Autor: Marco Antonio Landa AguileraTítulo: Bernat: mala sombra de La FranjaProtagonis: Francisco Bernat Cid. Cargo: Accionista mayoritario del Puebla de la FranjaEl Puebla de la Franja libró el descenso y podría calificar a la liguilla del futbol en un hecho casi heroico que se atribuye a los jugadores, a su director técnico e incluso a la buena suerte pero jamás a sus directivos y mucho menos Francisco Bernat.
Autor: Silvia GarduñoTítulo: Ponen restricciones a centros de reuniónProtagonis: José Ángel Córdova Villalobos Cargo: Secretario de SaludSe planteó restricciones en centros de reunión y de trabajo que incluyen colocar filtros de supervisión a la entrada para garantizar que las personas que ingresen no representen un riesgo de contagio de la influenza A H1N1.
Autor: Claudia LemuzTítulo: Arrancan campañasProtagonis: Rafael Micalco Méndez Cargo: Presidente estatal del PANEl PAN denunciara al gobernador Mario Marín ante el IFE; para que los políticos repartieran tapabocas y para que los líderes de partido pidieran que la oposición evite lucrar con un tema de salud pública.
Autor: Fernando DamiánTítulo: México no pide caridad, pero sí respeto: CalderónProtagonis: Felipe Calderón Cargo: Presidente constitucional de MéxicoMéxico no pide caridad ni favores al mundo, sino evitar vejaciones y discriminación contra mexicanos “sospechosos” de portar el virus de la influenza humana. La discriminación contra mexicanos, por desinformación e ignorancia, acusa,
Autor: José Luis MoctezumaTítulo: Puebla detecta 2 casos de influenza humanaProtagonis: Antonio Marín López Cargo: Gobernador del estado de Puebla“El primer caso es un hombre de 27 años que recibe el tratamiento necesario y que por sus condiciones actuales ha podido regresar a casa, mientras que el segundo corresponde a una mujer de 33 años que aún se encuentra internada”.
Autor: TANIA DAMIÁN JIMÉNEZTítulo: 9 mil millones de pesos perderá Puebla de participaciones federales en 2009: SFAProtagonis: Juan Alberto Armendáriz Martínez Cargo: Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y AdministraciónPor la caída del precio del barril del petróleo mexicano hasta en un 50 % con respecto a lo planeado en el presupuesto de egresos, las participaciones federales para Puebla se desplomaron en 27 % con respecto a los los recursos programados.
Autor: Karina AvilésTítulo: La pobreza eleva riesgo de que se transmita la influenza: SsaProtagonis: José Ángel Córdova Villalobos Cargo: Secretario de SaludPobreza en que vive gran parte de la población factor que aumenta el riesgo de que se transmita la influenza A/H1N1, la epidemia, que ya se extendió a 23 estados del país, se ha concentrado “en las ciudades”. No descartó un “cerco especial”.
Autor: Mario MartellTítulo: Arrancan campañas; se cuelgan de la influenzaProtagonis: Rafael Micalco Méndez Cargo: Presidente estatal del PANPriistas, panistas, perredistas, aliancistas y convergentes dieron el banderazo de salida a sus candidatos a diputados federales. PRI y PAN se descalificaron por el tema de la salud, dieron recomendaciones sanitarias, y prometieron no explotar el tema.
Autor: Leticia Robles de la RosaTítulo: Fijan reglas para reanudar laboresProtagonis: José Ángel Córdova Villalobos Cargo: Secretario de SaludEstablecen que los ciudadanos deberán estar a una distancia mínima de dos metros, cuando platiquen o compartan una comida; en salas de cine y teatro deberán existir al menos dos butacas de distancia entre los espectadores.
Autor: RedacciónTítulo: La epidemia llega a “fase de descenso”Protagonis: José Ángel Córdova Villalobos Cargo: Secretario de SaludEl pico de la enfermedad ocurrió entre el 23 y el 28 de abril, pero aclaró que la tendencia tendrá que confirmarse o descartarse en los siguientes días.hoy se estaría en condiciones de anunciar si se relajan las medidas de emergencia.
Autor: Marco A. MirónTítulo: Realiza PRI recomendaciones preventivas sobre influenzacabezaProtagonis: Alejandro Armenta Mier Cargo: Presidente estatal del PRIBajo el lema "Primero tu salud familiar", el PRI arrancó una campaña de volanteo en el zócalo de la ciudad como parte de una estrategia al inicio de campaña electoral donde aprovecha para distribuir recomendaciones para prevenir la influenza.
Autor: RedacciónTítulo: Llama SSa a mantener medidas precautoriasProtagonis: José Ángel Córdova Villalobos Cargo: Secretario de SaludTodo parece indicar que este miércoles se reanudará la actividad económica y social en las entidades donde quedó suspendida por la emergencia sanitaria derivada del virus de influenza humana.
Autor: Tirso Esteves SuazoTítulo: Van miles al cerro; no importa influenzaProtagonis: S. p Cargo: S. cEl pánico que desde el pasado 20 de abril desató el virus de la influenza humana, ayer se vio disipado ante la presencia de miles de peregrinos que acudieron a venerar a la santa cruz del cerro Colorado, ocasionando una aglomeración de personas.
