PABLO RUIZ MEZA
Nada Personal
Empieza a inquietar a los tres niveles de gobierno el incumplimiento a la NOM-083 por parte de la empresa Rellenos Sanitarios SA de CV (Resa).
Si en el ámbito federal la Semarnat, a través de Profepa, vigila el manejo de residuos peligrosos y la Conagua la prevención y sanción de contaminación de barrancas, ríos y lagos; los gobiernos municipales, incluido el de la capital, deben intervenir.
Prorrogado el contrato a Resa en 2008 por la administración de Enrique Doger bajo la NOM-083, corresponde al gobierno de Eduardo Rivera Pérez hacer cumplir el contrato de operación.
Al incumplir el concesionario pone en riesgo al ayuntamiento poblano de cualquier multa, sanción o clausura de instancias inspectoras como la SDRSOT, Semarnat o Conagua.
En una semana el Organismo Operador del Servicio de Limpia recibirá el reporte de la última inspección de la Conagua a Chiltepeque.
En 15 años ninguna autoridad inspeccionó a fondo la operación de Chiltepeque, por lo que Resa ha sido negligente y poco apegada a la norma y al contrato que exigía se instalara una planta de tratamiento para los lixiviados a más tardar en junio de 2008.
La altura alcanzada por la celda "A" –por ejemplo- había excedido en más de 20 metros cuando la norma establece 15 metros, por lo tanto las lagunas de oxidación ya no estaban pudiendo contener el exceso de lixiviados derramados.
En este trienio por primera vez en 15 años la instancia inspectora estatal visitó el relleno, encontrando muchas fallas en su operación, por lo que en noviembre de 2012 expidió un resolutivo de 15 puntos de cumplimiento, de los cuales se han cumplido 8, parcialmente.
En abril pasado se venció el plazo para que Resa cumpliera los 15 puntos; instaló la planta de tratamiento de agua, pero aún no está estable. Se construyeron dos lagunas de oxidación más, pero los lixiviados aún derraman hacia la barranca.
Sí, el OOSL ha levantado sanciones, más de 750 mil pesos, pero éstas han sido conmutadas de manera discrecional por el jurídico del Organismo Operador, como lo hizo saber la regidora a la Contraloría.
PABLO RUIZ MEZA
Nada Personal
Empieza a inquietar a los tres niveles de gobierno el incumplimiento a la NOM-083 por parte de la empresa Rellenos Sanitarios SA de CV (Resa).
Si en el ámbito federal la Semarnat, a través de Profepa, vigila el manejo de residuos peligrosos y la Conagua la prevención y sanción de contaminación de barrancas, ríos y lagos; los gobiernos municipales, incluido el de la capital, deben intervenir.
Prorrogado el contrato a Resa en 2008 por la administración de Enrique Doger bajo la NOM-083, corresponde al gobierno de Eduardo Rivera Pérez hacer cumplir el contrato de operación.
Al incumplir el concesionario pone en riesgo al ayuntamiento poblano de cualquier multa, sanción o clausura de instancias inspectoras como la SDRSOT, Semarnat o Conagua.
En una semana el Organismo Operador del Servicio de Limpia recibirá el reporte de la última inspección de la Conagua a Chiltepeque.
En 15 años ninguna autoridad inspeccionó a fondo la operación de Chiltepeque, por lo que Resa ha sido negligente y poco apegada a la norma y al contrato que exigía se instalara una planta de tratamiento para los lixiviados a más tardar en junio de 2008.
La altura alcanzada por la celda "A" –por ejemplo- había excedido en más de 20 metros cuando la norma establece 15 metros, por lo tanto las lagunas de oxidación ya no estaban pudiendo contener el exceso de lixiviados derramados.
En este trienio por primera vez en 15 años la instancia inspectora estatal visitó el relleno, encontrando muchas fallas en su operación, por lo que en noviembre de 2012 expidió un resolutivo de 15 puntos de cumplimiento, de los cuales se han cumplido 8, parcialmente.
En abril pasado se venció el plazo para que Resa cumpliera los 15 puntos; instaló la planta de tratamiento de agua, pero aún no está estable. Se construyeron dos lagunas de oxidación más, pero los lixiviados aún derraman hacia la barranca.
Sí, el OOSL ha levantado sanciones, más de 750 mil pesos, pero éstas han sido conmutadas de manera discrecional por el jurídico del Organismo Operador, como lo hizo saber la regidora a la Contraloría.
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