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En punto de las 13:00 horas, el mandatario nacional arribó al Centro de Convenciones en compañía del gobernador Rafael Moreno Valle a fin de encabezar el foro México Incluyente para la conformación del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
De manera sonriente, Peña Nieto se dio el tiempo para saludar a los poblanos que desde primeras horas lo esperaban con ansias y que al tenerlo cerca no desaprovecharon oportunidad alguna para estrechar su mano y sacarse la foto del recuerdo.
Ya en el presídium, el presidente de la República dio un mensaje claro a los poblanos, aseguró que el gobierno federal blindará los programas públicos para evitar su uso electoral, además de hacer un llamado a los todos los órdenes de gobierno hacer lo propio.
En un ambiente tenso y caldeado, que se mantuvo así por más de cuatro horas, Robles ofreció a las diferentes bancadas construir dentro del Pacto por México mecanismos para blindar los programas sociales de los tres órdenes de gobierno.
“Se puede discutir, con la participación de todos los partidos, los mecanismos que nos garanticen y que sean de acuerdo de todos”, dijo Robles al recordar que ya existen iniciativas para acotar la designación de delegados, pero la respuesta de la oposición fue contundente.
El PRD, en voz de Manuel Camacho Solís, le exigió renunciar o pedirle al presidente Enrique Peña Nieto rectificar en su dicho de “No te preocupes, Rosario”, mientras que el PAN terminó por desconocerla como interlocutora, porque “ni usted ni el Presidente han estado a la altura”, espetó el panista Luis Fernando Salazar, al tiempo que Roberto Gil añadió que “debe sentirse muy honrada, secretaria, el presidente Peña la escogió a usted y no al Pacto”.
En conferencia posterior, las bancadas de PAN y PRD refrendaron que a partir de hoy, Robles deja de ser interlocutora de ambos partidos y todos los temas de desarrollo social se abordarán con el Ejecutivo federal , al informar el panista Roberto Gil y la perredista Lorena Cuéllar que pedirán que se forme una comisión especial de seguimiento al caso.
Ante un auditorio diverso conformado por representantes de los sectores intelectual, indígena, juvenil, femenil y con capacidades diferentes, entre otros, Enrique Peña Nieto afirmó que el reto actual radica en lograr un horizonte con oportunidades para todos.
México, dijo, es un país de contrastes en el que resulta impostergable atacar de raíz la pobreza extrema y el hambre. Encontrar las políticas públicas que eleven la calidad de vida de la población, es el objetivo central de estos foros, acotó.
En compañía del Gobernador Rafael Moreno Valle, el Ejecutivo federal presentó un esbozo de los programas sociales que impulsa su administración como el del seguro de vida para mujeres jefas de familia, la Cruzada Nacional contra el Hambre y la pensión para adultos mayores, que aplicará para quienes cumplan 65 años.
Dijo que un instrumento como el Pacto por México no está exento de eventuales tensiones y diferencias coyunturales “propias y naturales de la política”.
Al encabezar el foro “México incluyente”, que se realizó en esta ciudad, en el marco de las consultas ciudadanas para integrar el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el mandatario subrayó que todos los partidos políticos son autoridad en distintos órdenes de gobierno.
“Por eso, convoco a todas las fuerzas políticas del país para que, a través del diálogo y de una evaluación de las políticas sociales, hagamos un blindaje auténtico y real que nos permita asegurar que los programas sociales van a cumplir con un único propósito que es apoyar a quienes más lo necesitan, para lograr el México incluyente que todos queremos”, dijo.
Puso énfasis en que los programas se ajustarán estrictamente a las reglas de operación para impedir desvíos o manejos sesgados y eventualmente partidarios, como parte de un compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.
“México vive una intensa vida democrática, caracterizada por la pluralidad política y la diversidad de liderazgos. En democracia es natural que existan diversas opiniones. Nuestra normalidad democrática permite la posibilidad de disentir, pero también de dialogar, de asumir compromisos a favor de la nación. En ese contexto, el gobierno de la República reconoce la madurez, la responsabilidad y la voluntad para construir acuerdos que han demostrado las principales fuerzas políticas de nuestro país y que han estado agrupadas a través del Pacto por México. Gracias a ese gran acuerdo nacional el país hoy cuenta con una hoja de ruta para transforma a México en los próximos años. Por supuesto, un instrumento como este no está exento de eventuales tensiones y diferencias coyunturales, obvias y naturales de la política.