EL HERALDO DE PUEBLA
Autor: Fabiola reinoso VázquezTítulo: Iniciaron campañas políticasProtagonis: Alejandro Armenta Mier Cargo: Presidente estatal del PRIEl domingo iniciaron oficialmente las campañas de los candidatos a diputados federales, aunque debido a las restricciones sanitarias ante el brote de la influenza, no podrán actos masivos.
Autor: Mauricio HernándezTítulo: Creció en el sexenio marinista el desempleo; es mayor que en otros gobiernosProtagonis: Mario Marín Torres Cargo: Gobernador del estado de PueblaConsiderando los dos primeros meses de 2009 asciende a 5.15% de la Población Económicamente Activa alcanzó su peor nivel desde 1995, año de la gran crisis bancaria en que el promedio anual fue de 5.30%.
Puebla sin fronteras. ComGordillo y M. Valle se apoderan del PRD
Elba Esther Gordillo por conducto del senador del PAN Rafael Moreno Valle Rosas “cooptaron al dirigente estatal del PRD”, Miguel Ángel de la Rosa, “para que impusiera” a Américo Telésforo Guerrero -perredista que está registrado por Matamoros- en la candidatura del distrito 11 de la ciudad de Puebla y con ello “apuntalar el eventual triunfo” de la panista Miriam Arabian en esa demarcación. Ella -Elba Esther- y él -Rafael- van a utilizar al PRD como “cabús del PAN y del PANAL en sus obscuras negociaciones”, denunciaron militantes perredistas. Además, así respondieron al “movimiento” del Secretario Adjunto del PRI, Jaime Alcántara, quien promovió el nombramiento de su hermano Miguel Alcántara Silva en la suplencia de Juan Carlos Natale, quien va en coalición PRI-Verde por el 11. Claro está, con el respectivo aval -y consentimiento- de la dirigente nacional del Tricolor, Beatriz Paredes Rangel.
Autor: RedacciónTítulo: Hasta el último corte se reportan 22 decesos por influenza en MéxicoProtagonis: José Ángel Córdova Villalobos Cargo: Secretario de SaludLa SSA ltiene resultados de mil 500 pruebas efectivas, de los cuales 590 casos resultaron positivos.De ellos 568 personas, están vivas y 22 fallecieron. El último fallecimiento fue el 29 de abril, y que 15 de los casos fueron mujeres y siete hombres.
Momento. ComaCampaña propositiva: PRI
Salud, Seguridad y Empleo, serán los temas de propuesta que enarbolarán los candidatos del PRI en los 16 distritos electorales establecidos en Puebla, fue lo revelado por el líder estatal del tricolor, Alejandro Armenta Mier. Al mismo tiempo, se comprometió a que sus candidatos irán a ejecutar campaña de altura, de propuesta y de impedir la confrontación electoral con sus homólogos de otros partidos políticos. En la lista se confirmó que: Francisco Ramos irá por el distrito seis, mientras que Blanca Estela Jiménez luchará por el distrito nueve; Juan Carlos Natale por la alianza PVEMPRI, por el XI, y por el XII, Leobardo Soto. Armenta Mier dijo que se abocarán a la disposición del Instituto Federal Electoral de interrumpir los actos masivos en el tiempo que dure la contingencia, situación que, dijo, debe ser responsabilidad de cada uno de los partidos políticos. El líder priista, insistió en que las últimas encuestas de la última semana, pese a beneficiarles no se confían, «pues son fotografías del momento y no avanza con nosotros al 5 de julio próximo.
Puntual. ComaInfluenza enferma economía poblana
Después de que el Gobierno estatal confirmó los dos primeros casos de influenza humana del tipo A H1N1 en Puebla, propietarios de negocios localizados en plazas comerciales y en el Centro Histórico viven en la incertidumbre ante la noticia porque temen que las restricciones anunciadas por las autoridades respecto al cierre de bares, antros, teatros, y paro de labores de dependencias y escuelas se prolongue por más tiempo y quiebren sus negocios. Sin embargo, los tres niveles de gobierno se mantienen en la inercia porque no han emitido ningún comunicado para informar a la sociedad si se ampliará o no la disposición a una segunda etapa.
La Jornada de Oriente
Desde hace 273 años el pueblo de Azumiatla ha sufrido despojos, dijo Ruiz Medrano
JAVIER PUGA MARTÍNEZ / I DE II
El despojo de tierras contra los campesinos de San Andrés Azumiatla no es nuevo, pues data de hace 273 años y de ello hay constancia en el Archivo General de la Nación (AGN). Ahí hay documentos en los que se demuestra que los indígenas se enfrentaron en los tribunales contra los hacendados españoles que, bajo el pretexto de que perjudicaban sus predios con el pastoreo de animales, terminaron apoderándose de más tierras, esto en pleno periodo colonial.
La anterior es resultado de una investigación que realizó la investigadora Ethelia Ruiz Medrano, de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). La especialista en pueblos indios del centro de México en los periodos históricos del siglo XVI a la fecha manifestó que su interés en el caso de Azumiatla se incrementó tras haberse enterado del violento enfrentamiento con la Policía de Puebla el pasado 25 de abril; ella ya tenía conocimiento de que este pueblo defiende su tierra desde hace siglos.
