poco más de la mitad de esta Cámara de Diputados pudiera abrirse a discusión.

Desgraciadamente no se me dio la palabra, pero creemos que es un tema relevante, aunque sea para que se admitiera a su discusión. Ésa era la aportación y la posición del Partido del Trabajo.

Iré al tema de las reservas, señor presidente. Estoy presentando reservas sobre el artículo 3o., en su fracción IX, para dar mayor atribución o una fortaleza mayor al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, como organismo público autónomo.

Y señores diputados, en este tema, sé que todos estamos cansados, pero pediría sobre todo la generosidad de los diputados del PRI, del PAN, del Partido Verde Ecologista, del Partido del Panal, que obviamente cuando subimos a esta tribuna diputados de izquierda a presentar reservas se piensa que son reservas en negativo y se piensa que hay que votarla sistemáticamente en negativo.

Lo que nosotros venimos a plantear ahora es fortalecer la reforma que ahora está presentando la Comisión de Puntos Constitucionales, y permítanme explicarles muy brevemente porqué. El planteamiento de la creación del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa como órgano constitucional autónomo tiene una razón de ser y esta razón de ser tiene que ver con una figura jurídica que hace algunos años, desde 1929 –si no me equivoco– se ha creado en este país para romper un poco con este control de los Poderes ordinarios del Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo.

Los órganos constitucionales autónomos no solamente eran adorno de la figura jurídica en la estructura del Estado. Deberían de ser un verdadero contrapeso para el ejercicio de las atribuciones del Estado, pero no coadyuvante de ninguno de los Poderes. Es por eso que su estructura se da dentro de la Constitución y que sus atribuciones se dan claramente en la Constitución, y sobre eso es la reforma o la reserva que yo vengo a presentar.

No voy a hacer ningún comentario sobre la pertinencia o no política de este tema, sino decir que si tenemos esta reforma enfrente, hagamos funcionar a este instituto como debe de ser y les explico por qué. El Instituto Nacional para la Evaluación tiene solamente –según esta reforma constitucional en su artículo 3o, fracción IX– una sola actividad que es la de evaluar.

Según la teoría jurídica, los órganos constitucionales autónomos no pueden ir más allá de lo que la propia Constitución les da como atribución. Si nosotros no decimos para qué va a evaluar, que podrá crear los sistemas de medición y evaluación y estos lineamientos, de los que habla de manera abstracta esta reforma, tendríamos un instituto completamente disfuncional. Tendremos un instituto que no va a cumplir con el objeto, con la idea con la que se le está creando.

A lo que yo vengo a llamar a ustedes, compañeros diputados, es a que ampliemos esta reforma. A que entre las atribuciones del instituto no solamente le demos la atribución de evaluar, sino también de sancionar y dar recomendaciones y me explico por qué.

Todos los órganos constitucionales autónomos que deben de ser como ya dije, una balanza en el ejercicio del poder del Estado, no pueden ser solamente coadyuvantes de las atribuciones administrativas del Estado. Entonces creemos un órgano desconcentrado o un órgano descentralizado que para eso sirve.

Pero los órganos constitucionales autónomos como el Instituto Federal Electoral, como el Banco de México, como el que tiene menores atribuciones porque no tiene atribuciones de sanción, que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuando menos tiene capacidad de recomendación.

Lo que nosotros estamos haciendo es un llamado para darle mayores atribuciones, dientes, al instituto para que funcione adecuadamente.

La propuesta es, compañeros, adicionar en el primer párrafo de la fracción IX aparte de la atribución de evaluar, la de sancionar y dar recomendaciones sobre el desempeño y resultados del sistema educativo.

En el párrafo sexto, incluir los principios jurídicos. Y todos los que son abogados entenderán por qué estoy haciendo este planteamiento, porque todo órgano constitucional autónomo debe de crearse para dar certeza y legalidad. Eso dice la teoría jurídica.

Entonces no están incluidos los principios de certeza, legalidad e imparcialidad, en las atribuciones que debe de cumplir y que debe de respetar este instituto.

Por último decir que en la ley secundaria se incluirán los procedimientos de sanción del instituto y los, como ya se dice en esta misma reforma, que marcarán la línea para que se pueda relacionar con otras autoridades educativas.

Pero sobre todo, compañeros diputados, y con esto termino mi intervención, es ¿para qué nos va a servir la información que va a generar este instituto? Y les estoy hablando del inciso "c" de esta misma fracción. ¿Para qué nos va a servir?

La reforma constitucional no es clara y lo que nosotros estamos proponiendo es decir, la información que genere este instituto sobre el Sistema Nacional, debe de ser, primero, publicitada al público en general, valga la redundancia, y debe de marcar las directrices y los lineamientos, como ya dice la reforma, pero ¿a quiénes? Porque no dice a quiénes. Y es a las autoridades educativas federales y locales para buscar la excelencia educativa con la mejora de instrumentos específicos como los planes de estudio. Esa es la reforma que estamos proponiendo a debate.

Señores diputados, creemos que éste es un inicio para la reforma educativa. Como alguien dijo en esta tribuna, todos hemos ido aquí a escuelas públicas o privadas; conocemos cómo funciona el sistema y debemos de buscar que este instituto cuando menos tenga las atribuciones necesarias para funcionar adecuadamente y no se nos convierta en un elefante blanco.

Es por eso, insisto, que hago un llamado a los diputados del PRI, a los diputados del PAN, a los diputados del Panal, a los diputados del Verde Ecologista, a que no sistemáticamente voten en contra esta reforma, sino que cuando menos la analicemos. Es una reforma, es un cambio virtuoso lo que estamos proponiendo y hacer un llamado también a mis compañeros diputados de Chihuahua de otras fracciones para que nos apoyen en esta reforma.

Señor presidente, muchas gracias por su paciencia. Estoy presentando con esto las tres reservas que tenía agendadas y agradezco mucho la generosidad del pleno por su tiempo y por su atención. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Le pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de la diputada Lilia Aguilar.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica se consulta a la asamblea si se admiten a discusión las propuestas anteriores. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: No se admiten a discusión. Se reservan en sus términos. Con qué objeto, diputada.

La diputada Karen Quiroga Anguiano (desde la curul): Presidente, sé perfectamente que el Reglamento indica cómo se tiene que dar la discusión y efectivamente la reserva que hizo la diputada que subió a tribuna no se admitió a discusión.

Solamente quisiera hacer una observación muy respetuosa desde este escaño comentando –y ojalá pueda ser inscrito en el Diario de los Debates– que me parece que lo que dijo la diputada jurídicamente expone el deber ser efectivamente de un órgano autónomo constitucional. Me parecería que no tendríamos que dejar mocha esta iniciativa tan importante y llegar al fondo y darle las atribuciones que deberían de corresponderle a este instituto.

