La Historia de esos días
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7 de septiembre de 2013
Hacia un frente nacional contra la venta de México
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Criminalización de la protesta social
Criminalización de la protesta social
Miguel Concha
Criminalización de la protesta social
El pasado primero de septiembre supimos una vez más de personas que habían sido detenidas arbitraria y violentamente durante las manifestaciones a las que convocó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación contra la reforma educativa. Recordamos los hechos del primero de diciembre del año pasado, y lo acontecido el 10 de junio. Aunque con diferencias de matiz, en esencia se mantiene la criminalización de las protestas en momentos coyunturales y decisivos para el país.
El operativo realizado por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal se circunscribió esta vez a actuar con otras fuerzas policiacas, y por ello hubo también participación de la Policía Federal. Sin embargo, como en otras ocasiones, hubo un despliegue de cuerpos policiales que a simple vista fue exagerado. Esto contribuyó a que la tensión aumentara entre las personas que se manifestaban. Incluso desde muy temprano se ordenaron encapsulamientos. Por ejemplo, el que se suscitó en el Monumento a la Revolución. Y detenciones arbitrarias, como fue el caso de Ana Berenice de la Cruz Cortés, estudiante del Claustro de Sor Juana. Éste y el de las otras 15 personas detenidas, es reflejo de que en el Distrito Federal la actuación policial sigue violentando derechos humanos en el contexto de manifestaciones públicas.
Las y los jóvenes aprehendidos han expresado que fueron arrestados por su apariencia o porque documentaban con fotografías y videos lo que en medio de la movilización se presentaba. Algunas personas fueron incluso retenidas en zonas alejadas al lugar de la movilización, como sucedió con los periodistas alternativos. Una vez más, es motivo de preocupación el intento en el DF de inhibir la protesta social por medio de actuaciones que criminalizan a quienes ejercen este derecho. Las detenciones arbitrarias se han vuelto un problema constante en momentos en los que las protestas son fundamentales para la participación de la gente en el debate público.
En repetidas ocasiones hemos señalado que el derecho a la protesta está reconocido en diversos instrumentos internaciones que protegen derechos humanos, y que, con base en la reforma constitucional de 2011, el Estado tiene la obligación de garantizarlo, junto con todos aquellos otros derechos que se le interrelacionen, como el de asociación, libre manifestación de las ideas, y el derecho a defender derechos humanos. Hemos visto cómo los operativos policiales que se llevan a cabo se realizan con poca o nula sensibilidad hacia la dignidad de las personas. Y en esta ocasión fueron implementadas deliberadamente nuevas estrategias de aislamiento y dispersión, pues las personas detenidas fueron remitidas a ministerios públicos muy alejados del lugar de los hechos. Esto complica la articulación civil para su defensa y retrasa los procesos, pues la accesibilidad a estos lugares es difícil, tanto para sus familias como para las personas que intentan acompañar los casos. Cuando se preguntó por qué se había procedido así, la respuesta simple y llana era que "en el centro de la ciudad están llenos de trabajo". A nuestro juicio, este tipo de estrategia está destinada a impedir la organización de la sociedad para exigir a las autoridades la liberación de personas que han sido violentadas en sus derechos fundamentales. Y podemos asegurar que con ella se violenta a todas luces el derecho de acceso que tienen a una justicia pronta y expedita.
Otro hecho que es importante señalar es la actitud de los elementos de la policía frente a los intentos de la ciudadanía por dejar constancia de sus arbitrariedades en los operativos policiales. A través de videos y testimonios se documentó la forma como el operativo trató de impedir que se fotografiaran o filmaran los hechos de violencia y los arrestos arbitrarios. Se alega que los policías tienen derecho al honor y protección de sus identidades como cualquier ciudadano. El problema es que se les fotografía o se les graba sólo cuando están realizando un servicio público, y si en ese momento están cometiendo violaciones a los derechos humanos. Para efectos de documentación, es entonces necesario recabar pruebas, ya sea para demandas penales o para presentar quejas ante las comisiones de derechos humanos. También para generar registros audiovisuales y memorias sobre las maneras como el Estado hace uso de la fuerza y de la represión en las protestas sociales.