La también integrante del Sistema Nacional de Investigadores ingresó al AGN la semana pasada y encontró que el volumen 705, expediente uno, que va de los años 1736 a 1768, hace constar de un litigio entre “los naturales del pueblo de San Andrés Azumiatla contra el capitán Benito García, dueño de la hacienda de San Andrés Azumiatla, sobre propiedad de tierras”. El documento indica que el capitán Benito García, vecino de Puebla, “denunció que los indios de Azumiatla pastan sus ganados en las tierras de su hacienda y siembran maíz”. Los habitantes del pueblo ya tenían un pleito legal en contra de ese hacendado por despojo de tierras y agua en la Real Audiencia de México.
En una carta fechada el 10 de julio de 1748 y dirigida a las autoridades coloniales, los indios de Azumiatla denunciaron que Nicolás Fajardo, mayordomo de la hacienda del capitán don Benito García, acompañado de dos soldados, dos indios y de Andrés García, hijo del hacendado, destruyó “lo que teníamos sembrado en nuestras tierras, lo cortaron con coa y las destrozaron todas (las milpas), previniendo (a los indios) que hasta los magueyes nos habían de arrancar (todo ello) con violencia y contraviniendo las leyes reales y autos acordados”.
Los cultivos de maíz y calabaza que esos hombres arrasaron estaban en tierras comunales de Azumiatla. En una visita ocular –un recorrido que normalmente hacían las autoridades cuando se trataba de litigios por tierras–, el hacendado acusó a los indios de quitarle el agua a sus tierras; sin embargo, los de Azumiatla no se enteraron de esta visita y en consecuencia se les prohibió cortar leña en un cerro llamado Nanahuachi, que utilizaban desde esa época; asimismo, quedó asentado que por cortar leña para obtener carbón en este monte varios indios de Azumiatla fueron encarcelados. El pleito quedó pendiente, concluye el documento.
Otros casos
Otro documento encontrado por la investigadora Ruiz Medrano en la sección de Tierras del AGN, en el volumen 299, expediente tres del año 1782, da constancia del pleito entre José Núñez, dueño de la hacienda de San José Tlaxcolpan, contra los naturales del pueblo de San Andrés Azumiatla sobre propiedad de tierras, jurisdicción de Puebla.
La hacienda colindaba con el pueblo de San Andrés Azumiatla, cuyos habitantes ya tenían una demanda en la audiencia en contra de Núñez, quien en una carta expresó su “asombro” de la piedad con que se trata a los indios de ese pueblo, ya que afirma que estos son “codiciosos” de tierras. El hacendado dijo que se meten en sus propiedades –que son las mismas que reclamaban los de Azumiatla– con yuntas de animales que barbechan sus tierras e introducen sus ganados. Para justificar todo lo anterior presenta en este juicio el testimonio de varios españoles que testifican a su favor.
Sin embargo, el pueblo de San Andrés Azumiatla explicó a lo largo del juicio que ellos no tienen tierras, ya que fueron despojados por los hacendados y que ni siquiera tenía “las 600 varas en cuadro que corresponden por expresa decisión de la ley del reino, repetidas 12 resoluciones de su majestad y superior decreto de la Real Audiencia de esta Nueva España”. Al igual que el caso anterior, el pleito quedó pendiente.
Ruiz Medrano precisó que las 600 varas se refieren al fundamento legal en el que la ley colonial determinó que era necesario e imprescriptible que los pueblos indios tuvieran tierra comunal; a partir de 1567, el virrey Marqués de Falces otorgó a cada pueblo 500 varas, y en 1687 se extendió a 600 a partir de la última casa del pueblo. Las 600 varas equivalían a 101 hectáreas o un kilómetro de distancia, aproximadamente, a partir de la última casa de cada pueblo. Los españoles se opusieron a la medida, y a partir de 1695 las 600 varas se midieron a partir de la iglesia de los pueblos, ya no de la última casa porque no convenía a sus intereses.
En un tercer caso jurídico, que la investigadora ubicó en el volumen 1095, expediente seis, de los años 1776 a 1783 en el AGN fue el de Ignacio Antonio Núñez –al parecer pariente del hacendado del caso anterior–, dueño de la hacienda de San José Tlaxcolpan, en contra de San Andrés Azumiatla por la propiedad de tierras.
Los indígenas declararon que el 20 de mayo de 1783 Ignacio Núñez les quitó tierras que están detrás de la iglesia, mirando al oriente; los indios de Azumiatla explicaron que esas tierras las obtuvieron a través del conquistador Jacinto Salamanca, quien fundó los pueblos de San Andrés y otros alrededor; además de despojarlos, el hacendado les quemó sus jacales.
