La Historia de esos días

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1 de enero de 2011

La transparencia en la construcción de la democracia y los medios en medio

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La transparencia en la construcción de la democracia y los medios en medio

Ernesto Aroche Aguilar

Este comercial se comenzó a transmitir en agosto del año pasado.

 La normativa de la que procede, es decir Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública fue aprobada en la Cámara Baja el 24 de abril de 2002 con 409 votos a favor de diputados de todas las fracciones (y sin votos en contra). En Puebla, la ley fue aprobada por el congreso en 2004 y entró en vigor 18 meses después, en febrero de 2006.
Pareciera entonces que esa cosa de la transparencia es algo nuevo… pareciera pero no,  “en el lejanísimo año de 1776, luego de un periodo convulso, un sacerdote sueco-finlandés que era diputado, economista, tabernero, hombre culto y viajero, Anders Chydenius, impulsó la primera ley de acceso a la información gubernamental de que el mundo tenga memoria: la ‘Ley para la Libertad de Prensa y del Derecho de Acceso a las Actas Públicas’” (Ackerman, John; Sandoval, Irma, Leyes de transparencia en el mundo, Cuadernos de transparencia no.7,  IFAI)

“Algunos años después, Chydenius buscó dar un paso más allá: inspirado e
impresionado por la experiencia china, quiso instaurar algo así como el Buró de Censura Imperial, una institución de la dinastía Ching que se encargaba de vigilar cuidadosamente al gobierno y a sus funcionarios, de exhibir sus incompetencias, ineficiencias y prácticas de corrupción. (ibídem)

Cómo vemos, la necesidad de mantener un control externo (no Sedecaps ni Contralorías internas designadas por los propios sujetos de revisión) de las acciones y decisiones de los gobernadores emanados de la voluntad popular (cualquier cosa que eso signifique) no es nueva como acción y, por supuesto, tampoco es nueva en el mundo de las ideas.

John Locke, pensador inglés del siglo XVII considerado el padre del liberalismo, ya lo señalaba y cito “…el poder político sólo se puede comprender si lo derivamos de su origen, de aquel Estado en que todos los hombres se encuentran por naturaleza… libremente, dotados de la mismas ventajas y por lo tanto, depositarios de los mismos derechos, derechos que le otorguen el poder tener vista de cómo proceden las cosas del Estado…”. (Aguilar Rivera, José Antonio; Transparencia y democracia: claves para un concierto; Cuadernos de Transparencia 10, IFAI).

John Stuart Mill, otro filósofo de origen inglés que contribuyó a darle cuerpo al liberalismo político, también abonó en ese sentido al hablar de que “la idea de transparentar las acciones del poder público es una prerrogativa de las personas que conforman, con su voto libre, al gobierno, pues si éste es electo por la sociedad, la información le pertenece, en realidad, a esa misma sociedad”, (Ibidem)

En las democracias modernas, o de segunda generación por llamarlas de alguna manera, el ejercicio ciudadano no se limita a acudir cada determinado tiempo a las urnas para depositar una boleta electoral marcando ahí las preferencias políticas y de gobierno de los ciudadanos influenciados, la más de las veces, por el marketing político que vende como productos, como jabón o sopa o lo que se quiera, a los posibles encargados de la administración pública.

La democracia implica la participación ciudadana en la toma de decisiones, porque de estas dependerá su presente. Pero además, como sistema político obliga a la ciudadanía a compartir la responsabilidad de su futuro y por ello es indispensable que tenga la información a su alcance.

Por ejemplo, tener acceso a los estudios que se realizan previo a una obra pública, saber qué empresa será la encargada de dicha obra y cuáles fueron los argumentos para su contratación, permitirá a la sociedad avalar o rechazar dicha decisión de gobierno, a través de los mecanismos de participación ciudadana a su alcance.

El investigador Mauricio Merino lo apunta: “Nadie sensato, en nuestros días, podría diferir de la importancia que tiene el acceso a la información pública como una de las condiciones sustantivas para incrementar la calidad de la democracia y para afirmar la capacidad de control de los ciudadanos sobre el ejercicio del poder público. Sin embargo,”  reflexiona, “esa convicción democrática no se había convertido en un derecho plenamente garantizado en la mayor parte de los países con tradición democrática hasta finales del siglo XX”. (Ibidem)

Y es cierto, es en los últimos 30 años cuando esta ola de transparencia gubernamental se movió por el mundo. A nuestro país llegó hace seis años, a nuestro estado, al menos en el discurso, se tiene desde hace dos años, pero sólo en el discurso.