Creo que podemos ir más allá. Ojalá pudiese reaccionar el colectivo de este pleno y poder generar las condiciones para tener un instituto que efectivamente tenga incidencia dentro del quehacer de todos los días en materia educativa.

Me parecería algo muy importante. Lo dejo hasta ahí respetuosamente porque jurídicamente tiene la razón y ojalá no nos venga a enmendar la plana la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es cuando, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Su intervención por supuesto formará parte del Diario de los Debates.

Tiene el uso de la tribuna el diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar su reserva al párrafo cuarto y también pide la eliminación de una parte del tercero transitorio de la fracción IX. Si no está, queda en sus términos.

Tiene ahora el uso de la tribuna la diputada Gloria Bautista Cuevas, también del PRD, para presentar su reserva a la fracción IX. Dígame diputada, por favor.

La diputada Gloria Bautista Cuevas (desde la curul): Gracias, señor presidente. En esta reserva cedo mi lugar al diputado Roberto López Rosado, por favor.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Roberto López Rosado: Gracias. Con el permiso de la Presidencia. Compañeros diputados, compañeras diputadas. Presento mis reservas en los transitorios, pero antes quisiera particularmente señalar que en esta máxima tribuna del país se trata de debatir ideas, de presentar propuestas y defenderla con los argumentos necesarios, pero para eso siempre el ingrediente de la tolerancia, de saber escuchar, es vital.

Dijo Rousseau "Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte el derecho que tienes a decirlo". Eso es lo que debe ser premisa fundamental de esta más alta tribuna del país, y abordo de manera particular el asunto de los transitorios.

En lo que respecta al primero, que señala que el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, quiero decir que si votamos en contra es porque estamos en contra, definitivamente, del contenido en lo general y en lo particular, porque es esencial.

Nuestra Constitución, en el artículo 2o. señala que este país es pluricultural, pluriétnico y que tiene un origen indígena. Ése es el sustento elemental. Y esta propuesta que presenta el Ejecutivo federal, no contiene la opinión de los actores en el proceso educativo.

¿Dónde está la opinión de los trabajadores, de las trabajadoras de la educación, de los padres de familia, y de los investigadores y analistas en este tema? No lo está. Por eso considero que lo pertinente es que pudiera señalarse en los transitorios que iniciará un proceso, primero, de convocatoria pública; segundo, de designación de esta Cámara de Diputados a la Junta de Gobierno; tercero, comparto con el nombramiento de la presidencia y respaldo la necesidad de la incorporación del género en la Junta de Gobierno.

Concluyo diciendo que un gran prócer latinoamericano, comparado a otro de los nuestros, Benito Juárez, José Martí dijo: Ser cultos para ser libres. Un proceso educativo se evalúa de manera integral, un proceso educativo se evalúa permanentemente y quiero decirlo a mucha honra, en el 79, en la fundación de la CENTE siempre se habló de democratizar la educación, democratizar el país y eso creo que en estos momentos es un tema que se debe de abordar con mayor profundidad y se debe de abordar de manera integral. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas presentadas.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. No se admiten a discusión. Queda en sus términos.

Ya está aquí en el recinto el diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, y tiene la palabra para presentar su reserva a la misma fracción IX con sus correlativos transitorios.

El diputado Andrés Eloy Martínez Rojas: Gracias, presidente. Con su permiso. Compañeros legisladores, compañeros diputados, quienes somos los representantes de la sociedad no podemos permitir más atropellos en cuanto a la importancia que tiene nuestra labor, esa labor por la que fuimos elegidos muchos de nosotros como representantes del pueblo, y es que, como ya se ha dicho en reiteradas ocasiones, ya hasta parece un cliché esta frase que escuchamos constantemente, pues este honorable Congreso de la Unión ya parece una oficialía de partes, y no es ocioso repetirlo nuevamente; una oficialía de partes del Ejecutivo y de su titular, que ha vulnerado los principios de separación de poderes, porque finalmente ¿cuál es la prisa, cuál es la urgencia por aprobar esta reforma, a tan sólo unos días de ser enviada a esta honorable Cámara de Diputados por el Ejecutivo?

No creo que sea porque de verdad pensemos que el fin del mundo va a ocurrir en unas horas más, según algunos charlatanes que andan por ahí promoviendo esta idea, o quizás sea por la idea también charlatanesca de que con esta reforma realmente vamos a cambiar a la educación como por arte de magia, como si con todas estas supuestas reformas las cosas fueran a cambiar sin atacar lo sustancial, lo importante, lo corrupto dentro del sistema educativo.

No acaso por ser una reforma trascendental en el ámbito educativo debe de discutirse ampliamente, invitando a todos los actores involucrados a realizar espacios de debate, foros o mesas de análisis de la misma, esto sería lo más lógico, pero esto no existe y lamentablemente por lo que estamos viendo esta noche no existirá en la actual legislatura, pero en fin.

Sabemos que este proyecto de decreto quedará aprobado en sus términos por la mayoría de quienes se supone representan al pueblo, aún así, aún así queremos dejar muy en claro que no estamos en contra de lo que significa un avance en cuanto al control de aptitudes de quienes son los encargados de impartir las clases en cada uno de los centros educativos de nuestro país; para eliminar la compra de plazas y el ingreso al ejercicio de la docencia, sin certificación de conocimientos; y de atacar la estancia de profesores improductivos en el servicio. Eso creo que nadie en su sano juicio estaría de acuerdo.

Manifestamos nuestra aquiescencia, además, a la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, como organismo autónomo para la medición de la educación.

Es por ello, que proponemos modificar los requisitos para formar parte de este Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en virtud de que a manera discrecional deja abierta la posibilidad de que ese organismo se aleje de sus funciones esenciales.

En este sentido, a través de mi grupo parlamentario ya se ha manifestado proponer, que los miembros de la Junta de Gobierno deben de tener nombramiento vigente de investigador del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, es decir, al Conacyt, siendo que este candado reduciría ampliamente las posibilidades de que personas ajenas al propósito del instituto puedan tener cabida en el mismo.

A su vez, cabe resaltar que no existe ninguna incompatibilidad para que investigadores nacionales formen parte de la Junta de Gobierno, conforme al reglamento vigente del Sistema Nacional de Investigadores del propio Conacyt.