En este juicio, el 26 de junio de 1783 el párroco de San Francisco Totimehuacán, declaró que Azumiatla pertenecía a esa doctrina y que los indios no tienen tierras, vivían despojados por los hacendados y se mantenían de sacar carbón del monte, el cual vendían en la ciudad de Puebla. Pidió que les devolvieran las tierras que les quitó Núñez y que están detrás de la iglesia; en respuesta, el hacendado declaró “que los indios de Azumiatla... no quieren trabajar ni en la haciendas, en los tejidos de algodón, fabricando chiquihuites o petate, sino que se viven atenidos a lo que adquieren robando los montes de las circunvecinas haciendas (sin querer) venir a trabajar a ellas, aunque los labradores los soliciten para ganar dinero y respeto”.
Los de Azumiatla respondieron que fueron despojados de sus tierras por el hacendado y que sus linderos se componía “desde el río de Atoyac, del vado grande que nombran San Diego, hasta el cerro de Nanaquachi, en cuya punta va al camino de Teopantlán que divide los linderos de Tlaxcoapan La Huerta y la Caraqueña, y por abajo por tierra caliente con San Bartolomé y Teopantitlán; asimismo, dijeron que las tierras que reclamaban se las quitaron en los años 30 del siglo 18, refieren los datos extraídos por la investigadora Ruiz Medrano.
El despojo de tierras contra los campesinos de San Andrés Azumiatla no es nuevo, pues data de hace 273 años y de ello hay constancia en el Archivo General de la Nación (AGN). Ahí hay documentos en los que se demuestra que los indígenas se enfrentaron en los tribunales contra los hacendados españoles que, bajo el pretexto de que perjudicaban sus predios con el pastoreo de animales, terminaron apoderándose de más tierras, esto en pleno periodo colonial.
La anterior es resultado de una investigación que realizó la investigadora Ethelia Ruiz Medrano, de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). La especialista en pueblos indios del centro de México en los periodos históricos del siglo XVI a la fecha manifestó que su interés en el caso de Azumiatla se incrementó tras haberse enterado del violento enfrentamiento con la Policía de Puebla el pasado 25 de abril; ella ya tenía conocimiento de que este pueblo defiende su tierra desde hace siglos.
La también integrante del Sistema Nacional de Investigadores ingresó al AGN la semana pasada y encontró que el volumen 705, expediente uno, que va de los años 1736 a 1768, hace constar de un litigio entre “los naturales del pueblo de San Andrés Azumiatla contra el capitán Benito García, dueño de la hacienda de San Andrés Azumiatla, sobre propiedad de tierras”. El documento indica que el capitán Benito García, vecino de Puebla, “denunció que los indios de Azumiatla pastan sus ganados en las tierras de su hacienda y siembran maíz”. Los habitantes del pueblo ya tenían un pleito legal en contra de ese hacendado por despojo de tierras y agua en la Real Audiencia de México.
En una carta fechada el 10 de julio de 1748 y dirigida a las autoridades coloniales, los indios de Azumiatla denunciaron que Nicolás Fajardo, mayordomo de la hacienda del capitán don Benito García, acompañado de dos soldados, dos indios y de Andrés García, hijo del hacendado, destruyó “lo que teníamos sembrado en nuestras tierras, lo cortaron con coa y las destrozaron todas (las milpas), previniendo (a los indios) que hasta los magueyes nos habían de arrancar (todo ello) con violencia y contraviniendo las leyes reales y autos acordados”.
Los cultivos de maíz y calabaza que esos hombres arrasaron estaban en tierras comunales de Azumiatla. En una visita ocular –un recorrido que normalmente hacían las autoridades cuando se trataba de litigios por tierras–, el hacendado acusó a los indios de quitarle el agua a sus tierras; sin embargo, los de Azumiatla no se enteraron de esta visita y en consecuencia se les prohibió cortar leña en un cerro llamado Nanahuachi, que utilizaban desde esa época; asimismo, quedó asentado que por cortar leña para obtener carbón en este monte varios indios de Azumiatla fueron encarcelados. El pleito quedó pendiente, concluye el documento.
Otros casos
Otro documento encontrado por la investigadora Ruiz Medrano en la sección de Tierras del AGN, en el volumen 299, expediente tres del año 1782, da constancia del pleito entre José Núñez, dueño de la hacienda de San José Tlaxcolpan, contra los naturales del pueblo de San Andrés Azumiatla sobre propiedad de tierras, jurisdicción de Puebla.
La hacienda colindaba con el pueblo de San Andrés Azumiatla, cuyos habitantes ya tenían una demanda en la audiencia en contra de Núñez, quien en una carta expresó su “asombro” de la piedad con que se trata a los indios de ese pueblo, ya que afirma que estos son “codiciosos” de tierras. El hacendado dijo que se meten en sus propiedades –que son las mismas que reclamaban los de Azumiatla– con yuntas de animales que barbechan sus tierras e introducen sus ganados. Para justificar todo lo anterior presenta en este juicio el testimonio de varios españoles que testifican a su favor.
Sin embargo, el pueblo de San Andrés Azumiatla explicó a lo largo del juicio que ellos no tienen tierras, ya que fueron despojados por los hacendados y que ni siquiera tenía “las 600 varas en cuadro que corresponden por expresa decisión de la ley del reino, repetidas 12 resoluciones de su majestad y superior decreto de la Real Audiencia de esta Nueva España”. Al igual que el caso anterior, el pleito quedó pendiente.