¿Podemos hablar de transparencia gubernamental y rendición de cuentas en nuestro estado cuando la figura máxima que encarna el poder político en la entidad negó, a través de sus subalternos, la posibilidad de conocer la evolución de sus bienes patrimoniales luego de tres años de gobierno, sin contar su paso por la presidencia municipal de la esta capital?

¿Qué mensaje envía a los funcionarios que componen la administración pública que en el discurso se hable, se presuma incluso, una transparencia que a nivel personal no existe?

La respuesta negativa a conocer la declaración patrimonial se entregó sin considerar la posibilidad de generar una versión pública, que limitara los riesgos argumentados para mantener oculta dicha información sobre un patrimonio que seguro se ha hecho crecer, gracias a un sueldo con cargo al erario.

Ejemplos sobre el poco interés real en la transparencia gubernamental abundan y, extrañamente, apuntan básicamente al manejo de los recursos públicos, dinero que proviene de los bolsillos de los que pagan los impuestos y del aprovechamiento de los recursos naturales que, aún, pertenecen a los ciudadanos.

Caso paradigmático ha sido el conocer el gasto en medios de comunicación, sobre todo después del 14 de febrero, fecha non grata para la administración actual.

Pocos meses después de que se hiciera pública una supuesta conversación –que jamás se ha podido negar– entre el gobernador del estado y el empresario Kamel Nacif, la mediosfera, es decir el espacio mediático tanto local como nacional, se vio invadida por publicidad de las acciones del gobierno local, primero tímidamente y después de una manera avasalladora.

Esto despertó la curiosidad de la sociedad, o por lo menos de algunos de sus actores, por conocer los gastos destinados a esa campaña publicitaria con la que se pretendió contrarrestar la imagen negativa del mandatario, en tanto que se trató de recursos públicos.

Diputados de oposición, empresarios y periodistas han intentado desde hace poco menos de dos años acceder a esa información y hasta la fecha aún no ha sido entregada.

Las respuestas, trucos y triquiñuelas para impedirlo, utilizando algunos mecanismos que pone al alcance de la mano la Ley de Transparencia han sido muchos, y siguen siendo muchos todavía.

Las primeras solicitudes que se presentaron con ese fin intentaron ser frenadas desde la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Oficina de la Gubernatura exigiendo clarificar y especificar qué se entiende por publicidad, por imagen pública y por algunos otros conceptos, cuando la propia normativa interna especifica esas cosas.

En esos primeros intentos lo poco que se obtuvo luego de recurrir a la Comisión de Acceso a la Información fue la información sobre el programa Avances.

En un segundo intento, ahora para tener acceso a las facturas pagadas a los distintos medios por la difusión de la publicidad gubernamental, se argumentó la inexistencia de esa  documentación, cuando nuevamente la normativa asegura su existencia.

La CAIP en este caso se pronunció por la obligatoriedad del recurrente de probar esa existencia, situación que no fue cumplida, lo que echó nuevamente para atrás la solicitud.

En uno de los últimos intentos se pidió acceso a los contratos. Las autoridades competentes volvieron a recurrir al argumento de la inexistencia de ese tipo de documentación, pero además utilizaron otro argumento que se ha vuelto recurrente en los últimos meses para negar la información: el tipo de desglose en que se solicitó ésta no es el mismo en que se encuentra contenida originalmente y la dependencia no está obligada por ley a generar nueva documentación.

Una nueva interpretación tramposa, pues si bien es cierto que la ley no obliga a generar nuevos formatos para la información también es cierto que en la ley no dice que este sea un impedimento para la entrega, lo que especifica es que se dará acceso sólo en la forma en que encuentra en la fuente original.

Por enésima ocasión se recurrió a la CAIP en donde se demostró, esta vez sí, la existencia de los contratos y la obligación de la dependencia en turno de tener esa documentación.

En este último caso, la CAIP se pronunció, sin otra posibilidad, por la entrega de esa información. Hasta ahora, y aprovechando la prórroga a la que tienen derecho por ley, el Sujeto Obligado no ha cumplido. Aunque aclaro, están aún dentro de los tiempos y plazos que ofrece la ley.

Código contra ley

Las deficiencias y las interpretaciones de los sujetos obligados son, las más de las veces, contrarios al espíritu de la ley, y sobre eso habrá de pronunciarse en algunos días la CAIP, pero expongo el caso esperando que estas inquietudes sean recogidas por los diputados locales, los únicos posibilitados a integrar propuestas a la reforma que modificará la ley actual a más tardar el 20 de julio.

