La Historia de esos días

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10 de noviembre de 2016

Avala SCJN “penas razonables” para usuarios de celulares

Jesús Aranda 

Avala SCJN "penas razonables" para usuarios de celulares

Ciudad de México. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó derechos a favor de los usuarios de telefonía celular, como son las "penas razonables en caso de cancelación anticipada del contrato por parte del consumidor", previstos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Al negar un amparo a una empresa telefónica, la sala confirmó la constitucionalidad del artículo 91, fracciones V, XVI, XX y XXI, de la citada norma que se refieren a los derechos de los consumidores.

La quejosa argumentó que se violaba la libertad de comercio en la prestación del servicio de telefonía.

La sala validó, por ejemplo, la inclusión en los contratos de adhesión con los consumidores, "penas razonables" en caso de cancelación anticipada del contrato por parte del consumidor y por la falta de pago.

Que los costos por reconexión por suspensión, "sean razonables y proporcionales al incumplimiento de la obligación respectiva", abonar a los usuarios de prepago el saldo no consumido a la fecha de expiración; integrar la mensualidad del usuario exclusivamente con el cobro de los servicios (sin el pago del equipo terminal) y desglosar en el pago mensual la parte que corresponda al prestación del servicio y la que corresponda al costo del equipo o instalaciones y el plazo de dicho pago, entre otros.

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7 de noviembre de 2016

El ATP debe ser rechazado

 En el Senado de la República comienzan hoy las audiencias públicas para recabar puntos de vista acerca del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (ATP), instrumento que agrupa a 12 países de América, Asia y Oceanía –entre ellos, el nuestro–, elaborado en estricto secreto a lo largo de un lustro por los ministros de economía de los gobiernos que a la postre lo firmaron en febrero pasado en Auckland, Nueva Zelanda.

Como ocurrió en su momento con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, 1994), el ATP conllevaría, de ser ratificado por el Senado, severas y graves consecuencias para la economía de México, pero también para su configuración institucional y social. Ello resulta especialmente inquietante si se considera la opacidad que caracterizó su negociación.

Aunque los gobiernos firmantes aseguraron que la redacción se realizó en secreto para impedir la intromisión de intereses corporativos, lo cierto es que, como señaló la periodista Alleen Brown en The Intercept, consorcios estadunidenses como AT&T, General Electric, Apple, Dow Chemical, Nike y Walmart, y asociaciones empresariales del país vecino como la Asociación Nacional de Minería y la Alianza del Gas Natural, tuvieron acceso privilegiado a los documentos del acuerdo, y es lógico suponer que pudieron ejercer una fuerte influencia en su redacción final. Ésta, de hecho, es claramente favorable a los intereses de las corporaciones transnacionales y adversa a la soberanía nacional de los países involucrados en el ATP.

Por lo demás, el instrumento referido no es un mero acuerdo comercial, sino que busca imponer severas limitaciones a la capacidad de los gobiernos para definir políticas públicas; pretende regular los ámbitos de la propiedad intelectual, las patentes y los derechos de autor, las telecomunicaciones, la legislación laboral, el manejo del medio ambiente, las inversiones públicas y las políticas portuarias, y aspira a transferir jursdicciones de tribunales nacionales a instancias privadas de resolución de conflictos. Constituye, en consecuencia, el más formidable intento que se haya emprendido hasta la fecha para neutralizar las atribuciones soberanas de los países y doblegar sus instituciones a fin de favorecer los dictados de las transnacionales, especialmente de las estadunidenses.

Los impactos del ATP en México serían desastrosos para la supervivencia de incontables pequeñas y medianas empresas, para la soberanía alimentaria, para los derechos de los consumidores y de los trabajadores, para los usuarios de Internet, para los proveedores nacionales del sector público y para pacientes sin capacidad de adquirir medicamentos de marca, por mencionar sólo algunos posibles afectados. Por ello, diversas organizaciones de derechos humanos, ambientalistas, campesinas, indígenas y sindicales han advertido de los riesgos que se ciernen sobre el país si el Legislativo aprueba el convenio referido. La peligrosidad al ATP ha sido señalada también en Estados Unidos, Canadá, Australia y otras naciones firmantes, en las cuales han tenido lugar manifestaciones de protesta por el empeño de sus gobiernos en suscribir ese acuerdo.