Ruiz Medrano precisó que las 600 varas se refieren al fundamento legal en el que la ley colonial determinó que era necesario e imprescriptible que los pueblos indios tuvieran tierra comunal; a partir de 1567, el virrey Marqués de Falces otorgó a cada pueblo 500 varas, y en 1687 se extendió a 600 a partir de la última casa del pueblo. Las 600 varas equivalían a 101 hectáreas o un kilómetro de distancia, aproximadamente, a partir de la última casa de cada pueblo. Los españoles se opusieron a la medida, y a partir de 1695 las 600 varas se midieron a partir de la iglesia de los pueblos, ya no de la última casa porque no convenía a sus intereses.
En un tercer caso jurídico, que la investigadora ubicó en el volumen 1095, expediente seis, de los años 1776 a 1783 en el AGN fue el de Ignacio Antonio Núñez –al parecer pariente del hacendado del caso anterior–, dueño de la hacienda de San José Tlaxcolpan, en contra de San Andrés Azumiatla por la propiedad de tierras.
Los indígenas declararon que el 20 de mayo de 1783 Ignacio Núñez les quitó tierras que están detrás de la iglesia, mirando al oriente; los indios de Azumiatla explicaron que esas tierras las obtuvieron a través del conquistador Jacinto Salamanca, quien fundó los pueblos de San Andrés y otros alrededor; además de despojarlos, el hacendado les quemó sus jacales.
En este juicio, el 26 de junio de 1783 el párroco de San Francisco Totimehuacán, declaró que Azumiatla pertenecía a esa doctrina y que los indios no tienen tierras, vivían despojados por los hacendados y se mantenían de sacar carbón del monte, el cual vendían en la ciudad de Puebla. Pidió que les devolvieran las tierras que les quitó Núñez y que están detrás de la iglesia; en respuesta, el hacendado declaró “que los indios de Azumiatla... no quieren trabajar ni en la haciendas, en los tejidos de algodón, fabricando chiquihuites o petate, sino que se viven atenidos a lo que adquieren robando los montes de las circunvecinas haciendas (sin querer) venir a trabajar a ellas, aunque los labradores los soliciten para ganar dinero y respeto”.
Los de Azumiatla respondieron que fueron despojados de sus tierras por el hacendado y que sus linderos se componía “desde el río de Atoyac, del vado grande que nombran San Diego, hasta el cerro de Nanaquachi, en cuya punta va al camino de Teopantlán que divide los linderos de Tlaxcoapan La Huerta y la Caraqueña, y por abajo por tierra caliente con San Bartolomé y Teopantitlán; asimismo, dijeron que las tierras que reclamaban se las quitaron en los años 30 del siglo 18, refieren los datos extraídos por la investigadora Ruiz Medrano.
Yerros del defensor permitieron el auto de formal prisión contra detenidos de Azumiatla
JAVIER PUGA MARTÍNEZ
Habitantes de la comunidad de San Andrés Azumiatla volvieron a reunirse este sábado para acordar una nueva estrategia de defensa legal de sus 18 detenidos, tras el auto de formal prisión por presuntos delitos graves cometidos durante el enfrentamiento con la Policía poblana el pasado 25 de abril, mismo que les dictó el juez primero de lo penal, Javier Vázquez Fernández.
Esto luego de que el abogado particular que los estaba defendiendo, Irán Benítez, cometió una serie de “errores” que culminaron con el encarcelamiento de los campesinos, entre éstos un menor de 16 años de edad, una mujer embarazada y otra que estaba lactando a un infante de tres meses de edad.
El principal yerro de Benítez fue que solicitó un amparo al juez cuando de entrada los delitos por los que se les acusa a los de Azumiatla son graves y no alcanzan ninguna fianza: privación ilegal de la libertad, daños en propiedad ajena con la agravante de incendio, lesiones y motín.
El litigante, que fue enviado por el ayuntamiento, debió haber emprendido otra estrategia y no irse sólo por la vía del amparo. Eso sí, antes, Benítez cobró 18 mil pesos a los campesinos de sus honorarios por haberlos “defendido”; es decir, mil pesos a cada uno de ellos.
Así lo señaló el representante de la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM) en Puebla, Hilario Alonso Flores, cuya agrupación se encargará de la defensa legal de los habitantes de esa comunidad.
Durante el fin de semana, este diario buscó a Benítez para conocer su versión acerca del caso de Azumiatla, así como de estos señalamientos, pero la línea telefónica móvil que hasta el pasado viernes contestaba dejó de existir; ahora una grabación responde que “ese número no existe”.
Alonso Flores lamentó que la Secretaría de Gobernación del estado de Puebla haya intimidado a los campesinos de la junta auxiliar que se disponían a marchar el jueves pasado, de la Procuraduría General de Justicia al penal de San Miguel, para exigir la liberación de sus compañeros: a través de un enviado, se les exigió a los labriegos no asistir a la marcha o de lo contrario “nunca los vamos a soltar”.
Por ello, a la marcha sólo asistieron los integrantes del Consejo Regional de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra del Valle del Popo–Izta, pues se decidió que no se daría oportunidad a Gobernación de argumentar que por negativa de los campesinos, no se dejó libre a los otros 18, indicó.