En cualquier solicitud realizada a través del Módulo de Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla (MAIPEP) se hace saber al solicitante que cuenta con un plazo no mayor a tres días para obtener el recibo para el pago de los derechos correspondientes y así obtener la información. En el MAIPEP se informa también que una vez concluido ese trámite la autoridad correspondiente cuenta con ocho días para entregar la información solicitada, es decir que de cumplirse con los plazos máximos (3 + 8) el ciudadano podría obtener la información 11 días después de haber sido notificado.

Esta disposición deja indefenso e imposibilitado al ciudadano de recurrir a la CAIP para solicitar su intervención en caso de que la respuesta no lo satisfaga, por la simple razón de que el ciudadano sólo tiene 10 días, después de la notificación, para realizar ese trámite (esto sin entrar a detallar el engorroso trámite que significa pedir la intervención de la CAIP). Además, retomada del Código de Procedimientos Civiles, anula la propia ley estatal de transparencia, actúa contraria a la Constitución política del estado y la Constitución política del país.

Cómo decía, en los próximos días la comisión tendrá que analizar el caso y pronunciarse sobre esto.

Los medios y la transparencia

Cómo ya se señaló desde el inicio, la transparencia es parte fundamental de la democracia, y acá recurro de nuevo a los analistas e investigadores, Manuel Alejandro Guerrero no sólo es doctor en Ciencia Política además es director de la maestría en Comunicación en la Ibero Santa Fe.

En uno de sus acercamientos al tema de los medios y la transparencia, Guerrero sostiene que “el perfeccionamiento de la vida democrática pasa obligadamente por la transparencia de los actos y las decisiones del gobierno. En este sentido, los medios de comunicación juegan un papel muy importante, pues en un régimen democrático no sólo se hallan obligados a informar a los ciudadanos y debatir acerca de los actos, decisiones y resultados del quehacer político y gubernamental, sino que también contribuyen a mantener el ejercicio del poder en sus cauces democráticos a través de su función de investigación y vigilancia ante posibles abusos de poder por parte de la autoridad. De esta forma, los medios tienen el potencial para llegar a ser pilares del ejercicio democrático del poder a través de la transparencia y contribuir a mejorar la calidad de la vida cívica en una sociedad”. (Guerrero, Manuel Alejandro;Medios de comunicación y la función de la transparencia; Cuadernos de transparencia 11, IFAI)

Pero, y eso también es tema de debates más o menos recientes, ¿quién controla o vigila a los medios?

Ayer en algunas de las mesas se discutió sobre la independencia o no de las líneas editoriales, el director de Cambio, Arturo Rueda, presentó una tesis de licenciatura que analiza el seguimiento de cinco medios impresos al caso Cacho-Marín, en la investigación se demuestra que el gobernador y su equipo mantuvieron el control editorial para minimizar el impacto mediático en dos de los cinco medios analizados, en otros dos el control fue a ratos y sólo uno mantuvo el tema arriba sin censura.

En el revire, el director de uno de los medios a los que se señaló como adictos al poder —y que durante la presentación nos recetó un largo infomercial— explicó el por qué de que el Maringate no saliera jamás de las primeras planas del diario Cambio: su cercanía con el grupo de Enrique Doger Guerrero, grupo contrario al del gobernador.

Entonces, ¿quién controla o vigila a los medios? ¿Quién nos asegura la imparcialidad en la información que se publica? Y si la definición de nota es, como lo dijo también ayer Martín Hernández, “todo lo que el director de un medio quiere que sea nota”, entonces estamos, como sociedad, limitados, controlados por los intereses personales de los dueños de los medios, y manipulados por las componendas del poder y las empresas mediáticas.

¿La respuesta?, me pregunto y también me respondo, ya después tendrán ustedes oportunidad de responder o no a la cuestión: transparencia. Transparencia en el sector público, pero también transparencia en los medios de comunicación. Transparencia en sus contratos comerciales que tarde o temprano se vuelve mecanismo de control económico. Transparencia en sus relaciones laborales y en el pago de sus remuneraciones para que, al menos por vergüenza no tengamos reporteros ganando 4 mil pesos mensuales, o 30 pesos por nota publicada y directores y dueños de medios que se pasean con autos de lujo.

Transparencia en las decisiones editoriales para que la sociedad tenga claro el por qué se decide que X o Y nota deban encabezar la portada, porqué a X o Y fotografía se le editó  cambiando las cabezas a los gobernadores “sin dolo”.

Los diarios ingleses The Guardian y The Observer lo hacen desde hace algunos años, algunos otros diarios los han seguido (http://periodistas21.blogspot.com/2005/06/el-director-del-liverpool-daily-post.html). Así los lectores tendrán un mecanismo de interacción directa con los responsables de la información que se leerá y comentará ese mismo día o al día siguiente.