“Corresponde a todos los actores seguir trabajando por las reformas que requiere nuestro país. El gobierno de la República contribuirá activamente para que prevalezcan las condiciones de diálogo y acuerdo que juntos hemos alcanzado en estos últimos meses”, expresó apenas iniciado su discurso.
Minutos antes, y jugándose el pellejo, Moreno Valle dio muestra una vez más de su exacerbado pragmatismo y luego de dar la bienvenida al mandatario federal, le dio todo su respaldo a la polémica Cruzada Nacional contra el Hambre, a contracorriente de la línea dictada por Gustavo Madero. La Diosa Fortuna le sonrió al gobernador poblano, quien encontró la coyuntura que buscaba para declararse el más peñanietista del país, el soporte del hombre “con el que reinició la esperanza”, olvidando los favores que un día le hizo Felipe Calderón.
Los expertos en comunicación verbal podrían explicarlo mejor. Pero luego de enunciar su apoyo absoluto a la cruzada, cuando Moreno Valle volvió a tomar asiento junto al presidente, se dio un pequeño diálogo entre ambos. Dos minutos quizá, que terminó con un sonoro “órale, va” de Peña Nieto, movimiento de brazos y cabeza incluido.
Y para colmo, "no le entramos a los trancazos porque ni seguridad social tenemos, así que si algo nos pasa, recibimos una mala atención en el Hospital Municipal, y a las autoridades les vale, porque no hacen nada para mejorarnos las condiciones y que haya mejor vigilancia y seguridad en Tehuacán", declaró un uniformado.
Los elementos de Seguridad Pública, quienes pidieron el anonimato, detallaron que además de la falta de herramientas para trabajar, los mandos tratan de aburrir a los elementos con más experiencia para que no logren una antigüedad y evitar el pago de altos finiquitos y jubilaciones.
Indicaron que dentro de la Academia de Policía no se les brindan los conocimientos necesarios, porque el curso es de unos meses y no es suficiente, lo que pone en peligro a la ciudadanía y a ellos mismos.
Con respecto a las municiones, uno de los entrevistados explicó que "nos dan las balas contadas, así no se puede realizar el trabajo de forma adecuada porque uno debe estar cuidando los tiros", así que si se llega a dar una balacera, hasta miedo les da usarlas.
25 de abril de 2013
La BUAP.docx
La BUAP: democratización de las formas de gobierno
Lázaro Vázquez y Romero
La mayoría de la comunidad universitaria dese hace más de dos décadas hapermanecido como simple espectadora de los distintos cambios y transformaciones suscitados en su seno. Las razones o explicaciones pueden ser muchas o ninguna según la perspectiva de análisis que se elija. En nuestro caso esgrimiremos algunas de estas para tratar de entender lo sucedido en este periodo en relación particularmente con la forma de gobernar en nuestra institución.
Antes de la década de los noventa el crecimiento acelerado de la matrícula, el nacimiento de los sindicatos universitarios junto con sus múltiples demandas de orden laboral que en muchas ocasiones culminaron en huelgas, la falta de infraestructura edificada, modelo educativos anquilosados, excesos y abusos de diversa índole laboral y política, sembraron el terreno propicio para la intervención del estado en todos los ámbitos de la vida universitaria. Desactivando principalmente la efervescencia de la vida política universitaria.
En este sentido el gobierno mexicano impuso una política, consistente en "modernizar, ordenar, reformar y limitar el ingreso a estas instituciones mediante filtros denominados exámenes de admisión que con base –en muchos casos- enmodelos extranjeros importo acríticamentey aplico sin la valoración y participación de las comunidades académicas de las IES públicas.