“Gobernación lo sabe, Mario Montero lo sabe, que los que están detenidos no participaron en el enfrentamiento con la policía; por el contrario, esas personas fueron las que ayudaron a los topógrafos y al empleado de la SCT para que otros no los lincharan. Incluso el presidente auxiliar ya se los declaró: los llevaron incluso a las azoteas de la presidencia y de otras casas para que no los fueran a agredir, y por eso los detuvieron”, sostuvo el dirigente.
Otros ni siquiera estuvieron presentes, como Eleuterio Escalona, quien iba a su casa junto con su familiares cuando una bala perdida lo alcanzó en un pie; horas después, en el Hospital General de Agua Santa, fue detenido cuando llegó a curar su herida: los médicos le preguntaron de dónde venía y al responder que de San Andrés Azumiatla, dieron parte a la Policía. Hoy lleva una semana internado en el penal de San Miguel.
Alonso Flores estuvo acompañado de los demás integrantes del Consejo Regional, quienes ofrecieron su apoyo a la comunidad y Azumiatla lo aceptó, por lo que se sumó a la defensa de la tierra y el agua, así como a la oposición a los proyectos carreteros del gobierno del estado como los arcos norte, oriente, sur–poniente y al Proyecto Aura en la presa de Valsequillo.
Habitantes de la comunidad de San Andrés Azumiatla volvieron a reunirse este sábado para acordar una nueva estrategia de defensa legal de sus 18 detenidos, tras el auto de formal prisión por presuntos delitos graves cometidos durante el enfrentamiento con la Policía poblana el pasado 25 de abril, mismo que les dictó el juez primero de lo penal, Javier Vázquez Fernández.
Esto luego de que el abogado particular que los estaba defendiendo, Irán Benítez, cometió una serie de “errores” que culminaron con el encarcelamiento de los campesinos, entre éstos un menor de 16 años de edad, una mujer embarazada y otra que estaba lactando a un infante de tres meses de edad.
El principal yerro de Benítez fue que solicitó un amparo al juez cuando de entrada los delitos por los que se les acusa a los de Azumiatla son graves y no alcanzan ninguna fianza: privación ilegal de la libertad, daños en propiedad ajena con la agravante de incendio, lesiones y motín.
El litigante, que fue enviado por el ayuntamiento, debió haber emprendido otra estrategia y no irse sólo por la vía del amparo. Eso sí, antes, Benítez cobró 18 mil pesos a los campesinos de sus honorarios por haberlos “defendido”; es decir, mil pesos a cada uno de ellos.
Así lo señaló el representante de la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM) en Puebla, Hilario Alonso Flores, cuya agrupación se encargará de la defensa legal de los habitantes de esa comunidad.
Durante el fin de semana, este diario buscó a Benítez para conocer su versión acerca del caso de Azumiatla, así como de estos señalamientos, pero la línea telefónica móvil que hasta el pasado viernes contestaba dejó de existir; ahora una grabación responde que “ese número no existe”.
Alonso Flores lamentó que la Secretaría de Gobernación del estado de Puebla haya intimidado a los campesinos de la junta auxiliar que se disponían a marchar el jueves pasado, de la Procuraduría General de Justicia al penal de San Miguel, para exigir la liberación de sus compañeros: a través de un enviado, se les exigió a los labriegos no asistir a la marcha o de lo contrario “nunca los vamos a soltar”.
Por ello, a la marcha sólo asistieron los integrantes del Consejo Regional de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra del Valle del Popo–Izta, pues se decidió que no se daría oportunidad a Gobernación de argumentar que por negativa de los campesinos, no se dejó libre a los otros 18, indicó.
“Gobernación lo sabe, Mario Montero lo sabe, que los que están detenidos no participaron en el enfrentamiento con la policía; por el contrario, esas personas fueron las que ayudaron a los topógrafos y al empleado de la SCT para que otros no los lincharan. Incluso el presidente auxiliar ya se los declaró: los llevaron incluso a las azoteas de la presidencia y de otras casas para que no los fueran a agredir, y por eso los detuvieron”, sostuvo el dirigente.
Otros ni siquiera estuvieron presentes, como Eleuterio Escalona, quien iba a su casa junto con su familiares cuando una bala perdida lo alcanzó en un pie; horas después, en el Hospital General de Agua Santa, fue detenido cuando llegó a curar su herida: los médicos le preguntaron de dónde venía y al responder que de San Andrés Azumiatla, dieron parte a la Policía. Hoy lleva una semana internado en el penal de San Miguel.
Alonso Flores estuvo acompañado de los demás integrantes del Consejo Regional, quienes ofrecieron su apoyo a la comunidad y Azumiatla lo aceptó, por lo que se sumó a la defensa de la tierra y el agua, así como a la oposición a los proyectos carreteros del gobierno del estado como los arcos norte, oriente, sur–poniente y al Proyecto Aura en la presa de Valsequillo.