Por lo tanto, y la propuesta que hacemos en el texto quedaría como sigue, la propuesta de modificación sería la siguiente. Artículo 3o. fracción IX, párrafo cuarto: Los integrantes de la Junta de Gobierno deberán ser personas con capacidad y experiencia en las materias de la competencia del instituto, con reconocimiento de investigadores nacionales del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y cumplir los requisitos que establezca la ley; desempeñarán su encargo por periodo de siete años en forma escalonada, y podrán ser reelectos por una sola ocasión; en caso de falta absoluta de alguno de ellos, el sustituto será nombrado para concluir el periodo respectivo; sólo podrán ser removidos por causa grave en los términos del título cuarto de esta Constitución y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del instituto y de los no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia.

Por otra parte, se propone elimina la fracción III del artículo quinto transitorio en su totalidad, en virtud de que, uno, el término fortalecer la autonomía de gestión de escuelas y la propuesta que conlleva este inciso, el inciso a) es bastante ambigua y se presta a una interpretación discrecional y a conveniencia, de ciertos grupos o actores y en donde cabría la posibilidad de darle un carácter de obligatoriedad a las llamadas, entre comillas, cuotas voluntarias en las escuelas, mismas que representan una contradicción al carácter de gratuidad que nos marca la Constitución para la educación pública.

En todo caso, lo que la reforma educativa debería tener es una prohibición explícita a las cuotas en las escuelas, así como una fuerte sanción para quienes las pretendan cobrar. Ya casi termino.

Dos. En relación al inciso b) habría que destacar que existen las escuelas de tiempo completo en operación y fueron creadas por iniciativa presidencial en el año 2007. Por tanto, resuelta redundante al igual que lo referido al inciso c), en donde se menciona que se encuentra vigente la Ley para Prevenir la Obesidad y que a su vez, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 se prevén elementos para su observancia y operación.

Ojalá que no pase lo que está ocurriendo vergonzosamente esta noche, que sin ningún razonamiento, sin utilizar lo que nos caracteriza como, entre comillas, seres inteligentes, no lo utilicemos más que para votar por consigna en contra de propuestas que pensamos son en beneficio de la educación. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten las propuestas. Si se admiten a discusión las propuestas del diputado Martínez Rojas.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría, señor presidente, por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: No se admiten a discusión, se reserva para su votación en sus términos.

Tiene ahora la palabra el diputado Vicario Portillo Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar su reserva a la fracción IX del artículo 3o.

El diputado Vicario Portillo Martínez: Buenas noches compañeras y compañeros diputados. Señor presidente, compañeras y compañeros diputados aquí presentes, hace un rato escuché, con mucha atención, la participación de varios diputados, todos se preocupaban por la evaluación hacia los maestros, pero nadie se preocupó por qué se evalúan los alumnos. Parece ser que los trabajadores tienen derecho y los niños no tienen derecho.

Es muy lamentable esta situación, porque al hablar de una evaluación necesitamos también defender a los niños si se trata de derechos como trabajadores y como niños o estudiantes de una institución pública.

El PRD ha luchado por elevar las condiciones de vida de la gente. Desde su fundación su vocación de izquierda ha sido clara en proponer reformas y políticas públicas que nos permitan reducir la brecha de la desigualdad que tiene a tantos millones de mexicanos en condiciones de pobreza, más de 50 millones, con datos del Inegi, y de ellos 20 millones en pobreza extrema. ¿Quiénes destacan entre los más pobres? Los pueblos indígenas y en general las mujeres.

El PRD ha sostenido siempre que el combate a la pobreza es efectivo en la medida en que el Estado se haga cargo fundamentalmente de los que menos tiene, pero también que impulse políticas de carácter plural para el desarrollo social. Es decir, siempre ha pugnado para que el Estado mexicano alcance la meta de la cobertura universal en salud, en educación y en seguridad social.

Siempre hemos apostado por la educación, por la gratuidad de la misma, por plasmar en la Constitución Política –como se ha logrado paulatinamente– la obligación del Estado para impartir la educación desde el nivel básico hasta el medio superior.

En el PRD se ha impulsado a través de los años que la educación alcance el 8 por ciento del producto interno bruto, en los Presupuestos de Egresos de la Federación, que en este importante instrumento la inversión en ciencia y tecnología alcance el 1 por ciento.

Sin embargo, las respuestas de las autoridades educativas han sido negativas y no han cumplido con las recomendaciones de diversos organismos internacionales, en particular de la Organización de las Naciones Unidas.

El PRD ha planteado las escuelas de tiempo completo, que esta reforma plasma en nuestra Constitución; ha impulsado la educación bilingüe para los pueblos indígenas y la educación para las niñas adolescentes y mujeres, y también para las mujeres madres solas y para las jefas de familia.

La reforma que hemos recibido es un avance en la dirección correcta; insuficiente, pero muy importante. Por ello presento ante esta soberanía las reservas a los artículos 3o., fracción IX, y tercero transitorio del dictamen que diga: Durante el proceso de expedición de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, así como a las reformas a la Ley General de Educación, el Congreso de la Unión realizará foros y consultas con el magisterio y expertos en la materia.

La evaluación es una prioridad, pero se tiene que construir con los maestros. Para ello es necesario reorientar el enfoque del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación con un enfoque intercultural, considerando la diversidad cultural, económica, política y social de las mexicanas y de los mexicanos. Así como lo establece el artículo 2o. de la Constitución Política, que dice: La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas.

Sin duda, estos instrumentos que hoy nos daremos, impulsarán a la educación para que éstas sea cada vez de mayor calidad, con mejores maestros y maestras, los cuales tendrán una mayor estabilidad laboral en función de su mérito y no de sus relaciones con líderes sindicales charros. Una mejor preparación y una constante capacitación para el desempeño de su importante labor.

Esta reforma nos permite avanzar para sentar las bases de un sistema educativo de calidad, como instrumento esencial para el desarrollo democrático del país, en donde vayamos desmantelando vicios y corruptelas, y en donde queden instalados prácticas democráticas y transparentes para que los docentes se sigan formando avance en sus carreras y en sus condiciones de vida y puedan así mejorar, educar, lo más importante de este país.

México necesita la construcción de un nuevo modelo educativo que incluya la democracia, la libertad y la justicia como principios fundamentales de una nueva forma de hacer políticas, para ello se necesita un gobierno que incluya la participación de la sociedad en la toma de decisiones, tomando en cuenta la interacción entre culturas donde ningún grupo cultural deberá estar por encima del otro, favoreciendo en todo momento la integración y convivencia entre culturas y estableciendo una buena relación que esté basada en el respeto a la diversidad y el enriquecimiento mutuo. Muchas gracias por su atención, amigas y amigos.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. No se admiten a discusión, queda en sus términos.

Finalmente en este artículo 3o., tiene la palabra el diputado Marcos Aguilar Vega, para presentar su reserva a la misma fracción IX, párrafo segundo y tercero; y al transitorio segundo, párrafo primero y adición de un párrafo cuarto, al artículo segundo transitorio.

