Gasto en renta$$$ millonario

Puntual
Kara Castillo

En 2009 el gobierno del estado gastó en rentas 3 millones 337 mil 926 pesos en inmuebles. La millonaria lista que rebasó los 40 millones de pesos anuales, no contempló los 73 mil pesos que paga por el inmueble contratado para las “Oficinas para el Programa de Actualización y Registro de Contribuyentes (PAR), en la casa No 2011c de la avenida 5 Oriente, predio marcado con el No 2206 de la avenida 7 Oriente y casa No 2005 de la avenida 5 Oriente, actualmente identificado como avenida 24 Sur 501, en Plaza del Sol Finanzas, ahora la Defensoría del Trabajo de la Procuraduría del Ciudadano. Tampoco se toman en cuenta los 42 mil pesos mensuales que el mismo edificio acreditó y cuyos locales están en uso.

Quedó fuera el predio de la 3 poniente 726, número 1, donde operan las oficinas de la Secretaría de Gobernación por las que paga 18 mil 25 pesos.

La omisión alcanza los 86 mil 645 que ocupa la oficina de la subsecretaría de Agronegocios, oficinas de la Dirección de Financiamiento a los Agronegocios y de la Dirección de Agroindustria y Comercialización de la Subsecretaría de Agronegocios de la Secretaría de Desarrollo Rural en la 32 norte 639, letras E y G, de la colonia El Resurgimiento.

La calle 8 Sur 703, también conocida con la dirección Bulevar 5 de Mayo número 708, interior 102, del Barrio de Analco, cuya renta es de 36 mil 521 pesos para la Dirección de Comercio Exterior y Promoción a las Exportaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico, simplemente se olvidó. La dirección vecina tuvo la misma suerte. El predio en el número 710 de la misma calle por el que mensualmente se depositan 23 mil 549 pesos para el Sistema de Información Económica del Estado, donde operan también las oficinas del Instituto Puebla a la Calidad y Oficinas del Centro de Articulación Productiva, no aparece en la lista de 2009.

Los 26 mil 583 pesos que se gastan para que funcione el almacén y oficinas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en la 22 Oriente 2001, como el registro de la Finca Urbana 307, de la calle 2 Norte de la ciudad de Tehuacán, usada para las oficinas administrativas de la Jurisdicción Sanitaria No 10 de ese municipio, cuyo arrendamiento es de 47 mil 378 pesos, no constan para la suma del registro el pasado 2009.

La cuenta real del gasto del gobierno del estado sigue sin poder estimarse. Simulaciones, regateos e información “rasurada” fue lo que la Secretaría de Finanzas proporcionó a través de su Unidad de Transparencia en la respuesta a la petición de información que tuvo el recurso de revisión 28/SFA-11/2009, la cual solicitaba el listado de los inmuebles rentados por el gobierno del estado desde febrero del 2005 hasta 2009, pidiendo que fuera exhibido el monto de la renta, el costo mensual y el uso al que es destinado.

El incumplimiento de las disposiciones constitucionales de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información alcanzó no sólo los tiempos y las absurdas respuestas en los 6 meses que tardaron en ofrecer datos. Los registros ofrecidos por la SF carecen de alguna “calidad en la respuesta”, pues las omisiones existen en por lo menos 50 predios que se pasan por alto en las listas ofrecidas tras un recurso de revisión.

Llama la atención que en el reporte entregado por la Secretaría de Finanzas, las oficinas donde despacha la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SMRN), en la 33 sur 3512, instalaciones conocidas como Plaza París anteriormente, propiedad atribuida a uno de los asesores del gobernador –––según versiones periodísticas—–, no aparece en las listas de inmuebles rentados por el gobierno estatal. La aclaración de parte de la SF a esta redacción fue una ficha que aclarabla: “La Secretaría de Finanzas y Administración únicamente es la encargada de elaborar los contratos de arrendamiento, en apego a las leyes, reglamentos y normatividad correspondiente, previa solicitud que realizan las dependencias, las cuales se encargan de buscar las mejores condiciones para el gobierno del estado, realizando un estudio de mercado ‘rentístico’. Asimismo, que se encuentre el inmueble en óptimas condiciones de uso y funcionalidad para los fines que cada una de éstas requiera, quedando bajo su estricta responsabilidad el monto de la renta por el cual se celebra el contrato.

