El Hospital de la Mujer ha denunciado penalmente ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) a cuatro mujeres que interrumpieron su embarazo de manera voluntaria.
En entrevista con La Jornada de Oriente, Eric Alejandro Varela Gutiérrez, jefe de Obstetricia de dicho nosocomio, explicó que en todos los casos que han reportado ante la PGJ ha existido evidencia de que fue aborto inducido, ya que se han encontrado sondas o tabletas intravaginales que se utilizan para la interrupción del embarazo.
El funcionario señaló que los cuatro casos fueron reportados ante la PGJ durante el primer trimestre de 2009, antes de que cobraran vigencia las reformas antiaborto. El año pasado, se atendieron y denunciaron 10 casos de mujeres que presentaron complicaciones por legrado.
En promedio, al año se atienden a mil mujeres por partos, de ellas, menos de 10 por ciento presentan evidencias de que se provocaron un aborto.
No obstante, el número de mujeres que han incurrido a un legrado por voluntad propia podría ser mayor. José Armando Cáceres Sáenz, director del Hospital de la Mujer, señaló que no tienen una cifra específica de cuántas mujeres llegan al hospital por complicaciones de aborto, ya que aunque lleguen con hemorragias o fragmentos de tejido dentro del útero, las féminas omiten decir si acudieron algún lugar clandestino o a una partera; entonces se dificulta saber si fue inducido o espontáneo.
“A veces acuden en el segundo o tercer día de sangrado, cuando ya hay fragmentos de tejido que se quedan dentro del útero, entonces esto dificulta saber si fue inducido o no. Desde el punto de vista clínico es muy difícil poder detectar si este aborto incompleto que llega con nosotros fue precedido de un aborto inducido o provocado (...) Hay pacientes que si llegan, pero no tenemos los elementos de tipo médico para decir cuántos fueron provocados o inducidos, entre 150 o 160 mujeres por mes llegan con complicaciones de abortos en general”, aseveró.
El funcionario reconoció que el aborto es un problema de salud pública porque es una de las principales causas de mortalidad materna en el estado, y para evitarse se debe comenzar por instaurar una estrategia de prevención.
“Más que discutir si se penaliza o no, las autoridades deben de instaurar estrategias de salud preventiva no correctiva”, consideró.
Detalló que algunas de las mujeres que se atienden por aborto en el nosocomio son de estratos bajos, específicamente de las colonias del sur, que primero acuden con las “rinconeras”, quienes por inexperiencia les hacen maniobras intravaginales o les aplican medicamentos ergonovínicos u oxitócicos para aumentar la motilidad del músculo uterino, y cuando ya tienen una hemorragia de dos días acuden al hospital para que atiendan las complicaciones.
Cáceres Sáenz manifestó que falta promover la educación sexual entre las mujeres, y concientizar a las féminas sobre la importancia del uso los preservativos para prevenir embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual.
Refirió que sólo seis de cada 10 mujeres que presentan un aborto, ya sea espontáneo, inducido o diferido –que se registra cuando no hay actividad cardiaca en el feto– siguen utilizando métodos anticonceptivos.
“Muchas no aceptan un método después de que llegaron a un aborto, piensan que no se van a embarazar”, indicó.
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