La Historia de esos días

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21 de octubre de 2016

Ley de ingresos: malabarismo irresponsable

http://www.jornada.unam.mx/2016/10/21//002a1ediTras una negociación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó los dictámenes de la Ley de Ingresos de la Federación 2017. El acuerdo incluye la creación de una bolsa adicional de 51 mil millones 380 millones de pesos, de los cuales 10 mil millones tienen el propósito de garantizar los recursos del ramo 23, que dotará a cada legislador con 20 millones de pesos para destinarlos a obras de infraestructura en sus respectivos distritos.

Para obtener los recursos de dicha bolsa, los legisladores y la autoridad hacendaria modificaron sus estimaciones en dos de las principales variables macroeconómicas: por una parte, el tipo de cambio sufre una depreciación al pasar de 18.20 a 18.62 pesos por dólar, mientras la producción petrolera contempla un aumento de 19 mil barriles diarios, medidas que en conjunto representarían 17 mil 360 millones de pesos. De manera adicional, se acordó un incremento en la "eficiencia recaudatoria" del Sistema de Administración Tributaria (SAT), que aportaría los 34 mil 10 millones de pesos restantes.

En el acuerdo mediante el cual la instancia encargada de la política fiscal logró el apoyo de todos los partidos –con excepción del Movimiento de Regeneración Nacional– al dictamen de la Ley de Ingresos y a la miscelánea fiscal enviadas por el Ejecutivo, salta a la vista la maniobra especulativa de consecuencias inciertas. Se han aprobado como parte del presupuesto programable unos recursos que están en el aire, pues su existencia depende de la concurrencia de factores que se encuentran fuera del control de los legisladores y la autoridad hacendaria, como lo han demostrado la volatilidad del tipo de cambio a todo lo largo del presente sexenio y la caída de 9.5% en la producción petrolera prevista por la propia SHCP para 2017. En este sentido, ni siquiera la eficiencia recaudatoria, en apariencia una atribución de la dependencia gubernamental referida, puede ofrecerse en garantía, pues una caída de la actividad económica daría al traste con la más elaborada estrategia de recaudación.

Por si fuera poco, con la generación de fondos de papel que implica la apuesta presupuestal, la maniobra pactada por la mayoría de las fuerzas políticas alimenta un mecanismo de erogaciones cuestionado –el ramo 23– en la medida en que en el pasado reciente ha dado lugar al escándalo conocido como moches; algunos legisladores han sido acusados de exigir un diezmo a presidentes municipales a cambio de la asignación de recursos procedentes de esas partidas.

Por añadidura, con la aprobación de la Ley de Ingresos en sus actuales términos, legisladores y Hacienda están sembrando la semilla de un desajuste en las finanzas nacionales que si bien arroja en lo inmediato beneficios palpables para los diputados y sus grupos políticos, puede traer en consecuencia –en caso de que no se materialicen las alegres especulaciones que permitieron la aparición de recursos– nuevas contrataciones de deuda, déficits fiscales y recortes en sectores claves como educación, salud o ciencia y tecnología. Sobra decir que tales impactos recaerán, como ocurre siempre, en el conjunto de la ciudadanía.

En suma, lo que se requiere no es legislación imaginativa para sacar recursos del aire, sino una reforma que ponga fin a la asignación discrecional del presupuesto en rubros como a las actuales modalidades del ramo 23 y a malabarismos irresponsables como el referido.

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La ciencia en problemas

René Drucker Colín 

Antes de que podamos hablar del establecimiento de una política científica congruente con el deseo de hacer que México se desarrolle como una nación que pueda elegir su propio destino y, por tanto, ser realmente independiente, necesitamos ver las causas por las cuales esto último está lejos de darse. En primer lugar, México dedica a investigación entre 0.4 y 0.5 por ciento del producto interno bruto (PIB). Si tomamos en cuenta que Estados Unidos gasta 2.5 y Japón 2.1, y que además el PIB de esos países es mucho más alto, las diferencias son aún más marcadas. De hecho, México es una de las naciones en el mundo que menos dinero dedican a la investigación científica. Ahora bien, dentro de ese poco dinero que aquí se dedica a la ciencia, 95 por ciento proviene del sector púbico. O sea, que prácticamente no hay aportación de la iniciativa privada (IP), siendo que en países como Alemania, Estados Unidos y Japón cerca de 50 por ciento de los fondos provienen de ese sector.