Con base en los términos de la negociación, ninguno de los países puede modificar la redacción del documento, por lo que sólo puede aprobarlo o rechazarlo. Por las razones expuestas, un mínimo sentido de Estado y de país haría imperativo que los senadores optaran por lo segundo. Cabe esperar que las audiencias que se inician hoy sean un verdadero ejercicio de participación ciudadana y no un mero trámite para una ratificación acordada de antemano, y que la sociedad sea informada de los peligros que este instrumento internacional conlleva para el país.

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Organismos estatales y 739 investigadores cuestionan recorte a ciencia y tecnología http://www.jornada.unam.mx/2016/11/07/politica/016n1pol Organismos estatales y 739 investigadores cuestionan recorte a ciencia y tecnología

Emir Olivares Alonso 

Organismos estatales y 739 investigadores cuestionan recorte a ciencia y tecnología■ Con el ajuste habrá consecuencias negativas para el desarrollo, advierten

Organismos de ciencia y tecnología del país y más de 700 académicos de diversas casas de estudios superiores rechazaron el recorte al sector propuesto por el Ejecutivo federal en el presupuesto para el siguiente año.

En documentos, tanto las organizaciones agrupadas en la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología AC (Rednacecyt) y 739 docentes e investigadores de varias universidades, advirtieron que de concretarse el recorte al sector habría consecuencias negativas para el desarrollo del país. Por lo que llamaron a los diputados federales a evitar la disminución de recursos.

El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017 plantea un recorte del gasto federal para el sector de ciencia, tecnología e innovación (CTI) en su conjunto de 9.3 por ciento, al pasar de 91 mil 675 millones de pesos en 2016 a 85 mil 833 millones para el siguiente año.

De ese total, la instancia más perjudicada sería el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), cuya disminución equivale en términos reales a 23.3 por ciento respecto del actual ejercicio fiscal, pues el Ejecutivo propone que para 2017 sólo se le asignen 26 mil 965 millones, casi 7 mil millones menos.

En un pronunciamiento, los Organismos Estatales de Ciencia, Tecnología e Innovación (Oecti) de la Rednacecyt –la cual forma parte de la mesa directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico– manifestaron su desacuerdo con "el drástico recorte" de 23.3 por ciento al Conacyt, pues éste contrasta con el 10 por ciento menos en promedio que se efectuará al resto de las dependencias del gobierno federal.

El viernes pasado, durante el seminario de la Rednacecyt, que se realizó en Zacatecas, los Oecti suscribieron un pronunciamiento en el que reconocen los avances para el sector de ciencia y tecnología que se han dado con los incrementos presupuestales en los tres primeros años del sexenio, también lamentan el recorte proyectado para el siguiente año.

"La reducción del presupuesto haría retroceder lo alcanzado en los años recientes, socavando los esfuerzos institucionales desde la Federación y las entidades en el combate frontal y estructural a problemas para reducir los índices de pobreza, inseguridad, falta de desarrollo, impulso de empleos de calidad, entre otros elementos de la agenda pública social, que pueden ser abatibles con inversión en ciencia, tecnología e innovación", resaltaron y exhortaron a los poderes Legislativo y Ejecutivo federales "a tomar conciencia de la importancia estratégica, de invertir en ciencia, tecnología e innovación".

Carta a diputados

Por separado, 739 académicos de diversas universidades enviaron hace unos días una carta a la Cámara de Diputados en la que manifestaron su desacuerdo con el recorte al sector propuesto por el gobierno de Enrique Peña Nieto, y subrayaron que en caso de que se presente no se cumplirá el compromiso del Ejecutivo federal de alcanzar uno por ciento de inversión a CTI al final de su sexenio.

"Durante los pasados tres años existió un apoyo gubernamental al sector reflejado en una creciente inversión presupuestal, lo que permitió reducir brechas y retrasos históricos. Sin embargo, el proyecto de PEF 2017 indica que la meta prometida por el Presidente será una promesa incumplida. El presupuesto no sólo no aumenta, sino que recorta los recursos destinados al rubro. Por todo esto no resulta congruente ni consecuente que se quiera renunciar a una dinámica virtuosa que se tenía, ni mucho menos razonable que la misma se quiera revertir", señalaron.

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