En el Senado de la República comienzan hoy las audiencias públicas para recabar puntos de vista acerca del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (ATP), instrumento que agrupa a 12 países de América, Asia y Oceanía –entre ellos, el nuestro–, elaborado en estricto secreto a lo largo de un lustro por los ministros de economía de los gobiernos que a la postre lo firmaron en febrero pasado en Auckland, Nueva Zelanda.
Como ocurrió en su momento con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, 1994), el ATP conllevaría, de ser ratificado por el Senado, severas y graves consecuencias para la economía de México, pero también para su configuración institucional y social. Ello resulta especialmente inquietante si se considera la opacidad que caracterizó su negociación.
Aunque los gobiernos firmantes aseguraron que la redacción se realizó en secreto para impedir la intromisión de intereses corporativos, lo cierto es que, como señaló la periodista Alleen Brown en The Intercept, consorcios estadunidenses como AT&T, General Electric, Apple, Dow Chemical, Nike y Walmart, y asociaciones empresariales del país vecino como la Asociación Nacional de Minería y la Alianza del Gas Natural, tuvieron acceso privilegiado a los documentos del acuerdo, y es lógico suponer que pudieron ejercer una fuerte influencia en su redacción final. Ésta, de hecho, es claramente favorable a los intereses de las corporaciones transnacionales y adversa a la soberanía nacional de los países involucrados en el ATP.
Por lo demás, el instrumento referido no es un mero acuerdo comercial, sino que busca imponer severas limitaciones a la capacidad de los gobiernos para definir políticas públicas; pretende regular los ámbitos de la propiedad intelectual, las patentes y los derechos de autor, las telecomunicaciones, la legislación laboral, el manejo del medio ambiente, las inversiones públicas y las políticas portuarias, y aspira a transferir jursdicciones de tribunales nacionales a instancias privadas de resolución de conflictos. Constituye, en consecuencia, el más formidable intento que se haya emprendido hasta la fecha para neutralizar las atribuciones soberanas de los países y doblegar sus instituciones a fin de favorecer los dictados de las transnacionales, especialmente de las estadunidenses.
Los impactos del ATP en México serían desastrosos para la supervivencia de incontables pequeñas y medianas empresas, para la soberanía alimentaria, para los derechos de los consumidores y de los trabajadores, para los usuarios de Internet, para los proveedores nacionales del sector público y para pacientes sin capacidad de adquirir medicamentos de marca, por mencionar sólo algunos posibles afectados. Por ello, diversas organizaciones de derechos humanos, ambientalistas, campesinas, indígenas y sindicales han advertido de los riesgos que se ciernen sobre el país si el Legislativo aprueba el convenio referido. La peligrosidad al ATP ha sido señalada también en Estados Unidos, Canadá, Australia y otras naciones firmantes, en las cuales han tenido lugar manifestaciones de protesta por el empeño de sus gobiernos en suscribir ese acuerdo.
Con base en los términos de la negociación, ninguno de los países puede modificar la redacción del documento, por lo que sólo puede aprobarlo o rechazarlo. Por las razones expuestas, un mínimo sentido de Estado y de país haría imperativo que los senadores optaran por lo segundo. Cabe esperar que las audiencias que se inician hoy sean un verdadero ejercicio de participación ciudadana y no un mero trámite para una ratificación acordada de antemano, y que la sociedad sea informada de los peligros que este instrumento internacional conlleva para el país.
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