Obviamente, el hecho de que prácticamente toda la ciencia está apoyada por el gobierno federal hace que cerca de 90 por ciento del personal dedicado a la investigación sea empleado por el sector público.

Ahora bien, si nos basamos en los números del Sistema Nacional de Investigadores, resulta que hay sólo 0.8 investigadores por cada mil de la PEA (población económicamente activa), siendo que en Estados Unidos hay de 9 a 10 por cada mil. Si a eso añadimos que aproximadamente 50 por ciento de los investigadores trabajan en la Ciudad de México, tenemos que aparte de ser pocos, la ciencia está concentrada en la CDMX, donde además hay pocas plazas disponibles. Quizás con estos números sea fácil entender por qué perdemos tantos de nuestros mexicanos bien preparados. ¿Qué se puede hacer para remediarlo? Para empezar, es obvio que se requiere que el gobierno considere la ciencia y la tecnología prioridad nacional. Sólo así se podrán llevar a cabo los programas que se requieren para el desarrollo del país. Es increíble que casi a la vuelta del siglo XXI todavía haya que tratar de convencer a los políticos mexicanos de que la ciencia es importante, útil e imprescindible para el desarrollo real de la nación.

En segundo lugar, una vez que se decrete que la ciencia y la tecnología son prioridad nacional, hay que aclarar muy bien que son dos cosas diferentes, pero muy importantemente ligadas y que, además de eso, los planes de apoyo para las dos deben ser distintos.

La actividad científica, la llamada ciencia básica, tiene que ser respaldada en su totalidad, sin importar la disciplina, el tema y, por encima de todo, sin siquiera pensar en su utilidad, porque la ciencia básica, cualquiera que sea, genera nuevos conocimientos y de ahí se deriva su gran importancia y su utilidad. Por tanto, se le debe aumentar el presupuesto por lo menos diez veces más y sólo debe importar que lo que se haga sea de buena calidad. Asimismo, se deben definir mecanismos mediante los cuales la IP aporte una cantidad importante de dinero para apoyarla. Como parte fundamental de la ciencia básica, está la formación de personal académico, lo que repercute en la capacidad de aumentar los cuadros de investigadores y además asegure la continuidad del trabajo científico. Asimismo, una vez terminada su preparación, debe asegurarse que existan todas las condiciones para su incorporación a una institución de educación superior o a algún Centro Público de Investigación.

Con estas dos acciones inmediatas se requeriría que se aproxime a la inversión de uno por ciento del PIB, como está estipulado en la Ley de Ciencia y Tecnología.

La tecnología, por su parte, representa esencialmente el área mediante la cual los conocimientos científicos pueden aplicarse y producir insumos y medios para la producción de bienes y servicios, que tienen por finalidad mejorar el nivel de vida de la población en general. La tecnología tiene que estar vinculada muy estrechamente con la ciencia y, además, se requiere que la IP deje de comprar tecnología extranjera y se empiece a generar un aparato productivo tendente a rescatar nuestros bienes y materiales y a producir tecnología mexicana, primero para consumo interno y eventualmente para exportar y competir. Esto requiere, aquí sí, una planeación muy bien dirigida y muy específica. Es decir, que se apoye sólo aquella tecnología que sea útil y aplicable a las necesidades y prioridades del país. Aquí es donde los políticos confunden la ciencia con la tecnología. La ciencia es útil intrínsecamente, mientras la tecnología debe ser apoyada en relación directa con su utilidad práctica y las necesidades más inmediatas sin, desde luego, perder de vista las de mediano y largo plazos.

Por último, es absolutamente fundamental impulsar la innovación. El país requiere urgentemente desarrollar sus propias capacidades innovadoras, pues ello mejoraría su competitividad, lo cual es imprescindible para lograr mayor equilibrio social. Con recortes al gasto en ciencia y tecnología el gobierno está haciendo lo contrario, sobre todo cuando el ajuste es tan grande como el contemplado para 2017. Parece ser que seguimos en las mismas estrategias equivocadas.

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