La transparencia, como piedra angular de la democracia no es sólo para los gobernantes, tendrá que llegar a los partidos políticos, los sindicatos, las ongs, pero también a los medios, no sólo porque se alimentan del erario público, también porque cumplen una función básica en las sociedades democráticas: ofrecer información y ser vigilantes del ejercicio del poder.

A los gobiernos les toca primero, ellos son el primer paso y seguimos esperando que la asuman realmente.

 Por último y parafraseando al columnista de la revista Proceso, Javier Sicilia: “Y también creo que” al reformar la ley de transparencia los legisladores se deben tomar en cuenta los siguientes puntos, propuestos por la organización que encabeza Ernesto Villanueva, Limac, para que la ley local alcance estándares internacionales mínimos.

  •  Establecer desde el Artículo 1 los principios señalados en el artículo 6 constitucional.  
  •  Conviene ampliar la lista de Sujetos Obligados integrando a todo aquel que ejerza gasto público. De igual forma, conviene señalar expresamente como sujeto obligado a la Comisión para el Acceso a la Información Pública Estatal.
  •  Se debe integrar un capítulo referente a Cultura de la Transparencia a fin de que el Órgano Garante promueva en todos los niveles de enseñanza los temas del derecho a la información.
  •  La lista de información de oficio puede ser más extensa estableciendo los indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos.
  •  Se debe señalar en la ley la posibilidad de elaborar una versión pública de la información que sea clasificada como reservada.
  •  Se debe establecer un capítulo expreso que señale la obligación de contar con archivos administrativos actualizados.
  •  Se debe establecer un capítulo expreso que obligue en caso de reserva a la prueba de daño con la debida fundamentación y motivación…
  •  Además de fijar principios de gratuidad conviene integrar la consulta directa de forma expresa así como el establecimiento de que sólo se cobrará por la reproducción de la información tratando de reducir los costos de la misma.
  •  Se debe revisar el periodo de reserva de información a fin de que sea menor del inicial y en cuanto a la ampliación manejar un plazo máximo que permita la certeza sobre la temporalidad.
  •  Se debe establecer expresamente la Afirmativa Ficta.
  •  Se le debe dotar de definitividad a las resoluciones emitidas por el Órgano Garante.
  •  En las responsabilidades y sanciones conviene darle facultades al Órgano Garante para que se dicte medidas de apremio en el cumplimiento de sus decisiones tales como amonestación, apercibimiento y multa.

Publicidad oficial: 5 MMDP en premios y castigos

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Observatorio de medios

Publicidad oficial: 5 MMDP en premios y castigos
por Mayela Sánchez
En 2008 el gobierno federal gastó más de 5 mil millones de pesos en publicidad. El 62 por ciento de estos recursos se destinó a televisión, radio y medios impresos. Los medioselectrónicos se vieron favorecidos con 2 mil 731 millones de pesos. A pesar de los cuantiosos montos que se asignan a la publicidad gubernamental, no hay reglas claras para su distribución y asignación. Este manejo discrecional ha propiciado que la publicidad oficial se use como un mecanismo para controlar los medios, señalan especialistas



2 DE NOVIEMBRE DE 2009

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Ciudad de México (México)

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 Comunicación

El gobierno federal gastó 5 mil 473 millones 476 mil 490 pesos en servicios de comunicación social y publicidad en 2008, lo que equivale a 1.4 veces el presupuesto que recibió la Universidad Autónoma Metropolitana el mismo año.
El 52.3 por ciento de ese monto fue erogado por las secretarías de Turismo y de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La Secretaría de Turismo, cuya próxima extinción fue planteada como parte del plan de ahorro del gobierno federal, gastó enpublicidad 1 mil 464 millones 248 mil 30 pesos, mientras que la entidad responsable de las finanzas públicas destinó a la promoción de sus programas 1 mil 401 millones 302 mil 780 pesos.
Pese a los millonarios montos que año tras año las dependencias del gobierno federal han gastado en publicidad, no existe una reglamentación que establezca mecanismos para su asignación en los medios de comunicación. Esta ausencia en la normatividad ha propiciado que la distribución de las pautas publicitarias sea un ejercicio discrecional de la autoridad, que puede maximizar o minimizar la recepción depublicidad con base en consideraciones generalmente de orden político, dice el doctor Ernesto Villanueva, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde coordina el área de derecho de la información.
“La publicidad oficial puede suponer por sí misma una fuente de poder que eventualmente podría utilizarse para satisfacer intereses ajenos al bien común. Esta posibilidad se incrementa cuando los criterios de asignación publicitaria son definidos en forma casuística y discrecional por las autoridades competentes”.
De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Gobernación a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, los anuncios en televisión, radio, periódicos y revistas costaron al erario público 3 mil 373 millones 322 mil 540 pesos, que equivaldrían a la mitad de lo que el gobierno federal propuso para apoyos a pequeñas comunidades rurales el año pasado.