Cada institución tuvo su propia dinámica en la inserción de esta política. En el caso de la BUAP, que es a la que nos referiremos en este artículo, se desarrollo como una cruenta intromisión del estado en todos los órdenes de la vida universitaria. Dando inicio a una nuevaetapa en donde en principio se impusocomo estilo de gobierno la coerción, la amenaza, el clientelismo, la dadiva, elterrorismo laboral y académico, siendo José Doger Corte el operador elegido por el estado para aplicar este tipo de políticas, quien de inmediato redujo drásticamente la matrícula y plantilla de trabajadores universitarios como requisito sine quanonpara seguir recibiendo los subsidios económicos correspondientes. Tarea que el susodicho cumplió al pie de la letra, y hoy lo tenemos como flamante candidato a diputado por el XV distrito. Sin duda –como ya lo hemos comentado en otros artículos- el sistema sabe premiar cuando seobedecen órdenes sumisamente.
A partir de ese momento y hasta nuestros días la BUAP ha sido objeto de múltiplestransformaciones en su estructura, en los modelos educativos, en los tipos de gobierno, en la oferta educativa y en su expansión a nivel regional. Modificaciones que en su mayoría han sido benéficas para la educación superior en nuestro estado, pero donde no se han dado estas reformas o modificaciones son en sus formas de gobierno, lo que implica que solo sean reformas truncas o incompletas, con consecuencias negativas en la vida académica y política de nuestra institución.De tal forma que mientras no se aborde el problema de la transformación real del gobierno universitario se corre el peligro de que en muchos casos persista la simulación y la indiferencia, asuntos que representarían un obstáculo y contrasentido de la vida universitaria.
Cabe hacer mención, que esta problemática se observa en la mayoría de las IES mexicanas. Pues no obstante la diversidad y crecimiento alcanzado en la educación superior de México en comparación con las décadas anteriores a los noventa; las formas y estructuras de gobierno y administración hanpermanecido suspendidas en el tiempo, y sigue prevaleciendo la forma de gobernar que se caracteriza por innumerables rasgos autoritarios e impositivos, lo que implica un obstáculo para la participación de la comunidad universitaria en la toma de decisiones relevantes para el desempeño de las funciones sustantivas de lainstitución, trayendo como consecuenciaque las transformaciones y reformas emprendidas por las autoridades universitarias se perciban por parte de los universitarios como transformacionesmaquilladas y recetadas por agentes externos que desconocen las particularidades y funcionamiento real de las instituciones educativas de México.
Con el propósito de conocer de manera general lo que está sucediendo en otras instituciones educativas nos referimos a continuación a parte del trabajo de investigación denominado "La transformación de las formas de gobierno en el sistema universitario público mexicano: una asignatura pendiente"
"por ejemplo, los datos nacionales recientemente obtenidos por la encuesta RPAM (Galaz et al., 2008) que encuentra que sólo alrededor del 52% de los profesores de tiempo completo de las instituciones de educación superior públicas estatales y el 37% de las públicas federales consideran que las condiciones generales de trabajo de sus instituciones, desde que ellos iniciaron su carrera académica a la fecha, han mejorado; en tanto que para el 19% y el 29% de los académicos entrevistados de las instituciones estatales y federales, respectivamente, las condiciones de sus instituciones han sufrido un deterioro. Es decir, no obstante el crecimiento de la educación superior al que nos hemos referido, cerca de una cuarta parte de los académicos de tiempo completo de las instituciones de educación superior de este tipo consideran no haber visto mejoría en las condiciones laborales en sus instituciones.
De igual forma, datos de la misma encuesta RPAM muestran que a lo sumo un 12% de los académicos de las instituciones públicas federales o estatales perciben o consideran que los propios académicos participan en los procesos de designación de funcionarios importantes.
En el mismo sentido, e ilustrando el punto de que las formas de gobierno y administración de las íes no han sufrido modificaciones sustanciales en el sentido de su alejamiento de un modelo autoritario, destaca en esos resultados, también, la opinión general en alrededor del 55% de los académicos de la presencia en su institución de un estilo administrativo vertical, de la existencia de procesos administrativos complejos (45%), la presencia en sólo un 41% de los casos de colegialidad en la toma de decisiones, así como sólo un 39% que opina que la comunicación entre la administración y la academia es buena.