El diputado Marcos Aguilar Vega: Con el permiso de la Presidencia. La propuesta de reserva que hoy se presenta es de capital importancia para lograr una institución de evaluación educativa independiente, autónoma, imparcial, que no esté subordinada a ningún interés en particular.

Proponemos una modificación al procedimiento de designación de los integrantes de la Junta de Gobierno, del Instituto Nacional para Evaluación de la Educación. No compartimos que el Ejecutivo federal concentre la designación de los integrantes del instituto.

Proponemos en el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional un esquema constitucional balanceado del ejercicio del poder. Nuestra propuesta consiste en que el Ejecutivo federal presente una terna para cada uno de los miembros del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa y que el Senado proceda a su designación dentro del plazo de 30 días naturales con una votación calificada de las dos terceras partes de los miembros presentes en la Cámara de los Senadores.

Es indispensable reflexionar en este punto. ¿Qué estamos creando? Estamos creando un organismo constitucional autónomo denominado Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, no una dependencia centralizada del Poder Ejecutivo federal.

Para ser más claros ¿qué significa esto? Que de acuerdo a su naturaleza jurídica y política este órgano no dependerá de ninguno de los tres poderes de la Unión, sino del texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En nuestro país existe toda una teoría que explica con claridad la relación jerárquica; un concepto del derecho administrativo que hoy debe ser tomado en consideración para estudio y análisis de cada uno de los diputados y de las diputadas de esta Cámara. Me refiero particularmente a la relación que existe entre un superior y un inferior. Entre ellos existe algo denominado vínculo jerárquico y de ese vínculo jerárquico derivan, dice el derecho administrativo, siete poderes que regulan esta relación jerárquica.

Uno de ellos, el más importante, es el poder de nombramiento. Si revisan el texto del dictamen propuesto con toda claridad señala una palabra que resulta peligrosa para alcanzar el objetivo de este organismo. Que el presidente de la República o el titular del Poder Ejecutivo federal designe. Cuando hablamos de designar estamos refiriéndonos al ejercicio de este poder de nombramiento y eso revela naturalmente un ejercicio de subordinación justamente por el ejercicio del poder de nombramiento.

No nos confundamos. Para entender los alcances de este órgano debemos todos preguntarnos ¿cuál será la función del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación?

Cito el texto del dictamen para contextualizar. Evaluar el desempeño y resultados del Sistema Educativo Nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Fin de la cita.

Queda claro para todos ustedes que la función principal de este organismo constitucional autónomo –subrayo- es la de evaluar. Bajo este concepto y en una reflexión de lógica política y jurídica, vale la pena preguntarnos ¿quién es el responsable en México del Sistema Educativo Nacional? ¿Quién es el responsable de la política educativa en México? Nada más ni nada menos que el presidente de la República en el ejercicio de una facultad concurrente con los Ejecutivos de los estados y del Distrito Federal.

Formulada esta consideración, pongo en su mente un principio fundamental que debe ser atendido para fortalecer la legitimidad política y social de tan importante institución.

El órgano encargado de evaluar el desempeño y resultado del Sistema Educativo Nacional, no puede ser sujeto de designación del órgano evaluado. Es de lógica razonable.

¿Por qué nuestro interés en este tema? Porque queremos para México lo mejor y ésta es la oportunidad para hacerlo. No queremos un órgano simulador, sujeto a compromisos derivados de su designación, queremos un órgano verdaderamente autónomo, un órgano que garantice confiabilidad, credibilidad.

Dice el doctor Miguel Ángel Santos, catedrático de la Universidad de Málaga: "Más importante que evaluar y que evaluar bien, es saber al servicio de qué personas y de qué valores se pone la educación".

Proponemos algo que ya funciona en nuestro sistema constitucional mexicano, particularmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nadie de ustedes lo puede negar en esta tribuna, es un modelo probado para este tipo de organismos.

Señoras y señores diputados, en esta decisión les suplico con humildad que piensen en los niños de nuestro país, en el derecho que tienen a una educación de calidad. En ellos se centra esta reserva.

Para el futuro de México necesitamos un sistema educativo nacional que sea evaluado con la mayor pulcritud para dotar a ese organismo de legitimidad política y social.

Piensa en ellos, diputado; piensa en ellos, diputada. Piensa en los niños de México, ellos lo merecen.

No partidicemos la educación, es la única herramienta para sacar adelante a este país. No escatimemos.

Anhelamos en el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que esta Cámara de Diputados no encuadre en el supuesto de ese conocido proverbio romano: "Por la ignorancia nos equivocamos y por las equivocaciones aprendemos".

No hay tiempo que perder, demos a México lo que su gente demanda. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Voy a pedir a la Secretaría que consulte a la asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas presentadas por el diputado Marcos Aguilar.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación) Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Sí se admiten a discusión. Tiene la palabra el diputado Ricardo Monreal.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente; ciudadanos legisladores, debo de admitir que el preopinante, diputado Marcos, utilizó un lenguaje jurídico atendible, porque en efecto coincidimos en su argumentación.

Esta propuesta seguramente va a ser votada a favor; nosotros también vamos a acompañarlos; sin embargo, debo advertir algo –yo provengo del Senado, como muchos de los que ahora son diputados– sí deseamos que este órgano de evaluación de educación tenga una autonomía real, que los procesos de designación de sus miembros o de los miembros de su órgano directivo sean plurales e incluyentes.

Sin embargo digo que tenemos una triste experiencia donde quizá no coincidamos con el diputado Marcos, pues él da por sentado que el procedimiento que se ha usado para designar a los ministros de la Corte no tiene dudas o que de alguna manera ha sido ejemplar o que ha sido contundente; yo les digo que no.

Aquí hay compañeros diputados y al fungir como senadores nos dimos cuenta que en la elección de ministros de la Corte en muchas ocasiones no fueron los mejores. De las ternas que se presentaban a la Cámara de Senadores para su ratificación y elección en muchas ocasiones los ministros designados, les puedo decir con toda certeza, no fueron los mejores o las mejores.

Recuerdo particularmente una terna de tres mujeres que fueron propuestas por el Ejecutivo, una de ellas extraordinaria, y no alcanzó la mayoría calificada y se regresó la terna. Pero como ésas, en muchas ocasiones los elegidos no son los mejores.

