PERSECUCIÓN CONTRA MUJERES QUE ABORTAN
Durante la comparecencia del titular de la Procuraduría General de Justicia en el estado, Rodolfo Igor Archundia Sierra, en el Congreso local, como parte de la glosa del quinto informe de gobierno, se supo que esta dependencia inició unas 30 averiguaciones previas contra igual número de mujeres que interrumpieron un embarazo luego de que el Poder Legislativo aprobó una reforma antiaborto a inicios de 2009.
Con esa información queda claro que existe una persecución policiaca contra las mujeres que deciden interrumpir un embarazo y que a las autoridades no les interesa atender el tema del aborto desde la perspectiva de un problema de salud pública, sino que lo buscan combatir con los criterios morales que ha impuesto el Vaticano.
Dicha situación es un claro atentado en contra del Estado laico, ya que para nadie es un secreto que fue la iglesia católica, por medio del gobierno federal, la que ha estado presionando en todos los estados de la República para que se legisle en contra del aborto, al imponer el criterio –carente de sustento científico– de que se debe proteger la vida desde la concepción.
Atrás de esa postura no solamente existe el rechazo al aborto, sino que los ministros del credo católico buscan imponer una moral en donde a la mujer solamente se le ve como un objeto que sirve para tener hijos y que no tiene derechos para decidir sobre su propio cuerpo, para planear el tamaño de una familia o simplemente para decir si quiere o no quiere ser madre.
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