Los siguientes resultados, tomados también del reporte de Galaz et al. (2008), corroboran de alguna forma que no obstante las transformaciones que ha sufrido la educación superior mexicana pública y que han sido alentadas básicamente a través del financiamiento federal, el mejoramiento de la calidad de muchos de los procesos administrativos, que se derivan de las formas de gobierno, muestra todavía un pobre desarrollo: sólo el 32.5% de los académicos entrevistados considera que en su institución se hace más hincapié en la calidad de los procesos que en los indicadores de tales procesos, y menos de la tercera parte (30.8%) está de acuerdo o fuertemente de acuerdo con la afirmación de que en su institución existe un manejo eficiente y oportuno de los recursos destinados a la investigación.
En línea con nuestra argumentación sobre la necesidad de formas de gobierno universitarias en la que otros actores de la vida institucional: académicos y estudiantes, tengan un papel más relevante; las respuestas a las preguntas referidas a la participación –en la vida institucional– de los académicos de las instituciones públicas federales y las estatales entrevistados muestran que entre el 46% y el 49% consideran que la falta de participación en la vida institucional es un verdadero problema.
Sólo alrededor de la tercera parte afirma que se le informa sobre lo que sucede en la institución, y sólo entre el 39% y el 43% considera que los funcionarios de mayor jerarquía ejercen un liderazgo competente".
Más adelante en este mismo estudio,se precisa la opinión de académicos universitarios recogida mediante una encuesta telefónica que reproducimos a continuación:
La visión de los académicos sobre las formas de gobierno prevalecientes en la educación superior pública mexicana
Independientemente del nivel de análisis que de sus formas de gobierno se realice, debe tenerse presente que las universidades son sistemas complejos, con intereses y formas de gobierno con estructuras y rasgos derivados, en ocasiones, de historias y coyunturas locales muy específicas, que hacen difícil su modelamiento o descripción en términos de un sólo modelo exclusivo e imperante en todas las instituciones (Pusser; 2003).
No obstante, el análisis que hemos llevado a cabo de las respuestas que un grupo de 73 académicos perteneciente a un total de 3 5 universidades dio a un cuestionario semiestructurado, aplicado a través de entrevistas telefónicas y con el que se buscó obtener información sobre la opinión que los académicos tienen sobre diversos aspectos de la vida universitaria, entre ellos las formas y estructuras del gobierno prevalecientes en las universidades públicas en México (Ordorika, Ramírez y Martínez, en preparación), muestra –a pesar de la gran diversidad o heterogeneidad de condiciones que existen en las instituciones estudiadas– la persistencia de un modelo de gobierno autoritario, antidemocrático, que desalienta o se opone a la participación de la comunidad y que, por ende, a final de cuentas, es contrario al supuesto espíritu que movió a las políticas de modernización: la transformación y el real mejoramiento de la educación superior.
De manera muy general podemos resaltar algunas de las cuestiones comunes en las apreciaciones de los académicos que participaron en este estudio
a. Existe la opinión ampliamente generalizada entre los académicos entrevistados de que las instituciones de educación superior han sufrido, en los últimos lustros, innumerables cambios en muy diversos aspectos. Por lo común, estos cambios son atribuidos a la instrumentación de políticas públicas impulsadas por el gobierno federal. En general, la comunidad se percibe como ajena a la instrumentación de estas políticas; en muchos casos, a estas políticas se les ve como una real imposición, en donde el gobierno de la institución ha jugado un papel muy relevante; en estos casos la participación de la comunidad ha sido marginal y restringida a cuestiones muy cercanas al quehacer cotidiano, de muy corto término. A pesar de que en las opiniones de un gran número de académicos puede percibirse un cierto tono negativo, crítico o de escepticismo en sus referencias a los cambios que han ocurrido en los años recientes en sus instituciones, no deja de ser significativo de que, al mismo tiempo, los cambios se tienen muy presentes, son referidos rápidamente y, en algunos casos, hasta con cierto orgullo ("La universidad ha cambiado, o está cambiando"; "Muchas cosas negativas del pasado han quedado atrás").
b. También es de destacar que en las listas que se ofrecen de los cambios ocurridos en los últimos años en la institución, son muy pocos y marginales, si es que las hay, referencias a cambios en las formas de gobierno. Es un aspecto que no aparece en las "agendas de las instituciones".