Marcharon más de 25 mil personas en defensa de los derechos y logros laborales
PUGA, T. DAMIÁN Y A. ALFARO
En la ciudad de Puebla, más de 25 mil personas de 15 agrupaciones sindicales, campesinas y populares locales adheridas a la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) marcharon la mañana del viernes por las calles de la capital para conmemorar el Día Internacional del Trabajo, acto en el que refrendaron su unión por la defensa de los derechos, garantías y logros del sector laboral.
Manifestaron su repudio a las políticas de los gobiernos de Felipe Calderón y del gobernador poblano Mario Marín, a quienes señalaron como represores, de favorecer los intereses del capital privado y de socavar a los trabajadores.
Afirmaron que este acto también fue un desafío a las medidas que impuso la Federación respecto a la epidemia de influenza, mismas que dijeron son un “nuevo engaño” en contra del pueblo de México, ya que la prohibición para manifestarse este día fue un intento de reprimir a todos los movimientos sociales. “Un tapabocas no es suficiente para callar la conciencia de la gente”, fue una de las consignas alusivas al hecho.
En ese sentido, unos mil 500 integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz de Volkswagen (SITIAVW), así como algunos integrantes de la disidencia magistarial fueron los que más usaron cubrebocas durante la marcha. En el trayecto, algunos niños y jóvenes estuvieron vendiendo ese utensilio de uno y dos pesos la pieza.
Las agrupaciones, entre las que están los sindicatos de Semarnat, Sagarpa, de la UAP, de Telégrafos, del ISSSTE, Setep, Hospital del Niño Poblano y del diario El Sol de Puebla, entre otras, acordaron realizar futuras manifestaciones en contra del gobierno local para el próximo 15 de mayo, así como para el 10 de junio.
El sindicato de Telefonistas no acudió por ir a la concentración masiva que se realizó en la ciudad de México; en tanto, los trabajadores agremiados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tampoco se presentó en la marcha por estar en las tareas de prevención de la epidemia de influenza humana.
El contingente más numeroso fue el de la disidencia de las secciones 23 y 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que con facilidad agrupó a más de 15 mil profesores de las distintas regiones del estado de Puebla, especialmente de los municipios de Huauchinango, Tehuacán, Tepeaca y de la capital.
Tras recorrer un poco más de un kilómetro por las principales calles y avenidas en más de dos horas, los contingentes llegaron al zócalo de la ciudad; ahí, lanzaron diferentes arengas y consignas a favor de su movimiento, y en contra de las políticas neoliberales, las modificaciones en la ley que perjudican a los obreros y hasta en contra de la influenza.
“No seremos pasivos”
Víctor Jaime Cervantes Rosas, dirigente del SITIAVW, criticó al secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, por el “falso apoyó económico” a las empresas poblanas que se encuentran en paro técnico producto de la crisis financiera mundial, mismo que prometió el gobierno federal el pasado 7 de enero. La demanda de este gremio es que ese dinero llegue a los trabajadores y no sólo a los empresarios.
“Nunca seremos pasivos y sumisos ante la exigencia de modificar la Ley Federal del Trabajo”, expresó Cervantes, quien agregó que en Puebla se está gestando un importante movimiento obrero–campesino y popular para defenderse de las políticas antilaborales del gobierno y que reclamará sus derechos. “Lo hacemos cuando muchos sindicatos se han acobardado y han claudicado en la lucha de sus agremiados”, arengó.
Por su parte, Alberto Hernández Romero, representante de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, aseguró que el gobierno de Puebla está criminalizando los movimientos sociales y estos a su vez dejaron de creer en el gobierno. Lamentó que a Marín Torres sólo le interesa que la población no se organice para exigir.
En tanto, el Consejo Regional de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra del Valle del Izta–Popo, afirmó que no darán ni un paso atrás en su lucha por echar abajo los proyectos carreteros de la administración estatal, y expresó su solidaridad con los campesinos de San Andrés Azumiatla, quienes fueron violentamente reprimidos y encarcelados por defender su ejido hace una semana.
Las secciones 23 y 51 del SNTE expresaron su repudio a la Alianza por la Calidad Educativa, a Felipe Calderón, a Elba Esther Gordillo, a Mario Marín y al secretario de Educación Pública local, Darío Carmona.
“Más dañino que la influenza, el gobierno sin vergüenza”; “La alianza es pura tranza”; “El pueblo está cansado de tanta represión”; “Zapata vive, la lucha sigue”; “Lucha, no dejes de luchar por un gobierno obrero, campesino y popular”; “A los maestros que pensamos diferente nos llaman disidentes”; “Pueblo, disculpa por esta interrupción, pero este mal gobierno no ofrece solución”, fueron algunas de las consignas que se gritaron durante el acto.
La marcha del Día del Trabajo en Puebla la cerró un grupo de artistas urbanos que hace unas semanas fueron agredidos física y verbalmente por el titular de la Dirección de Vía Pública del ayuntamiento de Puebla, Gustavo Torrentera, quien los tildó de vendedores ambulantes a pesar de que algunos de ellos cuentan con becas de Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, con el cual realizan sus expresiones urbana
En la ciudad de Puebla, más de 25 mil personas de 15 agrupaciones sindicales, campesinas y populares locales adheridas a la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) marcharon la mañana del viernes por las calles de la capital para conmemorar el Día Internacional del Trabajo, acto en el que refrendaron su unión por la defensa de los derechos, garantías y logros del sector laboral.