Preponderancia de medios electrónicos

Las televisoras y radiodifusoras fueron las principales destinatarias de la propaganda oficial. En conjunto, las dependencias federales destinaron 1 mil 752 millones 387 mil 30 pesos a anuncios en televisión y 978 millones 834 mil 640 pesos a publicidad en radio, lo que representó el 81 por ciento del total asignado a medios masivos de comunicación.
De las televisoras, la empresa Televisa fue la que más recursos recibió, sumando 917 millones 422 mil 130 pesos. El segundo lugar lo ocupó TV Azteca, con 558 millones 536 mil 920 pesos. Si se añadieran los 26 millones 390 mil 940 pesos que recibió Proyecto 40, la factura total de las empresas de Ricardo Salinas Pliego ascendería a 584 mil 927 millones 860 pesos. Es decir que a estas dos televisoras se les otorgó el 85.7 por ciento de las pautas publicitarias de televisión.
Las radiodifusoras que más facturaron fueron Grupo Radiofórmula/RAMSA con 120 millones 120 mil 510 pesos; Radiorama con 81 millones 595 mil 50 pesos; la cadena Grupo Radiocentro/OIR/Grupo Radioméxico con 74 millones 121 mil 30 pesos; Grupo Imagen con 58 millones 454 mil 980 pesos, y Radiomil Comunicaciones con 57 millones 484 mil 920 pesos. En suma, se trata del 40 por ciento del monto total que se asignó a 149 empresas de radiodifusión.
Los periódicos recibieron el 14 por ciento, equivalente a 478 millones 155 mil 950 pesos. Lo destinado a revistas sumó 163 millones 944 mil 920 pesos, apenas el 5 por ciento del presupuesto destinado a publicidad.
De acuerdo con las órdenes de inserción emitidas en 2008 por las secretarías de Gobernación (Segob), Salud (Ssa) y Hacienda, de las que Contralínea tiene copia, las tres dependencias gastaron en publicidad en medios impresos 75 millones 934 mil 213.37 pesos. Eso significa que de su presupuesto de 218 millones 94 mil 520 pesos, Segob gastó 5.8 por ciento en promocionarse en periódicos y revistas. De los 1 mil 401 millones 302 mil 780 pesos que Hacienda recibió, destinó apenas 2.3 por ciento a medios impresos, mientras que las inserciones en diarios y revistas significaron para la Secretaría de Salud una erogación del 9.2 por ciento de los 327 millones 191 mil 450 pesos que recibió del erario para publicitarse.
El periodista Don Podesta, consultor del Center for International Media Assistance (Centro Internacional de Ayuda a Medios), dice que en años recientes el uso de la publicidadoficial se ha convertido en una nueva vertiente del uso del dinero para controlar los medios de comunicación. Conocida como “censura indirecta o suave, se trata de una manera de influir sin tener directamente el control del medio”, pero que favorece con contratos publicitarios a los medios de comunicación que son condescendientes con el gobierno y se los niega a aquéllos que se expresan de forma crítica.
En 2003, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advertía de la incidencia de esta práctica, que no da lugar a investigaciones ni ha merecido la reprobación generalizada debido a que, con frecuencia, se trata de “obstrucciones oscuras, impuestas silenciosamente”.

