Puntual
Kara Castillo
Ricardo Abad Lezama Torres, un pequeño propietario en el municipio de Acaxtlahuacan de Albino Zertuche, en el último rincón del estado, ya en colindancia con Guerrero, no sabía que era beneficiario del Programa ProÁrbol en 2009.
Sorprendido, escuchaba que su nombre consta en el listado de beneficiarios del concepto C1 REFORESTACIÓN, donde le aprobaron 14 hectáreas para que plantara 8 mil 750 plantas, es decir, área correspondiente a 14 canchas de fútbol y según lo publicado en la página web, habría recibido 16 mil pesos.
Pero lo realmente grave, es que existe un Formato de Salida de Planta con Folio No 444 a su nombre con clave S20092100582 expedido en la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y firmado por el subgerente operativo Manuel Herrera Sánchez, en el que se le otorgan 100 mil plantas de más para plantar 150 hectáreas, es decir, la longitud de 3 cerros, o 150 canchas de futbol, cuyo recurso económico superaría los 150 mil pesos.
Llama la atención que en el documento de la Gerencia Regional “X Golfo Centro” Subgerencia Operativa Estatal de Puebla, que avala al predio de Ricardo Abad, “Necatetlan”, además de la alteración de las hectáreas, hay imprecisiones en el llenado como “domicilio conocido”, la no correspondencia de los datos específicos de la credencial de elector en el registro, la ausencia del número de placas del camión “DINA” en el que supuestamente se hizo el retiro de la planta de un vivero “Paraje Maceda”, que resultó estar al otro lado del estado en Tepanco de López, Puebla.
El técnico asesor encargado de la producción de planta vivero “Paraje Maceda S.P.R. de R.L.”, Edgar Pliego Omaña, es hermano del Ing. Químico Josué Pliego Omaña, encargado de la producción de planta en la CONAFOR a nivel estatal, como luego confirmó el mismo subgerente en una entrevista concedida a esta casa editorial.
Según datos en poder de este medio, el vivero que fue contratado para la producción de más de 1 millón de plantas, habría recibido el pago de cada una en 1 peso con 23 centavos, cuyo contrato se extenderá hasta 2010, según informó el titular que sólo reconoce 500 plantas autorizadas para este vivero.
Según la dependencia, “la situación ha sido turnada al Área Jurídica de esta gerencia estatal, la cual previo análisis de la información y tomará las acciones legales pertinentes”.
¿De verdad soy beneficiario?
En una mezcla de espasmo y asombro Ricardo Abad Lezama Torres escuchó lo que no podía creer. Le tomó cerca de 20 minutos comprender lo sucedido. “Yo no recibí nada. Yo no firmé nada, no fui a ningún vivero Paraje Maceda, no he ido en mi vida. No tengo ningún recurso de la Conafor”, repetía a este medio.
Recordó que alguna vez atendió la convocatoria que hizo la Conafor en el municipio para el subsidio del Programa ProÁrbol, incluso llevó los documentos que le requerían para concursar por los recursos para su predio que es de 60 hectáreas. Sin embargo, luego de escuchar las condiciones y compromisos de “ser beneficiario”, desistió.
“A nadie le conviene entrar a ese dichoso programa. Daban mil 200 pesos por hectárea para plantar 800 especies, es mucho trabajo, yo no podría hacerlo, tendría que contratar 10 peones para plantar una hectárea y aquí los peones ganan 150 pesos diarios. “Además ¡aquí no se consigue ya peones! Refiere el ganadero que rebasa los 60 años.
“Tendría que haber pagado el flete para traer la planta del vivero, por lo menos el viaje me saldría en 3 mil pesos, sin salir de Tehuacán, más la alquilada del camión. Yo no me animé, ¿a quién le conviene?”, señaló el afectado.
Para Ricardo Abad, los tiempos del campo no son los del ‘tal’ programa, “dan la planta cuando ya no pega”, Asegura que el apoyo necesario es un sistema de riego, pues los subsidios como los conoce: “están mal planeados. Dan plantas baratas y ofrecen agaves, ¿para qué me sirve a mí eso? Explicó.
Y es que Ricardo Abad, presidente de la Asociación Ganadera local Albino Zertuche, tiene 60 hectáreas de terreno en el que destacan árboles de encino en el que cría ganado.
Al respecto, Manuel Herrera, subgerente de la Comisión Nacional Forestal, explica que el vivero es el que se especializa en la planta para ese ecosistema: “no tenemos uno más cerca”, afirmó.
Ricardo Abad Lezama sólo ha sido beneficiario de la Secretaría de Desarrollo Rural, hace 3 años. Le dieron 16 tinacos de 1 mil 100 litros “Rotoplas” a los que aún da uso y a los que considera importantísimos.
Hay que decir que el Juez de Paz, Francisco Froilán Martínez Alcalde, que es también Juez Menor de lo Civil y de lo Penal en el municipio de Acaxtlahuacán de Albino Zertuche, certificó la firma de Ricardo Abad y que no coincide con la referida en los documentos de la Conafor.
En una misiva en poder de esta casa editorial el juez apunta: “Certifico que la firma al calce del presente signa el señor Ricardo Abad Lezama Torres, es la que ha usado siempre, digo esto por haber certificado en documentos que existen en esta dependencia a mi cargo, ya que el señor se ha desempeñado como secretario en varias dependencias de este municipio, y con su credencial de elector, igualmente coincide la firma, por lo que no tengo inconveniente en certificar cualquier que le sea pertinente”.