Es un procedimiento quizá más acabado pero tampoco es la panacea porque lamentablemente, como recientemente sucedió, en la elección de ministros de la Corte no son los mejores sino que los partidos mayoritarios se ponen de acuerdo y designan a uno de ellos; es lo que llamamos las cuotas de los partidos, dejando a un lado a los mejores, a los más honrados, a los más honestos, a los más capaces porque examinas en el Senado a los ministros de la Corte o a los magistrados o a los embajadores los examinas en media hora, les das 20 minutos para que expongan, preguntas por dos minutos y no es la panacea en este procedimiento, pero se acerca a lo que nosotros buscamos de la autonomía. Por esa razón nosotros acompañaremos esta propuesta.

Y hay más que hacer, en la ley reglamentaria y en otras, veremos cómo perfeccionar, aunque hemos expresado con contundencia nuestra posición política respecto al fondo de la reforma. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado Monreal. También ha solicitado la palabra, y se le concede para hablar en pro, al diputado Víctor Manuel Jorrín, de Movimiento Ciudadano. En turno también el diputado Uriel Flores, del PRD, para hablar en pro. Son los tres que admite el Reglamento cuando solamente hay oradores en el mismo sentido.

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano: Con su permiso, presidente. Comentarle al diputado Marco que lo felicito por su ponencia. La que presenté va en esos términos, en donde pretendo darle valor a los padres de familia para que pongan un equilibrio, y que sea también el Poder Legislativo quien participe en este Consejo, indicando, sugiriendo quiénes podrían ser los integrantes de este Consejo, con la finalidad precisamente, de darle autonomía, y que no sea precisamente como sucede en algunos artículos que no se pudieran discutir en el tema de la reforma administrativa, en donde los mismos funcionarios van a poder poner sus propios auditores.

Y aquí es la misma reflexión que hice la vez pasada. Y ahora hago la otra reflexión, pero qué bueno que a usted sí le hicieron caso. Tal vez lo voy a tomar de padrino para que le pueda dar mis propuestas y sean aceptadas porque no soy de su partido.

Y aquí es muy importante entender, compañeros diputados, que no se trata el asunto de partidos, y están votando en automático, ni siquiera ponen atención a las demás propuestas y solamente alzan la mano.

Y aunque no les guste yo creo que vale la pena hacer la reflexión, que sí deben de atender cada una de las propuestas que están presentando los diputados. Así yo les he puesto atención y espero que también me pongan la atención y el respeto debido que yo les he tenido. En ningún momento les he chiflado ni tampoco les he faltado al respeto.

Compañeros, yo lo que les pido es que pongamos atención a esta reforma tan importante y que la propuesta que hace el compañero en el tema de autonomía de este organismo vale la pena votarla a favor. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias diputado Jorrín. Tiene la palabra el diputado Uriel Flores, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Uriel Flores Aguayo: Con el permiso del diputado presidente. Buenas noches a todas las diputadas y a los diputados, simplemente estando de acuerdo con el planteamiento del diputado de Acción Nacional no se puede estar en contra. Quiero hacer un par de comentarios, decirlo porque parece que la ola de cierta inercia nos lleva y puede ser autocomplaciente.

Tenemos institutos autónomos en el país. Tenemos en el IFE, tenemos el IFAI, tenemos mucho, tenemos por lo tanto antecedentes y experiencias al respecto. No deberíamos de concederle cualidades casi divinas al Instituto que estamos forjando ahorita, tiene muchos pendientes. Habrá que ver cómo se desarrolla y cómo se lleva a la práctica, porque de repente parecería que estamos viviendo un verdadero momento fundacional y esto nos acordamos cuando López Portillo nos habló de que nos preparáramos para administrar la abundancia, la riqueza, o cuando Salinas llorando dijo que ya nuestros nietos y tataranietos no iban a tener problemas con la deuda, porque se había pagado. Esto ya lo hemos pasado y hay que ser un poquito más realistas.

Estando en coincidencia con el planteamiento, también quiero decir en lo que es estrictamente el trámite legislativo, que de todas las reservas parecería que hay reservas de primera y reservas de segunda, y que sólo las reservas previamente pactadas, lo cual no está necesariamente, no es necesariamente algo negativo, es parte de la negociación, son las que pasan y por lo tanto todas las demás reservas de buena fe, con elaboración, con buen estilo, con rigor, bien planteadas, se rechazan automáticamente, y eso me parece una falta de respeto a muchas diputadas y a muchos diputados que han hecho sus planteamientos, y no tenemos por qué dejar de mencionarlo, por qué omitirlo, hay que decirlo también, que efectivamente hay un chiste, lo conocemos en experiencias locales.

Por ejemplo, en la iniciativa se deja una palabra pendiente, alguien la propone, se acepta y se cierra el círculo y entonces queda como algo plural, como un consenso, y eso no me parece a mí correcto, eso demerita la calidad del trabajo legislativo.

Creo que eso es lo que podemos comentar al respecto, agradeciendo la atención de la Presidencia. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Habiéndose agotado la lista de oradores, pido a la Secretaría consulte a la asamblea en votación económica si se acepta la propuesta presentada por el diputado Marcos Aguilar.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación propuesta por el diputado. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, voy a pedir que se abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal respecto de la fracción IX del artículo 3o. constitucional, con las modificaciones aceptadas, presentadas aquí primero por la diputada Beatriz Zavala y posteriormente también por el diputado Marcos Aguilar. Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos.

(Votación)

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema de votación electrónico.

Señor presidente, se emitieron 426 votos en pro, 16 en contra y 15 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Aprobada la fracción IX.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz la diputada Gloria Bautista, para presentar reserva a la fracción XXV del artículo 73.

La diputada Gloria Bautista Cuevas: Con su venia, señor presidente. Recordando al maestro normalista Othón Salazar Ramírez: "no tengamos miedo a la muerte, que las nuevas generaciones de maestros nos recuerden con todos nuestros defectos, pero también recuerden que hicimos que nuestras vidas estuvieran inscritas a ideales nobles, inspirados en el bien de nuestros semejantes".

La Comisión de Puntos Constitucionales debe definir el método del dictamen, así como privilegiar el diálogo con organizaciones no gubernamentales sobre el contenido de la iniciativa presidencial y su alcance.

La comisión, de acuerdo al artículo 89 del Reglamento, tiene hasta 90 días para dictaminar las reformas constitucionales, que es superior al tiempo que se concede para las leyes secundarias y no hay motivo alguno para legislar al vapor.

Vengo a argumentar a favor de la Constitución para que no sigamos parchando nuestra Carta Magna. No estamos de acuerdo con hacer del texto constitucional un texto reglamentario, como se pretende con la adición a la fracción XXV del artículo 73, sobre las facultades del Congreso, sobre nuestras facultades, pues lo considero redundante.

Señor presidente, le solicito que instruya a la Secretaría lea el texto del artículo 73, fracción XXV, por favor.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Lo tiene usted a la mano?