”Derivado de lo anterior la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMA, es la responsable de proporcionar la información del inmueble ubicado en la 33 sur 3512, colonia El Vergel”.

Así, eludiendo la responsabilidad de la dependencia en la negociación y términos del contrato, la SF negó la información pese a existir una petición explicita mediante la Ley de Transparencia. Sin embargo, en los casos de la Secretaría de Salud y del Trabajo sí se dieron los montos de las rentas, aplicando diferente criterio para estas dependencias.

Cabe decir que la SMRN negó el contrato a este medio, arguyendo que la SF tiene en su poder “toda la papelería y empleados están incapacitados a ofrecer esa información.”


El derroche, en la nariz de los poblanos

Y es que el derroche de recursos de parte del gobierno del estado puede ejemplificarse en el predio arrendado de la 21 Poniente 501, donde por muchos años funcionó la delegación del ISSSTE. El inmueble presentaba fallas estructurales, de acuerdo con los dictámenes de Protección Civil del ayuntamiento. Por esa razón, el entonces delegado del ISSSTE, Jorge Aguilar Chedraui, tomó la decisión —en diciembre de 2008— de salirse de ese edificio y cambiar las oficinas de la delegación a finales de enero de 2009.


Sin embargo, el recién nombrado secretario de Salud, Alfredo Arango, decidió alquilar ese inmueble y mudar a los trabajadores por las condiciones en que se encuentra el edificio de la 3 Sur 1508. La renta es una suma superior a la que pagaba por él el ISSSTE. En la lista en posesión de este diario consta que la renta mensual de este inmueble es de 140 mil pesos, es decir más de millón y medio de renta anual a un sólo dueño, quien por cierto no tiene inscrita la propiedad en el Registro Público de la Propiedad.

Se debe resaltar que también la Secretaría de Salud eroga la cantidad de 250 mil pesos mensuales por la vieja casona de la 3 sur, la cual sólo está registrada en las rentas del 2009, lo que es otra irregularidad ya que estas instalaciones han albergado por varios años a la SSA.

La lista devela que la renta de la Comisión Estatal para la Atención del Migrante Poblano se incrementó al doble, pues en 2009 opera en dos direcciones: en las 8 fracciones de terreno segregadas del lote marcado con el 2316 de la avenida 7 Poniente, actualmente Avenida Juárez; No 2318, locales M, O y P, y ahora en la 15 poniente 1107, con un costo de 22 mil 225 pesos cada uno, es decir que el gobierno mensualmente destina 44 mil 451 pesos sólo a esa oficina.

Las oficinas para la integración del Programa de Modernización de los Recursos Financieros Materiales y Humanos de los Servicios de Salud del Estado de Puebla cuestan al estado 250 mil pesos mensuales, es decir 3 millones al año, sin contar la renta de la calle 5 poniente 1303, “Caravanas por la salud y Archivo de Recursos Humanos” por 20 mil 967 pesos mensuales.

La Unidad Estatal de Protección Social en Salud, en la 5 Poniente 1503, con 59 mil 871 pesos de renta mensuales e innumerables casas de salud que rebasan las rentas que representarían la media de la lista ofrecida.

Los incrementos en las rentas también son a discreción, por ejemplo la propiedad de la Avenida Reforma 710, donde opera la Secretaría de Trabajo y Competitividad, en 2009 pagó 75 mil 327 pesos al mes, cuando en 2008 representaba 64 mil 244 pesos, y en 2007, 62 mil 373. Es decir, hubo un incremento del 17% entre 2008 y 2009, un porcentaje mucho mayor a la inflación reportada el año pasado.


El misterio mayor: ¿Quién es el arrendador?