El antecedente más inmediato que tenemos es lo sucedido el primero de diciembre y el 10 de junio pasados. Los hechos del primero de septiembre nos confirman sobre la importancia que tiene el que las autoridades acaten sin reparo las recomendaciones que hacen organismos públicos de derechos humanos, como es el caso de la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, surgida a raíz del primero de diciembre. Allí se contienen propuestas que pueden impedir que se repitan sucesos como los que ahora comentamos. Sabemos que el GDF se ha quedado corto en la reforma a fondo de su policía, y que es poco afecto para integrar el enfoque de derechos humanos en la normatividad y políticas que implementa. Si esto no fuera así, entonces no seguiríamos lamentando manifestaciones mancilladas por violaciones a los derechos humanos. La realidad nos muestra en cambio la criminalización de personas que pacíficamente expresan sus disensos frente a las actuaciones del Estado. Es legítimo entonces exigir a las autoridades que liberen a las personas que arbitrariamente fueron remitidas a reclusorios, y a quienes aparentemente se les elevó de adrede la fianza a cifras imposibles de solventar de inmediato.
La privatización de la energía, inaceptable
La privatización de la energía, inaceptable
Enrique Calderón Alzati
La privatización de la energía, inaceptable
Los intereses extranjeros en torno a la explotación de los recursos naturales de México y en particular sus hidrocarburos no son nuevos, como tampoco los son las visiones y los proyectos de enajenación de esos recursos por parte de mexicanos incrustados en los círculos del poder. De ello dan fe muchas páginas de la historia de nuestro país.
Luego de la expropiación petrolera realizada por el general Cárdenas, han sido varios los intentos por entregar nuevamente esos recursos a manos extranjeras, utilizando en cada caso argumentos diferentes y bien elaborados por las mismas organizaciones externas, los cuales tuvieron eco en nuestro país y de manera especial en los diferentes gobiernos que se han sucedido durante los últimos 40 años.
Resalta así, el proyecto de Lopez Portillo entre 1976 y 1982, orientado a hacer del petróleo el recurso económico central para nuestro desarrollo, no obstante las múltiples llamadas a la cordura, por parte de expertos mexicanos como Heberto Castillo. La aventura terminó en un rotundo fracaso, pues lo que en realidad sucedió fue que el objetivo del proyecto diseñado en Estados Unidos y filtrado a México por un amigo del presidente, no era otro que abastecerse del petróleo mexicano que los iraníes les habían negado. Lejos de mejorar nuestra economía, como resultado de las grandes inversiones para incrementar la producción, nuestro país quedó brutalmente endeudado, mientras los estadunidenses obtenían a bajo precio el petróleo mexicano que les hacía falta.
Ya como parte del proyecto neoliberal impuesto a México por el Fondo Monetario a raíz del endeudamiento mencionado, la capacidad tecnológica mexicana comenzó a ser desarticulada por el gobierno de Carlos Salinas, mediante la contratación de empresas extranjeras para desarrollar proyectos anteriormente realizados por Pemex en un caso y la CFE en otro, como la construcción y puesta en marcha de centrales hidroeléctricas, refinerías e instalaciones diversas. Los institutos de investigación ligados a Pemex y CFE fueron convertidos en armatostes inútiles, cuya función no era otra que la simulación, dejando de cumplir con los objetivos para los que fueron creados, justificando así la necesidad de adquirir la tecnología en el extranjero, ante la incapacidad demostrada de los técnicos mexicanos.
Lejos de preparar nuevas generaciones de ingenieros y especialistas, como lo hacen las naciones interesadas en asegurar su desarrollo futuro, los gobiernos neoliberales se olvidaron de las universidades e instituciones de educación superior que podían dotarlas de los recursos humanos necesarios. Por el contrario, las nuevas generaciones de ingenieros y especialistas desarrollados por esas instituciones han tenido que emigrar a otras naciones para encontrar retos, desafíos y empleos acordes a sus conocimientos y capacidades.
El resultado de estas políticas no ha sido otro que la desvinculación de las instituciones de educación superior de los grandes problemas nacionales. Para qué invertir en desarrollo tecnológico, cuando es posible comprar la tecnología donde sí saben y pueden hacerla.
Pareciera en todo esto que quienes han dirigido el país carecieran de una visión que les permitiera vislumbrar las necesidades y oportunidades futuras, o bien que, dominados por sus complejos, pensaron que el único camino posible era el que un siglo antes habían seguido quienes decidieron que lo mejor para México era traer un extranjero, que nos viniera a gobernar y a decir cómo hacer las cosas, para que México pudiese encontrar su camino.