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Francisco XXV. Para establecer, organizar y sostener en toda la república, escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales, de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas y observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación, y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones, para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional, así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la federación, los estados y los municipios, el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la república.

Los títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la República para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Adelante, diputada.

La diputada Gloria Bautista Cuevas: Gracias, señor presidente. Si analizamos este texto constitucional y la pretendida adición, compañeras y compañeros, no hay nada nuevo, no hay argumentos para avalar un acuerdo ilegítimo. Reitero, la verdadera reforma educativa es dotar al sector educativo de más del 8 por ciento del producto interno bruto, no de parches legislativos que dejan a la opinión pública seguir argumentando la falta de productividad legislativa que muchos aquí tienen.

Señoras y señores, consumar este golpe de estado educativo es avalar a los miles de aviadores y comisionados que con esta ética nulificada dejan al descubierto el subdesarrollo en el que México aún se encuentra.

Les pongo un ejemplo, Venezuela y Bolivia tienen ahora analfabetismo cero. Mi pregunta es, México cuándo. No es con este golpe magisterial que se logrará cambiar nuestra realidad, es con un compromiso real con la educación. Por tanto, me opongo a seguir parchando nuestra Constitución.

No se trata de una posición a ultranza, se trata de dignidad legislativa a la cual nos debemos. Déjeme decirles que no podemos avalar sus acuerdos así como lo han suscrito grupúsculos que con sus actos traicionan al pueblo.

Ni todas sus firmas ni todos sus pactos van a anular la conciencia y dignidad de un pueblo que día a día despierta y que sin lugar a dudas los va a llamar a cuentas.

Con todo respeto les llamo, les llamo a reflexionar pues se equivocan con esta reforma. ¿Dónde está la voluntad presupuestaria a la educación? ¿Qué le van a decir al rector de la UNAM con su propuesta? ¿A caso le van a enseñar esta redacción de cuarta que no tiene sentido y que rebasa nuestra Constitución a un reglamento?

¿Díganme qué van a hacer con las normales rurales? ¿Les van a dotar del presupuesto necesario para tener más y mejores maestros? O a caso las van a seguir desapareciendo del espectro educativo.

¿Dígame hasta dónde van a llegar? ¿A caso se niegan a dignificar el encargo que el pueblo les ha conferido?

Vaya pues mi solidaridad y respeto por el magisterio democrático, a ellos que no tienen esos miles y miles de comisionados, que además, espero aquí no haya uno premiado como diputado.

Honorable asamblea, les pido su voto para desechar lo contemplado en el dictamen en la adición a la fracción XXV de nuestro artículo 73 constitucional, para que se conserve el texto vigente.

Diputadas y diputados, no se desvelen en vano, reflexionen su voto. Van a salir a las calles y espero no les estén cobrando. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Pregunte, ¿me dejó reserva? ¿Sí dejó? Entonces, pregunte la Secretaría a la asamblea si se acepta a discusión. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se acepta a discusión.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Queda en sus términos.

Don Fernando Zárate Salgado, del PRD, para presentar su reserva.

El diputado Fernando Zárate Salgado: Con su venia, presidente. En primer lugar quisiera hacer un reconocimiento a todos y cada uno de los miembros de la Comisión de Puntos Constitucionales por tener la capacidad de llegar a acuerdos, sobre todo acuerdos que están moviendo a México y acuerdos que generan una fuerza suficiente para modificar el paradigma político.

Especialmente al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, que tuvo la capacidad de coordinar y hacer una confluencia de los intereses, sobre todo los intereses fundamentales de México que todas las fuerzas políticas en esta Cámara de Diputados hicieron ver a través de esta reforma constitucional en el artículo 3o. en materia de educación.

La reserva que presento esta noche, ya, tiene que ver con la creación de las dos instituciones fundamentales en materia de educación, en materia del artículo 3o. constitucional que se reforma.

1. Se crea el Servicio Profesional Docente.

2. Se crea el Instituto de Evaluación.

Respecto al Servicio Profesional Docente me parece que por armonía, congruencia y, sobretodo, para respetar el principio de legalidad jurídicamente hablando es trascendental que el artículo 73 de la Constitución se pueda modificar para que este Congreso tenga a su vez la capacidad y las facultades de regular, de determinar el contenido y, sobre todo, que este Congreso pueda terminar las facultades de ese Servicio Profesional Docente.

¿En qué se traduce estas reservas? El artículo 73 constitucional establece lo siguiente: El Congreso tiene facultad, fracción XXV –aquí es la modificación que se propone–, para establecer el Servicio Profesional Docente en términos del artículo 3o. de estas Constitución, y continúa la fracción XXV constitucional.

Fundamentalmente esta reserva lo que trata es darle armonía a la Constitución y sobre todo cumplir con un principio fundamental en derecho, que es: la norma superior debe dotarle tanto de contenido como de facultades a todas y cada una de las instituciones que se encuentran en la República.

En este caso, al establecer las dos instituciones principales, una de ellas es el Servicio Profesional Docente. Lo que se trata es que este Congreso tenga la capacidad y la facultad para regular en materia del Servicio Profesional Docente.

Me parece que sería trascendental porque armoniza el artículo 3o. constitucional con el 73 constitucional, el propio Congreso tiene las facultades, se determina el contenido en el artículo 3o. constitucional.

Y me parece que fundamentalmente esto atiende a una lógica normativa, a una lógica constitucional, a una lógica de normas superiores y normas inferiores, y este Congreso determinará para posteriormente legislar en la norma secundaria las facultades del Servicio Profesional Docente, una de las piedras angulares de la reforma. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Gracias. ¿Me dejó reserva, verdad?

El diputado Fernando Zárate Salgado: Sí, dejé reserva.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Previa su lectura pregunte al pleno si se somete a discusión e inmediatamente después si se acepta como modificación al dictamen.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Pregunte si se acepta.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se acepta la modificación al artículo 73, fracción XXV. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Queda modificada, la fracción XXV, del artículo 73.

Señoras y señores diputados, vamos a discutir los transitorios de una vez. Don Alfonso Durazo tiene el uso de la voz para presentar reserva del segundo transitorio.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Gracias, señor presidente; compañeras y compañeros diputados. Acudo nuevamente a esta tribuna, en esta ocasión para presentar una reserva relacionada con el artículo segundo transitorio, contenido en el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, que busca establecer los plazos y términos en que se hará la designación de los miembros de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Concretamente proponemos, incorporar o agregar al texto del dictamen lo siguiente: el primero, proponemos que quede tal cual; el segundo, la presentación de la propuestas por la propia Cámara de Senadores y la designación de los miembros de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación se llevará a cabo en un plazo máximo de 60 días naturales, a partir de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, que deberá recaer en personas con probada capacidad y experiencia en las materias de competencia del instituto.