Inequidad publicitaria

La relatoría señalaba que los gobiernos utilizan la propaganda pagada para incidir en el comportamiento social de los ciudadanos a través de la difusión de sus programas y campañas, por lo que el Estado debe usar los mediosinformativos que lleguen de manera más eficaz a los sectores que quiere impactar, independientemente de su contenido editorial.
Sin embargo, la falta de criterios claros para quienes son favorecidos o excluidos de tales beneficios genera un condicionamiento implícito de los medios, de acuerdo con el director de la Fundación Manuel Buendía y de la Revista Mexicana de Comunicación, Omar Raúl Martínez.
“Lo más preocupante radica ahora en que a los mediosimpresos en general se les reduce cada vez más la pocapublicidad. Hoy día es un hecho que la mayor parte de las revistas ajenas a los grandes grupos mediáticos están siendo excluidas y arrinconadas en los planes de publicidadgubernamental. En otras palabras: muchas revistas políticas, culturales y especializadas, que no están supeditadas a los poderes fácticos, están siendo afectadas por esta falta de equidad publicitaria. Es el caso, por ejemplo, de la Revista Mexicana de Comunicación, que al igual que otras publicaciones especializadas, ciertamente no imprime tirajes masivos pero aporta contenidos para crear masa crítica”.
Las órdenes de inserción de las tres dependencias señaladas, muestran que de 2 mil 797 inserciones publicitarias, sólo una quinta parte (578) fue para revistas. Y que de los más de 75 millones de pesos que se gastaron en publicidad en mediosimpresos, las revistas recibieron poco más de 28 millones de pesos, equivalentes al 37 por ciento del total.
Fueron 137 las revistas que percibieron recursos por publicidadgubernamental, cuyos montos variaron de los 8 mil pesos a casi 1 millón y medio de pesos. Letras Libres, TV Notas, Ganar Salud y Tv y Novelas son las únicas cuatro publicaciones que facturaron más de 1 millón de pesos; en los cuatro casos, los mayores montos (superiores a los 500 mil pesos) provinieron de la SHCP.
TV Notas obtuvo de esa secretaría 777 mil 977.14 pesos por cinco anuncios; Tv y Novelas recibió 768 mil 706 pesos por siete inserciones; por anunciarse 10 ocasiones en Ganar Salud, la secretaría pagó 623 mil 300 pesos; y por hacerlo nueve veces en Letras Libres, erogó 569 mil 250 pesos.
La Segob entregó su mayor pago (326 mil 600 pesos) a Letras Libres. Sin embargo, no fue ésta la que tuvo más inserciones de la dependencia entre sus páginas, sino la revista Zócalo, con ocho. Letras Libres anunció a la Segob en cinco ocasiones, al igual que Día Siete, Vértigo, Tiempo Libre y Libro Vaquero.
En el caso de Ssa sí coincidió que la publicación con la mayor cantidad de inserciones fuera también la que más dinero recibió. Se trató de la revista ONG’s, a la que Ssa entregó 976 mil 925 pesos por 14 pautas.

El caso de los periódicos

En lo que respecta a los periódicos, de estas tres dependencias recibieron 47 millones 903 mil 89 pesos. Ocho grupos editoriales recibieron poco más de la mitad de estos recursos.
Ediciones del Norte, SA de CV, que edita los diarios El Norte, El Metro, Mural, AM, Metro, Reforma y el suplemento Primera Fila, facturó por propaganda de las tres entidadesgubernamentales 5 millones 496 mil 625.3 pesos; la Organización Editorial Mexicana, SA de CV, que agrupa a la treintena de ediciones locales de la Compañía Periodística El Sol de México, así como al diario Esto, obtuvo pautas publicitarias por 3 millones 538 mil 584.7 pesos; El Universal Compañía Periodística Nacional, SA de CV, que imprime los rotativos El Universal y El Gráfico, recibió 3 millones 485 mil 210.9 pesos; mientras que el grupo Milenio Diario, SA de CV, facturó 3 millones 12 mil 114.5 pesos, incluyendo los 543 mil 468.9 pesos por publicidad en su revista Milenio Semanal.
Al periódico La Jornada y sus ediciones locales de Morelos, Michoacán, Puebla y San Luis Potosí se les pagaron 2 millones 563 mil 93.6 pesos por publicidadMedios Masivos Mexicanos, SA de CV, que edita diarios locales de Aguascalientes, Chihuahua, Tabasco, Colima, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa y Baja California, sumó 3 millones 244 mil 993.1 pesos por inserciones; mientras que los periódicos capitalinos El Economista y Excélsior obtuvieron 2 millones 51 mil 722.5 pesos y 2 millones 12 mil 770 pesos respectivamente.
De las tres dependencias referidas, la que más inserciones en periódicos pagó fue SHCP, al costear 1 mil 183 anuncios con poco más de 21 millones y medio de pesos. Segob pagó 8 millones 193 mil 580.72 pesos por 674 anuncios, mientras que Ssa gastó 18 millones 202 mil 315.48 pesos para promocionarse en 362 ocasiones.