Luego de Salinas, sus sucesores y de manera muy especial Fox y Calderón pusieron todo su empeño en entregar el petróleo y la producción de energía en manos extranjeras y en buena medida lo lograron mediante argucias y opacidades de todo tipo, las cuales seguramente les produjeron atractivas ganancias personales, pero fracasaron en sus intentos de cumplir los compromisos que seguramente habían sido parte de las historias secretas que les permitieron acceder al poder. En ese fracaso, incidieron desde luego las diferentes voces que desde el Congreso y de unos cuantos medios de comunicación como La Jornada , lograron hacer públicos los intentos y las falacias de los proyectos gubernamentales.
Hoy el gobierno de Peña Nieto reincide en el argumento de nuestra nula o escasa capacidad para extraer el petróleo de nuestros mares, así como de realizar los procesos de refinación y generación de productos derivados del petróleo, no sólo por la falta de tecnología, sino por la debilidad financiera de la empresa para realizar las inversiones necesarias, los argumentos son poco fiables por decir lo menos, en la medida que el gobierno ha presentado cifras de Pemex como las de una empresa en condiciones financieras lamentables, que difieren, como hoy se sabe, de los informes financieros presentados por la misma paraestatal en el escenario internacional, en donde se afirma con cifras sólidas, que se trata de una de las empresas más productivas y rentables a escala mundial. Por otra parte, el gobierno omite decir que la falta de recursos de la paraestatal es por que son utilizados para compensar la falta de ingresos del gobierno, por el trato preferencial de exenciones fiscales que brinda a los bancos y grandes empresas, mayoritariamente extranjeras, no obstante las enormes utilidades que ellas reciben; todo ello, ¿a cambio de qué?
Se trata de conductas muy graves, porque implican un gran engaño al pueblo de México, para que éste acepte la "alternativa salvadora", ante la difícil situación que venimos viviendo y que hoy se antoja también artificial, en cuanto que ha sido inducida por las mismas oficinas del gobierno que promueven la reforma energética y su complemento, la reforma fiscal. ¿Se puede acaso aceptar que el gobierno modifique la Constitución para dar entrada a las empresas extranjeras, a partir de los argumentos planteados por los gobernantes? Muy difícilmente, y si los diputados lo hicieran estarían siendo partícipes de un nuevo atentado contra los intereses nacionales.
Afortunadamente se han levantado diversas voces, que son escuchadas por sectores importantes de la sociedad mexicana, para rechazar este nuevo intento de privatización de la energía, particularmente los presentados en estos días de manera responsable e inteligente, tanto por Cuauhtémoc Cárdenas como por Andrés Manuel Lopez Obrador.
País en venta: privatizando ciencia y docencia
País en venta: privatizando ciencia y docencia
Silvia Ribeiro
País en venta: privatizando ciencia y docencia
El control de los recursos estratégicos de México está a la venta al mejor postor trasnacional y en las condiciones que demanden las empresas. Desde la minería al petróleo, pasando por la biodiversidad, el aire de los bosques y hasta el maíz, el patrimonio genético alimentario más importante del país.
El proceso no empezó ahora, pero hay en este momento pasos cruciales en juego, como la privatización del petróleo y la autorización para siembra comercial masiva de maíz transgénico en favor de Monsanto y otras trasnacionales. Otras leyes aprobadas y en discusión, como la reforma que privatiza la educación y convierte a los docentes en empleados precarios, o la imposición de IVA en alimentos y medicinas, castigan a los pobres y sus derechos sindicales más básicos. El hilo rojo es favorecer a las grandes empresas y a las minorías privilegiadas. Pero también crece la resistencia, cada día más compleja y candente, por la diversidad de actores y temas que hieren centros neurálgicos de la vida del país.
Aprovechando el contexto, un grupo de científicos protransgénicos, entre ellos Luis Herrera Estrella, director del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad (Langebio, de Cinvestav-IPN) se están reuniendo con diputados para cambiar las leyes que dificultan a funcionarios lucrar personalmente con la investigación pública. Y eso sí es una injusticia ¿no le parece? O sea, para estos científicos lo correcto es que los investigadores sean financiados con fondos públicos, usen el acervo de conocimientos, las instalaciones, sueldos, herramientas y subsidios del Estado, para que ellos puedan comerciar con empresas y patentar para su lucro personal los conocimientos que obtienen gracias al trabajo colectivo y al apoyo social.
Según Herrera Estrella, "el acuerdo al que llegamos con los diputados es armonizar todas las leyes, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley de Ciencia y Tecnología para que, en una sola ley, se contemple toda esta problemática" (E. Ruiz Jaimez, El Economista , 25/8/2013). La articulista abunda: "Con esto buscan que el investigador pueda licenciar sus propias patentes u otras, que pueda crear una empresa y ser accionista".