Proponemos agregar también lo siguiente: De encontrarse en receso la Cámara de Senadores, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión llevará a cabo la presentación de propuestas y la designación a que se refiere el párrafo anterior. Para asegurar la renovación escalonada de los integrantes, la Cámara de Senadores o, en su caso, la Comisión de Permanente, realizarán los primeros nombramientos por los periodos siguientes: primero, tres nombramientos por un periodo de cinco años; segundo, tres nombramientos por un periodo de seis años; y tercero, dos nombramientos por un periodo de siete años.

La Cámara de Senadores o, en su caso, la Comisión Permanente deberán determinar el periodo que corresponda a cada uno de los miembros designados. Ojalá, con pocas expectativas –como siempre–, pero esta propuesta merezca su consideración.

Igual que en el caso anterior, presidente, si es obligado someterlo a votación, adelante. Si no, no tendremos ninguna objeción en ahorrarnos la decisión ya mecánica de la mayoría de la fracción de la coalición de gobierno que se ha constituido en este pleno. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Depende de usted si la retira.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Adelante.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Está retirada y queda modificada en términos de lo dicho por don Marcos Aguilar Vega.

Tiene el uso de la voz doña Lucila Garfias Gutiérrez, para presentar reserva del quinto transitorio, fracción I.

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez: Honorable asamblea. Compañeras diputadas y diputados. Los que integramos el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza compartimos con todas y todos los mexicanos el interés por conocer la situación y el estado que guarda el sistema educativo nacional.

Antes de cualquier cambio es necesario tener un diagnóstico integral que permita contar con una plataforma sólida para emprender los cambios y las reformas que hagan realidad para las niñas, los niños y la juventud, la oportunidad de acceder a una educación de calidad con equidad.

Sin duda es importante saber cuántas maestras, cuántos maestros están en las aulas; cuál es su perfil y a cuántos alumnos atienden. Pero también es urgente y necesario conocer el estado en que se encuentran las escuelas; cuántas tienen servicios básicos como agua, energía eléctrica, mobiliario, laboratorios, equipo de cómputo, espacios deportivos y cuántas escuelas carecen de lo mínimo necesario. Es necesario saber en qué condiciones llegan los alumnos a las escuelas.

Compañeras y compañeros diputados, si vamos a hacer el esfuerzo vamos a hacerlo bien. Para eso les pido apoyen la presente reserva. Dejemos las visiones parciales. La educación es un proceso integral que incluye a la familia, a las maestras, a los maestros y exige condiciones básicas en infraestructura y servicios.

La propuesta del Ejecutivo es la de crear un sistema de información y gestión educativa y para ello como primera acción anuncia que en el 2013 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía realizará un censo de escuelas, maestros y alumnos.

Estamos de acuerdo, pero para obtener un diagnóstico real, claro y transparente, es necesario que el censo contemple también las condiciones de la infraestructura educativa, la estructura operativa, técnica y pedagógica y administrativa formal e informal, así como del equipamiento y costos de operación, plantilla no docente, entre otros; auxiliares de intendencia y personal de actividades especiales.

Con esto tendremos verdaderamente una base de datos que sea la base para el sistema integral y dejar de culpar a una sola persona o al magisterio, de las deficiencias del Sistema Educativo Nacional.

No es suficiente sólo conocer los datos estadísticos de escuelas, maestros y alumnos. Se requiere conocer sus condiciones a través de un estudio puntual que nos brinde información más precisa.

Por ello proponemos que se enriquezca la propuesta del Ejecutivo plasmada en la reforma que se discute y para ello presentamos la presente reserva, ya que considerar esta modificación se complementará y mejorarla base de datos para la operación y el buen desarrollo del Sistema Educativo Nacional.

Por lo anteriormente expuesto se propone modificar el artículo en comento del dictamen para quedar de la siguiente manera.

Artículo quinto transitorio: "Para el debido cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 3o., y 73, fracción XXV de esta Constitución, el Congreso de la Unión y las autoridades competentes deberán prever al menos lo siguiente: la creación de un "sistema de información y gestión educativa", al efecto del año 2013.

"El Instituto Nacional de Estadística y Geografía realizará un censo de escuelas, alumnos, maestros y condiciones de infraestructura operativa, técnica, pedagógica y administrativa, formal e informal, así como del equipamiento y costos de operación, plantilla no docente, entre otros auxiliares de intendencia y personal de actividades especiales que permita a la autoridad tener en una sola plataforma los datos necesarios para la operación del Sistema Educativo, y a que de una vez permita una comunicación directa entre los directores de escuelas y las autoridades educativas".

Esa es nuestra propuesta y con el voto de ustedes lograremos que el censo sea verdaderamente un instrumento útil para elaborar un diagnóstico más real y para la toma de decisiones.

Dejarlo en los términos del dictamen dará como resultado una visión parcial, pobre y limitada y seguiremos tomando decisiones a partir de supuestos y no en base a diagnósticos puntuales. A su consideración.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Pregunte la Secretaría a la asamblea si se acepta a discusión la propuesta de la diputada.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación): Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Queda en sus términos. Don Juan Luis Martínez Martínez, de Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la voz, para presentar reforma a la fracción II del quinto transitorio.

El diputado Juan Luis Martínez Martínez: Con su venia, señor presidente. Voy a presentar una reserva al dictamen con proyecto de decreto en materia de educación.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 3o señala los criterios necesarios que el Estado deberá seguir para el pleno cumplimiento del derecho a la educación.

Pese a lo anterior, vemos con tristeza que el día de hoy el artículo en comento no cumple a cabalidad, pues la mayoría de las escuelas públicas carecen de los instrumentos más fundamentales para la realización de sus actividades, como sucede particularmente en las comunidades indígenas, pues a la fecha existen localidades en donde los maestros imparten clases al aire libre.

Los que han administrado los recursos del pueblo de México siempre han mostrado miopía y discriminación hacia los pueblos originarios.

El dictamen objeto de esta discusión establece, en la fracción II del quinto transitorio, que el sistema educativo deberá otorgar los apoyos necesarios para que los docentes puedan prioritariamente desarrollar sus fortalezas y superar sus debilidades.

Sin embargo, a fin de propiciar una mejor educación, dicho artículo establece apoyos necesarios a la clase docente. Cabe señalar que dicho concepto resulta ineficiente, ya que no detalla a qué tipo de apoyos se refiere, los alcances de éstos ni la manera en que se podrá tener acceso a ellos.