Manifestaron su repudio a las políticas de los gobiernos de Felipe Calderón y del gobernador poblano Mario Marín, a quienes señalaron como represores, de favorecer los intereses del capital privado y de socavar a los trabajadores.
Afirmaron que este acto también fue un desafío a las medidas que impuso la Federación respecto a la epidemia de influenza, mismas que dijeron son un “nuevo engaño” en contra del pueblo de México, ya que la prohibición para manifestarse este día fue un intento de reprimir a todos los movimientos sociales. “Un tapabocas no es suficiente para callar la conciencia de la gente”, fue una de las consignas alusivas al hecho.
En ese sentido, unos mil 500 integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz de Volkswagen (SITIAVW), así como algunos integrantes de la disidencia magistarial fueron los que más usaron cubrebocas durante la marcha. En el trayecto, algunos niños y jóvenes estuvieron vendiendo ese utensilio de uno y dos pesos la pieza.
Las agrupaciones, entre las que están los sindicatos de Semarnat, Sagarpa, de la UAP, de Telégrafos, del ISSSTE, Setep, Hospital del Niño Poblano y del diario El Sol de Puebla, entre otras, acordaron realizar futuras manifestaciones en contra del gobierno local para el próximo 15 de mayo, así como para el 10 de junio.
El sindicato de Telefonistas no acudió por ir a la concentración masiva que se realizó en la ciudad de México; en tanto, los trabajadores agremiados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tampoco se presentó en la marcha por estar en las tareas de prevención de la epidemia de influenza humana.
El contingente más numeroso fue el de la disidencia de las secciones 23 y 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que con facilidad agrupó a más de 15 mil profesores de las distintas regiones del estado de Puebla, especialmente de los municipios de Huauchinango, Tehuacán, Tepeaca y de la capital.
Tras recorrer un poco más de un kilómetro por las principales calles y avenidas en más de dos horas, los contingentes llegaron al zócalo de la ciudad; ahí, lanzaron diferentes arengas y consignas a favor de su movimiento, y en contra de las políticas neoliberales, las modificaciones en la ley que perjudican a los obreros y hasta en contra de la influenza.
“No seremos pasivos”
Víctor Jaime Cervantes Rosas, dirigente del SITIAVW, criticó al secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, por el “falso apoyó económico” a las empresas poblanas que se encuentran en paro técnico producto de la crisis financiera mundial, mismo que prometió el gobierno federal el pasado 7 de enero. La demanda de este gremio es que ese dinero llegue a los trabajadores y no sólo a los empresarios.
“Nunca seremos pasivos y sumisos ante la exigencia de modificar la Ley Federal del Trabajo”, expresó Cervantes, quien agregó que en Puebla se está gestando un importante movimiento obrero–campesino y popular para defenderse de las políticas antilaborales del gobierno y que reclamará sus derechos. “Lo hacemos cuando muchos sindicatos se han acobardado y han claudicado en la lucha de sus agremiados”, arengó.
Por su parte, Alberto Hernández Romero, representante de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, aseguró que el gobierno de Puebla está criminalizando los movimientos sociales y estos a su vez dejaron de creer en el gobierno. Lamentó que a Marín Torres sólo le interesa que la población no se organice para exigir.
En tanto, el Consejo Regional de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra del Valle del Izta–Popo, afirmó que no darán ni un paso atrás en su lucha por echar abajo los proyectos carreteros de la administración estatal, y expresó su solidaridad con los campesinos de San Andrés Azumiatla, quienes fueron violentamente reprimidos y encarcelados por defender su ejido hace una semana.
Las secciones 23 y 51 del SNTE expresaron su repudio a la Alianza por la Calidad Educativa, a Felipe Calderón, a Elba Esther Gordillo, a Mario Marín y al secretario de Educación Pública local, Darío Carmona.
“Más dañino que la influenza, el gobierno sin vergüenza”; “La alianza es pura tranza”; “El pueblo está cansado de tanta represión”; “Zapata vive, la lucha sigue”; “Lucha, no dejes de luchar por un gobierno obrero, campesino y popular”; “A los maestros que pensamos diferente nos llaman disidentes”; “Pueblo, disculpa por esta interrupción, pero este mal gobierno no ofrece solución”, fueron algunas de las consignas que se gritaron durante el acto.
La marcha del Día del Trabajo en Puebla la cerró un grupo de artistas urbanos que hace unas semanas fueron agredidos física y verbalmente por el titular de la Dirección de Vía Pública del ayuntamiento de Puebla, Gustavo Torrentera, quien los tildó de vendedores ambulantes a pesar de que algunos de ellos cuentan con becas de Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, con el cual realizan sus expresiones urbana
Autor: Rosalinda Hernández AlarcónTítulo: Moral religiosa se impone en México, Honduras y DominicanaProtagonis: S. p Cargo: S. cBajo un mensaje engañoso de proteger la vida, “devotos” congresistas (en su mayoría hombres) criminalizan la interrupción del embarazo y el uso de pastillas anticonceptivas en varios estados de México, en Honduras y la República Dominicana.
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