En el mismo artículo, Herrera Estrella afirma que a la ley Monsanto (Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados) se le puso el mote porque sólo Monsanto puede cumplir con sus requerimientos, "porque es muy estricta". Arguyendo un pretendido nacionalismo –nada convincente dados sus vínculos con las trasnacionales– quieren simplificar los trámites para que los investigadores nacionales también puedan contaminar transgénicamente los cultivos.
Pero, ni la ley Monsanto es estricta (por eso hay contaminación) ni se le llama así por lo que dice Herrera Estrella, sino lo contrario: porque favorece ampliamente los intereses empresariales, no contra investigadores nacionales, sino contra el bien público. Recordemos que la primer versión de esta ley fue presentada al Congreso por el Comité de Biotecnología de la Academia Mexicana de Ciencias, del que Herrera Estrella era y es miembro. La coordinación del cabildeo de la ley Monsanto –que ahora les resulta insuficiente, porque ven la coyuntura para ir por más elementos privatizadores– estuvo a cargo de su colega Francisco Bolívar Zapata, ahora nombrado por Peña Nieto coordinador de Ciencia, Tecnología e Innovación del gobierno. Los pocos cambios que otros hicieron en el proceso legislativo, como la obligatoriedad de establecer un régimen especial de protección al maíz por ser México centro de origen (¿una de las complicaciones a las que aluden estos científicos?) fueron vaciados de contenido con el reglamento de dicha ley. La consulta pública es una farsa, nunca considera las críticas. Las aprobaciones de siembras experimentales de transgénicos, particularmente maíz, han sido impugnadas legalmente muchas veces, motivando únicamente que el gobierno adaptara el reglamento para dejar las impugnaciones sin efecto. Ha sido un proceso de tal grado de "corrupción legalizada", que fue presentado por el Grupo de Estudios Ambientales como caso de violación de derechos de los pueblos y violencia contra el maíz y la soberanía alimentaria, ante las sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) capítulo México. La ley que redactaron esos científicos y que ahora quieren modificar para facilitar aún más privatización y contaminación, evidencia la veracidad de la acusación general del TPP sobre "desviación de poder" del Estado mexicano contra el interés público y en favor de las empresas.
En todo caso, Herrera Estrella no se ha quedado esperando cambios. Tiene numerosas patentes a partir del trabajo en instituciones públicas y es socio fundador de Stela Genomics, empresa fundada en 2011 en Estados Unidos, con una sede cómodamente vecina al laboratorio de genómica que él mismo dirige en el Cinvestav. También es socia una investigadora a quien dirigió su doctorado en el mismo laboratorio. Stela Genomics usa el trabajo que se hizo en Langebio, financiado públicamente, para promover su negocio privado. Además, gestiona comercialmente las patentes de Herrera Estrella.
El modelo es Estados Unidos, donde el público financia las universidades que trabajan con y para las transnacionales, y los investigadores están a la venta, incluida la orientación de su investigación. La investigación en biotecnología en México va en esa dirección y hay varios ejemplos. Este tipo de conflictos de interés serán parte de los casos a presentar en la próxima sesión del TPP sobre maíz transgénico y corrupción de la ciencia.
*investigadora del Grupo ETC
La indefensión laboral como falsa solución
La indefensión laboral como falsa solución
Arturo Alcalde Justiniani
La indefensión laboral como falsa solución
Esta semana, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvieron varios temas de gran importancia para el futuro de los derechos humanos en nuestro país. Sus decisiones están relacionadas con el alcance del artículo primero constitucional, reformado hace tan sólo dos años, cuando se creó un nuevo paradigma respecto de la aplicación e interpretación de los tratados internacionales en esta materia. Estamos hablando de derechos relacionados con la vida, la libertad, la seguridad, el medio ambiente, la alimentación, la igualdad y los derechos humanos laborales, entre otros.
La Suprema Corte resolvió tres temas a raíz de diversas contradicciones de criterios generadas en el seno del Poder Judicial Federal. El primero, relacionado con la jerarquía entre la Constitución política y los tratados internacionales. El segundo responde a la pregunta de qué hacer en caso de que haya contradicción entre una disposición expresa en la Constitución y derechos garantizados en tratados internacionales. El tercero se refiere a la aplicación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los jueces mexicanos. El próximo lunes el pleno abordará un tema adicional en relación con la impugnación a leyes que contravienen un tratado internacional que reconozca un derecho humano.