Es por eso que proponemos enunciar que los apoyos sean de tipo tecnológico, económicos, materiales y de capacitación, tomando en consideración las características regionales de cada entidad federativa. Con ello consideramos que se podrá cumplir con las metas y objetivos que nuestra Constitución establece en materia de educación.

Por lo anteriormente expuesto el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano pone a su consideración la reserva que reforma la fracción II del quinto transitorio que establece lo siguiente:

Fracción II. El uso de la evaluación del desempeño docente es para dar mayor pertinencia y capacidades al sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros en el marco de la creación de un servicio profesional docente.

La evaluación de los maestros debe tener como primer propósito el que cuenten con referentes bien fundamentados para la reflexión y el diálogo conducentes a una mejor práctica profesional.

Compañeras y compañeros legisladores: espero puedan reconsiderar este planteamiento que hago y, si no, ya quedará en la historia porque es de todos conocida la subordinación de los diputados del PRIAN y sus aliados, subordinados por el espurio que ostenta actualmente el Ejecutivo federal, que se encuentran en este recinto legislativo, que siempre actúan con una gran falsedad, con una farsa, lo que informo a los pueblos originarios de México.

Actúan sin razonamiento y votan de manera mecánica, levantarán la mano para aprobar esta reforma que nunca contempló la opinión de expertos, de maestros, de padres de familia.

Esta reforma está disfrazada de corderos, ya que en realidad representa el regreso de la rectoría educativa a la centralización y de paso asesta otro duro golpe a los alumnos, a los maestros, a las madres y padres de familia del pueblo de México.

Por eso, ante este avasallamiento de los más grandes verdugos del país que son el PRI y el PAN, manifiesto desde esta alta tribuna mi solidaridad con los maestros combativos democráticos, y mando un saludo revolucionario, particularmente a los maestros de mi estado de la sección 22.

Por mi parte seguimos en pie de lucha hasta lograr la verdadera transformación del pueblo de México, de la mano de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano y las Fuerzas Progresistas. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la propuesta.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados y que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Queda en sus términos. Doña Luisa María Alcalde Luján, tiene usted el uso de la voz, para presentar la reserva al inciso a) de la fracción III del Quinto transitorio. A la asamblea le rogamos respeto a la oradora, el respeto que a todos nos merece para escucharla con atención.

La diputada Luisa María Alcalde Luján: El día de hoy presentaré una reserva con respecto al inciso a) de la fracción III del artículo Quinto transitorio del dictamen de la reforma educativa, estableciendo de antemano que considero inverosímil e hipócrita el hecho de que quienes en campaña criticaron el cobro de cuotas escolares para lograr persuadir al electorado, ahora vengan a proponer la implementación de un artículo que las legaliza.

El artículo establece a la letra que se harán adecuaciones al marco jurídico para, cito "mejorar la infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren".

Me parece sorprendente pretender abrir la puerta para oficializar la solicitud de cuotas a padres de familia. No podemos permitir que la ley contemple disposiciones como ésta, que lo único que generan es que se continúe pervirtiendo el sistema educativo. Una y otra vez se ha convenido que el significado de la educación gratuita en este país es justamente ése, la ausencia total de cobros o de participación económica de ningún tipo en las escuelas con cargo a los padres de familia, alumnos o maestros.

Sin embargo lo anterior no significa que estemos en contra de la participación ciudadana, al contrario, que se aumente lo más posible. Indudablemente los padres deben comprometerse en el proceso educativo de sus hijos, pero en este país el compromiso de los padres debe ser a un nivel social y humano, no económico.

Lo que deseamos resaltar es que corresponde al Estado garantizar la gratuidad de la educación para favorecer el principio de igualdad. No podemos pretender legalizar lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece claramente: Toda la educación que el Estado imparta será gratuita. Esto establece nuestra Carta Magna y no tiene vuelta de hoja, porque de lo contrario permitiríamos que se siga extorsionando a quienes menos tienen, que se les discrimine y se les haga notar que sin dinero de por medio la educación de sus hijos no será de la misma calidad. Además, de que se impulsará la deserción estudiantil, que de por sí ya es bastante alarmante.

En las aulas absolutamente todas las niñas, niños y jóvenes se deben de sentir iguales y con el mismo derecho a recibir educación, por ello el motivo de la reserva es cerrar la posibilidad de que se lleve a cabo un atropello contra la gratuidad educativa. Proponemos eliminar el inciso que se reserva, que además puede interpretarse como una oportunidad para deslindar al Estado de obligaciones directas a su cargo, como lo son el mejoramiento de la infraestructura y la suficiencia de materiales educativos.

Si los recursos no son suficientes, a propósito de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación que en breve realizaremos, incluyamos lo necesario para que se garantice este derecho humano tan trascendental. Por lo menos deberíamos proponernos garantizar el 8 por ciento del producto interno bruto establecido para el rubro en la Ley General de Educación.

Derivado de lo anterior, es que someto a su consideración la presente reserva que busca impedir la continuación de un esquema indebido e inconstitucional a favor de los educandos nacionales, y por supuesto de todo el país. Éste será el momento para identificar a quiénes están a favor de la gratuidad de la educación y quiénes no lo están.

El artículo que reservamos no es poca cosa, votar a favor de la reserva representará no sólo garantizar legalmente una obligación constitucional, sino afianzar la promoción del derecho humano a la educación. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Pregunte por favor si la reserva de la diputada se admite a discusión.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra:Queda en sus términos.

Doña Ruth Zavaleta, tiene usted el uso dela voz.

Don Fernando Belaunzarán, ¿con qué objeto?

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Simplemente, señor presidente, para llamar un poco al orden y al respeto.

La verdad es que estamos cansados todos, lo entiendo, pero este tipo de expresiones no engrandecen a nadie, no son gratificantes para nadie. Obviamente el respeto tiene que ser recíproco, pero quiero decir que escuché con atención a la diputada Alcalde y en ningún momento ofendió a nadie, habló con razones y simplemente lamentar las muestras de expresión propias de un estadio y no de este recinto. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se ruega a la asamblea consideración y respeto para los oradores.

Doña Ruth, tiene usted el uso de la voz. Va a presentar reserva al inciso b), de la fracción III del quinto transitorio.

La diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, presidente. No me voy a tardar mucho, quiero hacer nada más dos menciones antes de concluir mi participación. Quiero hacer un reconocimiento a la mesa directiva, porque se ha hecho reconocimientos a la Comisión, pero la mesa directiva la hemos visto aquí toda en su conjunto y me parece que ha sido una sesión muy larga, muy fuerte, y que se les pudiera hacer el reconocimiento tanto al presidente de la mesa como a toda su comitiva...

(Sigue turno 189)

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