Ni ley ni libertad

En su libro Publicidad oficial: transparencia y equidad, Villanueva argumenta que la falta de normatividad en la asignación publicitaria genera procesos de inequidad, toda vez que “la distribución equitativa de la publicidad oficial no sólo tiene incidencia en el principio de la libre competencia, sino también afecta el derecho a una información veraz y la igualdad de todos ante la ley”.
Valoraciones similares han sido hechas por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la organización no gubernamental Freedom House. En el punto 13 de su Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, la Comisión ha señalado que las presiones dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores, ya sean directas o indirectas, “son incompatibles con la libertad de expresión”.
Asimismo, menciona que los mecanismos cuyo propósito es “presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas (…) deben estar expresamente prohibidos por la ley”.
En su informe de 2008 sobre libertad de prensa en el mundo, Freedom House catalogó a México como un país “parcialmente libre”. Entre las razones que abona para situarlo como tal, se encuentra “la presión oficial, tanto estatal como federal, para controlar la publicidad”.
Villanueva, doctor en derecho y en comunicación, considera que los límites a la publicidad oficial deben establecerse en una normativa lo suficientemente clara, que establezca las pautas y criterios que debe seguir la autoridad para contratar y distribuir la publicidad del gobierno, para que ésta no sea discrecional, se evite la sospecha de favoritismos políticos e inhiba los actos de corrupción. También propone que el objetivo de las campañas publicitarias oficiales tiene que responder a necesidades concretas y reales de comunicación, y que la norma jurídica establezca la creación de un “órgano independiente honorífico” responsable del manejo de lapublicidad.
Un intento por acabar con la discrecionalidad publicitaria fue emprendido en 2007 por los legisladores perredistas Carlos Sotelo García y Valentina Batres Guadarrama, quienes promovieron una iniciativa de ley para regular la publicidad del Estado. En ella se proponía la regulación publicitaria en todos los niveles de gobierno; considerar cobertura y características de la audiencia para la asignación porcentual de publicidad, establecida según el tipo de medios; fijar tarifas únicas aplicables a todos los medios y modalidades de contratación; y determinar sanciones a los servidores públicos responsables en caso de violación de estas normas. Pero la iniciativa quedó pendiente de dictamen.
Medios, “sin andaderas”
Si bien especialistas como Raúl Trejo Delarbre, Villanueva y Podesta coinciden en que el sostenimiento económico de losmedios no debe fundamentarse en los recursos que recibe de la publicidad gubernamental, reconocen la enorme incidencia que esta práctica tiene actualmente en las finanzas de las empresas mediáticas. Villanueva acota que este tipo depublicidad funciona para “cumplir una necesidad comunicativa entre el Estado y la población, particularmente mediante la difusión de opiniones e informaciones por parte del Estado, para permitirle a la población dirigir su conducta hacia derroteros ciertos”.
En contraste, el doctor Trejo Delarbre, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales y presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, considera que ya es tiempo de plantear la cancelación absoluta de la propaganda del gobierno en cualquier medio de comunicación, pues argumenta que no hay motivos sociales reales que justifiquen que las instituciones públicas, incluidas las educativas y los organismos autónomos, “gasten dinero estatal para promocionar sus logros”.
No obstante, manifiesta que sí debe existir una política de respaldo a la prensa, pero que funcione a través de subsidios y no de inserciones publicitarias. “Hay que dejar que aprenda a andar por sí sola”.
Podesta, quien recientemente publicó el informe Soft Censorship: How Governments Around the Globe Use Money to Manipulate the Media (Censura suave: cómo los gobiernos del mundo usan el dinero para manipular a los medios), aborda una óptica distinta y asegura que es al ciudadano a quien se debe proteger, “pues los gobiernos no tienen mucho interés en cambiar la situación, porque pierden una manera de manipular, y en muchos casos los mismos medios están en contra de los cambios”.
La conclusión de Omar Raúl Martínez es que el Congreso debe atender este debate sobre publicidad oficial y medios de comunicación, pues “de seguir este soslayo hacia ellos por la carencia de transparencia y equidad en la asignación de recursos públicos, se estaría debilitando uno de los principales soportes y estímulos de nuestra incipiente democracia: la prensa crítica”.

La publicidad como garrote político

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Observatorio de medios

La publicidad como garrote político
Puebla, lunes 24 marzo 2008 - 22:19 hrs
Ayer leí la columna A Puerta Cerrada escrita por el jefe de Información de El Sol de Puebla, Jorge Rodríguez Corona, sobre la forma en que el Instituto Electoral del Estado (IEE) aplicó el año pasado la partida 3601, denominada Gastos de Propaganda e Imagen Institucional, por un monto de 13 millones 174 mil pesos.



Debo confesar, de entrada, que no entendí si la introducción y el penúltimo párrafo de su columna fueron una ironía, o un generoso apapacho al presidente del IEE,Jorge Sánchez Morales.