En la discusión sobre estos temas se destacaron dos visiones: una más progresista que sustentaba que la Constitución y los tratados tienen la misma jerarquía, y que los derechos contenidos en estos últimos deberían prevalecer sobre las restricciones señaladas en nuestra Carta Magna, y una visión más conservadora que sustentaba que la Constitución tiene un rango superior a los tratados, por tanto prevalecen las disposiciones constitucionales que restringen derechos contenidos en las convenciones internacionales. La decisión final fue darle la misma jerarquía a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, salvo cuando exista una restricción expresa, en cuyo caso deberá estarse a lo que marca la norma constitucional. Respecto de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se decidió que sí será vinculante para los jueces mexicanos, siempre que sea más favorable a la persona. Esto incluye las sentencias dictadas en los casos en donde México no ha sido parte.
Por nuestra parte, compartimos la opinión de buena parte de los defensores de derechos humanos y sectores especializados, así como de diversas organizaciones de la sociedad civil, que califican de regresiva la decisión de la Corte en lo relacionado a la prevalencia de la Constitución cuando existe una restricción expresa de los derechos garantizados por tratados internacionales. Esto contradice a la reforma de derechos humanos de 2011 y a otros criterios que ya había expresado la misma SCJN. Los derechos humanos reconocidos por la comunidad internacional deben subsistir en todos los casos.
No obstante lo anterior, la decisión de la Corte tendrá un gran impacto en muchos de los asuntos que se encuentran ahora en los escritorios de los ministros por las limitaciones que operan en otras instancias de la justicia mexicana que no garantizan cabalmente los derechos contenidos en los compromisos que ha asumido nuestro país. Uno de los casos que ha generado particular interés está relacionado con la solicitud de registro sindical de los trabajadores al servicio del Instituto Federal Electoral (IFE), quienes han sufrido las consecuencias de una tendencia creciente en nuestro país que busca reducir los derechos laborales bajo la excusa de supuestas condiciones especiales de la actividad.
En el pasado, la segunda sala de la SCJN había negado la protección constitucional a los trabajadores de esta institución, avalando la legalidad del artículo 208 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), el cual dispone que quien labore en esta dependencia debe ser considerado personal de confianza, sujeto además al régimen de excepción contenido en el apartado B del artículo 123 constitucional. Anclados en estas limitaciones, se les negó además el derecho a su libre sindicalización.
No obstante los obstáculos impuestos, los trabajadores del IFE no se han dado por vencidos, y ahora con renovados bríos intentan de nuevo su reconocimiento legal, cobijados en la vigencia de los convenios internacionales que sustentan con plenitud el derecho que reclaman. Alegan, con razón, que no existe restricción constitucional para el otorgamiento de su registro gremial, ya que la discriminación proviene de una ley de orden inferior. La segunda sala del máximo tribunal ha decidido asumir la competencia para resolver el caso en esta nueva perspectiva.
Colocar a los trabajadores en estado de indefensión por la supuesta importancia de su labor, responde a una visión corporativa y autoritaria que agravia no solo a los trabajadores directamente afectados sino a toda la sociedad. Además, envía el mensaje de que los compromisos asumidos con la comunidad internacional a través de los convenios no son tomados en serio. Con ésa misma lógica, se ha maltratado a los trabajadores de las comisiones de Derechos Humanos, a los trabajadores que laboran en funciones de seguridad pública y en días pasados, a los maestros del país. En cada caso, se han inventado argumentaciones distintas para justificar los prejuicios y la indefensión laboral como una solución. Recientemente, la ley aprobada al vapor en contra del magisterio nacional, evidenció esta tendencia. La intención de la Ley, más que buscar la calidad educativa, es crear un nuevo control burocrático suprimiendo la estabilidad laboral, ampliando la discrecionalidad del despido y limitando los mecanismos de representación y defensa.
Urge detener esta visión depredadora que cancela derechos fundamentales especialmente para las futuras generaciones.
El PRD debió votar contra la reforma educativa: Cárdenas Solórzano
El PRD debió votar contra la reforma educativa: Cárdenas Solórzano
Elio Henríquez, corresponsal
El PRD debió votar contra la reforma educativa: Cárdenas Solórzano
San Cristóbal de las Casas, Chis., 6 de septiembre.
Votar en favor de la reforma educativa "fue un error de los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD)", afirmó este día el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano, quien visitó en el penal al profesor indígena Alberto Patishtán Gómez.