c. En general es factible detectar en las opiniones recogidas un sentimiento de marginación por parte de la "comunidad" en la toma de decisiones institucionales relevantes. De igual formaexiste cierto escepticismo con respecto al funcionamiento y pertinencia en la vida institucional de los cuerpos colegiados. En general se percibe que en la medida que a los cuerpos de representación colegiada les atañen las decisiones más estratégicas en la conducción de la institución, la participación de la comunidad será menor o más irrelevante. Los mecanismos de control político, administrativo o burocrático que se ejercen sobre los representantes de la comunidad son mayores conforme aumenta la importancia institucional decisoria del cuerpo colegiado en cuestión.
d. Una opinión que va adquiriendo fuerza entre los académicos, sin embargo, es que en muchas cuestiones referidas a la vida académica empiezan a ser decididas por los cuerpos colegiados correspondientes, quienes a consecuencia de las políticas instauradas por las autoridades federales empiezan a tener un fortalecimiento importante (al margen de la manipulación o cooptación que puedan hacer otras autoridades de la propia institución).
e. En general se tiene una percepción negativa (en algunos casos llega a ser sumamente negativa) del gobierno universitario y sus formas y mecanismos. La percepción del Rector como la máxima autoridad de la universidad, ocupando un puesto eminentemente político, ejercido por lo general sin contrapesos institucionales y de manera autoritaria e impositiva es aún muy frecuente entre nuestros académicos; esta visión se complementa de manera un tanto contradictoria con la opinión favorable que una porción significativa de los entrevistados expresaron sobre la figura o imagen del Rector, quien en lo personal es visto como cercano a su comunidad, con un buen conocimiento de los problemas que aquejan a la institución, abierto a los comentarios y sugerencias.
f. Un proceso semejante de deslegitimización se observa en las referencias a organismos como el Consejo Universitario, o instancias equivalentes. La inoperancia que se le puede atribuir a este cuerpo colegiado se debe, fundamentalmente, a la injerencia de otras autoridades (por ejemplo, el Rector) en la designación de los representantes de la comunidad, la manipulación de los mecanismos de decisión, ya sea de manera estructural (mayoría de autoridades) o mediante la cooptación o compra de los representantes de la comunidad.
Otro aspecto que se identifica como muy negativa para la vida de los cuerpos colegiados es la percepción de su utilización por las autoridades unipersonales como vehículos para legitimar sus propuestas, o darle un sentido de acuerdos emanados de la comunidad a decisiones tomadas de antemano, sin que hayan sido consideradas las verdaderas necesidades de la institución, expresadas por la comunidad.
Es posible concluir que el modelo prevaleciente en una buena parte de los gobiernos de las instituciones públicas de educación superior mexicanas, tal y como es referido en las respuestas de los académicos entrevistados, puede caracterizarse en mayor o menor medida como autoritario en donde se promueve la no participación de la comunidad en las decisiones fundamentales de la institución. Esta conclusión no niega o cuestiona la realidad de los indudables cambios que en un sentido positivo se han dado en muchos aspectos de estas instituciones. Lo que aquí se quiere hacer evidente es el hecho, también indudable, de que los cambios en la universidad pública mexicana no se han visto acompañados de cambios en sus formas de gobierno e, incluso, en algunos casos pareciera ser que no sólo sobreviven las prácticas del viejo autoritarismo mexicano, sino que da la impresión de que en algunas instituciones estos rasgos negativos se han exacerbado".
A manera de conclusión podemos decir también que esta problemática tan compleja que se ha venido desarrollando en todo el ámbito universitario, ha tocado fondo, y es el momento en el caso particular de la BUAP, de iniciar una nueva etapa que contemple necesariamente el cambio real y genuino en las formas de gobierno universitario, entre otros aspectos de la vida académica y funciones sustantivas institucionales. Con este propósito creemos que espertinente partir de algunas consideraciones que es necesario revisar y reformar con este objetivo.
Sin duda, los puntos enunciados distan mucho de la amplia y diversa complejidad de la vida universitaria, sin embargo pensamos que puedenservir como un elemento que coadyuve a la discusión, la reflexión y el debate respecto al cambio y democratización de las formas de gobierno que urgen en la BUAP.