El nombre del arrendador en las rentas millonarios no pudo ser develado. No existe registro del dueño de la propiedad de la 33 sur 3512, que ahora ocupa la SMRN.

Tampoco el dueño del local cuya propiedad mensualmente recibe 85 mil pesos, pues su predio en la 15 de mayo 2929 usada para una Coordinación Regional de Desarrollo de Puebla, CORDE Norte, no está registrado en el Registro Público de la Propiedad.

En realidad, ninguna de los dueños de las propiedades de las rentas que superaban los 50 mil pesos mensuales aparece en dicho Registro.

Como el dueño de la renta del Almacén General de la SEP, que recibe 51 mil 129 pesos por rentar su predio de “Rancho Colorado”, en calle Tulipanes n.65.

O el de la Oficina de la coordinación Estatal de Carrera Magisterial de la SEP, en la privada 29 C Sur 3505, que también recibe 40 mil 969.46 por su arrendamiento.

Tampoco el de la 23 Poniente de la ampliación de la colonia Belisario Domínguez, en la calle 23 poniente 3506, que presta su propiedad para una oficina del Programa para abatir el rezago educativo y por el que cobra 27 mil 536 pesos.

José Rafael Machorro Hernández, director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, asegura que en el estado, según la más reciente ley no es obligatorio inscribir una propiedad, salvo las Capitulaciones Matrimoniales; el código anterior señalaba que las propiedades que sean objeto de renta por 5 años, debieran causar registro, sin embargo, en ninguno de los casos existe sanción para los que no hacen este trámite, salvo que no surte efecto para terceros.

“El Registro de la propiedad sólo busca la transparencia, pero no somos una entidad obligatoria, sólo somos una oficina de buena fe, incluso los contratos que se hagan con una propiedad no inscrita no se considera ilegal. Sin embargo las no inscripciones dejan en desprotección al arrendador y la seguridad del arrendatario”, dijo Machorro a este medio.


Avio de la transparencia

La petición hecha por este diario que pedía detallar el destino del gasto público, presentó innumerables irregularidades, en la víspera en que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) llamara a los estados y municipios a homologar con el gobierno federal las medidas de rendición de cuentas, de responsabilidad y transparencia.

El periódico El Universal en su edición del pasado 8 de enero publicó que a pesar de los esfuerzos del gobierno federal, la resistencia a dar información continúa: “Cada peso que recibe el gobierno debe ser monitoreado hasta su gasto de manera plena, puntual y escrupulosa”, dijo el presidente Felipe Calderón, que pidió también que los tres niveles de gobierno adopten los mismos criterios contables para el gasto público y generen mejores mecanismos de evaluación y difusión: “Hago un llamado respetuoso a los gobiernos estatales a que asumamos sin cortapisas los estándares de transparencia y rendición de cuentas que en este caso está promoviendo la OCDE”.

Blanca Lilia Ibarra, quien fue la comisionada que resolvió el recurso de revisión y falló a favor de que se abriera el archivo a PUNTUAL, asegura que “hay muchos retos por delante”. Enumeró los tropiezos de la Ley de Transparencia en el estado que tiene deficiencias y que no ha sido resuelta la acción de inconstitucionalidad. “Hace que esto impida que se dé una rendición de cuentas como todos quisiéramos. Tampoco puedo decir que estamos estancados, es sólo que vamos a paso lento”, reconoció la funcionaria de la CAIP

Explicó que hay muchas áreas de oportunidad, no sólo del ejecutivo, también del legislativo e involucró también a la ciudadanía, a lo que refirió como “una cruzada por la Transparencia, una corriente por las cuentas claras, pues no puede apostarse sólo a una instancia o un órgano garante, me parece que debe haber una ley fortalecida, una Comisión con facultades y entonces habrá una verdadera rendición de cuentas.”

El llamado fue para los servidores a los que recordó que hay ciudadanos que piden cuentas claras, y dijo que deberían poner especial cuidado en un tiempo de elecciones.