Y es que la relación de contratos, montos y tiempo de contratación mostrada por el columnista de El Sol –y que e-consulta había adelantado en parte el pasado 7 de marzo– refleja que la publicidad se asignó con criterios totalmente ajenos a la equidad, la penetración, las audiencias, el rating y la circulación de los medios contratados.
En el caso de los periódicos, El Sol de Puebla, que es indiscutiblemente el de mayor circulación en la entidad, con el 70% del mercado de los impresos, tuvo un contrato de 467 mil pesos por 12 meses, mientras que Síntesis por sólo 8 meses facturó 309 mil pesos; Milenio por 7 meses 170 mil, y Cambio por 7 meses 129 mil pesos.
Pero esa no es la única inequidad. La Jornada de Oriente aparece con un monto inferior que otros periódicos de menor tiraje como Milenio, Cambio e Intolerancia. ¿Quién le dijo a Jorge Sánchez que La Jornada, a la cual le asignaron 96 mil pesos, vende menos ejemplares que los diarios antes mencionados?
Esta situación se repite con los grupos radiofónicos de la capital y el interior del estado, los medios digitales y las revistas.
Corporación Puebla (hoy Grupo Acir), con cinco estaciones (dos de AM y tres de FM) facturó 632 mil pesos en 100 días, mientras que Radio Oro, con sólo dos estaciones (una de AM y otra de FM) 498 mil pesos; Cinco Radio, con cinco frecuencias (dos de AM y tres de FM) 349 mil, y Marconi Comunicaciones, con una sola estación de FM, 336 mil pesos.
¿Cuál equidad? ¿A poco La Tropical Caliente de Marconi tiene el mismo rating que las cinco frecuencias juntas de Cinco Radio, incluyendo La Mera Mera que es la de mayor rating entre las estaciones de música tropical o grupera?
Y las comparaciones, siempre tan odiosas, podrían seguir, seguir y seguir. Pero no es propósito de esta entrega, aunque si quiere información más detallada, consulte los siguientes gráficos: Periódicos,RadiodifusorasTelevisorasPortalesRevistas 
En realidad, la columna de Jorge Rodríguez, me da pauta para comentar que esta arbitraria y discrecional política de contratación aplicada por el IEE el año pasado, es la misma que priva y que ha privado por décadas en el sector público, donde no es posible, por más leyes, comisiones e institutos de transparencia que existan, saber cómo gastan los gobiernos las partidas destinadas a medios de comunicación.
Los convenios de publicidad con los medios son un auténtico hoyo negro en materia de transparencia y rendición de cuentas. La publicidad gubernamental se utiliza como garrote político en el ejercicio periodístico. Para los medios dóciles y sumisos, los contratos son generosos, sin importar si tienen muchos o pocos lectores, radioescuchas, televidentes o cibernautas. Por el contrario, para los medios incómodos o críticos, no hay contratos, ni pautas publicitarias, y cuando llegan a existir los pagos se demoran o salen a cuentagotas.
De ahí, pues, la importancia de hacer público el tema para que este dinero no siga empleándose como instrumento de control y manipulación mediática.
Lo más conveniente para resolver este asunto de fondo sería que la publicidad gubernamental se asignara, sin convenios o contratos en lo oscurito, y bajo parámetros de penetración, audiencias, circulación y rating.
Los instrumentos para llevar a cabo una medición de este tipo existen, y lo ideal es que los propios medios los pagaran de manera equitativa, como ocurre en España y en otros países; es decir, el medio con más rating o circulación, y que por tanto se llevaría una mayor tajada del pastel publicitario, tendría que pagar más por este estudio, y así sucesivamente.
Ello garantizaría no sólo un trato equitativo por parte del contratante, en este caso el gobierno, sino que los medios entraran en una sana y necesaria competencia por ganar audiencia y mejorar sus contenidos, pues el incentivo que premiaría su esfuerzo estaría en función de la penetración y calidad de la información, y no de la lealtad o la sumisión al gobernante en turno.
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El próximo viernes 4 de abril, el senador Humberto Aguilar Coronado festejará en grande su cumpleaños número 45 –que se cumple hoy martes– con una comilona para más de 300 invitados en el Salón Tres Marías del Camino Real a Cholula.
Al banquete han sido convocados dirigentes nacionales y locales del PAN, como Germán Martínez, políticos en activo y en la banca, empresarios, periodistas y legisladores estatales y federales, entre ellos varios de compañeros de escaño de Aguilar Coronado como Santiago Creel Miranda.
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Por el momento agradeceré sus comentarios y artículos sólo al correo rruiz@e-consulta.com.mx pues extravié mi contraseña del periodistasoy@hotmail.com y todavía no hallo la forma de acceder al mismo.