Herrera se “lava las manos”
Con aviso previo, la Conafor supo del cuestionamiento del predio polémico de Ricardo Abad Lezama, “Necatetlan”. Entrevistado en sus oficinas, Manuel Herrera, el subgerente operativo, escudriñó los documentos expuestos en la página web y los oficiales, donde los datos no correspondían, aunque era el mismo beneficiario. Reconoció el error: “esto representa el 20% de la producción del vivero, lo que parece una incongruencia”, fue su primera calificación.
“Debe haber una corrección al respecto, esto no corresponde.” Cuando le fue expuesto que el beneficiario nunca fue tal, ni recibió tal recurso, explicó que la responsabilidad podría recaer en los técnicos, personas encargadas de dar asesoría y gestoría, pues insistió: “Nosotros somos una institución de buena fe, creemos en el técnico, siempre”, aseguró.
Herrera coincidió con la falsificación de firma del pequeño propietario en los papeles oficiales, incluso lo lamentó. “Es un hecho grave, nosotros estamos expuestos a eso, somos susceptibles dada nuestra buena fe, necesitamos una investigación”, aclaró el propio subgerente que insistió: “Aquí hay mala fe, hay engaño de parte del solicitante, de Ricardo Abad o del técnico”.
Minutos después, los asistentes hicieron llegar al escritorio de Herrera la orden de salida de 108 mil plantas, cancelada. “La justificación de cancelar la orden de salida de la planta es que el beneficiario no firmó el convenio de adhesión, a lo que te refiere el Art. 15 de las Reglas de Operación 2009 de ProÁrbol: “Los solicitantes a quienes se les haya asignado apoyos, deberán firmar el convenio de adhesión a más tardar 20 días hábiles posteriores a la publicación de los resultados de asignación. Si no lo hacen, la Conafor podrá reasignar los apoyos”.
Lo que resulta extraño, pues Ricardo Abad Lezama, el beneficiario, desistió cualquier asignación de apoyos. Sin embargo, el vocero explicó que la orden de salida de planta se hace en automático una vez generada la publicación de beneficiarios.
Se precisó también que quien llena las órdenes de salida de la planta es el responsable del programa de Producción de Planta, el químico Josué Pliego Omaña. Cabe aclarar que al cierre de esta edición, el área de Comunicación Social hizo llegar la respuesta de Pliego, que, pese a la insistencia de este medio, la entrevista no pudo realizarse con él para que explicara a quién había sido entregado ese volumen de planta y el recurso otorgado.
En breves párrafos explicó que tal cantidad nunca salió del vivero pues dada la vigilancia “de ninguna manera hubiera procedido, ya que en las oficinas de Conafor ya se encontraba ese vale señalado con la leyenda cancelado al no haber correlación con la asignación de planta ni existir la firma de convenio de adhesión del solicitante”.
“No hay documento alguno donde se especifique que la planta no entregada (por falta de firma de convenio, desistimiento o cualquier otra causa de cancelación de proyectos) se asigne a otro beneficiario, es decir, la planta no sale de vivero y automáticamente se pone a disposición de otras solicitudes o incluso a asignación directa, sin embargo la relación de planta producida, asignada y salida nos cuadra perfectamente”
El área de enlace con prensa, hizo llegar a este medio una carta poder en la que el beneficiario, Ricardo Abad Lezama Torres, concede poder para que los trámites ante Conafor los realice el señor Santiago Castillo Soberano. Incluso adjuntó copias de la credencial del IFE de los involucrados y testigos. El envío se hacía con esta advertencia: “Le hacemos este envío donde en efecto a simple vista se observa que la firma del vale de planta no coincide, hecho del que Conafor se deslinda de toda responsabilidad, ya que el vale fue entregado al técnico. No omito comentar que sin duda se obró de mala fe”.
Ricardo Abad, por su parte, niega cualquier trámite con el técnico Santiago Castillo, al que dice incluso desconocer, en una entrevista telefónica posterior. Así como los testigos que dicen que en la fecha en la que se redacta la carta, no sabían que participarían en la convocatoria.
Hay corrupción
“Hay abusos de las autoridades, los recursos federales no son bien utilizados. Necesitamos de las asistencia de vigilancia de técnicos que están preparados para ayudar y dar asesoría, pero tenemos que enfrentarnos con algunas ‘mentes’ que no correspondan con la esencia de los programas. Hay mal uso”, reconoció.
Denuncia, pero sólo
en el discurso
“La gente se calla, lamentablemente, pues si hubiera una denuncia el Órgano Interno o la Contraloría Superior de la Federación debe investigar y que sea lo que Dios quiera. Pero si no hay acusaciones… ¿Qué puedo hacer yo? No somos investigadores. Con qué atribución me acerco y denuncio” dice el subgerente operativo que está al frente del organismo.
“Tenemos que afinar el esquema de prestación de servicios, llegar al punto de certificar los técnicos para que tengamos agentes de cambio y promotores de desarrollo” .
Al cierre de la edición, sin embargo, Ricardo Abad Lezama, preocupado por las continuas entrevistas que le hizo este medio, llegó a Puebla y se entrevistó con el subgerente Operativo de la Conafor en Puebla, Manuel Herrera, a quien le solicitó explicara esta irregular situación, pues él nunca firmó nada que ameritara siquiera una solicitud de participación en el proyecto forestal al que convocaron en su comunidad.
A la salida de la entrevista, Ricardo Abad, refirió “Ya me explicaron. Dicen que todo está bien, que sí falsificaron mi firma y que sí existieron dos recursos, pero que ninguno procedió. Dicen que por la falsificación de mi firma van a soltar la perrada, van a denunciar. Mejor así. Yo ya no denunciaré, como me dice don Manuel ¿para qué me meto en problemas si ya resolví todo”. l
*Fragmento del reportaje publicado en la Revista Puntual
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