Dijo que había muchas razones para votar contra esa reforma, sobre todo en el terreno laboral y en cuestiones administrativas, pues lesionan los derechos de los normalistas de forma particular "y creo que no correspondía a los legisladores del PRD votar afectando estos derechos".
Expresó que el gobierno federal debe atender las demandas de los maestros, "razonar con ellos, conocer cuáles son los problemas y revisar a fondo todo el sistema educativo, de manera particular al sistema de educación normal".
Mencionó que primero debe existir respeto a los derechos de los profesores, una revisión a fondo del sistema de educación en las escuelas normales y, sobre todo, educación de calidad en todo el país, "porque andamos muy lejos de ella, y que el gobierno atienda las razones del magisterio y éste entienda también en su momento algunas razones del Estado para que lleguen a un acuerdo tranquilo".
Cárdenas fue entrevistado a su salida del penal de San Cristóbal, donde visitó durante hora y media al profesor Patishtán Gómez, preso desde hace 13 años. Indicó que decidió visitar al profesor tzotzil porque "es una causa con la que todos debemos solidarizarnos buscando que sea puesto en libertad".
La protesta magisterial no amaina a lo largo del país
La protesta magisterial no amaina a lo largo del país
L. Chim, C. Bañuelos, J. Lastra y E. Gómez
La protesta magisterial no amaina a lo largo del país
■ Preparan en Veracruz una controversia constitucional
Miles de profesores en varios estados continuaron con marchas, paros de labores, tomas de casetas, bloqueos carreteros y plantones en protesta por la aprobación en el Congreso de la Ley General del Servicio Profesional Docente, la cual será promulgada, según dijo el presidente Enrique Peña Nieto, a su regreso de la octava cumbre de líderes del G-20, realizada en San Petersburgo.
En Campeche, alrededor de mil profesores del municipio de El Carmen pararon labores por tiempo indefinido, además de que se registraron paros escalonados en varias escuelas de Hopelchén, Escárcega y Hecelchakán. El próximo domingo decidirán si se suman los siete municipios restantes.
Por tercer día, mentores de 26 municipios del sur de Veracruz tomaron las casetas de peaje de las autopistas de Cosoleacaque-Veracruz, Sayula-La Tinaja y del puente Coatzacoalcos II para franquear el paso a miles de automovilistas, "que hoy no pagan el uso de las vías de comunicación, por la aprobación de la reforma educativa".
Además, hubo marchas en parques de las ciudades de Xalapa, el puerto jarocho, Ciudad Isla, Martínez de la Torre, Tuxpan, Fortín de las Flores, Córdoba, Orizaba, Coatzacoalcos, Minatitlán, Tihuatlán y Naranjos, donde los mentores informaron que preparan una controversia constitucional con el fin de defender sus derechos laborales.
En la capital de Aguascalientes poco más de mil 200 maestros marcharon por las principales avenidas y concluyeron con un mitin en la plaza de la Patria, donde calificaron la reforma como laboral.
De forma similar, unos mil profesores de los municipios tamaulipecos de Reynosa, Río Bravo, Victoria, Matamoros, Nuevo Laredo y Tampico, se sumaron a la inconformidad y exigieron la renuncia del dirigente de la sección 30 del SNTE, Rafael Méndez Salas.
En Chihuahua, un centenar de maestros de la sección 8 tomaron las casetas de peaje en Sacramento, sobre la autopista Chihuahua-Juárez y dieron pase libre a los automovilistas. También en esta entidad, salieron a las calles para protestar en los municipios de Camargo y Casas Grandes.
Otros cientos de maestros realizaron marchas y plantones en Sinaloa, Michoacán y Querétaro, mientras que en la capital de Oaxaca padres de familia de la primaria Flores Magón decidieron que profesores de la sección 59 impartan clases hijos ante el paro de labores que realiza la sección 22.
Por la noche, un contigente de 500 maestros de las secciones 21 y 50, marcharon hacia palacio de gobierno de Monterrey, donde se pronunciaron en contra de los dirigentes de ambas secciones. Desde 1993 no se ha dado un paro de labores de docentes en Nuevo León.
Por quinto día consecutivo maestros de Veracruz se congregaron en la plaza Lerdo, en Xalapa, donde un grupo de estudiantes de la escuela preparatoria Juárez arribó para apoyar a los profesores Cuartoscuro
5 de septiembre de 2013
EL PACTO POR MÉXICO. Luis Ortega Morales
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